Colombia se ha caracterizado históricamente por ser un país desigual y con profundas brechas sociales. Mientras que en los centros urbanos existe un mayor acceso a la garantía de derechos, en las zonas periféricas persisten el conflicto armado y una acumulación de demandas sociales insatisfechas que visibilizan esta inequidad. Frente a esta realidad, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 se propuso reducir tales diferencias y promover el cuidado del territorio mediante la formulación e implementación de acuerdos territoriales que contaran con la participación activa de las organizaciones sociales para priorizar la inversión local.
El concepto de «Pactos territoriales» tuvo su origen durante el gobierno de Iván Duque (2018-2022) como una herramienta orientada a articular políticas, planes y programas nacionales para la gestión técnica y financiera de proyectos de alto impacto. Este enfoque se concentró principalmente en infraestructura, conectividad vial, educación y saneamiento básico, logrando priorizar 142 proyectos en regiones como Atlántico, Bolívar, Casanare, Cesar-La Guajira, Cundinamarca, Golfo de Morrosquillo, Río Bogotá y Santander, respaldados mediante compromisos de vigencias futuras (CONPES 4037, 2021).
En 2022, la administración de Gustavo Petro redefinió la naturaleza de estos instrumentos. La figura pasó de ser un esquema de concertación exclusivo entre el Gobierno Nacional, alcaldes, gobernadores y el sector privado, a convertirse en un mecanismo participativo volcado hacia las comunidades para superar la pobreza, impulsar el desarrollo social y cumplir con lo pactado en el Acuerdo de Paz. Bajo esta nueva orientación, a partir de 2025 se firmaron iniciativas como el Pacto para la Vida y la Paz en Nariño, el Pacto Territorial Chocó, el Pacto Cauca, el Pacto Boyacá «Raíz y Futuro» y el Pacto Territorial por la Transformación del Catatumbo (DNP, 2026). Estos proyectos cuentan con proyecciones de ejecución de 5 a 10 años y se financian a través del Presupuesto General de la Nación, el Sistema General de Participaciones, fondos de paz y vigencias futuras.