Gimena Sánchez-Garzoli
Washington Office on Latin America
Lisa Haugaard
Latin America Working Group
El cambio de gobierno en Estados Unidos, de la administración de Donald Trump a la de Joseph Biden, generó muchas expectativas en el mundo; incluida Colombia. Organizaciones de la sociedad civil de este país y de Estados Unidos esperaban un énfasis mucho más fuerte en el apoyo a la implementación del Acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-EP), sobre todo porque el presidente Obama, y el entonces vicepresidente Biden apoyaron las negociaciones que condujeron a esa firma.
Al respecto, 25 organizaciones y plataformas estadounidenses y colombianas de la sociedad civil han presionado para que Biden vuelva a priorizar la paz y los derechos humanos en Colombia y para que no reanude las fumigaciones aéreas con glifosato. En su momento, presentaron el informe Protejan la paz en Colombia a funcionarios de la nueva administración (Latin America Working Group et al., 2020).
No obstante, el cambio ha sido lento y parcial. Hasta principios de julio de 2021, repensar la relación con Colombia no ha sido la prioridad para la nueva administración. Sus principales preocupaciones han sido reactivar la economía estadounidense y la campaña contra el covid-19. En términos de política exterior hacia América Latina, el enfoque casi exclusivo ha sido el abordaje de las causas de la migración centroamericana y la situación en la frontera entre Estados Unidos y México.
Ha habido algunos cambios. Estos se han notado en la retórica hacia Colombia, con más énfasis en la implementación del Acuerdo de paz y en la protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Pero, hasta ahora, la respuesta del gobierno estadounidense ante la brutal represión estatal de las protestas del paro nacional desilusiona. Activistas de derechos humanos están a la espera de que esto solo sea debido a que los temas de la política interna del Estados Unidos han sido sobre el enfoque y una vez que avancen se impulsarán cambios frente Colombia. Pero las relaciones fuertes entre Colombia y Estados Unidos, así como el deseo de políticos estadounidenses de ver su inversión en Colombia como un “éxito”, hace difícil para cualquier administración, republicana o demócrata, criticar las acciones del gobierno colombiano.
Los días finales de la administración Trump T1
El enfoque y direccionamiento de la política de Trump hacia Latinoamérica en general fue desastroso: construyó el muro en la frontera con México y bloqueó en forma agresiva la inmigración de Centroamérica utilizando tácticas que constituyen crímenes graves como la separación de niños de sus padres en la frontera y la creación de centros inhóspitos de detención. Sistemáticamente, desmanteló el acceso a asilo para personas de países centroamericanos y de otras partes del mundo que huían de la violencia; abandonó la presión contra la corrupción y la impunidad en países como Guatemala y tomó una línea dura y anticuada contra Cuba y Venezuela.
Sin embargo, no hizo cambios significativos en la política con Colombia. Para Trump, Colombia fue el aliado principal en la agenda derechista de cambiar el régimen en Venezuela y un país clave para la lucha contra el narcotráfico. El gobierno de Duque aprovechó la postura de Trump frente Venezuela y Cuba para impulsar el debilitamiento del apoyo internacional al Acuerdo de paz y no tomar responsabilidad por las crecientes violaciones de derechos humanos que han estado ocurriendo en el país –asesinatos de líderes sociales y excombatientes, masacres y desplazamientos forzados y abuso policial en el contexto de las protestas–.
Hubo expresiones de preocupación frente el tema de la coca, pero en general la relación entre Trump y Duque consistió en ayudarse mutuamente. El Congreso siguió determinando la cooperación internacional para Colombia y con el acuerdo bipartita, continuó otorgándole al país fondos de seguridad contra el narcotráfico y apoyo a instituciones para avanzar en justicia, derechos humanos y proyectos productivos. En esencia, la ayuda siguió la misma línea y, por suerte, se incluyó el apoyo a la implementación del Acuerdo de Paz, aunque este ya no era prioridad. También fue importante que el embajador estadounidense nominado por Trump, Philip Goldberg, fuera una persona de la carrera diplomática con bastante experiencia y no un nombramiento político.
Lo diferente bajo Trump fue que el partido Centro Democrático, de Colombia, rompió la tradición de su país de no interferir en las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Para los gobiernos y partidos colombianos, el apoyo bipartito de demócratas y republicanos ha sido siempre sagrado y se han cuidado mucho de no aparentar favorecer a un partido o al otro; mucho menos, de meterse en las elecciones estadounidenses. Pero esto cambió.
