Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario, de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, CCEEU.
Al igual que en muchos otros temas de la política pública, el gobierno de Iván Duque no tiene una agenda propia, sino que depende de los designios de su jefe, Álvaro Uribe, y de su propio partido (Duzán, 2020). Estos, en su propósito de avanzar en la consolidación de un Estado corporativo y un esquema de control autoritario de la sociedad en su conjunto han visto como un estorbo para consolidar sus intereses la agenda de reformas que firmó el Estado colombiano con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP) y la que venía en marcha con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), de modo que han hecho hasta lo imposible por acabar con ambos procesos y volver a instalar en el país las políticas de seguridad y defensa que se implementaron entre 2002 y 2010, durante los periodos de Uribe: política de recompensas, redes de informantes, facilitación de armamento en manos de civiles, directivas que favorecen falsos positivos y espionaje ilegal a opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.
Aunque con nombres cambiados, las políticas son en esencia las mismas en los ejes de sus respectivos planes de gobierno: legalidad, emprendimiento y equidad en el gobierno de Duque son los equivalentes funcionales de seguridad democrática, confianza inversionista y cohesión social de los gobiernos de Uribe. Mantienen constantes los objetivos centrados en la configuración de un gobierno autoritario, un Estado corporativo y miserabilismo asistencial focalizado. Dados los altos niveles de exclusión social, desigualdad y concentración acelerada de privilegios que genera este modelo, con sus consecuencias de inconformidad y pérdida de legitimidad de las instituciones, la militarización de la sociedad y del Estado se constituyen en la única manera de someter al conjunto de la población a la voluntad de los sectores políticos y económicos que lograron hacerse con el control del gobierno con el propósito de imponer una “venganza genocida” contra los sectores que impulsaron los procesos de paz con las FARC y el ELN y contra los líderes sociales que luchan por su avance y su implementación, tal y como acertadamente lo expresó el arzobispo de Cali Mons. Darío Monsalve (Cárdenas, 2020).
Dados los altos niveles de exclusión social, la militarización de la sociedad y del Estado se constituyen en la única manera de someter al conjunto de la población.
La necesidad de imponer una militarización creciente en la sociedad y en el Estado se explica por el tipo de medidas políticas, económicas y (anti)sociales que desde el Gobierno se vienen implementando para controlar el creciente descontento popular producto de la crisis del modelo corporativo capitalista que busca imponer. La violencia represiva en aumento, el asesinato de los líderes sociales, las facultades crecientes a las fuerzas militares y de policía para contener mediante la violencia la inconformidad y la protesta social, la apelación a métodos ilegales y extrainstitucionales (espionaje ilegal, ejecuciones extrajudiciales, favorecimiento del paramilitarismo) buscan inhibir o frenar el desarrollo cualitativo y cuantitativo en la organización popular e imponer un estado de miedo para impedir que la población se organice y luche por mejorar sus condiciones de vida. La creciente movilización popular que se desató desde noviembre de 2019 y durante las primeras 10 semanas de 2020, habían logrado detener y entrabar la agenda ultraliberal del gobierno (privatizaciones, reformas regresivas en materia laboral y pensional, desmonte de los compromisos del acuerdo de paz, desfinanciación de entidades de salud y educación, represión violenta a la protesta social, exterminio de líderes y trato de guerra al campesinado movilizado por alternativas de desarrollo legal e incluyente) y que se estableciera una agenda de negociación al Gobierno con el movimiento social. La llegada de la pandemia de la covid-19 brindó al gobierno las condiciones para imponer por decreto la agenda regresiva que no había podido llevar a cabo, con apoyo en el control mayoritario que la coalición gobernante ejerce en el Congreso, la Fiscalía, la Contraloría y otras entidades del Estado.
