Desde esta visión del constitucionalismo democrático, la legitimidad del poder político se fundamenta en la vigencia universal de todos los derechos humanos para todas las personas, así como en la garantía de que la voluntad popular será observada escrupulosamente. En este marco, el pueblo conserva en todo momento su capacidad de actuación ilimitada como constituyente primario, por lo que los poderes constituidos deben acatar en todo instante el mandato popular. Así, un sistema genuinamente democrático exige que la voluntad del pueblo no enfrente trabas ni límites para concretarse en la vida social, pues la legitimidad de las instituciones depende directamente de su obediencia a dichas demandas.
A lo largo de 212 años, estas exigencias populares fueron subordinadas, excluidas y desatendidas, lo que impidió la consolidación de la unidad nacional y favoreció la instauración de un régimen oligárquico, conceptualizado por Antonio García como una «república señorial». Esta exclusión histórica configuró una estructura de poder distante de los intereses de las mayorías y resistente a las transformaciones sociales de fondo.
La llegada al poder del gobierno de Gustavo Petro —el primero constituido al margen de las colectividades tradicionales y de los sectores económicos dominantes— renovó la confianza ciudadana en la posibilidad de ejecutar el mandato popular. Este mandato, sintetizado en la búsqueda de la paz negociada, la superación de las inequidades mediante reformas sociales y la protección ambiental a través de la transición energética, planteó el reto de que la totalidad de los poderes constituidos —incluidos el Congreso, las Cortes y los organismos de control— respondieran a las demandas de las mayorías.