En las elecciones al Congreso de Estados Unidos y la presidencia de 2020, hubo intervención de miembros del Centro Democrático a favor de Trump y sus candidatos al Congreso en Florida. A tal punto llegó eso que Trump mismo utilizó la narrativa colombiana del castro-chavismo para tratar de enlodar a su opositor. Esto benefició a la derecha trumpista en Florida, pero causó disgusto en la nueva administración de Biden.
Una vez en el poder, Biden no llamó al presidente de Colombia justo después de estar en su nuevo puesto como lo habían hecho anteriores presidentes estadounidenses en la historia reciente. Este distanciamiento se vio como un indicio de que a los demócratas no les gustó el manejo del partido del gobierno colombiano frente las elecciones.
Los primeros seis meses de la administración Biden T1
Biden heredó un país severamente afectado por el impacto en la salud pública y la recesión económica debido a la pandemia de covid-19. Como lo prometió en su campaña electoral, la prioridad para la nueva administración fue reducir el número de personas infectadas en el país con las cifras más altas de muertes por el virus y distribuir vacunas a la mayor cantidad de residentes en Estados Unidos. Igualmente importante fue lograr que el Congreso aprobara fondos para reactivar la economía, ayudando a las personas que habían perdido sus empleos o estaban en riesgo de perder sus viviendas y sufrir hambre.
Respecto a las relaciones internacionales, se empezó a construir una política multilateral, alejada del unilateralismo de Trump, y a restaurar las relaciones con Europa que habían sufrido daño. También fue importante construir una relación más cuidadosa con Rusia, después del sospechoso acercamiento entre Trump y Putin.
Por su parte, en América Latina el enfoque de la administración Biden ha sido casi exclusivamente el tema de los migrantes en la frontera y sus países de origen. La administración busca reducir la migración masiva de personas de Centroamérica con un enfoque que mezcla asistencia humanitaria con presión sobre gobiernos corruptos y autoritarios. A la vez, busca restaurar el acceso al asilo y adoptar una política migratoria más humanitaria y respetuosa de los derechos humanos, sin dejar los controles en la frontera. Así mismo, Estados Unidos suavizó su postura hacia Venezuela, pero siguió firme en buscar la “restauración de la democracia”. Finalmente, con Cuba hasta el momento no se han revertido las sanciones impuestas bajo Trump, que fortalecen el embargo.
Hay dos temas globales importantes para la administración Biden que pueden resultar positivos para los derechos humanos y el medio ambiente en Colombia. Uno es el compromiso de la administración en apoyar los derechos LGBTQ+ en la política exterior (The White House, 2021). Podemos esperar un énfasis en estos derechos en la diplomacia y en la cooperación. El segundo tema es el cambio climático, pero las organizaciones de sociedad civil van a tener que presionar para que este énfasis incluya un enfoque en la protección de los derechos de los defensores de la tierra y el medio ambiente, así como de las comunidades indígenas y afro para asegurar que este enfoque tenga resultados realmente positivos en el contexto de Colombia. Los proyectos de energía limpia también pueden violar derechos si no son consultados con las comunidades.
Cambios lentos en la relación con Colombia T1
A los pocos días de la posesión de Joe Biden como presidente, el tono de las relaciones de Estados Unidos con Colombia cambió en cierto grado. Los diplomáticos hablaron abiertamente, y en ocasiones con firmeza, sobre la necesidad de implementar el Acuerdo de Paz de 2016 y proteger a los defensores de los derechos humanos y líderes sociales amenazados. Durante el primer mes de la nueva administración, voces dentro del gobierno dieron su aval al Acuerdo de Paz y a su implementación.
Los cambios en la retórica empezaron a verse el mismo día de la posesión de Biden. El día 21 de enero 2021, durante la revisión virtual trimestral del proceso de paz y el trabajo de la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el embajador interino de Estados Unidos en la ONU, Richard Mills, apoyó explícitamente el Acuerdo de Paz. Durante Trump, la misión de Estados Unidos frente la ONU fue menos entusiasta acerca del Acuerdo. En esta ocasión, Mills resaltó su importancia hablando de “la magnitud del Acuerdo de Paz y el profundo impacto que ya ha tenido en la sociedad colombiana”. Mills también condenó la violencia contra los defensores de derechos humanos y excombatientes pidiendo que el gobierno de Colombia aumente su presencia en zonas rurales y sancione a los responsables; igualmente, respaldó el sistema de justicia transicional (algo que Trump no hacía) al señalar que es un esfuerzo innovador.
