No asistimos únicamente a una crisis de los derechos humanos, sino a una ofensiva abierta contra la idea misma de que el poder debe someterse a límites. La fuerza pretende sustituir al derecho, la seguridad se invoca para justificar la guerra, la persecución y el cierre de fronteras, y la soberanía de los pueblos cede ante los intereses de las potencias, los grandes capitales y los complejos militares. Esta dinámica evidencia la aplicación selectiva de un orden internacional supuestamente basado en reglas, donde unas vidas son protegidas mientras otras pueden ser sacrificadas impunemente.
El costo humano de esta ruptura se refleja con gravedad en la devastación de Gaza, la prolongación de la guerra en Ucrania, la catástrofe de Sudán y múltiples conflictos olvidados. Poblaciones enteras sufren el desplazamiento, el confinamiento y la privación de bienes indispensables para la supervivencia, al tiempo que escuelas, hospitales y territorios comunitarios son convertidos en objetivos militares. Ante este panorama, las instituciones internacionales llamadas a impedir estos crímenes terminan paralizadas, desfinanciadas o atacadas cuando sus decisiones incomodan a los centros de poder.
Frente a esta realidad, resulta inaceptable supeditar los derechos humanos a la conveniencia geopolítica o apelar a la dignidad para señalar únicamente las faltas de los adversarios guardando silencio ante las de los aliados. El discurso de un orden basado en reglas se fractura cuando se desconocen las decisiones de tribunales internacionales, se sanciona a quienes investigan violaciones graves, se debilitan los organismos multilaterales y se pretende consolidar la impunidad como un privilegio de las grandes potencias.
Finalmente, esta regresión internacional se replica en el plano interno de los Estados mediante proyectos autoritarios y de extrema derecha que emplean el miedo, el racismo, la misoginia, la xenofobia y la estigmatización como herramientas de gobierno. En este contexto, las personas migrantes son criminalizadas, las conquistas de las mujeres y de las diversidades sexuales y de género sufren retrocesos, la protesta social vuelve a ser perseguida y se hostiga activamente a periodistas, jueces, organizaciones y personas defensoras que ejercen controles esenciales para la democracia.