Sin duda, el gobierno de Iván Duque Márquez pasará a la historia no solo por haber sido uno de los más negligentes con las necesidades más urgentes y prioritarias de la población colombiana, o por ser uno de los más impopulares hasta ahora, con una desaprobación del más del 73% según cifras de Invamer, citadas por el periódico El Colombiano (2022), sino también porque desconoció las voces de la Colombia vulnerable. Durante su gobierno, sus acciones giraron en torno al favorecer los intereses de unos pocos, y a subsanar las responsabilidades y compromisos que había adquirido en campaña con los clanes políticos y las élites tradicionales que han ostentado históricamente el poder.
El gobierno arrancó con grandes ambiciones, puesto que se había consolidado como uno de los mandatarios electos más jóvenes del mundo –se le comparó incluso con Justin Trudeau–, en gran parte porque muchas de sus propuestas eran sensatas en la medida en que aseguró priorizar el campo, aumentar los salarios, no hacer “trizas los acuerdos de paz” bajo el lema de paz con legalidad, respaldar la minería responsable, e incluso que apoyaría los puntos de la consulta anticorrupción.29 Sin embargo, luego del primer año, esa fuerza inicial fue cayendo en picada debido a las decisiones que empezó a tomar, las cuales reflejaban el continuismo de las casas políticas que le dieron respaldo, tales como la formulación de la reforma tributaria, que propiciaría el estallido social.
Durante el primer año el gobierno casi que tomó sus promesas de campaña y las modificó sustancialmente –por no decir que las cambió completamente–, de tal manera que su programa terminó reflejando el continuismo de su casa política. Uno de los ejemplos más dicientes de lo que implicó su política “dinámica”: En campaña, prometió que no haría trizas el Acuerdo de Paz; sin embargo, entorpeció donde pudo el proceso para responder a los intereses de otros sectores, y terminaron siendo la comunidad internacional y las organizaciones sociales quienes más asistieron el proceso de su implementación.
El Gobierno del presidente Iván Duque paralizó, en algunos casos, la implementación del acuerdo de paz, y en otros, abiertamente lo saboteó. Al final, las consecuencias fueron que las causas estructurales de la violencia en Colombia no se modificaron, y por ello se incubó esta nueva ola de violencia. (Ávila, Senador electo de la República 2021).
Un aspecto contundente que ha medido también el actuar de este gobierno, es su alta tendencia hacia el autoritarismo y la ausencia de respeto a la división de poderes y a las instancias internacionales de las cuales el Estado colombiano hace parte. Justo después de su posesión, lo discutido sobre participación política, el presupuesto asignado para el Acuerdo de Paz, o sus compromisos con la agenda ambiental, cambiaron de manera tal que terminó con un corte mucho más autoritario que democrático.
Las ideas de Duque y su partido están alineadas con una tendencia política global. Lo que tenemos es el auge de gobiernos autoritarios no solamente en Latinoamérica sino también en Estados Unidos y en Europa. Desde Trump en EEUU hasta Duterte en Filipinas, pasando por Bolsonaro, vemos el predominio de discursos conservadores, autoritarios y neofascistas. En ese sentido, tanto Duque –que entre otras cosas es una figura política bastante débil– como el Centro Democrático, forman parte de este viraje global hacia la extrema derecha. (Cerosesenta, 2022).
El Acuerdo de Escazú termina siendo un buen ejemplo de lo que han implicado las políticas de gobierno de Iván Duque Márquez. Si bien Colombia lo firmó en el año 2018, hasta la fecha aún no lo ha ratificado y esto tiene que ver con el hecho de que, al ratificarlo, las obligaciones internacionales no le permitirían seguirle haciendo guiños a prácticas como el fracking. Y no solo ha demorado deliberadamente su ratificación, sino que nunca ha tomado acciones de este tipo con tratados ambientales, a pesar de que, durante su campaña, aseguró tener una agenda ambiental.