Colombia Diversa
En febrero de 2019, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw)1 examinó el cumplimiento por parte del Estado colombiano de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y la situación de derechos de las mujeres y niñas en el país. Durante una de las sesiones, una experta del Comité preguntó a la delegación del Estado si las parejas del mismo sexo podían adoptar hijos o hijas. Margarita Restrepo, representante a la Cámara por el Centro Democrático y quien hacía parte de la delegación del Estado colombiano en nombre del Congreso, respondió de manera confiada: “No, en Colombia no existe jurisprudencia al respecto”. A su lado se encontraba Gloria Stella Ortiz, presidenta de la Corte Constitucional y de la Comisión de Género de la Rama Judicial, quien, al escucharla, se volvió hacia la representante y le dijo, por fuera del micrófono, que sí existe jurisprudencia al respecto. “¿Sí?”, le preguntó Restrepo. “¡Claro!”, le respondió Ortiz. Restrepo se limitó a decir de manera escueta ante el Comité: “Ah, sí existe”. Después, la magistrada Ortiz pidió la palabra y explicó que la Sentencia C-683 de 2015 “expresamente facultó a las parejas del mismo sexo a adoptar niños” y establece que “la condición sexual de los padres no puede ser un elemento per se para excluir la posibilidad de adoptar”. Antes de que la magistrada Ortiz pudiera pasar a otra de las preguntas que el Comité había hecho, Restrepo la interrumpió y le dijo, por fuera del micrófono: “pero eso es constitucional, no legislativo”, a lo que la magistrada Ortiz respondió explicando ante el Comité que, en efecto,
es jurisprudencia constitucional. Lo cierto es que, en el ordenamiento jurídico colombiano, cuando la Corte Constitucional profiere una decisión en ejercicio del control abstracto, [de] estas que estudian la constitucionalidad de las leyes, la modificación de la ley que hace la Corte a través de las sentencias integradoras produce exactamente el mismo efecto que la decisión legal [del Congreso]. Luego, en este momento, Bienestar Familiar, tiene el deber de considerar las parejas del mismo sexo en idénticas condiciones para adoptar respecto de las parejas heterosexuales (véase UN Web TV, 2019).
Más que un simple lapsus, las declaraciones de Restrepo ante el Comité Cedaw parecen reflejar sus convicciones acerca de los derechos de las personas LGBT. No parece coincidencia que hiciera énfasis en que la adopción igualitaria fuera reconocida mediante sentencias de la Corte y no mediante leyes del Congreso, una de las razones más comunes de quienes rechazan la legitimidad de dichos reconocimientos. Y no hay que olvidar que, en 2017, ella se sumó al coro de voces contra los esfuerzos del Ministerio de Educación para garantizar los derechos de estudiantes LGBT en los colegios y estigmatizó esas medidas como un intento de “adoctrinar miserablemente a los niños de Colombia con la nefasta ideología de género” (Restrepo, 2017).
Además, hay que tener en cuenta que Restrepo no estaba en el Comité para hablar a título personal. De hecho, aquel episodio también refleja las posiciones mayoritarias en el Gobierno del presidente Iván Duque y de su partido con respecto a los derechos de las personas LGBT. Posiciones que, más que descuidos u olvidos ocasionales, están encaminadas a desconocer los derechos de esta población y a dejar sin efectos los reconocimientos logrados a la fecha.
En el informe sobre el primer año del gobierno de Iván Duque (Caribe afirmativo, 2019), se señaló su completo desinterés en relación con los derechos de las personas LGBT, agravado por su complicidad con los sectores fundamentalistas que buscan generar retrocesos en todos los derechos reconocidos a esta población. Esta tendencia se ha profundizado durante el segundo año, en el que el Gobierno continuó dándole la espalda a las personas LGBT y, de “olvido” en “olvido”, ha ido dejándolas sin medidas para proteger sus derechos.
El desinterés por los derechos de las personas LGBT se ha profundizad o en el segundo año del gobierno. De “olvido” en “olvido”, las ha dejado sin medidas para proteger sus derechos.
En mayo de 2018, el Ministerio del Interior del saliente gobierno de Juan Manuel Santos expidió el Decreto 762 de 2018 por el cual se adoptó la política pública nacional para la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las personas LGBT. Paradójicamente, al tiempo que el anterior gobierno reafirmaba su compromiso formal con los derechos de las personas LGBT, también daba muestras de una gran desidia para garantizarlos en la práctica. Tuvieron que pasar siete años y dos periodos presidenciales para que el gobierno adoptara por fin una política pública cuya formulación comenzó en 2011. A lo que hay que sumar que descargó por completo la responsabilidad de su implementación al gobierno entrante, que desde su campaña dio muestras de su desinterés, cuando no su rechazo, por los derechos de las personas LGBT.
