La Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, presenta a la opinión pública nacional e internacional un balance del primer año de gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, en materia de derechos humanos concebidos inte- gralmente, con el ánimo de expresar una opinión crítica y constructiva sobre las políticas gubernamentales.
La Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo es una red conformada por 80 organizaciones sociales y no gubernamentales de todo el país, que trabaja por la promoción, defensa y garantía de todos los derechos humanos para todas y todos, centra su atención particularmente en la lucha por la plena vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales – DESC, estableciendo la relación que éstos tienen con la construcción de la democracia y el desarrollo.
La misión de esta asociación plural, convergente y autónoma, es apoyar los procesos de construcción de ciudadanía, desarrollando estrategias de exigibilidad y vigilancia social, destinadas a lograr que el Estado colombiano cumpla sus obligaciones y compromisos en el marco del derecho internacional de los derechos humanos.
El balance que se presenta a continuación es el resultado de un esfuerzo colectivo y participativo, por ello, la Plataforma agradece especialmente a las siguientes organizaciones sus aportes a esta publicación: Corporación para la Salud Popular Grupo Guillermo Fergusson, Corporación Compromiso, Corporación Región, Corporación Casa de la Mujer, Comisión Colombiana de Juristas, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Escuela Nacional Sindical, Fe- devivienda, Asociación de Trabajo Interdisciplinario – ATI, Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos – ILSA, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – CODHES, Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP, todas organizaciones miembro de la Plataforma.
Así mismo, la Plataforma agradece especialmente los aportes de las Asociaciones de Educadoras Comunitarias, del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política de Cinep y Justicia y Paz, y del economista e investi- gador social Luis Jorge Garay.
A lo largo del presente análisis, el lector encontrará reflexiones de carácter global y particular referidas a la vigencia del Estado social de derecho, la reforma a la justicia, la política económica y la garantía de derechos económicos,
sociales y culturales (en adelante DESC), el derecho a la educación, a la salud, al trabajo, a la vivienda, a la alimentación, así como balances de la política agraria, la situación en materia de derechos civiles y políticos, desplazamiento forzado, luchas sociales, derechos humanos de los sindicalistas y los periodistas, las mujeres y las madres comunitarias.
El informe pretende hacer un balance de la política pública y la realidad nacional en materia de derechos humanos concebidos como lo que son: derechos integrales, interdependientes e indivisibles, porque el ser humano es un todo imposible de fragmentar. También pretende ser un documento sencillo, de fácil comprensión por parte de la opinión pública no especializada y de las organizaciones sociales y populares.
En el texto se analizan las políticas sociales propuestas, sus efectos sobre la garantía de los DESC y cómo éstas se encuentran inmersas en una transformación estructural del régimen político, el carácter del Estado y los principios fundamentales consagrados en el pacto constituyente de 1991, a través de una contrarreforma constitucional.
El discurso presidencial promete una serie de mejoras en las condiciones de vida de la población, sin embargo, el análisis a fondo de las políticas públicas propuestas por el presidente Uribe en diferentes proyectos de ley y el Plan Nacional de Desarrollo, entre otros instrumentos, muestra que por un lado va la retórica oficial y por otro las consecuencias reales de dichas políticas. Se observa una profundización drástica de las políticas adoptadas por gobier- nos anteriores. Los efectos previsibles no son nada esperanzadores para los sectores populares tradicionalmente excluidos, ni para las clases medias en proceso de pauperización.
En materia de política social, responsable principal de proteger, respetar, garantizar y asegurar el disfrute de los derechos sociales para los ciudadanos de un país, el gobierno del presidente Uribe no plantea grandes cambios frente a las tendencias de la década de los 90 y de su antecesor Pastrana, por el contrario, las refuerza y aplica de manera aún más drástica, acorde con la profundización del modelo neoliberal.
Aunque se continúa con el mismo tipo de política, el Gobierno actual viene impulsando una segunda ola de ajustes para profundizarla; las reformas laboral, pensional, tributaria y social, entre otras, constituyen un conjunto dirigido a desmontar el Estado social de derecho consagrado en la Constitución del 91, solo doce años después de su promulgación.
Es claro que el planteamiento global del “uribismo” no hace referencia a la seguridad social sino a la protección social, y no es solamente un problema de nombre del nuevo Ministerio. Si se analiza detenidamente el contenido de las políticas de vivienda, agraria, educación, salud, laboral, entre otras, de fondo se observa un retroceso trascendental en la evolución de la teoría y práctica económicosocial de finales del milenio, en la medida en que se regresa a la con- cepción del siglo XIX de asistencia social, fundamentada en la caridad hacia los más débiles para su sobrevivencia, bajo la idea liberal clásica de protección a los desvalidos.
Contrario a la concepción de seguridad social como mecanismo obligatorio, de inclusión y redistribución de ingresos y riqueza. Esquema propio de sociedades organizadas, con desarrollos institucionales modernos, garantes de derechos sociales, promotoras de ciudadanías libres, autónomas, productivas y creativas, capaces de generar su propio desarrollo, sin dependencia de la caridad pública, sino como parte de un engranaje social que posibilita una serie de condiciones económicas, sociales y políticas, acorde con la libertad material e igualdad sustancial que les otorga autonomía y, por lo tanto, autoderminación para decidir sobre un proyecto compartido de nación.
Se está dando una profundización de la lógica del mercado, reduciendo la garantía de de- rechos sociales a las responsabilidades contractuales para aquellos que, por su condición socioeconómica, logren adquirir dichos derechos; el resto no logra su protección, en la medida en que carecen de los medios de pago para adquirir el bien y/o servicio; ello conlleva el traslado de la responsabilidad del Estado a los mis- mos individuos y comunidades.
O se cuenta con ingresos suficientes para cubrir los gastos que demanda cierto nivel de seguridad social, o si se es demasiado pobre, se vive en tugurio y/o se accede a una red clientelista; en últimas, si se cuenta con mucha suerte, se puede acceder a un subsidio mínimo e insuficiente, pero compensatorio transitoriamente que, como se ha comprobado, tiene una cobertura muy reducida para la magnitud y necesidades de la población pobre e indigente. Mencionar las cifras resulta indignante, pues en muy pocos años se pasa de 50 a 60% de población en situación de pobreza.
Los acuerdos firmados con el Fondo Monetario Internacional – FMI, implican el recorte de personal en las entidades estatales, su fusión y/ o liquidación definitiva, con el consecuente traslado de responsabilidades esenciales a entes privados; funciones éstas que en algunos casos, por su carácter de control y vigilancia, son propias de la esfera estatal, encargada por excelencia de velar por los intereses colectivos y por lo tanto con responsabilidades indelegables en en- tidades que pueden priorizar intereses privados en contravía de los públicos, es el caso del Instituto de Vigilancia de Medicamentos – Invima. Además, en los procesos de fusión de entidades públicas, éstas se recargan de responsabilidades sin garantizar que efectivamente van a poder cumplir con las nuevas tareas asignadas; por ejemplo, la fusión de la Superintendencia de Salud con la de Subsidio Familiar, cuando la pri- mera no daba abasto con la cantidad de quejas y denuncias recibidas a raíz del círculo perverso de la privatización de la salud.