Desde el inicio de su gobierno, Iván Duque basó su estrategia de relaciones con sectores de la comunidad Internacional, en un favorecimiento de los intereses económicos de los países más poderosos, una sumisión voluntaria a la estrategia de los Estados Unidos para reforzar su papel de predominio político y militar en la región, y un alineamiento con los gobiernos de derecha en América Latina para reforzar políticas neoconservadoras en la región.
Los beneficios económicos brindados a sectores dominantes de la comunidad internacional llegaron desde un primer momento, en el año 2018, pues la primera medida legal tomada por Duque fue una regresiva reforma tributaria que favoreció a grandes empresas, y de manera primordial a empresas internacionales. Dicha reforma decretó descuentos tributarios por 90 billones de pesos (2.300 millones de UDS), generando un hueco fiscal en las finanzas públicas cercano al 8.9% de los ingresos del Estado, que obviamente implicaron menor atención del Estado a los hogares más empobrecidos (Caracol, 2021). Las exenciones al capital transnacional llegaron a ser tan enormes que para 2020 el sector financiero pagó 1,9 % de impuestos sobre $121 billones de utilidades; las empresas petroleras, 7 % sobre $92 billones; y las mineras, 6 %, cuando por ley debieron pagar el 33 %. Por estos tres sectores, el fisco dejó de recibir $80 billones. Además de esto, para atraerse la adhesión incondicional de la comunidad internacional, el Gobierno se dedicó durante estos cuatro años a profundizar la liberalización de la economía, favorecer las inversiones extranjeras, y profundizar en las condiciones desventajosas de los tratados comerciales. Ejemplo de ello fueron las rondas de negocios en los cuales el Gobierno entregó en diciembre de 2021 (El Tiempo, 2021), a empresas transnacionales más de treinta bloques para la exploración de petróleo y gas, por más de 148,5 millones de dólares; o la firma del Tratado de Libre Comercio, con Israel en 2020 y con Reino Unido en 2022 (La República, 2022).
No sólo las concesiones tributarias han llevado a un enorme hueco fiscal que se traduce en empobrecimiento de la población y menos servicios sociales del Estado, sino que el desarrollo de los tratados comerciales con Europa y Estados Unidos han llevado a un enorme déficit comercial en estos cuatro años, y en una pérdida de empleos y destrucción de las fuentes de trabajo y subsistencia en el país, tan enormes que los recursos que ingresan por concepto de cooperación internacional para el desarrollo, el medio ambiente, o el proceso de paz, alcanzan solo una fracción mínima de lo que el país pierde por estos conceptos. Pero los beneficios concedidos le han servido al Gobierno de Duque para granjearse un trato condescendiente de amplios sectores de la comunidad internacional con respecto a políticas internas que estropearon los avances iniciales que había tenido el proceso de paz bajo el anterior gobierno, o políticas militaristas y de connivencia con estructuras criminales del paramilitarismo y el narcotráfico que han llevado al país a una de las más graves crisis humanitarias de los últimos tiempos.
La Relación con los Estados Unidos. Una de las mayores dificultades de este gobierno fue la de tratar de desagraviar al gobierno de J. Biden luego de la descarada intervención del partido uribista y funcionarios diplomáticos del Gobierno en la campaña presidencial de los Estados Unidos, cuando tomaron partido e hicieron activismo abierto en contra del Partido Demócrata y a favor de la reelección de Trump y de la representante republicana por la Florida a la Cámara de Representantes María Elvira Salazar (Blu Radio, 2020). Aunque lograron incidir en los resultados que favorecieron a los republicanos en la Florida, la no reelección de Trump y el triunfo del candidato demócráta complicó las relaciones del gobierno de Colombia con el de los Estados Unidos.
Desafortunadamente, el ascenso de Biden no vino acompañado de medidas que hubieran permitido impedir las acciones del gobierno Duque en contra del proceso de paz y la implementación de los acuerdos, especialmente en materia de garantías de seguridad. El Gobierno de Duque no sólo no hizo nada para desmantelar las estructuras paramilitares, convocar la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, ni frenar el exterminio de los líderes sociales, sino que durante su gobierno se expandió el control de dichas estructuras a las zonas antes controladas por las Farc.