La sumisión del Congreso a los intereses del Ejecutivo, la ausencia de control político y la supresión de facto y por decreto de la protesta social han debilitado enormemente el Estado de Derecho. Además, con la militarización impuesta para garantizar el aislamiento social y el confinamiento obligatorio se han otorgado nuevas facultades a las fuerzas militares y de policía para restringir derechos fundamentales de circulación, reunión, expresión y protesta, para hacer viable la gestión financiarizada de la crisis pandémica que ha favorecido principalmente los intereses del gran capital y de los bancos, y negando las posibilidades de ingresos básicos (renta básica) a cerca de 9 millones de familias que han caído en el desempleo, en la pérdida de sus medios de subsistencia y el abandono estatal, justificadas todas estas medidas en decretos de estados de excepción económica y social.
Durante el segundo año del gobierno Duque, se mantuvo la conformación de la cuestionada cúpula militar a pesar de graves cuestionamientos que señalaban su relación con casos precedentes de graves violaciones a derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, actos de corrupción y vínculos con el paramilitarismo (HRW, 2019). Especial preocupación causó el caso del general Nicacio Martínez, excomandante del Ejército, por su desempeño anterior como jefe del estado mayor en la Décima Brigada Blindada (Cesar y Guajira) entre octubre de 2004 y enero de 2006. En ese lapso, las tropas bajo su mando cometieron al menos 23 presuntas ejecuciones extrajudiciales, entre ellas, la de una niña indígena de 13 años; por sus muertes, el general pagó recompensas.
En diciembre de 2019, Duque promovió nuevos ascensos de oficiales que estaban al mando de tropas implicadas en diversos casos de falsos positivos. Entre ellos, el del comandante de la VII División general Juan Carlos Ramírez (Caracol Noticias, 2019). Luego, se han denunciado nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada en las que estuvieron involucradas tropas de dicha unidad. Hechos similares ocurrieron después del ascenso del general Diego Luis Villegas. Tropas bajo su mando ejecutaron y trataron de desaparecer al desmovilizado Dimar Torres y han perpetrado otros casos. En enero de 2020, se puso al mando en la Segunda División del Ejército (nororiente del país) al general Marco Evangelista Pinto Lizarazo, uno de los oficiales más cuestionados por antecedentes de ejecuciones extrajudiciales en el pasado. Justo en esa región, se ha presentado durante este año el mayor número de casos denunciados de ejecuciones extrajudiciales contra líderes campesinos e indígenas, todos perpetrados por parte de tropas de dicha unidad a su mando.
La selección de mandos comprometidos con antecedentes de violaciones de derechos humanos, falsos positivos, nexos con ilegales y corrupción han incidido en el desarrollo de conductas que han generado escándalos.
Es claro que la selección de los mandos y las decisiones de ascensos a oficiales comprometidos con antecedentes de violaciones de derechos humanos, falsos positivos, nexos con ilegales y corrupción han incidido en el desarrollo de conductas ilícitas extendidas y violaciones de derechos humanos que han generado grandes escándalos por parte de la fuerza pública y han impedido durante los dos años del gobierno Duque la concreción y avance del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera1 (en adelante, Acuerdo final). Bajo el mando de los comandantes del Ejército Nicacio Martínez y Eduardo Zapateiro, el país asistió, lamentablemente, al retorno de casos frecuentes de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, espionaje y persecución a la oposición, periodistas y los defensores de derechos humanos, expansión del paramilitarismo en gran parte del país, vínculos con organizaciones ilegales y narcotraficantes, atropellos a la protesta social y agresiones frecuentes a comunidades indígenas, afrodescendientes y a campesinos movilizados por acceso a programas de sustitución de cultivos o por luchas por la recuperación de sus tierras
Desde el periódico New York Times, en mayo de 2019, se denunció la existencia en el Ejército de una directiva secreta que favorecía la comisión de nuevos casos de casos de ejecuciones extrajudiciales (Casey, 2019). Se trataba de órdenes que reducían los porcentajes de confiabilidad necesarios de la información para adelantar operaciones militares, así como de la existencia de planillas en las que se presionaba a los mandos para incrementar o duplicar los resultados operacionales, incluidos los reportes de bajas (Revista Semana, 2019). Debido al escándalo, el ministro de Defensa anunció la derogación de la directiva2. Para salir del impasse, el Gobierno anunció la instalación de una Comisión de Alto Nivel para examinar la compatibilidad de las normas operacionales con los estándares de respeto al derecho a la vida. Esa Comisión presentó un decepcionante informe preliminar en julio de 2019 y anunció el informe final para noviembre, pero, pasada la algarabía al respecto, no volvió a informar del tema.
