Wilfredo Cañizares
Fundación Progresar Norte de Santander
En Colombia, hay 13 departamentos y 77 municipios fronterizos. Cada uno vive dinámicas diferenciadas y una larga historia de intenso intercambio social, económico, político y cultural que ha generado arraigo y fortalecido el mestizaje de sus luchas, costumbres y saberes comunitarios.
Los territorios de frontera y sus habitantes han sufrido siempre la desatención de un país centralista y de un Estado débil, dirigido por líderes lejanos encumbrados en los Andes. Gracias al abandono, las fronteras de Colombia viven la paradoja de sus grandes potencialidades socioeconómicas y culturales con una tasa de desempleo cinco veces mayor que la media nacional y una informalidad laboral superior al 80 %, 20% más que el promedio nacional. Los municipios de frontera padecen un índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) del 52,81 %, cuando el promedio nacional es del 27,76 % (DNP-Conpes, 2014).
Las comunidades de frontera han sido actoras de la integración con los países vecinos, aun con el impacto de la presencia de organizaciones armadas ilegales, del crimen organizado, de las crisis migratorias y de las grandes operaciones militares desarrolladas por la fuerza pública colombiana en las últimas décadas.
Los territorios de frontera sufren el modelo económico extractivista, globalizador del capital y del libre mercado, abierto a los grandes proyectos minero-energéticos, agroindustriales, biotecnológicos y turísticos, que necesitan para su desarrollo garantías de seguridad y control territorial, por lo que la militarización del territorio a través de la fuerza pública, el uso de grupos paramilitares o el apoyo de fuerzas extranjeras, son la herramienta frecuentemente más utilizada.
A pesar de distancias, culturas plurales y geografías megadiversas, en general, hay unas problemáticas comunes para los habitantes de las fronteras con Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá: crisis humanitaria sistémica por la confrontación armada entre guerrillas y fuerza pública, presencia cada vez más amplia de grupos paramilitares, carteles transnacionales del narcotráfico, redes internacionales de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, la existencia de cultivos de uso ilícito, de economías asociadas al tráfico de estupefacientes y de otras de carácter ilegal como minería, contrabando y extracción ilegal de los combustibles transportados por los oleoductos. Esta mezcla de situaciones contribuye al aumento en los grados de vulnerabilidad y exposición a la violencia derivada del conflicto armado y daños colaterales por parte de la población civil (Defensoría del Pueblo, 2017).
Estos fenómenos tienen un agravante: ocurren en regiones eminentemente rurales y mal comunicadas, con territorios colectivos de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas afectadas por una eterna crisis migratoria. Quienes migran son personas colombianas y venezolanas que deciden cruzar las fronteras para asentarse principalmente en los municipios fronterizos, en busca de protección y un nuevo proyecto de vida.
Los gobiernos han entendido, de manera equivocada, que la problemática de la frontera es un asunto de orden público y han aplicado en el ámbito interno
planes de lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.
En este contexto, se desarrollan las relaciones de Colombia con sus vecinos. A ellas las cruzan los efectos de las políticas internacionales para enfrentar problemas como el narcotráfico y el conflicto armado, con una fuerte influencia del gobierno de los Estados Unidos. Así lo demuestran los 12 acuerdos internacionales firmados en 2017 y 2018. De ellos, cinco se hicieron con ese país y se dirigieron, principalmente, al fortalecimiento de la fuerza pública en su lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada transnacional (Ministerio de la Defensa, s. f.).
No existe una política pública de fronteras que consulte las realidades de los territorios e incluya la efectiva participación de sus habitantes. Esa carencia, además de agravar los problemas de abandono gubernamental acumulados por décadas, hace que se fortalezcan las actividades criminales, la pervivencia de grupos armados ilegales y las afectaciones humanitarias a la población civil.
Los gobiernos nacionales han entendido, de manera equivocada, que la problemática de la frontera es un asunto de orden público. Esa manera de verla, ha llevado a aplicar en el ámbito interno, de manera permanente, planes de lucha contra el terrorismo y el narcotráfico y a diseñar planes de cooperación con los países vecinos basados en la seguridad y defensa de las fronteras. Así lo demuestra el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno, que considera como eje de su política la seguridad de las comunidades de frontera.
Tal visión ha perdurado por décadas en Colombia y ha llevado a la narcotización y, últimamente, a la venezolanización de las relaciones con sus vecinos y, también, de la política internacional de Colombia. Ese manejo ha traído gravísimas consecuencias adentro y afuera del país, pues se regresa a la aplicación de estrategias fracasadas como la fumigación de cultivos de hoja de coca en territorios fronterizos y se asume como política de gobierno el derrocamiento del presidente de Venezuela, un país con el que Colombia tiene estrechos lazos históricos y está posicionado en la geopolítica internacional. Además de un verdadero desatino, todo ello es un error que se ha visto reflejado en el aislamiento internacional del actual gobierno.
La prioridad en la relación con los países vecinos no puede ser la construcción de acuerdos para enfrentar los supuestos enemigos comunes y la seguridad fronteriza. Además, urge un tratamiento diferencial a las fronteras, pues, aunque entre ellas hay problemáticas comunes, cada territorio tiene particularidades geográficas, ambientales, culturales, económicas y sociales que obligan a la construcción de una política pública abierta a la participación de quienes habitamos las fronteras, promoviendo el desarrollo sostenible, la paz y la convivencia.
Defensoría del Pueblo-Colombia. (2017, 25 de enero). Informe defensorial sobre zonas de frontera, una hoja de ruta para la construcción de políticas públicas en estos territorios. Consultado el 3 de agosto de 2020 en https://www.defensoria.gov.co/es/nube/destacados/5963/Informe-defensorial-sobre-zonas-de-frontera-una
Departamento Nacional de Planeación, DNP-Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes. (2014, 10 de mayo). Documento Conpes 3805. Prosperidad para las fronteras de Colombia. Consultado el 3 de agosto de 2020 en https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3805.pdf
Ministerio de la Defensa. (s. f.). Memorias al Congreso 2017-2018. Consultado el 3 de agosto de 2020 en https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Prensa/Documentos/memorias2017-2018.pdf