A pesar de que durante las negociaciones del proceso de paz en la Habana el Gobierno de Obama dio firme apoyo a las negociaciones, mantuvo un delegado permanente en la Mesa de Negociación y favoreció una actitud que permitió que los militares dieran apoyo al proceso, enviando también el mensaje de que el paramilitarismo debía cesarse como estrategia contrainsurgente, dichos avances se vieron paralizados con la llegada de Trump al gobierno en 2016 con sus políticas ambiguas en cuanto a aplicación de estándares de derechos humanos en operaciones militares, y especialmente con su incidencia en la reactivación de la estrategia prohibicionista y de guerra contra las drogas, con lo que se creó la brecha que abrió una actitud permisiva no solo para reactivar la guerra que había llegado a sus niveles más bajos en 2016, sino en cuanto al convencimiento en el estamento militar de que el desmantelamiento del paramilitarismo ya no era un deber institucional y democrático. Un mensaje de permisividad al respecto fue la utilización de estructuras paramilitares para llevar a cabo operaciones de desestabilización en Venezuela, así como su aprovechamiento abierto para llevar a cabo acciones propagandísticas, como el paso de Juan Guaidó por los pasos fronterizos para hacer presencia en el evento contra Maduro organizado por el Presidente Duque.
Duque no solo debió someterse a llevar a cabo estas actividades en cumplimiento del interés de Estados Unidos de mantener una actitud de hostilidad y desestabilización al gobierno de Venezuela, sino que también desarrolló iniciativas con otros gobiernos de derecha en América Latina, como el famoso y fracasado “cerco diplomático” al gobierno de Maduro, a través del llamado Grupo de Lima, que desapareció al haber cambiado los gobiernos aliados en la derecha por gobiernos progresistas o de izquierda. En el afán de agradar también a los grandes poderes mundiales, y distraer sobre sus políticas autoritarias y de simulacro con la implementación de la paz, Duque desempeñó también el trabajo sucio de ponerse al frente de las denuncias del Gobierno de Maduro (Colprensa, 2020), e incluso del Gobierno ruso ante la Corte Penal Internacional (La República, 2022b).
A pesar de su continuada subordinación para hacerse perdonar la intromisión de su partido en el proceso electoral en contra de los candidatos demócratas al Congreso y a la Presidencia de los de los Estados Unidos, Duque debió esperar casi hasta el final de su mandato para que Biden aceptar reunirse personalmente con él (Caracol Noticias 2020).
Pero la esperanza de que el gobierno democráta cambiara el enfoque de guerra contra las drogas, que llevó no solo a reactivar las dinámicas de guerra que ya habían atenuado en Colombia con la firma del acuerdo y desmovilización de las Farc, se esfumaron rápidamente. Biden mantuvo el enfoque prohibicionista, no demandó el cumplimiento del compromiso estatal de desmantelar el paramilitarismo, no favoreció la reforma de las Fuerzas Armadas, y en momentos en que la Policía llevó a cabo una feroz y desproporcionada represión a la protesta social iniciada en abril de 2020, decidió apoyar con recursos por ocho millones de dólares unas pretendidas reformas a la institución policial que son meramente cosméticas y de intención, pero no han favorecido la base principal de dicha transformación, que demanda el traspaso del mando de la policía nacional desde el Ministerio de Defensa hacia el Ministerio del Interior o algún ministerio de naturaleza civil, que aleje la institución de las dinámicas de guerra, de su concepción de los ciudadanos que protestan como parte del enemigo interno, y del trato represivo militar a la protesta social. Algunos sectores en el Congreso de los Estados Unidos habían logrado, con incidencia de organizaciones de derechos civiles que no se concedieran recursos para el aparto antidisturbios de la policía (el Esmad) ni para la aspersión con venenos de los cultivos de uso ilícito. Sin embargo, el gobierno no favoreció la decisión final.
