Pasados cuatro años del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, las Plataformas de Derechos Humanos presentan un informe final de seguimiento para evaluar el alcance real de una gestión centrada en la promesa de cambio. Este periodo puso en la agenda pública debates históricamente postergados, como la desigualdad, la paz, la tierra, el cuidado, la justicia social, el ambiente y la inclusión de poblaciones excluidas, permitiendo al cabo del cuatrienio analizar no solo las transformaciones logradas, sino también sus límites.
El balance general resulta complejo y con matices. Por un lado, se registraron avances significativos mediante la disminución de la pobreza y la desigualdad, el fortalecimiento de reconocimientos jurídicos y la ampliación de políticas sociales y territoriales. Sin embargo, en paralelo persistieron profundas brechas regionales, serios problemas de capacidad institucional y una violencia armada continua que siguió afectando el día a día de múltiples comunidades.
En materia de orden público, aunque la paz retornó al centro de la política nacional, las estrategias implementadas no lograron contener la expansión territorial ni la consolidación del control ejercido por los grupos armados en diversas regiones. Asimismo, el reconocimiento formal de derechos evidenció una marcada distancia entre el marco normativo, la formulación de políticas públicas y la garantía real de estos derechos en la vida cotidiana.
Finalmente, el informe destaca que los logros alcanzados conviven con reformas inconclusas y promesas que hallaron límites estructurales. Para evitar que las transformaciones queden únicamente en el papel, el reto del Estado residirá en garantizar la continuidad de estas políticas a través de instituciones sólidas, asignación presupuestal, protección efectiva, presencia territorial y participación social.
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