El proceso penal que culminó con la condena de Álvaro Uribe se inició en el año 2011, cuando dos paramilitares solicitaron una entrevista al entonces Representante a la Cámara por Bogotá Iván Cepeda Castro, con el propósito de rendir una declaración destinada a la Fiscalía General de la Nación. En ese momento el congresista cumplía una misión oficial de la Cámara para verificar la situación de los derechos humanos en los centros carcelarios. Las declaraciones fueron entregadas a la Fiscal de entonces, Viviane Morales, y acusaban directamente a Uribe Vélez de haber promovido la creación de un grupo paramilitar que posteriormente se conoció como Bloque Metro, responsable de numerosos y graves crímenes.
Como represalia por la denuncia, en el año 2012 Álvaro Uribe presentó denuncia contra el congresista Iván Cepeda, que fue ampliada en 2014 después de que Cepeda liderara dos debates sobre el involucramiento de Álvaro Uribe en el apoyo y promoción del paramilitarismo en el departamento de Antioquia durante su periodo como Gobernador.
El 16 de febrero de 2018, una sala conformada por tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia decidió inhibirse de abrir investigación contra el senador Iván Cepeda, y ordenó compulsar copias contra su denunciante, el senador Álvaro Uribe, por presunta manipulación de testigos.
Desde entonces, Álvaro Uribe, a través de terceros, se dedicó a buscar testigos dispuestos a hacer falsos señalamientos contra el senador Iván Cepeda, alegando que este habría ofrecido incentivos a cambio de declaraciones en su contra. Sin embargo, estos testimonios fueron desestimados por la Corte Suprema de Justicia, que ordenó compulsar copias contra los falsos testigos.
El 3 de agosto de 2020, la recién creada Sala Especial de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia, conformada por cinco magistrados, decidió ordenar la detención preventiva domiciliaria de Álvaro Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Álvaro Uribe decidió entonces renunciar a su calidad de senador de la República, con el único propósito de evadir la competencia de la Corte Suprema y quedar en las manos amigas de Francisco Barbosa, quien en ese momento era Fiscal General de la Nación. La Fiscalía solicitó entonces en dos oportunidades la preclusión de la investigación en favor de Álvaro Uribe, solicitudes que fueron negadas por la juez 28 penal del Circuito, y posteriormente por la juez 41 ante la apelación respectiva, lo cual fue ratificado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, como segunda instancia. Entre el trámite de la primera preclusión y la segunda, junto con su respectiva apelación, transcurrieron 27 meses, tiempo que amenazaba con que el caso concluyera con el abrazo amable de la prescripción, figura jurídica que favorece a quienes se benefician de la impunidad.
Sin embargo, un cuarto Fiscal que asumió el caso, el 9 de abril de 2024, decidió acusar a Álvaro Uribe por los delitos de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno. Así, el juicio fue asumido por la Fiscal Marlenne Orjuela ante el juzgado 44 penal de Circuito, bajo la dirección de la jueza Sandra Liliana Heredia, quien programó audiencias concentradas para evitar la prescripción. Finalmente, Álvaro Uribe fue condenado a doce años de prisión domiciliaria y ocho años de prohibición de ejercer cargos públicos, por haber determinado a terceros a cometer los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, que son conductas que afectan gravemente la administración de justicia.
6. El desafío del cambio - Web- Sentencia Álvaro Uribe Vélez