La reducción de los estándares de certeza para la comisión de bajas en operaciones militares se hizo evidente en aquellas en las que se dio muerte, en un bombardeo, al menos a 8 niños en zona rural de San Vicente del Caguán, a pesar de que, informes previos, advertían que estas personas menores de edad habían sido víctimas de reclutamiento forzado. El General Zapateiro, actual comandante del Ejército, fue quien dirigió esa acción (Noticias Uno, 2020). Los medios constataron que algunos de los menores sobrevivientes fueron, después del bombardeo, perseguidos con perros y drones para ser rematados en tierra y que la cifra total de niños asesinados podrían ser muchos más de los 8 inicialmente reportados (Noticas Uno, 2019). En noviembre de 2019, tuvo que renunciar el ministro de Defensa Guillermo Botero por haber ocultado estos graves hechos durante varios meses. Pero también, para no convertirse en el primer ministro en ser destituido en aplicación de la moción de censura por las erráticas políticas de su Ministerio.
Mucho más desastrosa en su repercusión en los derechos humanos ha sido la gestión de quien reemplazó a Botero: Carlos Holmes Trujillo. En los meses de enero y mayo de 2020, la Revista Semana denunció algunas de las operaciones de espionaje más delicadas en la historia reciente. Estas se hicieron desde algunos batallones de ciberinteligencia (Bacib) que pertenecen a las brigadas de inteligencia militar y al Batallón de Contrainteligencia de Seguridad de la Información (Bacsi), ambos dependientes del Comando de Apoyo de Inteligencia Militar (Caimi) y del Comando de Apoyo de Contrainteligencia Militar (Cacim). Al menos 130 periodistas, líderes sociales, defensores de derechos humanos y opositores políticos fueron objeto de “perfilamientos” y “trabajos especiales”, para lo cual se utilizaron ilegalmente herramientas informáticas y de software que habría suministrado la asistencia militar de los Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico (Revista Semana, 2020b).
La comunidad internacional ha hecho exigencias para garantizar investigaciones efectivas y acceso a la justicia a las víctimas de estas actividades criminales. No obstante, el Ministerio de Defensa se ha negado a suministrar tanto la lista de las víctimas, como la información sobre quiénes dieron las órdenes y fueron los receptores de esta información ilegal. Incluso, tampoco lo hizo cuando se lo solicitaron miembros del Congreso de la República en ejercicio de su función de control político. Ante este encubrimiento de las actividades ilegales y de los militares implicados en estos crímenes, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó en fallo de tutela de segunda instancia la entrega de dicha información por acción interpuesta por una congresista del Partido Verde (RCN Radio, 2020). Mientras tanto, en los 10 primeros meses de la gestión de Holmes al frente del Ministerio, se ha desatado una feroz arremetida por la erradicación violenta de los cultivos de coca y en contra de los campesinos que protestan por el abandono de los planes de sustitución concertada de cultivos, lo que ha dejado al menos 15 campesinos e indígenas víctimas de ejecuciones extrajudiciales (véase recuadro) y cientos detenidos, gaseados y heridos en el Catatumbo, Sur del Meta, Guaviare, Bajo Cauca, Nariño y Putumayo.
José Antonio Riascos (El Tambo, Cauca, 25 enero), 2. Segundo Girón (Tumaco, Nariño, 1º febrero), 3. Alejandro Carvajal (Sardinata, N. de Santander, 26 marzo), 4. Didian Erley Agudelo (Campamento, Antioquia, 29 febrero), 5. Ángel Artemio Nastascuas (indígena, Tumaco, Nariño, 22 abril), 6. Leydi Villa (Ituango, Antioquia, 17 abril), 7. Emérito Digno Buendía (Cúcuta, N. de Santander, 18 mayo), 8. Ariolfo Sánchez (Anorí, Antioquia, 20 mayo), 9. Joel Villamizar (indígena, Chitagá, N. de Santander, 31 mayo), 10. Déimer Enrique Camargo (Barranco de Loba, Bolívar, 1º junio) 11. Edision Arboleda (Puerto Tejada, Cauca, 29 mayo), 12. Salvador Jaime Durán (Teorama, N de Santander, 27 junio), 13. Educardo Alemeza Papamija (Puerto Asís, Putumayo, 3 julio), 14. José Óliver Maya (Villagarzón, Putumayo, 21 julio), 15. Abelardo Liz Cuetia (periodista indígena, Corinto, Cauca, 13 agosto).
