La Política De Seguridad Y Defensa. Órdenes Y Gobernanzas En Disputa

Seguridad Visible e Inseguridad Invisible

Dos evaluaciones distintas surgen al revisar las políticas de seguridad del Estado colombiano durante el último año. Por un lado, se mantiene la tendencia a la reducción de homicidios; por el otro, el incremento de confrontaciones armadas ha generado graves crisis humanitarias en varias regiones del país, caracterizadas por el aumento de desplazamientos forzados, con finamientos, reclutamiento forzado, la persistencia de asesinatos de líderes sociales y firmantes de paz, y masacres. La rápida expansión de grupos ilegales, principalmente de estructuras paramilitares, evidencia no solo una responsabilidad por omisión del Estado, sino también la connivencia entre sectores de la Fuerza Pública, poderes locales y estos actores armados.

Los esfuerzos por reorientar el rol de la Fuerza Pública han permitido un notable fortalecimiento del espacio cívico y político en amplias zonas del país. Durante el actual Gobierno se han mantenido las condiciones de respeto al ejercicio de la movilización ciudadana, incluyendo las manifestaciones de la oposición, pese a que muchas de sus acciones han reflejado posturas intolerantes.

En materia de protesta social se observa una reducción significativa a las vulneraciones a derechos humanos, particularmente en casos de mutilaciones oculares. Las agresiones a la población campesina, grupos étnicos o cultivadores de hoja de coca por las fuerzas de seguridad del Estado se han mantenido bajo control en este gobierno, y son pocos los casos de ejecuciones extrajudiciales perpetra das directamente por la Fuerza Pública.

El último informe de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas presenta do en marzo del 2025, indica que durante el año 2024 se conocieron treinta y tres alegaciones de privaciones arbitrarias de la vida por miembros de la Fuerza Pública, de las cuales fueron verificados 18 casos, una reducción en comparación con las 37 alegaciones y los 30 casos verificados durante el año 2023. Las violaciones al derecho a la vida de civiles perpetradas directamente por agentes del Estado han seguido disminuyendo, como logros que no pueden ignorarse.