Al nuevo gobierno le correspondía, entonces, implementar la nueva política pública. Para esto, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior debía elaborar el plan de acción que articulara a todas las instituciones responsables de su materialización. Sin embargo, pasados dos años, aún no se ha aprobado el plan de acción. Esto no se puede considerar como un resultado de la simple apatía o lentitud del gobierno, ya que desde que Iván Duque asumió la Presidencia, la Dirección de Derechos Humanos ha estado en manos de representantes de los mismos sectores fundamentalistas que se oponen a los derechos que busca garantizar esta política pública. El primero de ellos, incluso, se había manifestado públicamente en contra de los derechos de las personas LGBT y, según denuncias de exfuncionarios de esa Dirección, obstaculizó la aprobación del plan de acción mientras estuvo en ese cargo (El Espectador, 2018).
El cambio en la Dirección de Derechos Humanos no conllevó mayores avances. Aunque el director que le siguió no ha expresado posiciones abiertamente contrarias al reconocimiento de los derechos de las personas LGBT como su predecesor, tampoco se ha tomado en serio la garantía de sus derechos en lo que le corresponde a su cargo. Ante esta parálisis, la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans (GAAT) interpuso una acción de tutela para que el gobierno avanzara en la implementación de la política pública. El 2 de julio de 2020, el Juzgado Octavo de Bogotá falló a favor ordenándole al Ministerio del Interior que, en un plazo de cinco días, elaborara un programa y un cronograma para avanzar en la formulación y aprobación del plan de acción2. Al día siguiente, el Grupo Técnico de la Política Pública aprobó el Plan de Acción, que, según el Ministerio del Interior, está “conformado por 71 acciones estratégicas, de 21 entidades, con 95 indicadores para la medición de su implementación para el periodo 2019-2022”3. No obstante, lejos de ser una muestra del compromiso del Gobierno, esto parece confirmar su desidia frente a los derechos de las personas LGBT, ya que fue necesario obligar al Ministerio del Interior, mediante un fallo judicial, a aprobar el plan de acción.
Al finalizar la sesión de 2019, el Comité CEDAW expresó su preocupación por las vulneraciones de los derechos de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans en el país, incluidas la “discriminación, amenazas y agresiones generalizadas” contra ellas. Debido a esto, el Comité formuló siete recomendaciones al Estado colombiano para garantizar los derechos de las mujeres LBT, entre ellas, la capacitación de los funcionarios encargados de tramitar solicitudes de matrimonio para que garanticen los derechos de las parejas del mismo sexo, la adopción de medidas para garantizar el cumplimiento de la Sentencia T-478 de 2015 de la Corte Constitucional por el caso de Sergio Urrego y la inclusión de programas para la enseñanza de los derechos de las mujeres LBT en el sistema nacional de convivencia escolar.
Sin embargo, más de un año después, no ha habido avances por parte del gobierno en el cumplimiento de estas recomendaciones. El Ministerio de Educación no ha tomado medidas concretas para cumplir con las órdenes de la Sentencia T-478 de 2015, ni para garantizar los derechos de las y los estudiantes LGBT. Tampoco, se han tomado medidas para garantizar el cumplimiento de la jurisprudencia constitucional en lo que se refiere a los derechos de las parejas del mismo sexo y sus familias y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer no ha reportado la implementación de ninguna acción para avanzar en el cumplimiento de estas recomendaciones.
En el informe sobre el primer año del Gobierno (Caribe afirmativo, 2019), se señaló que la mayor parte de las acciones relacionadas con los derechos de las personas LGBT que se incluyeron en las bases del Plan Nacional de Desarrollo desapareció en su articulado. Durante su segundo año, el gobierno llevó a cabo una operación similar en la formulación del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. Durante su fase de alistamiento, se plantearon varias consideraciones relacionadas con los derechos de las personas LGBT y se definieron recomendaciones al respecto para la formulación del Plan. Sin embargo, nada de esto se incluyó en el documento borrador presentado por el gobierno. El Eje 9 de Igualdad y No Discriminación no incluyó ni una sola acción, ni ninguna meta específica en relación con la garantía de los derechos de las personas LGBT para el periodo 2018-2022. Los demás ejes tampoco incluyen medidas al respecto, excepto del Eje 2 de Justicia, que solo prevé una acción para la atención de las mujeres y las personas LGBT. Así las cosas, el borrador del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos confirma lo que se anticipó con el Plan Nacional de Desarrollo: que este gobierno no hará nada para garantizar los derechos de las personas LGBT.
