La configuración estructural de poder dentro de los aparatos del Estado responde a lógicas propias del Estado-nación, en las cuales operan mecanismos de poder sustentados en una racionalidad estratégica, valores institucionalizados y discursos hegemónicos. Estos elementos configuran un despotismo de coacción de carácter universal que no solo otorga “legitimidad”, sino que también traslapa el conflicto social y armado vigente y sistemático con un discurso de “tranquilidad” y de seguridad ciudadana “existente” en es te territorio. En este sentido, la denominada paz funciona como instrumentos ideológicos que, en la práctica, se manifiestan en formas de control social mediante la apropiación, gestión y privatización del territorio. Por ende, estas dinámicas estructurales están profundamente arraigadas y articuladas con condiciones históricas persistentes, tales como la desigualdad social, el abandono estructural por parte del Estado y la limitada efectividad en la implementación de políticas públicas que garanticen vida digna a las comunidades y respeto a la vida de los liderazgos sociales.
El Departamento del Tolima ha sido históricamente una pieza fundamental para analizar y comprender las dinámicas del conflicto armado en Colombia, particularmente por su posición geográfica. Para este análisis, se des taca el norte del departamento, el cual cumple un papel estratégico dentro de la región del Magdalena Medio, ya que municipios como Honda, Fresno, Mariquita, Ambalema y Armero (Guayabal) mantienen una conexión con esta zona a través del río Magdalena, que ha funcionado como un articulador del comercio, la cultura y la movilidad. Por esta misma razón ha sido un escenario de disputas territoriales por su control en el marco del conflicto arma do al ser un corredor clave para actores arma dos ilegales debido a la cercanía con rutas que comunican el Centro del País con el Sur y el Occidente, lo cual ha intensificado diversas dinámicas de violencia en el territorio.
La provincia de Los Nevados, en el norte del Tolima, refleja con claridad las contradicciones entre el marco normativo nacional en materia de derechos humanos y paz, y la realidad persistente en los territorios. A tres años del gobierno de Gustavo Petro, que ha impulsado apuestas ambiciosas como la Ley 2272 de 2022 (Paz Total), el Decreto 1649 de 2023 (Sistema Nacional para la Vida y la Paz) y el fortalecimiento de las Mesas Territoriales de Garantías, la situación en municipios como Herveo, Líbano, Santa Isabel y Anzoátegui revela una distancia considerable entre el discurso institucional y la cotidianidad de las comunidades.
Hechos recientes, como el asesinato de la lideresa Lucero Velásquez en Herveo (La Patria, 28, 02, 2025), acciones violatorias a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario no solamente realizadas por los grupos paramilitares como el Clan del Golfo y AGC con el Frente Ramón Isaza que estaba al mando de Alias Terror (El Espectador, 22, 02, 2025), sino también, por grupos exFARC, conocidos como disidencias, como lo fue el Frente 26 de mar zo-Bloque Isaías Pardo (EMC) -presuntamente desarticulado- que usó ataque con drones en el municipio de Anzoátegui (El Tiempo, 17. 08, 2024), y enfrentamientos en Murillo o la presencia armada en casco urbano de Falan. De igual modo, presencia de grupo delincuenciales organizados que fungen como terceros en la red de narcotráfico o ‘gota gota’ con grupos para militares como el Clan del Golfo en las “zonas rurales y urbanas de Armero Guayabal, Ambalema, Honda, Mariquita y Lérida” (Ortiz, 2023).
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4. El desafío del cambio - Web- Tolima