Programa Somos Defensores
El año más violento de la última década contra las personas defensoras de los derechos humanos es 2019. En ese año se registraron 844 agresiones individuales (un incremento de casos del 4,8 % con respecto a lo ocurrido en 2018), que implican la vulneración de los derechos a la vida, la libertad y la integridad de diferentes tipos de liderazgos: de indígenas y afrodescendientes, comunitarios, campesinos, ambientales, comunales, educativos, sindicales, de víctimas y de población LGBTI. De esas agresiones, 124 corresponden a homicidios y los departamentos que registran el mayor número de esos homicidios son Cauca, Antioquia, Caquetá y Nariño (Programa Somos Defensores, 2020a).
Del total de las agresiones de 2019, 74,4 % fueron amenazas, 14,6 % asesinatos, 6 % atentados, 3,4 % detenciones arbitrarias, 0,8 % robos de información,
0,3 % desapariciones y 0,1 % judicializaciones.
La mayor parte de estos hechos se dirigieron contra liderazgos relacionados con la defensa de la tierra y el territorio. Por ende, contra indígenas (271 casos), en los departamentos de Cauca, La Guajira, Antioquia y Chocó. Estos son lugares caracterizados por históricas disputas de grupos armados por las tierras y el control territorial1 y de economías legales e ilegales de minería y producción de narcóticos. También hay confrontaciones que se derivan del manejo de los recursos renovables y no renovables como el agua y las obras de infraestructura que benefician a empresas transnacionales de bienes y servicios. Es decir, aunque en 2016 se firmó el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (en adelante, Acuerdo final)2, el control de la tierra y el territorio sigue estando en el centro de las violencias. Además, desempeña un papel determinante en las agresiones contra las personas defensoras de derechos humanos, lo que permite identificarlo como un patrón de sistematicidad en esas agresiones.
En general, la sistematicidad de la que se habla es un elemento esencial para hacer un diagnóstico que oriente una política asertiva para hacerle frente a las agresiones. Michel Forst, Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, hizo un informe sobre su visita a Colombia en 2018 (realizada entre el 20 de noviembre y el 3 de diciembre) y lo presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en febrero de 2020. Allí señala que en Colombia existe “un patrón constante de alto número de asesinatos y otras violaciones” (Relator Especial, 2019, p. 6). No obstante, hablar de sistematicidad es un elemento de tensión permanente tanto con la Fiscalía General de la Nación como con el Gobierno nacional, dada su infundada negativa a aceptarlo.
En diciembre de 2019, Francisco Barbosa, actual Fiscal General de la Nación y en ese momento Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, se refirió a los homicidios contra los defensores de derechos humanos de la siguiente manera: “las razones son diversas. Aquí no hay una política de exterminio, ni hay una política sistemática. Aquí lo que existen son razones diversas que se producen contra nuestros líderes sociales, atadas a fenómenos de delincuencia” (El Espectador, 2019). Si ya preocupaba y desconcertaba que como consejero insistiera en presentar así las agresiones a defensores, como hechos aislados producto de dinámicas delincuenciales, hoy es mayor la alerta pues está al frente de las investigaciones sobre esos hechos.
El Relator de la ONU dice, que existe un patrón de numerosos asesinatos y otras violaciones. Pero, la sistematicidad es tema en tensión permanente con la Fiscalía y el Gobierno.
Algunos patrones que identifican el fenómeno de los asesinatos y que sirven para determinar su recurrencia, persistencia y, por ende, su sistematicidad son su carácter repetitivo, el perfil de las víctimas, las luchas en las que estas se encontraban inmersas, el similar modus operandi en que se producen y los altos índices de impunidad que los distinguen. El Tribunal Penal para la antigua Yugoeslavia (TPY) lo dice de la siguiente manera: “la escala o la naturaleza repetitiva, invariable y continua de la violencia cometida contra una población civil particular están entre los factores que pueden demostrar la naturaleza generalizada o sistemática de un ataque” (véase CCJ, 2018).
En su informe, el Relator habla de que los altos de indices de impunidad que caracterizan las agresiones a las personas defensoras de derechos humanos contribuyen a perpetuar este ciclo de violencia (Relator Especial, 2019, p. 8). Por tanto, un elemento fundamental para propiciar un entorno seguro de defensa de los derechos humanos es investigar, juzgar y sancionar, tanto a los autores materiales, como a los intelectuales comprometidos con todo tipo de agresiones cometidas contra las personas defensoras. En este aspecto, contrasta la visión estrecha del Gobierno en torno al concepto de sistematicidad, con la muy amplia que tiene sobre el significado de esclarecimiento.
