El periodo de gobierno comprendido entre 2022 y 2026 representa una etapa de transición para la garantía de los derechos de las personas LGBTIQ+ en Colombia. Durante estos cuatro años coexistieron avances institucionales sin precedentes en materia de reconocimiento, representación política y formulación de políticas públicas con la persistencia de profundas brechas en la garantía efectiva de derechos, especialmente en los territorios afectados por el conflicto armado, la presencia de estructuras criminales y la débil capacidad institucional del Estado.
Este escenario confirma la paradoja señalada por el Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género (2026): Colombia es uno de los países con mayores avances normativos y jurisprudenciales para las personas LGBTIQ+, pero dichos desarrollos aún no se traducen en una protección efectiva ni en una reducción sustancial de las violencias y discriminaciones que enfrentan. La brecha entre el reconocimiento jurídico y la garantía material sigue siendo uno de los principales desafíos del Estado colombiano.
Entre los mayores avances del cuatrienio destacaron la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad y del Viceministerio para las Diversidades, así como la inclusión formal de las agendas LGBTIQ+ en la estructura gubernamental. Sin embargo, la puesta en marcha de esta nueva arquitectura institucional enfrentó severos tropiezos operativos y administrativos: la entidad registró bajos niveles de ejecución presupuestal durante gran parte del periodo y un cumplimiento limitado de las metas del Plan Nacional de Desarrollo, reduciendo su capacidad para transformar decisiones políticas en resultados concretos para las comunidades.
A estas barreras de gestión se sumaron cuestionamientos internos por denuncias de violencias basadas en género y violencias laborales contra mujeres y personas trans vinculadas al propio Viceministerio para las Diversidades. Estos hechos visibilizaron debilidades institucionales en la prevención, atención y sanción de violencias dentro de la misma entidad creada con el propósito de promover la igualdad y la no discriminación.