Desde el inicio de su gobierno, Iván Duque basó su estrategia de relaciones con sectores de la comunidad Internacional, en un favorecimiento de los intereses económicos de los países más poderosos, una sumisión voluntaria a la estrategia de los Estados Unidos para reforzar su papel de predominio político y militar en la región, y un alineamiento con los gobiernos de derecha en América Latina para reforzar políticas neoconservadoras en la región.
Los beneficios económicos brindados a sectores dominantes de la comunidad internacional llegaron desde un primer momento, en el año 2018, pues la primera medida legal tomada por Duque fue una regresiva reforma tributaria que favoreció a grandes empresas, y de manera primordial a empresas internacionales. Dicha reforma decretó descuentos tributarios por 90 billones de pesos (2.300 millones de UDS), generando un hueco fiscal en las finanzas públicas cercano al 8.9% de los ingresos del Estado, que obviamente implicaron menor atención del Estado a los hogares más empobrecidos (Caracol, 2021). Las exenciones al capital transnacional llegaron a ser tan enormes que para 2020 el sector financiero pagó 1,9 % de impuestos sobre $121 billones de utilidades; las empresas petroleras, 7 % sobre $92 billones; y las mineras, 6 %, cuando por ley debieron pagar el 33 %. Por estos tres sectores, el fisco dejó de recibir $80 billones. Además de esto, para atraerse la adhesión incondicional de la comunidad internacional, el Gobierno se dedicó durante estos cuatro años a profundizar la liberalización de la economía, favorecer las inversiones extranjeras, y profundizar en las condiciones desventajosas de los tratados comerciales. Ejemplo de ello fueron las rondas de negocios en los cuales el Gobierno entregó en diciembre de 2021 (El Tiempo, 2021), a empresas transnacionales más de treinta bloques para la exploración de petróleo y gas, por más de 148,5 millones de dólares; o la firma del Tratado de Libre Comercio, con Israel en 2020 y con Reino Unido en 2022 (La República, 2022).
No sólo las concesiones tributarias han llevado a un enorme hueco fiscal que se traduce en empobrecimiento de la población y menos servicios sociales del Estado, sino que el desarrollo de los tratados comerciales con Europa y Estados Unidos han llevado a un enorme déficit comercial en estos cuatro años, y en una pérdida de empleos y destrucción de las fuentes de trabajo y subsistencia en el país, tan enormes que los recursos que ingresan por concepto de cooperación internacional para el desarrollo, el medio ambiente, o el proceso de paz, alcanzan solo una fracción mínima de lo que el país pierde por estos conceptos. Pero los beneficios concedidos le han servido al Gobierno de Duque para granjearse un trato condescendiente de amplios sectores de la comunidad internacional con respecto a políticas internas que estropearon los avances iniciales que había tenido el proceso de paz bajo el anterior gobierno, o políticas militaristas y de connivencia con estructuras criminales del paramilitarismo y el narcotráfico que han llevado al país a una de las más graves crisis humanitarias de los últimos tiempos.
La Relación con los Estados Unidos
Una de las mayores dificultades de este gobierno fue la de tratar de desagraviar al gobierno de J. Biden luego de la descarada intervención del partido uribista y funcionarios diplomáticos del Gobierno en la campaña presidencial de los Estados Unidos, cuando tomaron partido e hicieron activismo abierto en contra del Partido Demócrata y a favor de la reelección de Trump y de la representante republicana por la Florida a la Cámara de Representantes María Elvira Salazar (Blu Radio, 2020). Aunque lograron incidir en los resultados que favorecieron a los republicanos en la Florida, la no reelección de Trump y el triunfo del candidato demócráta complicó las relaciones del gobierno de Colombia con el de los Estados Unidos.
Desafortunadamente, el ascenso de Biden no vino acompañado de medidas que hubieran permitido impedir las acciones del gobierno Duque en contra del proceso de paz y la implementación de los acuerdos, especialmente en materia de garantías de seguridad. El Gobierno de Duque no sólo no hizo nada para desmantelar las estructuras paramilitares, convocar la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, ni frenar el exterminio de los líderes sociales, sino que durante su gobierno se expandió el control de dichas estructuras a las zonas antes controladas por las Farc.