El último ejemplo de esta exclusión se encuentra en las medidas tomadas por el gobierno para proteger a las personas LGBT defensoras de derechos humanos. A pesar de los múltiples ataques registrados en los últimos años contra defensoras y defensores LGBT y de las recomendaciones de los Relatores Especiales de la ONU y de la CIDH sobre defensoras y defensores de derechos humanos, el gobierno no ha incluido enfoques diferenciales por orientación sexual o identidad de género en los programas para investigar ataques contra personas defensoras de derechos humanos, tampoco ha tomado medidas adecuadas para protegerlas, ni para garantizar su labor. Hasta ahora, la Unidad Especial de la Fiscalía no ha incorporado lineamientos específicos para investigar los ataques contra personas LGBT defensoras de derechos humanos. El proceso de reingeniería de la Unidad Nacional de Protección tampoco ha incluido la adecuación de las medidas de protección a los riesgos y necesidades diferenciales de las personas defensoras LGBT. Por último, el Plan de Acción Oportuna (PAO) no contempla ninguna medida específica para proteger a las personas LGBT defensoras de derechos humanos, ni para prevenir ataques contra ellas. En este sentido, a la falta de efectividad general de las medidas tomadas por el gobierno para proteger a las personas defensoras derechos humanos, se suma un desinterés absoluto por la situación y las necesidades específicas de las defensoras y defensores de la población LGBT.
El gobierno no ha incluido enfoques diferenciales por orientación sexual o identidad de género en los programas para investigar ataques contra personas defensoras de derechos humanos.
Todos estos olvidos sistemáticos del gobierno de Duque contrastan con el panorama de violencia contra personas LGBT en el país. Las cifras registradas por Colombia Diversa muestran que algunas formas de violencia contra las personas LGBT se han mantenido estables en los últimos años (como los homicidios), mientras que otras (como la violencia policial y las amenazas) estarían aumentando. Esto demuestra que es un problema persistente y que no ha sido abordado con políticas adecuadas para prevenir esta violencia y sancionar a los responsables. Tan solo en lo corrido de 2020, Colombia Diversa ha registrado 32 asesinatos de personas LGBT en todo el país, nueve casos de violencia policial y cuatro atentados contra personas LGBT defensoras de derechos humanos (Colombia Diversa)4.
Esta violencia no se ha detenido ni siquiera durante la pandemia de la covid-19. Desde que comenzó el aislamiento preventivo a nivel nacional, han sido asesinadas por lo menos 24 personas LGBT (la mitad, mujeres trans, lesbianas o bisexuales) y 11 han sido víctimas de violencia policial (la mayoría de ellas, mujeres trans). También, durante este periodo, han sido asesinadas dos personas LGBT defensoras de derechos humanos y otras tres han sido víctimas de atentados en su contra. Por último, dos jóvenes gay han muerto de manera violenta mientras se encontraban privados de la libertad: uno en la Cárcel El Bosque, de Barranquilla, y otro en una estación de Policía en Arboletes, por lo que no se puede descartar que hayan sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
Ante la persistencia incluso del aumento de distintas formas de violencia contra las personas LGBT, preocupa que el Gobierno nacional permita que las principales políticas para proteger sus derechos pasen lentamente al olvido. Más allá de las posiciones personales o políticas del Presidente o de su partido, el gobierno no puede elegir no proteger a las personas LGBT de la discriminación y la violencia. La implementación de este tipo de políticas y medidas hace parte de sus obligaciones. No hacerlo es dejarle el paso libre a la discriminación y a la violencia que día a día cuesta la vida y la integridad de muchas personas LGBT en todo el país.
Caribe Afirmativo. (2019). Entre la espada y la pared. Violencias por prejuicio hacia personas Lgbti en Colombia. El aprendiz del embrujo. Balance del primer año de gobierno de Iván Duque. Bogotá: Ediciones Antropos.
El Espectador. (2018, 24 de noviembre). Las quejas contra el director de derechos humanos del Mininterior. El Espectador. Consultado en https://www.elespectador.com/noticias/investigacion/las-quejas-contra-el-director-de-derechos-humanos-del-mininterior/
El Espectador. (2018, 24 de noviembre). Las quejas contra el director de derechos humanos del Mininterior. El Espectador. Consultado en https://www.elespectador.com/noticias/investigacion/las-quejas-contra-el-director-de-derechos-humanos-del-mininterior/
Restrepo. M. (2017, 1º de febrero). Santos y su 17%. Consultado en http://margaritarestrepo.com/2016/08/columna-santos-y-su-17.html
UN Web TV. (2019, 19 de febrero). Consideration of Colombia (Cont’d)-1662nd Meeting. 72nd Session Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (1:43:00 – 1:45:17). Consultado en http://webtv.un.org/search/consideration-of-colombia-contd-1662nd-meeting-72nd-session-committee-on-the-elimination-of-discrimination-against-women-f/6004421669001/?term=colombia%20cedaw&sort=date&page=20
1. Cedaw es la sigla de Committee on the Elimination of Discrimination against Women.
2. Fundación GAAT. Comunicado de prensa del 2 de julio de 2020.
3. Ministerio del Interior. Respuesta a derecho de petición enviado por Colombia Diversa en julio de 2020.
4. Colombia Diversa, Sistema de Información de Violencia contra Personas LGBT en Colombia – SInVIolencia LGBT.
