Los departamentos andinos de Cundinamarca, Boyacá y Santander se han convertido en focos críticos de una crisis socio-ambiental que revela la tensión entre un modelo económico extractivista y los compromisos internacionales del Estado colombiano en materia de sostenibilidad. A pesar de los múltiples discursos sobre protección ambiental y justicia climática, los hechos sobre el terreno dibujan un panorama alarmante ante la creciente crisis climática originada en un modelo económico que prioriza la explotación de re cursos naturales sin considerar la protección de ecosistemas estratégicos. Según datos del IDEAM (2024), los niveles de degradación del suelo en esta región son alarmantes.
Los ecosistemas más vulnerables, como los páramos de Sumapaz, Pisba y Santurbán, los humedales y los bosques alto-andinos, cumplen funciones claves en la regulación hídrica y en la seguridad alimentaria, pero se ven amenazados por actividades económicas como la gran minería de carbón, oro y materia les de construcción, según lo advierten la CAR (2024), CorpoBoyacá (2024) y CAS (2024).
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