En el último año ha cobrado fuerza el debate sobre la delicada situación de las finanzas públicas en Colombia, centrada en el déficit fiscal y el elevado volumen de la deuda. Mientras algunos sectores califican el panorama de «catastrófico», los datos del Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2026 indican que, al cierre de 2025, el déficit del Gobierno Nacional Central (GNC) se situó en el 6,4 % del PIB y la deuda neta alcanzó el 58,6 % del PIB (Ministerio de Hacienda, 2026).
Sin embargo, esta lectura alarmista está fuertemente cruzada por marcos ideológicos e intereses de índole política y electoral orientados a cuestionar la gestión de la actual administración. Resulta inadecuado metodológicamente comparar las cifras recientes con las registradas en 2012 —año en que entró en vigor la regla fiscal—, dado que la tendencia al alza venía consolidándose desde entonces. Como lo reseña el Comité Autónomo de la Regla Fiscal en su informe al Congreso de abril de 2026, existen determinantes estructurales previos; de hecho, en 2021 el déficit del GNC llegaba al 7 % y la deuda neta alcanzaba el 60 % del PIB.
Al margen de los discursos catastróficos, la discusión de fondo debe centrarse en la orientación de la política económica implementada y en si existían márgenes para lograr una consolidación fiscal más acelerada. La teoría y la praxis económica recuerdan que el déficit fiscal no constituye un problema en sí mismo ni por su sola magnitud —al actuar como un instrumento deliberado de política pública—, sino por la sostenibilidad de las fuentes empleadas para su financiamiento y la gestión formal del endeudamiento.