A su vez, empezamos a escuchar mensajes más favorables del embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, frente temas de paz y derechos humanos, especialmente en su Twitter y en entrevistas con la prensa colombiana. Le dijo a Caracol que «la implementación del acuerdo de paz con las FARC será un tema prioritario en la agenda» y amplió este mensaje en entrevista con El Tiempo el 24 de enero (2021). También expresó preocupación por los ataques contra líderes sociales. Cuatro días después escribió en un tuit:
hemos gastado mil millones de dólares en los últimos 4 años apoyando el desarrollo económico en las áreas rurales de Colombia como parte del apoyo a la implementación del Acuerdo de Paz.
Y señaló que buscaría cómo aumentar la cooperación estadounidense para la paz. Adicionalmente, se reunió con el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en señal de que Estados Unidos apoya la justicia transicional, y con miembros de la sociedad civil y de derechos humanos para ayudar brindarles protección. El nuevo secretario de Estado, Anthony Blinken, conversó a fines de enero con la entonces canciller colombiana Claudia Blum y expresó el fuerte apoyo de Estados Unidos a la paz en Colombia. Durante el lanzamiento de los informes anuales de derechos humanos del Departamento de Estado en febrero, se mostró preocupación por la seguridad de líderes sociales y se mencionó el papel que cumplen en la consolidación de la paz.
En un comienzo, el cambio de gobierno en Estados Unidos pareció darle un enfoque diferente a la política antinarcóticos hacia Colombia, con una mirada más holística e integral, acorde a lo expresado en el capítulo sobre cultivos ilícitos del Acuerdo de Paz. Activistas en Estados Unidos han buscado que el gobierno de Biden se pronuncie expresamente acerca del uso de la fumigación aérea de la coca con glifosato, pero hasta el momento no es claro cuál es la postura. Este era el tema caliente entre ambos países hasta que estallaron las protestas relacionadas con el paro cívico que comenzó el 28 de abril de 2021.
La reacción de la administración Biden frente al uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes, los graves abusos de la policía y la militarización de ciudades a raíz de las protestas ha sido tímida e insuficiente, lo que ha enviado el mensaje de que el Estado puede actuar con impunidad. Altos oficiales de Biden callaron o adoptaron la narrativa del gobierno de Colombia de que había violencia de ambos lados. A dos semanas del paro, una delegación de alto nivel del Departamento de Estado y la Casa Blanca viajó a Colombia, donde aparentemente los temas se limitaron a la seguridad, la lucha contra el narcotráfico y el crimen internacional, la reactivación económica, la crisis de la migración venezolana y el “liderazgo climático regional de Colombia”. Luego de ser presionados políticamente y después de algunos artículos en diarios estadounidenses –y realmente tarde en términos de detener los abusos–, resaltaron la importancia del derecho a la protesta, pidieron el diálogo y que desescalara la violencia y mencionaron su preocupación por las personas desaparecidas.
En contraste con la respuesta de la administración de Biden, unos 55 miembros demócratas del Congreso condenaron los abusos cometidos por la fuerza pública e hicieron un llamado al secretario de Estado Blinken para que denunciara esos hechos y se suspendiera la ayuda directa a la policía colombiana; pidieron que se asegurara de que el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional de Colombia (Esmad) no recibirá fondos de Estados Unidos y congelara las ventas de armas, equipo, servicios o capacitación al Esmad, así como la venta de equipo antidisturbios o de control de multitudes a todas las demás fuerzas de seguridad, policía y unidades especiales de Colombia, entre otras cosas (McGovern, 2021). Otras figuras influyentes en el Congreso frente Colombia, como los senadores Patrick Leahy y Chris Murphy también enviaron tuits expresando preocupación frente la violencia policial. A su vez, ciudadanos colombo-americanos organizaron vigilias, protestas y otras acciones de solidaridad frente lo que estaba sucediendo en Colombia, en Washington, Nueva York, Florida, Minnesota y otros estados.
Las críticas al gobierno de Colombia que recibieron atención mediática impulsaron a la administración Duque a desplegar una agresiva campaña para vender su punto de vista frente las protestas y justificar ante Washington la violencia de parte de su gobierno. A finales de mayo, la vicepresidenta y nueva canciller, Marta Lucía Ramírez, hizo una gira a Nueva York y a Washington para contener las críticas y pidió que defendieran al gobierno. El aspecto más controversial de esta visita fue su reunión con Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En dicha reunión, pese a su esfuerzo por evitar una visita de trabajo de la CIDH a Colombia, tuvo que aceptarla debido a la presión mediática e internacional.