El abuso sexual de que fue víctima el 22 de junio de 2020 una niña indígena embera de 12 años a manos de ocho soldados regulares del Batallón de Artillería No. 8 San Mateo en zona rural de Pueblo Rico (Risaralda) ha destapado otra serie de abusos sexuales que muestran también graves problemas de la política de seguridad y defensa relacionados con el ambiente institucional, la doctrina y el entrenamiento, así como graves problemas en la conducción de la institución (El Espectador, 2020b). En San José del Guaviare, otra niña indígena, de la comunidad Nukak, fue secuestrada y violada dentro de la base militar del Batallón Joaquín París del Ejército, en hechos que nunca investigó la Fiscalía General de la Nación y permanecieron ocultos por varios meses. Esta entidad informó luego de saberse de otros casos en los que se investiga la responsabilidad de militares implicados en violaciones a niñas de esta comunidad indígena (El Tiempo, 2020a). Según declaraciones del comandante general del Ejército General Eduardo Zapateiro, hay 118 militares investigados por abusos sexuales, 45 ya fueron retirados de la institución y los 73 restantes permanecen en servicio activo (Caracol Noticias, 2020a). No obstante, la Fiscalía dice que, en realidad, son 506 casos de abusos sexuales que implican a miembros de la fuerza pública los que actualmente se investigan, los cuales involucran a 544 uniformados (Noticentro CM&, 2020).
Para 2020, el sector seguridad y defensa recibió una asignación presupuestal de $ 35,7 billones, del Presupuesto General de la Nación. Eso representó un incremento del 6,3 %, con respecto a la asignación que recibió en 2019 (Benavides, 2019). De esa asignación, $ 34,7 billones se irán para gastos de funcionamiento de la abultada nómina del sector defensa y $ 1,01 billones, para inversión. El gobierno hizo una adición de $ 385.000 millones, con el propósito de mejorar el equipamiento de las fuerzas militares y la policía (Revista Dinero, 2019). La voluntad de dar trato represivo a la protesta social se evidencia en las grandes inversiones para compra de nuevas tanquetas antidisturbios por valor de $ 8 mil millones (Colombia Informa, 2020) y la gigantesca adquisición de municiones, granadas y gases para el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) por valor superior a los $ 9.500 millones (El Espectador, 2020a). Adicionalmente, el Ministerio de Defensa anunció que el gobierno de los Estados Unidos donará 144 vehículos blindados de alta movilidad para el Ejército Nacional (Caracol Noticias, 2020b). La tecnificación de la represión se expresa también en el anuncio de la puesta en marcha de una tanqueta no tripulada equipada con lanzagranadas, aturdidoras y cañones de gas y agua, cuyo costo unitario es de $ 600 millones (El Tiempo, 2020b).
La Política de Seguridad y Defensa centrada en la militarización de la sociedad y en la reedición de las estrategias de la infausta política llamada de seguridad democrática ha fracasado. En el segundo año del gobierno de Iván tDuque, la situación de derechos humanos se ha deteriorado sensiblemente, lo que ha generado graves problemas de seguridad para comunidades, líderes y movimientos sociales en gran parte del país. Siguen en aumento los abusos de la fuerza pública y el terror paramilitar. Mientras en 2017, después de la firma del Acuerdo final, se perpetraron 11 masacres, en 2018 se cometieron 29 y en 2019 se llegó a 36, la cifra más alta desde 2014. En cuanto a afectaciones por artefactos explosivos y minas-antipersonal, el Comité Internacional de la Cruz Roja reporta que, en Colombia, se presentaron 57 víctimas en 2017 y hubo 181 en el primer semestre de 2020 (El Espectador, 2020c). Los mismos militares constatan los fracasos de la política de militarización como base de la seguridad: el Hospital Militar recibió, en 2019, 92 miembros de la fuerza pública heridos y, de ellos, 23 sufrieron amputación, cifra que representa casi el triple de la reportada en 2017 (Suescún, 2020).
