La «Paz Total» constituyó la apuesta emblemática del gobierno de Gustavo Petro, concebida como una estrategia ambiciosa para superar el conflicto armado mediante la negociación política simultánea con todos los actores ilegales. Sin embargo, al término de su mandato el balance general resultó precario: si bien logró reinstalar la salida negociada como un pilar imprescindible en la agenda del país, la iniciativa no alcanzó a concretar resultados sólidos ni sostenibles en los territorios.
El balance crítico sobre esta política fue respaldado por múltiples voceros internacionales e institucionales, incluyendo informes del Secretario General de la ONU. Desde el propio gabinete ejecutivo se admitieron sus fallas: el Ministro del Interior reconoció públicamente que la estrategia no tuvo éxito (El Espectador, 2026), mientras que el Ministro de Justicia señaló que enfrentó severos obstáculos, cuestionando el haber otorgado estatus de negociación política a ciertas estructuras y criticando la falta de un marco jurídico sólido desde el comienzo (El Espectador, 2026). Por su parte, el presidente Petro resumió el resultado afirmando que «no fue un fracaso personal, sino nacional», al constatar la imposibilidad de consolidar el objetivo durante su cuatrienio (SWI, 2026).
A lo largo del mandato, la implementación de las metas de paz chocó contra una intensa resistencia de actores ligados a economías ilegales e intereses de poder. En una nación atravesada por altos márgenes de informalidad e ilegalidad, las fuerzas asociadas a la confrontación demostraron tener una capacidad superior para incidir en el rumbo del país que aquellas orientadas a la transformación social y política necesaria para un acuerdo justo.
Como consecuencia de este escenario, el cuatrienio no logró frenar la reconfiguración de la violencia, el crecimiento de los grupos armados al margen de la ley ni el avance de estructuras paramilitares. Tampoco se pudo revertir la connivencia o escasa efectividad de sectores de la fuerza pública para romper nexos con estos actores, lo que impidió consolidar un control estatal democrático que garantizara la legalidad, los derechos humanos y la protección efectiva de las comunidades y sus liderazgos sociales.