A pesar de que durante las negociaciones del proceso de paz en la Habana el Gobierno de Obama dio firme apoyo a las negociaciones, mantuvo un delegado permanente en la Mesa de Negociación y favoreció una actitud que permitió que los militares dieran apoyo al proceso, enviando también el mensaje de que el paramilitarismo debía cesarse como estrategia contrainsurgente, dichos avances se vieron paralizados con la llegada de Trump al gobierno en 2016 con sus políticas ambiguas en cuanto a aplicación de estándares de derechos humanos en operaciones militares, y especialmente con su incidencia en la reactivación de la estrategia prohibicionista y de guerra contra las drogas, con lo que se creó la brecha que abrió una actitud permisiva no solo para reactivar la guerra que había llegado a sus niveles más bajos en 2016, sino en cuanto al convencimiento en el estamento militar de que el desmantelamiento del paramilitarismo ya no era un deber institucional y democrático. Un mensaje de permisividad al respecto fue la utilización de estructuras paramilitares para llevar a cabo operaciones de desestabilización en Venezuela, así como su aprovechamiento abierto para llevar a cabo acciones propagandísticas, como el paso de Juan Guaidó por los pasos fronterizos para hacer presencia en el evento contra Maduro organizado por el Presidente Duque.
Duque no solo debió someterse a llevar a cabo estas actividades en cumplimiento del interés de Estados Unidos de mantener una actitud de hostilidad y desestabilización al gobierno de Venezuela, sino que también desarrolló iniciativas con otros gobiernos de derecha en América Latina, como el famoso y fracasado “cerco diplomático” al gobierno de Maduro, a través del llamado Grupo de Lima, que desapareció al haber cambiado los gobiernos aliados en la derecha por gobiernos progresistas o de izquierda. En el afán de agradar también a los grandes poderes mundiales, y distraer sobre sus políticas autoritarias y de simulacro con la implementación de la paz, Duque desempeñó también el trabajo sucio de ponerse al frente de las denuncias del Gobierno de Maduro (Colprensa, 2020), e incluso del Gobierno ruso ante la Corte Penal Internacional (La República, 2022b).
A pesar de su continuada subordinación para hacerse perdonar la intromisión de su partido en el proceso electoral en contra de los candidatos demócratas al Congreso y a la Presidencia de los de los Estados Unidos, Duque debió esperar casi hasta el final de su mandato para que Biden aceptar reunirse personalmente con él (Caracol Noticias 2020).
Pero la esperanza de que el gobierno democráta cambiara el enfoque de guerra contra las drogas, que llevó no solo a reactivar las dinámicas de guerra que ya habían atenuado en Colombia con la firma del acuerdo y desmovilización de las Farc, se esfumaron rápidamente. Biden mantuvo el enfoque prohibicionista, no demandó el cumplimiento del compromiso estatal de desmantelar el paramilitarismo, no favoreció la reforma de las Fuerzas Armadas, y en momentos en que la Policía llevó a cabo una feroz y desproporcionada represión a la protesta social iniciada en abril de 2020, decidió apoyar con recursos por ocho millones de dólares unas pretendidas reformas a la institución policial que son meramente cosméticas y de intención, pero no han favorecido la base principal de dicha transformación, que demanda el traspaso del mando de la policía nacional desde el Ministerio de Defensa hacia el Ministerio del Interior o algún ministerio de naturaleza civil, que aleje la institución de las dinámicas de guerra, de su concepción de los ciudadanos que protestan como parte del enemigo interno, y del trato represivo militar a la protesta social. Algunos sectores en el Congreso de los Estados Unidos habían logrado, con incidencia de organizaciones de derechos civiles que no se concedieran recursos para el aparato antidisturbios de la policía (el Esmad) ni para la aspersión con venenos de los cultivos de uso ilícito. Sin embargo, el gobierno no favoreció la decisión final.
Además, el Gobierno Biden ha sido omisivo en utilizar los instrumentos que bajo gobiernos anteriores permitieron detener prácticas vulneratorias de derechos humanos por parte de mandos o unidades militares, policiales o en connivencia con estructuras criminales que los violan; y prácticamente ha renunciado a los mecanismos de vetting que en el pasado permitieron denegar la entrega de asistencia militar o entrenamiento a mandos de unidades comprometidas con abusos o colaboración con grupos paramilitares, que son los principales perpetradores de las masacres y exterminio de los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Tampoco la denegación de visados o cursos de formación que en el pasado jugaron un papel dinámico en la cesación de prácticas de vulneración a los derechos humanos, como las masacres paramilitares o los llamados falsos positivos.