Balance de un pacto social pandémico
En el año 2010 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe le propuso a los Estados de la región impulsar un modelo de desarrollo sostenible que pusiera en su centro “el valor de la igualdad con enfoque de derechos: ‘Igualar para crecer y crecer para igualar’ es la máxima que marca el espíritu de dicha propuesta”. (Cepal, 2015: 23). Y un año después, consideró que para materializarla era indispensable “rediseñar los equilibrios entre el Estado, el mercado y la sociedad para construir pactos en que concurran aquellos actores que garanticen acuerdos políticos de largo alcance”. (Ibid, 22).
En mayo de 2019, el presidente Iván Duque sostuvo que el plan de desarrollo se había diseñado a fin de unir el país. Su nombre, Pacto por Colombia, pacto por la equidad, parecía evocar los pactos sociales por la igualdad, la sostenibilidad y el cambio estructural propuestos por el organismo regional de Naciones Unidas.2 “Cuando nosotros hablamos de un pacto, es un pacto entre todos los colombianos”, dijo el presidente; y añadió: “Los pactos no se hacen solamente entre el Gobierno o entre el sector privado o entre la dirigencia social y comunitaria. Los pactos los construimos todos”. (Presidencia, 2019).
Su alusión a la inclusividad fue retórica porque, como se advirtió en su momento, los pactos previstos en ese plan de desarrollo, entre otras cosas, contrariaban el Estado social de derecho e implicaban una regresión en materia de derechos. Se señaló, en particular, que “la propuesta de un gran pacto por la reconciliación en el país es excluyente, por decir lo menos, pues sobrepone los intereses de las élites empresariales y políticas a los de amplios sectores de la ciudadanía que claman por ser tenidos en cuenta en el diseño de las políticas públicas y en su ejecución” (Plataformas, 2019: 12).
El pasado 2 marzo, en las postrimerías de su gobierno, el presidente Duque ya no mostró interés en reivindicar para sí la idea de un pacto construido por todos,3 si no que dio por cumplida la promesa que le había hecho a algunos empresarios: “Durante la larga campaña presidencial […] les decía yo que, de ser elegido presidente, tendríamos el Gobierno más pro-empresa que haya conocido Colombia”. (Presidencia, 2022). Y después de referirse a cinco medidas tributarias que favorecieron al sector financiero y a las grandes empresas, puntualizó:
Nunca, nunca en la historia de Colombia, en un momento de riesgo empresarial, había llegado el Estado colombiano con el sector financiero, con el apoyo de la banca central, proveyendo liquidez, pero nunca había salido el Estado colombiano a decir: por cada cien pesos que pida prestado una empresa, vamos a garantizar noventa pesos. […] Una intervención de esa naturaleza nunca se había visto en nuestro país (Ibid).
El balance presidencial es más que elocuente. En medio de una desconcertante y arrasadora pandemia y de grandes niveles de descontento social —que en noviembre de 2019 le abrieron paso al estallido social de 2021—, el Gobierno prefirió “proteger el tejido empresarial” a lograr que el sistema de protección social y políticas sociales incluyera el conjunto del tejido social colombiano, arguyendo que “defender la empresa es defender la democracia”. (Presidencia, 2022).
No cabe duda de que la apuesta gubernamental fue consolidar un Estado corporativo. Y el resultado de esta no podía ser otro que un país más dividido, polarizado y empobrecido, en el cual se amplió la brecha entre ricos y pobres y se profundizó la discriminación, dejando al desnudo el sistema de salud, y un país menos educado y ambientalmente insostenible a pesar de su riqueza natural y su biodiversidad.
Pobreza y desigualdad: la raíz de las violaciones de los DESCA
La erradicación de la pobreza absoluta está al alcance de un país de rentas medianas como Colombia y supondría una enorme mejora para el bienestar del país (Ocde, 2022: 84).
América Latina mostró una gran vulnerabilidad durante la crisis sanitaria, económica y social que generó la pandemia de la covid-19. Sin embargo, esta no tuvo los mismos efectos en todos los países. En Perú y Colombia, según la Cepal (2022), convergieron los peores indicadores de 2020 sobre caída del empleo, desigualdad y pobreza de la región; y en el caso colombiano el empleo se redujo en un 11 %, y el ingreso medio por persona en el 13,4 %;4 y aumentaron el coeficiente de Gini (4,3 %),5 , la pobreza (8,1%) y la pobreza extrema (6,4 %).
Un rasgo distintivo de Colombia es la desigualdad, cuyas dimensiones generales se pueden calcular mediante el coeficiente de Gini. Entre 2018 y 2021, la distribución desigual del ingreso pasó de 0.517 a 0.523, es decir, se incrementó en 1,16 % (Dane, 2022c). El país continúa, entonces, siendo uno de los dos países más desiguales de la región,7 y el tercero más desigual de la Ocde.8 Esta situación estructural hizo que, durante los dos últimos años, la pérdida de ingresos fuera tres veces mayor en los hogares pobres que en los de mayores ingresos;9 que los trabajadores informales perdieran casi el doble de los empleos que los formales; que, en el año 2020 la participación de las mujeres en el empleo tuviera una caída sin precedentes (Ocde, 2022); y que la tasa de desempleo de los jóvenes haya aumentado inusitadamente.
Asimismo, durante ese cuatrienio aumentó el número de personas en situación de pobreza, en contravía de las metas del plan de desarrollo. Así lo señalan tanto el indicador de pobreza monetaria como la percepción de mujeres y hombres que ejercen como jefes de hogar (Encuesta de Calidad de Vida, de 2021), según la cual el 46,7% de los hogares sería pobre, y el 41,7 %10 de ellos no tendría los ingresos familiares para cubrir sus gastos mínimos.11 (Dane, 2022a).
Los índices de pobreza monetaria señalan que la sociedad colombiana se empobreció de manera aguda o severa, pues en el total de la población clasificada como pobre, según el monto de sus ingresos, el incremento del número de personas en situación de pobreza extrema o miseria fue del 54,32 % (véase tabla 1).12 De otra parte, los ingresos mensuales del 31 % de la población del país superan la línea de pobreza, pero la hacen vulnerable al empobrecimiento (Dane, 2022c).
2’813.187 personas más en situación de pobreza monetaria. El número de personas en situación de pobreza monetaria pasó de 16’808.143 a 19’621.330. El primero representó el 34,7 % del total de la población en Colombia, y el segundo, el 39,3 %. Esa fue la proporción de personas cuyos ingresos eran insuficientes para adquirir cada mes una canasta mínima de bienes alimentarios y no alimentarios. En 2021, incluyó a quienes tenían vivir con menos de $ 11.801 pesos diarios,13 que fueron, por ejemplo, los ingresos máximos de la mitad o más de la población de cuatro de las 23 ciudades principales del país,14 y de ocho departamentos. (Ibid).