Además, el Gobierno Biden ha sido omisivo en utilizar los instrumentos que bajo gobiernos anteriores permitieron detener prácticas vulneratorias de derechos humanos por parte de mandos o unidades militares, policiales o en connivencia con estructuras criminales que los violan; y prácticamente ha renunciado a los mecanismos de vetting que en el pasado permitieron denegar la entrega de asistencia militar o entrenamiento a mandos de unidades comprometidas con abusos o colaboración con grupos paramilitares, que son los principales perpetradores de las masacres y exterminio de los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Tampoco la denegación de visados o cursos de formación que en el pasado jugaron un papel dinámico en la cesación de prácticas de vulneración a los derechos humanos, como las masacres paramilitares o los llamados falsos positivos.
Por el contrario, el haber antepuesto el papel asignado a las Fuerzas Militares colombianas como actor relevante en la estrategia de presencia y control regional y global de los Estados Unidos, los ha llevado a relegar las demandas de su depuración, reforma y deslinde con estructuras paramilitares. Un ejemplo claro de la prevalencia de los intereses propios de los Estados Unidos sobre las necesidades de esclarecimiento y verdad sobre los responsables políticos y militares detrás del paramilitarismo, se evidenció en las presiones para agilizar la extradición de quien por décadas fuera uno de los principales jefes de la principal estructura paramilitar, alias Otoniel, sin exigir o posibilitar que la Fiscalía lo interrogara en relación con sus nexos con los mandos militares y líderes políticos y empresariales detrás de la estrategia paramilitar, hechos sobre los cuales no solo había prometido ayudar a esclarecer la verdad, sino que se frustró el proceso que en este sentido había iniciado con sus declaraciones ante la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz. Se privilegió su juzgamiento en Estados Unidos por sobre su procesamiento por miles de homicidios, masacres, despojo, y alianzas con líderes políticos y miembros de la coalición de gobierno.
Finalmente, la decisión del gobierno Biden de otorgar al Gobierno de Colombia el estatus de aliado estratégico no miembro de la Otan, envía un mensaje de conformidad del gobierno de Estados Unidos con el desempeño que ha tenido el aparato militar durante los últimos años. Ello, a pesar de los números eventos en que acciones de cooperación y connivencia con estructuras del crimen organizado paramilitar y del narcotráfico. La vinculación que se investiga por nexos de quien fuera el máximo comandante de las Fuerzas Militares y probablemente otros mandos militares activos con grupos paramilitares en el sur del país, y las acciones que llevaron a la dudosa fuga del jefe paramilitar Matamba de la cárcel previo a sus declaraciones sobre estos nexos, son solo un ejemplo de ello.
Relación con los países europeos. Desde el año 2013, cuando se firmó el TLC con la Unión Europea y algunos otros países europeos, la balanza comercial no ha dejado de crecer deficitariamente en contra de nuestro país, llegando a un desbalance negativo de tres mil quinientos millones de dólares en 2019 y dos mil trescientos millones en 2020. Aun así, dichos tratados continúan produciendo efectos negativos en la producción y el empleo, al punto que el país importa ahora el 30% de sus alimentos que antes producía, y ha especializado la economía nacional en la producción de agrocombustibles, y favorecido la expansión de las economías ilegales del narcotráfico.
En tal sentido, un esfuerzo por dar al tema de las drogas un enfoque alternativo no prohibicionista es una tarea pendiente. Desafortunadamente la guerra sostenida contra Rusia por Ucrania y demás países de la Otan, han generado nuevas presiones a Colombia para ocupar un papel de actor central en el suministro de carbón para el reemplazo del bloqueo de los suministros de combustibles, decidido en el transcurso de la guerra, con lo que se dificulta el tránsito del país hacia una transición energética basada en la disminución progresiva de la explotación de combustibles fósiles y una matriz ambientalmente sostenible. A raíz de la guerra de Ucrania ya el Gobierno Duque ha comprometido con países europeos el incremento y las ventas de carbón por los dos años siguientes.
