La indolencia de la clase política y los poderes económicos con la situación de inequidad, desigualdad extrema, exclusión de derechos y continuidad de la política de la guerra que padece la sociedad colombiana, se hizo presente frente al proceso de movilizaciones masivas y de exigencias de reformas sociales que se inclinaron por las propuestas de cambio presentadas por Gustavo Petro y su programa de transformaciones sociales y económicas con las fue elegido para conducir su desarrollo desde la Presidencia de la República.
Sin embargo, después de tres años de gobierno, la mayor parte de ellas no ha podido llevarse a la práctica, y tanto los gremios como los medios, los partidos políticos del establecimiento y sus voceros en el Congreso y las altas Cortes, han desplegado una resistencia sólida a los cambios y han impedido la mayor parte de las reformas propuestas, reforzando el orden de privilegios e impidiendo los avances hacia una sociedad de derechos en tránsito hacia la paz y con mejores niveles de justicia y de logros democráticos.
Los partidos políticos, de espaldas a las reformas
Puesto que los partidos políticos que se oponen al programa de cambio no solo constituyen mayoría en el Congreso, sino que han impuesto desde hace décadas en sus cargos a la mayor parte de los integrantes de las Cortes, así como a los funcionarios de la administración de justicia y titulares de los órganos de control y de regulación de funciones y servicios estatales, han obstruir con éxito la mayor parte de las transformaciones votadas por las mayorías cuando optaron por superar el modelo privatizado, clientelista, excluyente, corrupto y favorable a la continuación de la guerra y el predominio de lógicas de captura estatal e incluso mafiosas en que ha terminado convertida la gestión de los asuntos públicos en Colombia, merced a unas reglas de juego vigentes, constitucional y legalmente, que pretenden la conjugación imposible entre la profundización de las lógicas neoliberales y de mercado en la gestión del Estado, con el mandato de ampliar la democracia, la participación y la garantía de los derechos para las mayorías.
Como parte de esta actitud de bloqueo y reforzamiento del orden de privilegios para la clase política y el establecimiento económico, los partidos tradicionalmente dominantes se han jugado por el desprestigio, la distorsión y la desnaturalización de los propósitos del cambio y de quienes fueron elegidos para llevarlos a cabo; y han llegado incluso al repudio y desconocimiento de la autoridad del propio jefe de Estado, por parte de sus líderes, voceros y gobernantes en varias ciudades y en las gobernaciones que controlan.
Han optado abiertamente por favorecer las prerrogativas del capital en contra de mínimas garantías al mundo del trabajo, como lo hicieron al excluir las cláusulas de derechos colectivos en la reforma laboral; y han defendido a ultranza los intereses privados de sus financiadores en la gestión de los asuntos públicos, como se hizo evidente con la reforma tributaria al impedir mayores impuestos a sectores pudientes, y mantener las altas pensiones de que disfrutan altos servidores del Estado; y al haber bloqueado la reforma pensional que se pro ponía un monto más elevado de los ingresos salariales y su paso al dominio público, manteniendo las cotizaciones más rentables bajo control de los fondos privados, aplazando así una crisis que en próximos años obligará seguramente a un incremento en las edades de jubilación para eludir la ruina del sistema existente.