Del simulacro a la farsa. Una semana antes de las elecciones presidenciales de primera vuelta para escoger a su sucesor, el presidente Iván Duque presentó un balance de su gestión de gobierno, incluyendo desde luego la evaluación del proceso de paz, en una extensa entrevista en la BBC en Londres. Tal vez creyendo que por haberse realizado en inglés y fuera del país, no le importó que las afirmaciones sobre esta evaluación se distanciaran tanto de la realidad, pues parecía estar hablando de lo sucedido en otro país y a otro presidente. Afirmó que en su gobierno había logrado que el país alcanzara la tasa más baja de homicidios de los últimos cuarenta años; que terminaba su periodo con el índice de pobreza más baja de este siglo; que había alcanzado records históricos de crecimiento económico en el último año; que el refugio a los venezolanos ha sido considerado como el mayor acto humanitario en décadas en América Latina; que su gestión hizo crecer de tres a diez millones las familias que se benefician de los programas sociales del Estado (nota: en Colombia hay catorce millones de hogares registrados), y que hizo la mayor inversión social en toda la historia de Colombia; que la estructura paramilitar del Clan del Golfo ha sido desmantelada, lo mismo que otros de los tres más grandes grupos criminales; que los niveles de deforestación se han reducido, y que bajo su gobierno se redujeron los crímenes contra los defensores de derechos humanos.
Interpelado sobre el hecho de que el Instituto Kroc verificó que el avance del proceso de paz solo fue de un 2% durante su gobierno, Duque respondió que “el Instituto Kroc ha dicho que el avance es del 35% en un proceso que se espera se implemente en cuatro gobiernos”; y que, además, “la Defensoría del Pueblo ha dicho que el avance de la implementación dentro de mi gobierno ha sido el más rápido desde que se firmó el acuerdo”, supuestamente evidenciado en que “ahora tenemos quince programas de desarrollo, con cerca de US$ 4.000 millones en inversiones… Estamos cambiando y mejorando la vida de decenas de personas…” Producto de estos logros, sostiene el presidente en su visión alucinada, que “si yo pudiera presentarme a la reelección, estoy seguro que estaría en la pelea y sería reelecto, porque tenemos importantes resultados para mostrar” (BBC, 2022).
Este balance del Gobierno nos sirve de contrapunto para mostrar cuál es la realidad. Después de cuatro años de un intenso simulacro para tratar de mostrar, contra toda evidencia, que estaba comprometido en sacar adelante un proceso de paz que en su campaña hacia la presidencia su partido había prometido hacer trizas, termina ahora en una alucinante farsa que trata de encubrir con una estrategia de disociación y distorsiones de la realidad que sólo él se cree, exageraciones cómicas y supuestos logros que no llegan a verdades a medias, pues no son más que mentiras completas.
La verdad es que la tasa más baja de homicidios en cuarenta años había sido uno de los logros principales a que había llegado el proceso de paz… pero en el año 2017, antes de la llegada de Duque. A partir de ese momento, la arremetida militarista contra el proceso de paz y la reactivación del control armado de actores ilegales en los territorios antes controlados por las Farc, revirtieron este logro, llegando a constituir el año 2021 como el más violento del último lustro, al pasar de 12.298 homicidios en 2017 a 14.159 en 2021, todo lo contrario de lo mencionado por Duque, con base en cifras del Ministerio de Defensa (Mindefensa, 2022). En cuanto a la pobreza monetaria, en realidad tuvo su tasa más baja también en 2017, cuando se redujo a 35.2%, pero Duque revirtió retóricamente este logro ubicándola en 39.3%, a pesar de tener a la mano las cifras oficiales (Dane, 2022). De otra parte, su gobierno no desmanteló el Clan del Golfo, y al contrario este fortaleció su presencia al pasar de 170 municipios al momento del acuerdo de paz, a 212 bajo su control en 2021, según la Agencia Humanitaria de Naciones Unidas (Ocha, 2022).Una semana antes de la entrevista, la Defensoría del Pueblo había documentado la presencia de esta estructura paramilitar en 253 municipios (Defensoría, 2022), la cual además había hecho una gigantesca demostración de su poder al paralizar 194 municipios en 13 departamentos durante un “paro armado” de seis días, durante el cual destruyeron 131 vehículos y habrían asesinado 27 personas, según datos oficiales de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP, 2022).