No puede negarse que distintos países europeos han brindado apoyo a organizaciones de la sociedad civil en su empeño de construir la paz y para la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, muchos países han asimilado de manera poco crítica la narrativa del Gobierno de Colombia de que su estrategia de “paz con legalidad” es compatible con su compromiso de implementación de los Acuerdos de Paz. Han protestado en ocasiones por el incremento de asesinatos a los liderazgos sociales, pero no han comprendido que estos se insertan dentro de una dinámica general de parálisis y retrocesos intencionales en la implementación del Acuerdo de Paz, y tampoco han reaccionado de manera enérgica ante los reclamos humanitarios de comunidades que se han visto afectadas por la obstrucción de la salida negociada con el ELN y las demás insurgencias, así como con la negativa a cumplir los protocolos y el papel de garantes que cumplían varios países. Por el contrario, algunos han prestado grandes fondos a la cooperación con el gobierno para la estrategia de paz con legalidad, pero no ha habido una estrategia para un seguimiento diferenciado de los impactos logrados con dichos fondos ni para exigir del gobierno de Colombia compromisos sincero con la implementación de los acuerdos firmados, y no con su particular interpretación de una estrategia que poco o nada se diferencia de las políticas de seguridad, que han otorgado un papel prioritario a la estrategia de militarización de los territorios.
Los informes de los organismos internacionales de derechos humanos han venido teniendo un papel cada vez más crítico en cuanto a señalar la dramática dimensión de la crisis humanitaria a que ha conducido el estancamiento y reversión del proceso de paz durante este gobierno, y su negativa a implementar las medidas para suprimir la violencia estatal y para desmantelar la producida por las estructuras paramilitares. Al respecto son significativos los informes cada vez más sobrecogedores de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos humanos, como los llamados frecuentes a detener graves vulneraciones a los liderazgos sociales o a las agresiones a la protesta social.
El informe del Comité Internacional de la Cruz Roja muestra que en el país se han ido asentando seis distintos conflictos armados en cerca de la cuarta parte de los municipios del país. El informe sobre la Situación Humanitaria de la Agencia Humanitaria de Naciones Unidas señala cómo a fines de 2021, 7,7 millones de personas están con necesidades de atención humanitaria, y de ellas 5.8 millones se encuentran sometidas al terror de actores ilegales. Sin embargo, la respuesta persistente del gobierno es que estos informes son sensacionalistas, que las recomendaciones sugeridas ya han sido adoptadas o están en proceso de adopción, y que deben ser rechazados porque supuestamente pretenden desinformar sobre la realidad del país.
Estos informes deberían tener mayor acogida y consideración por parte de distintos países que han cooperado en el pasado reciente de manera intensa para apoyarla concreción del proceso de paz. Sin embargo, la consideración de los impactos de esta situación no permite llegar a la conclusión a la que muchos países han llegado, al considerar que la estrategia de paz con legalidad es una estrategia que permitiría avanzar en la consolidación de la paz, cuando los resultados muestran todo lo contrario. Tampoco permiten concluir que el país ya ha alcanzado la paz, y que por lo tanto está en condiciones de ver reducida la solidaridad y la cooperación que requiere, la cual podría destinarse a otros países. De ser así, se corre el riesgo de que años de esfuerzos y aportes económicos de la comunidad internacional para superar uno de los conflictos armados más largos y violentos terminen reactivándose, llevando al país a un nuevo ciclo de violencia.
La reactivación de la vía negociada y la implementación de la paz, y la superación de la tremenda crisis humanitaria que hoy padece Colombia, demanda una presencia activa y continuada de la cooperación internacional. La movilización de misiones permanentes de distintos países que acompañaron las víctimas de la represión violenta de las protestas sociales durante el 2021 y los cientos de personas provenientes de múltiples países de todos los continentes que han venido acompañando los procesos electorales durante el último año, son la evidencia de que las sociedades de todos los países están altamente preocupadas por el futuro de la paz, la democracia y la vigencia de los derechos humanos, y sus respectivos gobierno debieran acompañar también estas preocupaciones.