En el segundo año de Duque, se ha deteriorado la situación de derechos humanos; El resultado, graves problemas de seguridad para comunidades, líderes y movimientos sociales.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de imponer medida de aseguramiento de detención domiciliaria al ahora exsenador Álvaro Uribe ha generado reacciones políticas y declaraciones del presidente Duque, de voceros de su partido, de altos funcionarios del gobierno y del mismo Uribe. Todas ellas han incentivado discursos de odio hacia la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). También hacia quienes están comprometidos con el proceso de paz. Alientan un clima de polarización en el que se han incrementado las amenazas de muerte, los asesinatos selectivos y la sucesión de masacres en diversas regiones del país (Las Dos Orillas, 2020).
Este escalamiento de la crisis humanitaria se expresa en asesinatos de estudiantes en Leiva (Nariño) por paramilitares, masacre en Cali de 5 afrocolombianos menores de edad en hechos en los que se denunció que varios agentes de la policia acompañaban y protegían a los asesinos vigilantes de una plantación de caña (Contagio Radio (2020), desmembramientos por paramilitares en Magüí Payán (Nariño) y masacre de 9 jóvenes estudiantes en Samaniego (Nariño) perpetrados presuntamente por un grupo paramilitar. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas denunció que en lo corrido de 2020 y hasta el 15 de agosto había documentado ya 33 masacres y otras 7 están en proceso de verificación y que hizo seguimiento a 97 casos de líderes asesinados en el período; pidió por esa razón que se implemente integralmente el Acuerdo final, en especial, su punto 3.4, sobre garantías de seguridad y, también, el compromiso de desmantelar las organizaciones criminales y sus redes de apoyo (ONU, 2020).
Los problemas de conducción de la política de seguridad y defensa existieron desde que, en el proceso de ascensos, el presidente Duque desestimó las advertencias sobre antecedentes de los mandos seleccionados. Eran advertencias acerca de vulneraciones fidedignas a los derechos humanos, incluidas las de ejecuciones extrajudiciales y vínculos con la ilegalidad, en las que estuvieron implicadas estructuras bajo su mando. Duque es responsable también por haber puesto en las primeras líneas de mando en unidades militares estratégicas a oficiales con cuestionamientos similares. En esto se incluyen algunos que han asumido el compromiso de rendir cuentas por estos hechos ante la JEP.
Tales decisiones permitieron y/o reforzaron la cooptación que hicieron el uribismo y la coalición de gobierno de gran parte del mando militar, incluidos los servicios de inteligencia. Este mando ha terminado sirviéndolos, como se ha visto en los espionajes ordenados desde la cúpula (Caracol Radio, 2020b) y en el destino criminal de los informes ilegales a los que se dedicaron los servicios de inteligencia. Por estos hechos, la Corte Suprema de Justicia ordenó abrir investigación contra el senador Álvaro Uribe (Caracol Radio 2020a). Con la política de ascensos y la selección y ubicación de los mandos, se puso fin a la renovación y modernización que se habían iniciado con la vinculación de un contingente importante de mandos militares al proceso de paz y con la depuración del mando que se había adelantado mediante la Operación Bastón para alcanzar los estándares de sujeción a la legalidad exigidos para la articulación a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
La cúpula impuesta por Duque bajo el mando de Nicacio Martínez arrasó con estos esfuerzos. De hecho, parte de quienes fueron objeto de persecución y espionaje desde los organismos de inteligencia fueron, según se informa, mandos que estuvieron comprometidos con responsabilidades en la negociación y/o implementación del Acuerdo final o que tuvieron responsabilidad en el proceso de depuración de la Operación Bastón (Revista Semana, 2020a).
