Una evaluación de medio término
Con el 75% del cuatrienio transcurrido, la política de drogas es una oportunidad para evaluar el desempeño de la coalición progresista del Pacto Histórico en el gobierno de Colombia. A diferencia de la etapa inicial, donde se esperaba que comenzaran a cumplirse las promesas de campaña, la medición de medio término es más exigente y a veces dolorosa, en tanto examina la calidad y el impacto de las políticas públicas que se formularon y realmente implementaron.
Más allá del análisis rutinario de metas e indicadores, es pertinente responder dos preguntas: 1. ¿cuáles aspectos de la política de drogas deben analizarse desde una óptica de derechos humanos?, y 2. ¿qué resultados rea listas esperar en el último año de un mandato que se caracterizó a sí mismo como de cambio histórico?
En el balance de tres años de gestión institucional sobre drogas, paz territorial y derechos humanos, se destacan cuatro asuntos:
a. La evolución y coherencia del programa de gobierno. Aquí se registran los mayores cambios conceptuales e ideológicos acaecidos entre los años 2022 y 2025. De la crítica inicial a la Guerra contra las Drogas, el discurso oficial se desplazó en el último año hacia la “securitización” de la agenda de drogas y la “narcotización” de las agendas de paz en mesas de negociación aún vigentes. Esta anotación crítica no se refiere a los ajustes, a veces in evitables, que la pragmática del poder impone al ejecutivo, sino a la direccionalidad del viraje respecto del programa reformista que la ciudadanía apoyó en las elecciones.
b. La estructuración de una nueva relación entre Estado y sociedad civil. Se observan avances importantes en el reconocimiento de derechos y la interlocución con los pequeños productores de coca y marihuana; y en menor medida también con bandas juveniles urbanas, usuarios de sustancias sicoactivas y mujeres privadas de libertad por delitos no violentos de drogas, en tanto expresan problemáticas no resueltas por la criminalización.
Recientes nubarrones oscurecen este escenario. La eliminación previa de cultivos de coca como condición de ingreso al subsidio monetario y a los proyectos productivos del Programa “Ren-hacer”; los acuerdos para erradicar 35 mil hectáreas de coca con disidentes del ELN y las FARC en Nariño-Putumayo; la posible reactivación de la aspersión química terrestre y cierto tono de descalificación a las comunidades que no colaboren con los nuevos planes de erradicación-sustitución, pue den resquebrajar la confianza que el gobierno estableció con las organizaciones sociales.
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5. El desafío del cambio - Web- Política de Drogas