¿Qué Pasó Con Las Personas Defensoras Y Firmantes De Paz?

La situación de quienes defienden derechos humanos y ejercen liderazgos sociales continuó siendo crítica durante el tercer año de gobierno. El informe “Memorial Sobre Personas Defensoras de Derechos Humanos”, impulsado por Front Line Defender y trece organizaciones de diferentes países, destacó a Colombia como el lugar donde más asesinatos se reportaron a nivel global durante el año 2024 (Front Line Defenders, 2025), manteniendo el lugar que viene ocupando desde hace siete años; lo cual permite reafirmar que en el país el derecho a defender derechos sigue careciendo de garantías efectivas.

Durante los ocho primeros meses del tercer periodo de gobierno se registraron 385 agresiones contra 349 personas.6 Las amenazas, los asesinatos y atentados concentran aproximadamente el 84,6% de los casos registrados, lo que denota el riesgo que sufren quienes se dedican a esta labor, 110 de los cuales fueron asesinados. Las cifras mencionadas resultan inferiores a la realidad de dichas victimizaciones, pues generalmente se dejan de reportar casos de violencias y afectaciones específicas contra las mujeres y las personas LGBTIQ+, a causa de su estigmatización, del poco reconocimiento de sus significados o de las limitaciones de las propias organizaciones sociales al momento de documentarlos. Los principales responsables reconocidos son los grupos pos-Acuerdo de Paz, principalmente las estructuras del Estado Mayor Central, seguidas de los paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia-Clan del Golfo, el ELN y la Fuerza Pública.

Las agresiones contra mujeres lideresas y defensoras preocupa particularmente por su aumento y las afectaciones concretas.7 En este sentido es necesario señalar que ellas deben llevar a cabo su labor en medio de altos niveles de desprotección estatal, máxime si se tiene en cuenta que, según los liderazgos agredidos, son ellas quienes están moviendo con fuerza parte de las agendas humanitarias, en especial respecto del tema de la lucha contra el reclutamiento forzado y la militarización promovida por los actores armados legales e ilegales, así como de la defensa del territorio y la naturaleza, la construcción de paz, la exigibilidad de los derechos sociales, y el reconocimiento y sanción de las violencias basadas en género y contra las mujeres, y enfrentan múltiples.