En cuanto al ambiente institucional, los problemas no se van a superar señalando a los soldados implicados, como lo hace el presidente de la República, como monstruos o miserables, pidiendo que sobre ellos “todo el peso de la ley (…) caiga sin contemplación alguna”. Duque solicita, incluso, que sean ellos los primeros a los que se aplique la cadena perpetua, pero eso es populista, emocional. Mientras tanto, se resiste a cualquier reforma de fondo. Desconoce que la política de seguridad y defensa ha creado un ambiente institucional en el que los logros de la paz se van desmontando, aunque se simule cumplir con el Acuerdo final.
En ese ambiente, el secretismo es la fórmula para perseguir y espiar a los opositores políticos, se ocultan graves vulneraciones a los derechos humanos, hay connivencia con el paramilitarismo y con los traficantes de drogas, no se les sanciona mientras sean útiles para los intereses de la coalición de gobierno; altos mandos implicados en casos de corrupción se mantienen en sus cargos, o se les asciende y se ingenian formas todos los días para blindarlos y para obstaculizar la rendición de cuentas ante la justicia. Para los soldados que viven en ese ambiente, es claro que la responsabilidad por los desafueros y crímenes no puede recaer solamente en quienes cometen estas infracciones. Es la institución en su conjunto la que debe ser depura y reformada.
Finalmente, en la doctrina militar persiste la concepción del enemigo interno. Por eso, el tratamiento represivo a la protesta social y la crueldad con la que se ataca a los manifestantes en las ciudades o a los campesinos en las campañas de erradicación; esa doctrina se aplica a toda persona que no encaje en el modelo de desarrollo o en la gestión autoritaria de los problemas ciudadanos.
La vigencia de esa doctrina es aún más evidente en otros comportamientos. Hay un repudio a la desclasificación de los archivos de inteligencia ilegalmente obtenidos sobre líderes sociales y opositores políticos. Además, a que se publiquen manuales que han habilitado métodos de operaciones encubiertas para favorecer actuaciones con paramilitares o prácticas de amenazas, torturas y desapariciones; aun, la eliminación física de opositores. Y, a la vez, se construyen refinados preceptos y directrices, no siempre públicos, aglutinados en el concepto de “derecho operacional”, al que se le ha calificado como compatible con el derecho humanitario. Sin embargo, lo que esos preceptos impulsan es lo contrario: promueven y legalizan una visión del “derecho a matar” en una amplia variedad de circunstancias que hacen parte de la doctrina mencionada. Se estructuran rimbombantes comisiones para estudiar esa compatibilidad, pero, de ellas, no hay resultados satisfactorios. Ni siquiera, hacen públicos sus informes.
La resistencia a discutir con la sociedad las necesarias modificaciones a esta doctrina se expresa en el secretismo de las directivas y órdenes de comando mencionadas orientadas a las ejecuciones extrajudiciales y al espionaje a varios sectores de la sociedad. La resistencia es a los cambios necesarios para hacerla compatible con la visión de los derechos humanos y la solución negociada de los conflictos.
La superación de esos lamentables comportamientos es posible, únicamente, si es profunda la transformación de las fuerzas militares y de la policía; si se depuran estos cuerpos de miembros comprometidos con prácticas y visiones que niegan los derechos humanos. La conformación de una fuerza pública con la que se instale y afiance el respeto a los derechos humanos y para la paz requiere, también, de un debate público sobre los cambios necesarios en la doctrina militar y de policía. Sobre todo, que sus mandos se deslinden de las élites y agrupaciones políticas comprometidas con prácticas de ilegalidad y que se lucran con la continuidad de la guerra.
En ese deslinde con la ilegalidad, es necesario, también, emprender de una vez, con exigencias firmes de la comunidad internacional, la ejecución del plan para el desmantelamiento de las estructuras paramilitares y demás organizaciones que se han empeñado en impedir la consolidación de los anhelos de paz de la sociedad colombiana. El gobierno Duque, convenientemente, se ha negado a ponerlo en marcha.