Posteriormente, la canciller tuvo un encuentro con el secretario de Estado quien reafirmó la alianza estrecha entre los dos países, lo cual fue publicado en la prensa. Solo después de esto, en una declaración que no se publicó en los medios colombianos, expresó condolencias por la pérdida de vidas debido a la violencia en las protestas y reiteró el derecho de la ciudadanía a la protesta pacífica. En esta ocasión, Blinken perdió la oportunidad de influir y parar las acciones bélicas de las fuerzas de seguridad contra manifestantes y de detener las acciones letales de la policía y el Esmad.
Después, el senador Murphy, amigo de Colombia debido a su interés en Venezuela, criticó públicamente a Colombia por su trato a los manifestantes. Al tiempo, los amigos de Colombia del ala conservador, como el senador Rubio, repitieron la narrativa del gobierno colombiano de que la democracia estaba bajo ataque.
La misma semana de la visita de la canciller Ramírez, la administración Biden anunció su propuesta de cooperación para Colombia, en la que dijo aumentar la ayuda. Este anuncio estaba previsto y era la presentación anual del presupuesto presidencial, pero, dado el momento en que el que se lanzó, se hizo ver, equivocadamente, como que dicha decisión fue resultado de la visita de la canciller.
Los medios colombianos lo interpretaron de esa manera y el resultado es que se canceló la poca crítica que se había logrado conseguir de parte del Departamento de Estado frente las actuaciones abusivas del gobierno colombiano. La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, también visitó Washington para presentarle a la CIDH “el otro punto de vista”, es decir, las violaciones cometidas contra la “gente de bien” y el pueblo colombiano por parte de los manifestantes.
Pese a estos acercamientos, la famosa llamada entre los presidentes Biden y Duque se dio solo hasta el mes de junio. Y sucedió después de dos hechos: el ataque con una bomba a la base militar en Cúcuta, que dejó 36 personas lesionadas y que ocurrió mientras la base tenía la presencia de asesores militares estadounidenses, y el ataque al helicóptero del presidente Duque, también en la frontera con Venezuela. A su vez, senadores republicanos introdujeron una resolución en el Senado reiterando su apoyo al gobierno de Colombia a raíz de los ataques y también para complacer a la canciller.
En julio de 2021, no se habían visto todavía cambios sustantivos en las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. Las organizaciones de la sociedad civil continuarán presionando a la administración Biden para que utilice su poder político a fin de frenar los abusos cometidos por la policía y el Esmad, incluidas la violencia sexual y el accionar especialmente problemático contra la juventud y las comunidades indígenas y afrocolombianas. También harán énfasis en las otras violaciones preocupantes que siguen ocurriendo en el país, como los asesinatos de líderes sociales, el aumento de las masacres y el deterioro de la seguridad ciudadana.
Finalmente, las metas expresadas públicamente por el gobierno estadounidense durante décadas en Colombia han sido combatir el narcotráfico y fortalecer la seguridad. También, asegurar que este país siga desempeñando su papel como receptor de migrantes y refugiados venezolanos. Todas estas metas son más alcanzables con la consolidación de la paz y del Estado de derecho en Colombia, de manera que al gobierno de Estados Unidos le es útil tanto la implementación integral el Acuerdo de paz, como que se sigan buscando caminos para que la paz sea completa y se fortalezcan los derechos humanos en Colombia.
Referencias
El Tiempo (2021, 24 de enero). Editorial. Biden y la región. El Tiempo. https://www.eltiempo.com/opinion/editorial/biden-y-la-region-editorial-de-el-tiempo-del-24-de-enero-de-2021-562348
Latin America Working Group, Washington Office on Latin America, Coordinación Colombia Europa Estados Unidos et al. (2020). Protejan la paz en Colombia. https://www.lawg.org/wp-content/uploads/Protejan-la-paz-en-Colombia-F.pdf
McGovern, J. (2021). Reps. McGovern, Pocan, Schakowsky, Grijalva Lead 55 Members of Congress Urging State Department to Clearly and Unambiguously Denounce Police Brutality in Colombia. https://mcgovern.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=398720
The White House (2021). Memorandum on Advancing the Human Rights of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, and Intersex Persons Around the World. Briefing Room. https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/02/04/memorandum-advancing-the-human-rights-of-lesbian-gay-bisexual-transgender-queer-and-intersex-persons-around-the-world/