En sus comentarios al informe presentado por el Relator Especial (2019), el gobierno de Colombia afirma que, para determinar el esclarecimiento, el criterio no pueden brindarlo las sentencias condenatorias (Asamblea General, 2020, p. 7). De esa manera, niega los progresos relacionados con la investigación. Investigar, juzgar y sancionar constituyen, las tres actividades, un ciclo interdependiente necesario para el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de justicia; cada actividad en sí misma no proporciona esclarecimiento. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala: “Los órganos del sistema interamericano han resaltado que el medio más eficaz para proteger a las personas defensoras de derechos humanos es investigar eficazmente los actos de violencia en su contra y sancionar a los responsables, con el fin de identificar y resolver las causas; y así evitar su repetición” (CIDH, 2017, p. 15). No obstante, el gobierno insiste en mostrar resultados significativos en donde no los hay. Según su repuesta al informe del relator, se han producido resultados notorios en materia de esclarecimiento sobre homicidios contra defensores: se sitúan en un 44,63% (245 casos), en un universo de 549. Los discrimina así: 75 casos cuentan con sentencia condenatoria, 84 están en etapa de juicio, 31, en etapa de imputación de cargos; 53, en indagación con orden y 2 precluyeron (Asamblea General, 2020, p. 8). Hasta los casos que se están indagando y no tienen imputación de cargos se consideran resultados notorios en materia de esclarecimiento. Un artificio que, más que ingenioso, resulta vergonzoso.
En lo que va corrido de 2020, el panorama, lejos de mejorar, sigue en caída libre. Las agresiones aumentan, se agravan las complejas problemáticas regionales a la par que se debilita la implementación del Acuerdo final, crece el accionar paramilitar y de las disidencias, hay militarización y se deterioran las condiciones económicas y sociales como consecuencia de la pandemia (Mesa Nacional de Garantías, 2020). Además, son airadas las reacciones del Gobierno nacional ante las preocupaciones de la comunidad internacional y se debilitan los espacios de interlocución con las organizaciones de la sociedad civil para tratar lo relacionado con garantías para la defensa de los derechos humanos.
Según el propio informe de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos publicado en julio del 2020, durante el primer semestre del año, la Defensoría del Pueblo ha emitido 26 alertas tempranas, de las cuales, la mitad (13) se produjeron entre el 1º de abril y el 30 de junio. Es decir, en el período de restricciones a la movilidad y de medidas de aislamiento social decretadas por el Gobierno nacional para hacer frente a la pandemia de la covid-19. Eso denota que, en este contexto, las personas defensoras de derechos humanos tienen un mayor riesgo y son más vulnerables. Ocho de las alertas de la Defensoría se relacionan con comunidades indígenas, lo que significa que sigue aumentando el riesgo para los liderazgos en esta población, que se asocian con la defensa de sus territorios y comunidades (Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, 2020, p. 11).
Entre enero y marzo de 2020, el Programa Somos Defensores (2020b) registró 197 agresiones; 47 de ellas fueron asesinatos. Un incremento del 88 % en relación con el mismo período del 2019. Este significativo aumento de los casos debe mirarse en correspondencia con alta cifra de amenazas registrada en 2019 (628 amenazas individuales), pues puede indicar el paso de la amenaza a la agresión.
Los casos hablan por sí mismos y demuestran el fracaso del Plan Acción Oportuna (PAO) del gobierno Duque, lanzado el 20 noviembre de 2018, y la validez de los argumentos al respecto, formulados por las organizaciones de derechos humanos: i) el diagnóstico del gobierno tiene limitantes, no asume un analisis multicausal de la problemática; ii) su enfoque es militarista e ignora la perspectiva de seguridad humana, incluida en el Acuerdo final; iii) en él prevalece la protección material; iv) desconoce al Estado como factor de riego; v) al gobierno le falta voluntad para implementar lo consagrado en materia de garantías en el Acuerdo final, que se suma a la ya persistente impunidad (CCJ, 2019).
El gobierno Duque insiste, en contravía de las evidencias, en la eficacia del PAO como estrategia. La Consejería Presidencial de Derechos Humanos señala que en el segundo trimestre del año tuvo los siguientes logros: 1) un proyecto de inversión propio para la prevención y proteccion de lideres y la implementación de una planificación estratégica; 2) las sesiones territoriales de junio en los departamento de Putumayo y Cesar en relación con el objetivo de mejorar la confianza de la sociedad civil, en las que se socializó la oferta institucional en materia de prevención y protección; 3) el desarrollo de soluciones técnologicas en periodo de prueba consistentes en una red de protección con botones de pánico mediante Frecuencia Modular (FM) y Bluetooth; 4) el diseño de escenarios en realidad aumentada, con los que se capacita a los líderes sociales y defensores de derechos humanos en técnicas de autoprotección y prevención; 5) la creación de un comité integrado de reacción regional, conformado por la Policía Nacional, las fuerzas militares, la Unidad Nacional de Protección y la Fiscalía General de la Nación; 6) la entrega de un millón de ayudas humanitarias para las defensoras de derechos humanos (Consejería Presidencial, 2020. pp. 80 y siguientes).