Benavides, A. (2019, 22 de agosto). Así quedaría el presupuesto del sector Defensa para 2020, según el ministro Botero. Consultado en https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/como-sera-el-presupuesto-para-el-ministerio-de-defensa-en-2020-2899020
Caracol Noticias. (2019, 20 de diciembre). Denuncian que dos generales ascendidos en el Senado estarían salpicados por falsos positivos. Caracol. Consultado en https://noticias.caracoltv.com/politica/denuncian-que-dos-generales-ascendidos-en-el-senado-estarian-salpicados-por-falsos-positivos
Caracol Noticias. (2020a, 1º de julio). Ejército reconoce que 118 uniformados están implicados en abusos sexuales. Caracol. Consultado en https://caracol.com.co/radio/2020/07/01/judicial/1593620057_761946.html?fbclid=IwAR2S7vxN_tCHajYIBuYssR7b7IVQGuX5JZtgavnowzeE3j5C1irK8ixbM6E
Caracol Noticias. (2020b, 29 de julio). Estados Unidos donaría a Colombia más de un centenar de vehículos blindados. Consultado en https://www.youtube.com/watch?v=i51RVz6LhW0
Caracol Radio (2020a, 3 de junio). El correo anónimo por el que le abrieron indagación preliminar a Uribe. Caracol. Consultado en https://caracol.com.co/radio/2020/06/03/judicial/1591185839_143246.html
Caracol Radio (2020b, 6 de agosto). Chat demostraría que perfilamientos en Ejército fueron ordenados. Caracol. Consultado en https://caracol.com.co/radio/2020/08/06/judicial/1596720791_550379.html
Cárdenas, L. (2020, 7 de julio). Gobierno Nacional tiene una venganza genocida: arzobispo de Cali. La FM. Consultado en https://www.lafm.com.co/colombia/gobierno-nacional-tiene-una-venganza-genocida-arzobispo-de-cali
Casey, N. (2019, 18 de mayo). Las órdenes de letalidad del ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, según oficiales. The New York Times. Consultado en https://www.nytimes.com/es/2019/05/18/espanol/america-latina/colombia-ejercito-falsos-positivos.html
Colombia Informa. (2020, 8 de abril). En medio de la pandemia, Duque gasta 8 mil millones en tanquetas para el Esmad. Colombia Informa. Consultado en https://www.colombiainforma.info/en-medio-de-la-pandemia-duque-gasta-8-mil-millones-en-tanquetas-para-el-esmad/
Contagio Radio (2020, 15 de agosto). Policía Nacional estaría involucrada en masacre de los niños en Llano Verde, Cali. Consultado en https://www.contagioradio.com/policia-nacional-estaria-involucrada-en-masacre-de-los-ninos-en-llano-verde-cali/?fbclid=IwAR1ZXUrIvCmy_LKGSdfPezcyLpqAnEjPkQminRktYmtQDCQyF5nu0ZHcwMg
Duzán, M. J. (2020, 11 de julio). Un reyezuelo sin alas. Semana. Consultado en https://www.semana.com/opinion/articulo/un-reyezuelo-sin-alas-columna-de-opinion/685856
El Espectador. (2020a, 6 de mayo). Durante la pandemia, Policía destinaría $9.515 millones para comprar municiones del Esmad. El Espectador. Consultado en https://www.elespectador.com/noticias/politica/durante-la-pandemia-policia-destinaria-9515-millones-para-comprar-municiones-del-esmad-articulo-918220/
El Espectador. (2020b, 3 de julio). Nueve militares han sido expulsados del Ejército por violación de niña embera. El Espectador. Consultado en https://www.elespectador.com/noticias/judicial/nueve-militares-han-sido-expulsados-del-ejercito-por-violacion-de-nina-embera-de-12-anos/
El Espectador. (2020c, 7 de agosto). Las masacres aumentaron un 30% en los primeros dos años del gobierno Duque. El Espectador. Consultado en https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/la-guerra-en-los-dos-primeros-anos-del-gobierno-duque/
El Tiempo. (2020a, 4 de julio). Fiscalía indaga 13 casos de violencia sexual en comunidad Nukak Makú. El Tiempo. Consultado en https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/fiscalia-indaga-13-casos-de-violencia-sexual-en-comunidad-nukak-maku-514368
