La falta de garantías para ejercer el derecho a la protesta social en Colombia es un problema estructural no resuelto, que refleja formas de violencia estatal que buscan acallar las demandas de poblaciones histórica mente marginadas, y perpetúa un sistema de exclusión, discriminación y criminalización de aquellos que se proponen transformaciones sociales y políticas o hacen parte de estas poblaciones.
Según el Sistema de Información de Agresiones a la Protesta Social (SIAP) de la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas (CDLAT), en 2024 se documentaron más de cincuenta casos de violaciones a los derechos humanos presuntamente cometidos por miembros de la Policía Nacional, adscritos a la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), las cuales se concentraron especialmente en jóvenes: el 28,8% de las denuncias registradas en el SIAP corresponden a personas entre los 17 y 27 años. Asimismo, se evidencian once casos de violencias basadas en género y personas LGBTIQ+: cuatro corresponden a violencias sexuales, uno a judicialización y estigmatización, y seis a violencia física intencionada y desproporcionada contra mujeres, motivada por su género. Por otro lado, se presentaron doce agresiones contra defensores de DDHH, y en total se reportaron 42 detenciones y 32 heridos en el marco de las movilizaciones del año 2024.
Asimismo, los relatos públicos y mediáticos acerca de la violencia institucional siguen siendo adversos para la protesta social, y en ellos se evidencian vacíos acerca de lo sucedido en el estallido social (2019 y 2021) que dio impulso a las transformaciones en Colombia. A pesar del anuncio del presidente Gustavo Petro el 11 de mayo de 2024, sobre la creación de una Comisión de la Verdad para esclarecer los hechos ocurridos especialmente en Cali y el Valle del Cauca, al cierre de este informe aún no se ha expedido el decreto que oficialice su conformación.
En respuesta a la falta de justicia institucional, se han fortalecido procesos alternativos de verdad y memoria liderados por víctimas y organizaciones sociales. Ejemplo de ello son los Tribunales Populares de Siloé y Engativá, que buscan construir narrativas colectivas, exigir reparación y dignificar a las víctimas. Es te escenario del esclarecimiento extrajudicial de lo ocurrido, es importante porque ayuda a la atribución de responsabilidades políticas y sociales, así como para reconocer los fenómenos y emitir recomendaciones de no repetición. Así mismo, la Directiva 0001 de 2024 de la Fiscalía General de la Nación representa un paso significativo al reconocer la protesta pacífica como derecho fundamental, diferenciándose de los actos delictivos, y al promover un enfoque investigativo contextual y diferencial que considera el entorno y las características de las personas involucradas.
Paralelo a esto, el acceso a la justicia para jóvenes detenidos durante el estallido social de 2021 continúa siendo escaso y enfocado en la criminalización del manifestante. Según cifras de la Fiscalía General de la Nación, se reportan 108 casos relacionados con estas movilizaciones, 71 personas continúan vinculadas a procesos, 32 han sido condenadas y 10 permanecen en prisión domiciliaria o bajo vigilancia (Canal Congreso Colombia, 2025). En concordancia con estos esfuerzos, y como par te del proceso de reforma a la Policía Nacional, que lleva varios años en curso, se creó el cargo de Inspector Delegado para la Protesta Social, formalizado por la Ley 2196 de 2022 bajo el gobierno de Iván Duque en un contexto de crisis nacional de derechos humanos, como resultado del tratamiento represivo del gobierno en contra de las manifestaciones que tuvieron lugar en el año 2021.61 Esta figura tiene la función de vigilar desde una perspectiva disciplinaria la actuación policial durante las protestas, actuar ante denuncias o por iniciativa propia, y presentar informes públicos semestrales; pero hasta la fecha no se conocen los informes elaborados por esta inspección, como tampoco se ha obtenido una respuesta satisfactoria en cuanto a las quejas que han sido tramitadas por agresiones ocasionadas por agentes de la UNDMO, lo cual debilita el control civil sobre la institución.
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5. El desafío del cambio - Web- Protesta Social