Según el informe del Relator Especial (2019), los responsables de un porcentaje importante de los asesinatos y amenazas contra las personas defensoras son grupos con intereses criminales que, incluso, actúan favoreciéndose de la inacción y aparente connivencia por corrupción con cuerpos de seguridad del Estado, autoridades locales y sectores empresariales, por compra de seguridad en algunos contextos. El balance es desolador si se contrastan las medidas adoptadas en el contexto del PAO con esta caracterización y con las 8 recomendaciones hechas en el informe al gobierno para garantizar un entorno propicio y seguro del ejercicio de la defensa de los derechos humanos (Relator Especial, 2019, pp. 17 y siguientes): las acciones adoptadas no han disminuido las agresiones. Estas, por el contrario, siguen en aumento.
El gobierno Duque se vale de mecanismos que presenta como logros, que, en realidad, no impactan sobre las situaciones de alto riesgo que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos.
Lo que se aprecia es, entonces, la desconexión entre la compleja realidad y las medidas para hacerle frente. Por ende, la falta de voluntad política para actuar en un marco de implementación del Acuerdo final. El gobierno Duque se vale del artificio de un marasmo de acciones y mecanismos que se presentan como logros, cuando, en realidad, estos carecen de un impacto real sobre las situaciones de alto riesgo que enfrentan cotidianamente las personas defensoras de derechos humanos.
En ese escenario, se explica el desdén de la expresión de la ministra del Interior: “en Colombia matan más personas por robarles el celular que a líderes sociales” (El Tiempo, 2020). O la airada y hostil reacción del gobierno Duque al informe de 2019 de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y al informe del Relator Especial de Naciones Unidas para personas defensoras (Asamblea General de la ONU, 2019). Ambos fueron hechos públicos en febrero de 2020. Al primero lo calificó de “incompleto y desbalanceado” (Forero, 2020). Sobre el segundo, dijo que “contiene afirmaciones graves e irresponsables que evidencian una actitud crítica y política” (Castaño, 2020). Estas reacciones se explican, justamente, porque los informes controvierten la eficacia del PAO y reafirman la importancia de la implementación del Acuerdo final para hacer frente a la situación. Ambos reseñan la gravedad de la situación que enfrentan los liderazgos sociales y recomiendan medidas más contundentes por parte del Estado.
Mientras todo esto sucede de puertas para fuera, surgió una propuesta de documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) para defensores de derechos Humanos que sigue el laberíntico recorrido en las instancias gubernamentales y fue abiertamente criticada por las plataformas y por sectores sociales. Esa propuesta hace parte de la que el Gobierno nacional presentó, en noviembre de 2019, a las organizaciones para materializar la política pública. Fue un intento de dialogo e interlocución que no prosperó. Las plataformas de derechos humanos y organizaciones sociales se restiraron del escenario por considerar que el gobierno persiste en un enfoque de la seguridad basado en la militarización de los territorios, en la no implementación de los mecanismos del Acuerdo final, en sus mensajes negativos en torno a la protesta social y en su falta de voluntad para frenar la violencia contra los defensores de derechos humanos (Confluencia, 2019).
Un documento Conpes es un instrumento de política económica y social que no es el idóneo para enfrentar la falta de garantías en la defensa de los derechos humanos asociada a fenómenos de criminalidad e impunidad. Lo que se requiere es adoptar y aplicar, tal y como lo recomienda el Relator Especial (2019, p. 18), “una política pública y criminal para desmantelar organizaciones criminales o conductas que ataquen a defensores” y, contar para ello con la CNGS, mecanismo creado por el Acuerdo final, cuyo mandato y funciones en esta linea están legalmente establecidas en el Decreto Ley 03 de 2017.
Pareciera que la propuesta de un documento Conpes fuera un artificio más para continuar desconociendo lo estipulado en el Acuerdo final en materia de garantías. Lo pactado en este Acuerdo, además de ser una obligación para el Estado colombiano, ofrece, desde un enfoque de seguridad humana, bases importantes para la construcción de una política pública de protección a las personas defensoras de derechos humanos, que estan siendo completamente ignoradas.
