Rafael Jaimes
Fundación Agenda Social para el Cambio
Duque ha adelantado una política diplomática frente al gobierno de Nicolás Maduro consistente en la ruptura de relaciones diplomáticas con Caracas, la implementación de un cerco diplomático para forzar el derrocamiento del gobierno constitucional de Venezuela y el cierre de la frontera. Esa política trajo serias consecuencias que impactaron la dinámica sociopolítica, el conflicto armado y la implementación del Acuerdo final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera (en adelante, Acuerdo final), en particular, en la frontera nortesantandereana. Estos impactos se han agudizado con las medidas adoptadas por el gobierno para hacer frente a la pandemia de la covid-19.
El cierre de los pasos fronterizos oficiales en 2019 y el anuncio del Gobierno colombiano de no penalizar el tránsito por los pasos informales (La Opinión-Frontera, 2019), reconfiguró las dinámicas de flujos migratorios en la frontera, incentivando el tránsito a través las denominadas trochas y generando con ello una nueva renta ilegal, la cual ha sido objeto de disputa por parte de grupos armados ilegales como el Tren de Aragua, La Línea y la Frontera, y de grupos sucesores del paramilitarismo como Los Rastrojos y los Urabeños. Esta disputa ha conllevado al incremento de hechos violentos tales como: homicidios, decapitaciones, torturas y enfrentamientos, ocurridos en su mayoría en la frontera de Cúcuta con Ureña y Villa del Rosario, sin que ante ello exista una respuesta contundente del gobierno colombiano que garantice la seguridad de los habitantes de los puntos fronterizos. Así mismo, la ausencia de alternativas para reactivar la economía y superar los impactos del cierre de los pasos fronterizos, ha dejado a la población colombiana y venezolana que depende de la economía informal y del día a día, a merced de los actores armados, facilitando procesos de vinculación a estructuras armadas, redes de microtráfico y de trata de personas en la frontera.
El posicionamiento en la agenda pública del fenómeno migratorio venezolano desplazó la atención sobre la crisis humanitaria y social derivada del conflicto armado en la frontera. Uno de los ejes de este conflicto es la disputa entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) por el control territorial y la hegemonía en la región del Catatumbo, así como por los corredores fronterizos de esta región con Venezuela.
El escalamiento de la confrontación armada en 2020 se dio en el marco de los paros armados adelantados por estas guerrillas en la región del Catatumbo (Revista Semana, 2020). El Gobierno departamental y las fuerzas militares desestimaron e invisibilizaron el impacto y las consecuencias que tuvieron estas acciones en términos sociales y humanitarios: las calificaron como incidentes y altercados (La Opinión-Región, 2020). Eso implicó una respuesta institucional tardía e ineficiente a esta crisis, en la que se presentó el desplazamiento forzado de 10.000 personas, así como confinamientos en varios municipios de la región. A pesar del incremento del pie de fuerza en la región con la creación de la Fuerza de Despliegue Rápido Fudra 2, las fuerzas militares no han dado respuesta eficiente para reducir el impacto del accionar de estos grupos armados. Contrario a ello, se han incrementado las acciones bélicas, los hechos violentos, confinamientos y desplazamientos forzados, así como el número de minas antipersona sembradas en el último año.
Además de incentivar la migración de venezolanos hacia Colombia, la política de asistencia y atención del gobierno de Duque ante el fenómeno migratorio venezolano en la frontera ha hecho invisibles los procesos de retorno de colombianos víctimas de conflicto armado. Estos se encuentran en asentamientos humanos en los municipios de frontera en Tibú y Cúcuta y prefieren registrarse como venezolanos migrantes: su razón es que hay ausencia de una política de atención a víctimas retornadas y no se reconoce como un hecho victimizante su desplazamiento hacia Venezuela por causa del conflicto, según la Ley 1448 de 20111.
La simulación de la implementación del Acuerdo final en la frontera, con el nombre de la estrategia Catatumbo sostenible, reduce la implementación del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) Catatumbo a los componentes de infraestructura vial. Eso se hace para facilitar la extracción y transporte de recursos naturales del territorio hacia los puertos marítimos en Colombia, como alternativa al cierre de la frontera, que ha afectado el transporte y la distribución de estos recursos.
La implementación del Acuerdo final en la frontera se simula con la estrategia Catatumbo sostenible esta reduce el PDET Catatumbo a infraestructura vial, para facilitar la extracción y transporte de recursos naturales.
Además de esto, las acciones de erradicación forzada, la presencia de militares estadounidenses y la militarización de los territorios en el marco de los Planes de Acción Oportuna (PAO) incrementan la tensión social de las comunidades en los territorios, que no reconocen en estas acciones una respuesta a la crisis humanitaria y de acceso a derechos que vive la región.
La Opinión-Frontera. (2019, 16 de marzo). Pasar trocha es permitido, pero irregular. La Opinión. Consultado el 30 de julio de 2020 en https://www.laopinion.com.co/frontera/pasar-trocha-es-permitido-pero-irregular-173314#OP
La Opinión-Región. (2020, 13 de febrero). Autoridades piden ‘no acatar el paro’ en el Catatumbo. La Opinión. Consultado el 30 de julio de 2020 en https://www.laopinion.com.co/region/autoridades-piden-no-acatar-el-paro-en-el-catatumbo-191851#OP
Revista Semana. (2020, 11 de febrero). Catatumbo, entre el paro armado del EPL y el del ELN. Semana. Consultado el 30 de julio de 2020 en https://www.semana.com/nacion/articulo/catatumbo-entre-el-paro-armado-del-epl-y-el-del-eln/651611