En cuanto a la deforestación, ésta se ha incrementado bajo su gobierno manteniéndose en el orden de 171.685 hectáreas en 2020 a causa de la expansión del narco-paramilitarismo en las regiones antes controladas por las Farc, lo que se evidencia al compararla con el año 2013, cuando se había situado en 116.128 hectáreas, según cifras oficiales del Ideam (Minambiente, 2022). Y tampoco es cierto que los homicidios de los defensores de derechos humanos hayan disminuido bajo su gobierno, pues Duque habría podido comprobar que en realidad aumentaron con tan solo leer el Documento Conpes 4063 de 2021, firmado por él en noviembre de 2021, en el cual se comprueba que estos pasaron de 65 homicidios en 2015, a 108 en 2019 y 129 en 2020 (Conpes, 2021, p. 33).
Las falacias del balance oficial se extienden a muchos otros aspectos que demuestran de manera evidente que el remplazo de los acuerdos de paz por la estrategia de “paz con legalidad”, está directamente relacionado con el deterioro de gran parte de los indicadores que muestran la devastación de los logros iniciales de la paz, la reactivación de la guerra y la expansión de una dramática crisis humanitaria. Y si se tiene en cuenta que las encuestas muestran que la aprobación de la gestión de Duque solo llega al 23%, la afirmación de que sería aclamado si pudiera presentarse a la reelección, evidencia la distancia con la realidad que mantiene el presidente con el país, ante la evaluación de sus logros en materia de paz y derechos de la población (El Colombiano, 2022).
Duque mintió también cuando afirmó que el instituto Kroc había reconocido que la implementación del acuerdo iba por un 35% de avance. El último informe de este instituto disponible al momento de las afirmaciones presidenciales solo afirma un avance del 30% en la implementación global del Acuerdo (Kroc, 2021), pero mostrando que la mayor parte del mismo se presentó en los dieciocho meses comprendidos entre la firma del acuerdo y el inicio del Gobierno Duque. Y que la Defensoría del Pueblo llegue a afirmar que durante los cuatro años del Gobierno Duque el proceso avanzó más que el año y medio anterior, sólo demuestra hasta dónde ha llegado la sumisión de esta entidad al control del Gobierno, al igual que la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría y la Registraduría, entidades en las cuales ha ubicado a sus amigos, exfuncionarios y miembros de su coalición política, que han devuelto los favores elogiando el vestido invisible de su mentor, y avalando las actuaciones gubernamentales en contra de los derechos humanos y los compromisos de la paz, y actuando como garantes de la impunidad de altos funcionarios del Estado y del partido de Gobierno.
El gobierno de Duque nunca pudo demostrar que su estrategia para el proceso de paz, al que de forma grandilocuente denominó como “Paz con Legalidad”, se diferenciaba en algo de su autoritaria y militarizada Política de Seguridad y Defensa. Desde un inicio superpuso la estrategia militar concretada en las denominadas Zonas Futuro, bajo conducción y ejecución de las Fuerzas Militares, a los municipios más afectados por el conflicto y a las regiones seleccionadas en el Acuerdo que habían sido priorizadas para llevar inversiones, programas de desarrollo y presencia intensiva del Estado para brindar seguridad a sus comunidades, líderes y territorios, y sacar a las poblaciones de la pobreza, el abandono, la exclusión y la violencia (los 170 municipios donde debían implementar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdet, los Planes Integrales Municipales y Comunitarios de Sustitución y Desarrollo Alternativo, Pisda, los Pnis y los demás de programas de transformación integral de los territorios).