En los diez meses transcurridos entre marzo de 2024 y enero de 2025 se renovaron las direcciones de la Fiscalía (marzo 2024, con Luz Adriana Camargo), la Defensoría del Pueblo (agosto de 2024, con Iris Marín) y la Procuraduría General de la Nación (enero de 2025, con Gregorio Eljach).
Bajo el anterior gobierno de Duque, sus titulares habían sido ocupados por amigos obsecuentes del Presidente, quienes encubrieron y garantizaron la impunidad de violencia y corrupción oficial de los miembros de su partido y la coalición de gobierno: Francisco Barbosa, el ex-fiscal fue compañero de aulas de Duque; Margarita Cabello, la ex-procuradora proveniente de la casa Char, había sido su ministra; y Carlos Camargo, el ex defensor, protegido y ex pupilo de Jorge Pretelt, quien fue magistrado ultraconservador de la Corte Constitucional, implicado en apropiación ilícita de tierras y hoy condenado).
En los primeros dos años del nuevo Gobierno, estos funcionarios aún en las direcciones de esas entidades, utilizaron el poder de sus cargos para atacar abiertamente al gobierno, perseguir a los aliados políticos del Presidente, y continuar amparando la impunidad de los miembros de los partidos que los eligieron, favoreciéndolos en los procesos a que estaban sometidos ante las instancias judiciales.
Tal utilización sesgada y partidaria de los organismos de control y de investigación llevó a diferentes organizaciones de derechos a demandar acciones por el restablecimiento del estado de derecho en la actuación de estas entidades, así como a enfatizar en la necesidad de cambios en los procedimientos para su elección, e incluso a considerar la necesidad de abolir entidades como la Procuraduría General de la Nación por su actividad perjudicial para la democracia; y en últimas, a impulsar campañas para recuperar la independencia de la justicia.
Hoy, con nuevas autoridades al frente de estas entidades, los balances no son muy satisfactorios aunque hay algunos avances y mayor decoro en sus actuaciones, especialmente en cuanto a su papel como garantes de los derechos humanos y de investigación y juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos.
La Fiscalía General de la Nación
Un logro a resaltar es que para su elección el Presidente haya considerado una terna de tres mujeres sin cuestionamientos de corrupción y con experiencia en la lucha contra la impunidad, y que haya sido elegida la nueva fiscal Luz Adriana Camargo, cuyo avance más relevante es haber puesto a la Fiscalía por fuera de la disputa partidaria propia del ex-fiscal Barbosa en su frenética hostilidad al actual gobierno, y al centrarse en transformar la gestión interna, dándole decoro a su desempeño al mantener su gestión alejada de los medios.
A su vez, el rigor y compromiso que le permitió sacar adelante algunos casos de connotación nacional, como el que llevó al juicio al ex presidente Álvaro Uribe, han dado un nuevo aire de confianza a la entidad, al empezar a quebrar décadas de impunidad hacia los crímenes que se cometen desde el poder, con la condena a once directivos de Chiquita Brands por financiar el paramilitarismo (Vorágine, 2025, 23 julio), o las decisiones de acusación a altos directivos de la multinacional petrolera Perenco, y la decisión por primera vez en la historia de embargo a los bienes de una multinacional a pesar de que son de vieja data conocidas los nexos y el financiamiento de varias de ellas a estructuras paramilitares (El Espectador, 2025, 8 julio).