En el segundo informe anual sobre los derechos humanos en el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, “El camino del cambio”, se presentaron por parte de la sociedad civil un total de 25 recomendaciones dirigidas al gobierno nacional, al Congreso de la República, a los organismos de investigación y control y al Ministerio Público.
A diferencia de los anteriores informes, en esa oportunidad se decidió presentar un número reducido de recomendaciones que atendieran a prioridades y preocupaciones que fueron planteadas con el fin de enfocar la acción institucional en medidas urgentes y estratégicas para avanzar en la garantía efectiva de los derechos humanos, acelerar la implementación del Acuerdo de Paz y la Paz Total, y responder a los retrocesos identificados en distintos territorios.
Con el fin de hacerle seguimiento a tales llamados durante el tercer año de gobierno, el total de 25 recomendaciones fueron divididas en tres categorías:
i) Paz, con un total de ocho recomendaciones;
ii) Democracia, con tres;
iii) Derechos Humanos, con catorce.
Asimismo, para cada categoría se asignaron subcategorías derivadas del tema específico de cada recomendación, la cual fue clasificada según su nivel de cumplimiento en tres grados: bajo, medio y alto. Dicho análisis se llevó a cabo a través del seguimiento con fuentes de información oficiales, prensa e informes de sociedad civil, que dan cuenta de los adelantos por parte del Estado en cada temática de la recomendación, cuyo periodo de análisis de cumplimiento está basado en la información pública encontrada desde el 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre del mismo año.
Recomendaciones relacionadas con Paz
Las ocho recomendaciones relacionadas con la paz se enfocaron en la necesidad de articular la política de Paz Total con la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, entendiendo que este último ha sido la hoja de ruta para consolidar las iniciativas de paz y solucionar problemas estructurales que han sido causantes del conflicto armado en Colombia.
Así, las recomendaciones planteadas no solo se enfocan en la importancia del engranaje de las políticas públicas con lo dispuesto en dicho Acuerdo, sino con reforzar la acción del Estado en pro de los derechos de las víctimas. En consecuencia, bajo esta categoría fue posible observar tres subtemas: Acuerdo de Paz, Paz Total y Reparación a las víctimas.
Sobre el Acuerdo de Paz se hicieron tres recomendaciones, enfocadas en la implementación de la política de drogas y cultivos de uso ilícito, con el fin de priorizar los mecanismos de sustitución voluntaria de economías ilícitas y limitar los mecanismos de erradicación forzada que adelanta la Fuerza Pública.
Al respecto, es importante destacar que durante el octavo año de implementación del punto 4 del Acuerdo de Paz, el Instituto Kroc reportó que no se han producido cambios o aumentos en el nivel de aplicación, y que, en noviembre de 2024, el 51% de las disposiciones no habían presentado o tenían solo mínimos avances (Kroc, 2025).
Específicamente, respecto al PNIS los niveles de cumplimientos reportados por esta institución fueron bajos, así como en relación con el Programa Nacional de Intervención Integral, la creación del Sistema Nacional de Atención al Consumidor y medidas preventivas.
Sin embargo, en datos oficiales, se presenta el cumplimiento durante 2024 de al menos el 50% (Siipo-DNP, 30, 06, 2025).
Asimismo, se presentaron situaciones de erradicación con glifosato en el Catatumbo. A pesar de la suspensión general, en marzo de 2025, el gobierno retomó la erradicación terrestre de cultivos de coca (El País, 10, 04, 2025). Esta recomendación se encuentra en un nivel bajo de cumplimiento.