En este sombrío panorama, surgen luces de esperanza. Son iniciativas que se vienen impulsando en los medios de comunicación y de columnistas y artistas. Su propósito es fortalecer la conciencia colectiva en torno al valor de los liderazgos sociales y su reconocimiento. En 2019, por ejemplo, se impulsó la campaña Un líder en mi lugar y en junio de 2020, Tras la huella de los líderes. El periódico El Espectador publicó No los Olvidemos, en donde publicó los nombres de los entonces 442 líderes asesinados con posterioridad a la firma del Acuerdo final. Son avances importantes en términos de reconocimiento y legitimidad de la labor de defensa de los derechos humanos y, también, de veeduría social, exigencia ciudadana y movilización social, para detener este deshonroso fenómeno que afecta la dignidad humana.
Los datos sobre agresiones a personas defensoras de los derechos humanos son mucho más que cifras: son proyectos de vida truncados; son apuestas por los derechos, la paz, la defensa del medio ambiente y los territorios obstaculizados; son procesos organizativos y comunidades debilitadas. Reflejan el estado de una democracia que languidece ante los ojos de un Estado que no parece dispuesto a reaccionar.
Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. (2016, 24 de noviembre). Firmado entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, Farc-EP. Consultado el 10 de agosto de 2020 en https://www.colectivodeabogados.org/IMG/pdf/nuevoacuerdofinal24112016.pdf
Asamblea General de Naciones-Unidas-Consejo de Derechos Humanos. (2020, 27 de enero). Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos acerca de su visita a Colombia. Comentarios formulados por el Estado. 43° período de sesiones. A/HRC/43/51/Add.4.pág. 7.
Castaño, C. (2020, 4 de marzo). Mi reporte es muy crítico, pero es el reflejo de la realidad’: Forst. El Tiempo. Consultado en https://www.eltiempo.com/mundo/europa/informe-de-relator-de-la-onu-de-derechos-humanos-467566
Comisión Colombiana de Juristas, CCJ. (2018, 16 de diciembre). ¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de Líderes Sociales en el Post Acuerdo. Consultado en https://www.coljuristas.org/nuestro_quehacer/item.php?id=173
Comisión Colombiana de Juristas. (2019, septiembre). La respuesta no es el PAO. El aprendiz del embrujo. Balance del primer año del gobierno de Iván Duque. Bogotá: Ediciones Antropos.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. (2017, 31 de diciembre). Directrices básicas para la investigación de violaciones a los derechos de las personas defensoras de derechos humanos en las Américas. Consultado en http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/DirectricesBasicas-PersonasDefensoras.pdf,
Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. (2020, 5 de julio). Informe de Homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, 1 de abril al 30 de junio de 2020. Consultado en http://www.derechoshumanos.gov.co/Prensa/2020/Documents/VERSION%20FINAL%20INFORME%20HOMICIDIOS%20LIDERES%20SOCIALES%20ABRIL%20A%20JUNIO%202020.pdf, pág.11.
El Espectador-Redacción Política. (2019, 26 de diciembre). Líderes sociales, un problema sin “sistematicidad”, según el Gobierno. El Espectador. Consultado en https://www.elespectador.com/noticias/politica/lideres-sociales-un-problema-sin-sistematicidad-segun-el-gobierno/
El Tiempo-Política. (2020, 4 de marzo). Mininterior compara muerte por robo de celulares con crimen de líderes. El Tiempo. Consultado en https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/ministra-arango-compara-muerte-de-lideres-sociales-con-asesinatos-por-robo-de-celulares-468678
Forero, J. (2020, 26 de febrero). En 2019 hubo 36 masacres en el país, la cifra más alta desde 2014. El Tiempo. Consultado en https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/informe-de-los-derechos-humanos-de-la-onu-sobre-colombia-en-2019-466640
Mesa Nacional de Garantías. (2020, 8 de julio). Análisis de la situación de líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos y la crisis humanitaria.
Programa Somos Defensores. (2020a). La ceguera. Informe anual 2019. Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos –SIADDHH. Consultado en https://drive.google.com/file/d/1jYXd8GjrDjOERyTOJG5gDA4A55UEqYVN/view
Programa Somos Defensores. (2020b). Informe Trimestral. Enero a marzo de 2020. Consultado en https://drive.google.com/file/d/1bLrNtwcwUCn8tfWvd4LrJjQFpQRdt5y2/view
Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos. (2019, 26 de diciembre). Visita a Colombia. Informe. Naciones Unidas. Asamblea General, Consejo de Derechos Humanos. 43ª periodo de sesiones. A /HRC/43/51/Add.1
1. En las disputas se enfrentan paramilitares, el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos residuales de la antigua guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-EP).
2. Se firmó en La Habana (Cuba), entre el Estado colombiano y la organización guerrillera Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-EP).
