Analizar las políticas agrarias del Gobierno de Gustavo Petro, implica abordar integralmente al menos tres tópicos claves: 1) el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz (AFP) de 2016, especialmente en lo relaciona do con los compromisos incluidos en los Pun tos 1 y 4 sobre la Reforma Rural Integral (RRI), para lo cual la referencia debe ser lo establecido en el Plan Marco de Implementación (PMI) establecido en el año 2017 entre las partes sig natarias del AFP, actualizado en noviembre de 2024; 2) el desarrollo de las políticas agrarias incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND): “Colombia, Potencia Mundial de la Vida” (Ley 2294 de mayo 19 de2023); y finalmente, 3) la política de restitución de tierras derivada de la ley de víctimas (Ley 1448 de 2011, prorrogada una década más por la Ley 2078 de 2021).
De dónde venimos
Durante el primer año de este Gobierno los esfuerzos se concentraron en dejar plasmados en el PND los énfasis de las políticas agrarias, en medio de intensos debates en el Congre so de la República con los representantes del poder terrateniente y de la oposición política, renuentes férreamente a cumplir con la RRI incluida en el Punto 1 del Acuerdo de Paz, que hizo pensar nuevamente al país político que nos enfrentábamos a una reactualización del Pacto de Chicoral de 1971 (Uprimny, 2022). En este período, aunque el Gobierno logró los consensos políticos necesarios para la aprobación del PND, los niveles de ejecución de las metas y presupuestos asignados a las diferentes instituciones responsables de ejecutar las políticas públicas agrarias, fue bajo y acrecentó las críticas sobre la falta de experticia y gerencia de la izquierda gobernante; y se ha prolongado en el transcurso del gobierno: Durante el tercer año del Gobierno de Petro, de acuerdo con un informe de Ministerio de Hacienda sobre las cifras de ejecución del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2024, los compromisos acumulados para el periodo fueron de $456,5 billones, pero la ejecución real fue de $394,7 billones. Si se toma en cuenta la cifra inicial del PGN, la ejecución solo alcanzó el 78,6%. Los sectores administrativos con menor ejecución fueron: Presidencia (27,7%), Deporte (36%), Agricultura (38,6%) y Transporte (42,5%) (Infobae, 2005)
Dentro de las apuestas más significativas de las políticas agrarias del PND (2022-2026) (SAC, 2025), hay varios puntos que vale la pena destacar: el reconocimiento constitucional del campesinado como sujeto de derechos (acto legislativo 1 de 2023), la implementación de la Reforma Agraria Integral contemplada en el AFP, y el desarrollo de planes ordenamiento social y ambiental de la propiedad rural como una prioridad, para garantizar mediante la coordinación entre diferentes ámbitos del Gobierno, una distribución más equitativa de las tierras, la productividad rural y la soberanía alimentaria a partir del fortalecimiento de la economía campesina, popular y comunitaria. Para alcanzar estos propósitos, se optó por configurar una nueva estructura del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, para redistribuir tierras, formalizar los derechos territoriales de los campesinos y de las comunidades étnicas, y fomentar la producción sostenible; y se estructuró un Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, y fortaleció el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG).
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3. El desafío del cambio - Web- Políticas Agrarias