Introducción
El gobierno de Gustavo Petro, el primero de corte progresista en la historia reciente de Colombia, promovió y asumió una agenda importante de reformas sociales enfocadas en reducir las grandes brechas de desigualdad que por años han marcado la vi da social, política y económica del país. En el discurso y en la praxis de esta administración las iniciativas de reforma se han sustentado en los principios de Estado Social de Derecho, defensa de derechos humanos y laborales, y justicia social como pilares de la configuración estatal.
En tal sentido, las reformas laborales, pensional y de la salud son las bases fundacionales de la transformación y la transición hacia un modelo de bienestar y equidad en Colombia. Cada una de estas iniciativas se encuentran articuladas alrededor de una visión del Estado como garante en el ejercicio pleno de los derechos y de la redistribución de la riqueza como una apuesta contraria a las dinámicas neoliberales introducidas en Colombia a finales de los años 80, y determinantes en la precarización laboral, debilitamiento del sistema pensional y mercantilización de la salud.
El trabajo decente es ley.
La Reforma Laboral En Colombia Como Apuesta Hacia La Dignidad Y La Justicia Social
En las últimas décadas el mundo del trabajo en Colombia ha estado signado por dinámicas de informalidad, regímenes contractuales que desconocen derechos laborales, y prácticas de intermediación ilegal que socavan las posibilidades de defensa de los intereses de los trabajadores y otras libertades sindicales. Todo ello ha sido el caldo de cultivo para que millones de personas que constituyen la fuerza de trabajo que sostiene la economía nacional laboren en condiciones inestables y precarias.
Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2025), durante el semestre móvil marzo-mayo del año 2025 la tasa de informalidad laboral fue de 55,9%, mientras que en el mismo período del año anterior fue de 55,5%. En las ciudades y áreas metropolitanas los datos evidencian un índice de informalidad de 43%, mientras que en los centros poblados y rurales es de 83%, lo cual refleja unas brechas importantes en estas zonas.
Llegar a estos indicadores en Colombia ha sido posible, entre otras razones, por la existencia de instrumentos normativos que de manera frontal diezmaron las posibilidades de consolidar en nuestra sociedad prácticas de trabajo decente, tales como las leyes 50 de 1990 y 789 del 2002, impulsadas por gobiernos neoliberales que priorizaron el crecimiento empresarial a costas de la precarización de los/as trabajadores/as.
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3. El desafío del cambio - Web- Trabajo y Reformas Sociales