Durante 2024, la situación de derechos de las mujeres y personas LGBTIQ+ en Colombia estuvo marcada por tensiones entre los avances discursivos del gobierno nacional y las persistentes brechas en la garantía efectiva de derechos. A pesar de los compromisos del gobierno nacional expresados en el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”, que las reconoce como sujetos de especial protección constitucional, y abre un capítulo específico para abordar la respuesta que daría lugar al avance de sus derechos, las violencias basadas en género y por prejuicio, los discursos de odio y la respuesta estatal insuficiente siguen configurando un entorno de riesgo y exclusión, que se incrementa por las barreras de acceso y la fragilidad institucional en los territorios del país.
En el caso de las cifras de mujeres víctimas de feminicidio durante el último año, las cifras muestran una continua y sistemática materialización de esta forma grave de violencia basada en género. De acuerdo con la información disponible del Observatorio de Feminicidios Colombia, entre agosto de 2024 y abril de 2025, 637 mujeres fueron víctimas de este delito, de las cuales 369 se cometieron entre agosto y diciembre de 2024, y 268 entre enero y abril de 2025.
La constante es la misma. Mayoritariamente estas mujeres fueron víctimas de sus parejas o exparejas, y el hecho delictivo se cometió, en un alto porcentaje, en sus viviendas; el perfil de las víctimas es indistinto: mujeres del área rural, urbana, campesinas, madres, jóvenes, universitarias; y principalmente se las agredió con la utilización de armas de fuego y cortopunzantes.
En el análisis de los datos se destacan marcadores sociales de la victimización, tales como la impunidad judicial, el bajo nivel de acceso a la institucionalidad, territorios sin oferta en materia de prevención y atención, limitada activación de rutas para la sanción de la VBG, exigencias probatorias en delitos de único testigo, preguntas sesgadas con estereotipos machistas, y funcionarios que desacreditan el relato de la denuncia, lo cual se concreta en la denominada violencia institucional sobre la que da cuenta la Corte Constitucional en la Sentencia T-027 de 2025:
Descargar 2. El desafío del cambio - Web- Mujeres y Población LBTIQ+“La violencia institucional se puede definir como los actos ejercidos por agentes estatales que discriminan o pretenden dilatar, obstaculizar o impedir el acceso de las mujeres a las instituciones encargadas de atender las situaciones de violencia. En el ámbito judicial, la Corte ha definido a la violencia institucional como ‘las actuaciones de los operadores judiciales en las que toman decisiones con fundamento en actitudes sociales discriminatorias que perpetúan la impunidad para los actos de violencia contra la mujer’.”