El Tiempo. (2020b, 11 de julio). La tanqueta no tripulada que la Policía patentó para el Esmad. El Tiempo. Consultado en https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/esmad-la-tanqueta-no-tripulada-que-la-policia-patento-para-enfrentar-protestas-517004
Human Rights Watch, HRW. (2019, 27 de febrero). Colombia. Nuevos comandantes del Ejército estarían vinculados con “falsos positivos. Consultado en https://www.hrw.org/es/news/2019/02/27/colombia-nuevos-comandantes-del-ejercito-estarian-vinculados-con-falsos-positivos
Las 2 Orillas. (2020, 14 de agosto). Uribe llama «Gran virus» y «Juventud Farc» a magistrados que lo metieron preso. Consultado en https://www.las2orillas.co/uribe-llama-gran-virus-y-juventud-farc-a-magistrados-que-lo-metieron-preso/
Noticentro CM&. (2020, 6 de julio). Investigan 506 casos de abuso sexual que relacionan a integrantes de la Fuerza Pública. CM&. Consultado en https://noticias.canal1.com.co/nacional/investigan-casos-abuso-sexual-relacionan-integrantes-fuerza-publica/
Noticias Uno. (2019, 11 de noviembre). Los hallazgos de Noticias Uno en la zona del bombardeo donde murieron al menos 8 niños. Noticias Uno. Consultado en https://noticias.canal1.com.co/nacional/los-hallazgos-de-noticias-uno-en-la-zona-del-bombardeo-donde-murieron-al-menos-8-ninos
Noticias Uno. (2020, 5 de enero). Zapateiro estuvo al mando de bombardeo en el que murieron al menos 8 niños en el Caguán. Noticias Uno. Consultado en https://www.noticiasuno.com/nacional/zapateiro-estuvo-al-mando-de-bombardeo-en-el-que-murieron-al-menos-8-ninos-en-el-caguan/
Organización de Naciones Unidas, ONU. (2020, 17 de agosto). Comunicado conjunto del equipo de país de Naciones Unidas en Colombia y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. Consultado en https://www.hchr.org.co/files/comunicados/2020/Comunicado-conjunto-ONU-Agosto-17-2020.pdf
RCN Radio. (2020, 11 de agosto). Tribunal ordena a Mindefensa entregar información sobre perfilamientos del Ejército. RCN. Consultado en https://www.rcnradio.com/judicial/tribunal-ordena-mindefensa-entregar-informacion-sobre-perfilamientos-del-ejercito
Revista Dinero. (2019, 1 de noviembre). ¿Cómo quedó el presupuesto nacional? Consultado en https://www.rcnradio.com/economia/conozca-los-detalles-del-presupuesto-nacional-de-2020
Revista Semana. (2019, 7 de julio). Los formatos de la discordia para duplicar las afectaciones del Ejército. Semana. Consultado en https://www.semana.com/nacion/articulo/formatos-firmados-por-altos-oficiales-para-duplicar-resultados-en-el-ejercito/622290
Revista Semana. (2020a, 1º de mayo). Las carpetas secretas. Semana. Consultado en https://www.semana.com/nacion/articulo/espionaje-del-ejercito-nacional-las-carpetas-secretas-investigacion-semana/667616
Revista Semana. (2020b, 24 de junio). Hay que castigar conducta de estos miserables: Duque sobre caso de niña indígena. Semana. Consultado en https://www.semana.com/nacion/articulo/duque-le-exigio-al-icbf-su-acompanamiento-en-caso-de-abuso-a-nina-indigena/681909
Suescún, P. (2020). Vuelve la guerra al Hospital Militar Central. Consultado en https://www.laorejaroja.com/vuelve-la-guerra-al-hospital-militar/
1. Firmado el 24 de noviembre de 2016 entre el Estado colombiano y las Farc-EP.
2. Aunque se derogó la directiva, se ha incrementado el número de muertes de civiles en operaciones militares, sobre todo, en el contexto de la pandemia y en medio de la arremetida desatada para imponer la erradicación forzada. Esto ocurre, al tiempo que se excluye a miles de familias de sus demandas de sustitución concertada.
