Oficina Internacional de los Derechos Humanos Acción Colombia, OIDHACO
En principio la cooperación entre la Unión Europea (UE) y Colombia se basa en el diálogo político, el apoyo financiero para la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria, las relaciones comerciales y, en los últimos años, el apoyo político y financiero al proceso de paz. Sin embargo, la UE ha apoyado también el ingreso al mercado colombiano y latinoamericano de las empresas europeas transnacionales e inversionistas mediante acuerdos comerciales los cuales favorecen a las empresas europeas, pero ha guardado el silencio en demasiadas ocasiones hoy y en el pasado frente la grave situación de los derechos humanos y el conflicto armado en Colombia.
La UE y Colombia también firmaron un Acuerdo Marco para la participación de Colombia en operaciones militares de gestión de crisis militares y civiles (Delegación de la Comisión Europea para Colombia, 2014), a pesar de involucramiento de las Fuerzas Armadas colombianas en numerosos casos de graves violaciones de derechos humanos.
La alianza con Colombia y en general, con América Latina, es estratégica para la UE. Por un lado, la UE ocupa el cuarto puesto en las importaciones colombianas y el tercer puesto entre los países receptores de exportaciones de Colombia (DANE, 2020a y b). Por otro lado, las relaciones difíciles actuales con Estados Unidos, el avance de China en los mercados internacionales y el debilitamiento de los consensos en los órganos multilaterales han llevado a la UE a fortalecer sus lazos políticos y, sobre todo, económicos con Latinoamérica (European Commission, 2020)
Este fondo, también llamado Fondo Fiduciario (FF) para la paz en Colombia, establecido oficialmente en diciembre de 2012, cuenta con aportes de 20 Estados miembros de la UE, DE Reino Unido y Chile (Fondo Europeo para la Paz, s. f.). Austria y Finlandia son nuevos aportantes desde 2019. El Fondo cuenta con 121.6 millones de euros para apoyar la implementación del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (en adelante, Acuerdo final). El apoyo está enfocado en la Reforma Rural Integral – Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y en la reincorporación de los y las excombatientes de las Farc-EP, promoviendo proyectos productivos. En este momento se están implementando 26 proyectos. El Fondo finalizó su primer periodo en diciembre de 2019 y extendió su existencia hasta 2024: un gesto político importante de apoyo sostenido a la implementación del Acuerdo final. Sin embargo, la decisión no se acompañó de una evaluación rigurosa y transparente y de un proceso de consulta formal con la sociedad civil, mientras los PDET y los proyectos de reincorporación están enfrentando obstáculos y retrasos graves: la implementación de los PDET se ha estancado, no tienen financiación prevista en el Plan Nacional de Desarrollo y el enfoque de género no se aplicó en su construcción.
También, la reincorporación de los excombatientes de las Farc-EP enfrenta graves retrasos y retos. El mayor problema es la falta de garantías de seguridad para los excombatientes: desde la firma del Acuerdo final en 2016, hasta el 19 de julio 2020, habían muerto asesinados 220 de ellos. Por otra parte, Nuevas Áreas de Reincorporación (como La Uribe, en el departamento de Meta, e Ituango, en el departamento de Antioquia) han tenido que dejarse y las personas desplazarse a otras zonas por la situación de seguridad. En total, según el gobierno, once de los 23 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) tendrán que ser trasladados por seguridad. Según el partido Farc, en 95 Nuevas Áreas de Reincorporación, donde viven 9.100 excombatientes, no han llegado los proyectos (El Tiempo. 2020a). En el Consejo Nacional de Reincorporación, se han aprobado 57 proyectos colectivos y, aproximadamente, 1.300 individuales, que benefician al 30 % de los y las ex combatientes. No se han adjudicado predios a los excombatientes y esto implica incertidumbre para los proyectos que están en curso.
Tras la constitución de la nueva Comisión Europea en 2019, se mantuvo el Enviado Especial de la UE para la paz en Colombia, Éamon Gilmore. En marzo de ese año, a su mandato inicial, se sumó uno nuevo: ser Representante Especial de la UE para los Derechos Humanos. En su condición exclusiva de Enviado Especial, Éamon Gilmore viajaba cada 6 u 8 semanas a Colombia, donde estaba en contacto con organizaciones de la sociedad civil y con comunidades así como con altos funcionarios del gobierno (Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, 2019). Es improbable que con la nueva responsabilidad pueda sostener el nivel de compromiso con el proceso colombiano.
Apoyo al Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición y a la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación
En el segundo semestre de 2019, la UE anunció nuevas contribuciones a los tres mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR). Con ello, dio un importante respaldo político y financiero a la justicia transicional, fundamental para su implementación y para adelantar sus mandatos: una señal de que la UE no estaba de acuerdo con los ataques del gobierno Duque al SIVJRNR. La comunidad internacional había dado tiempo al nuevo gobierno para demostrar su compromiso con la paz, pero la situación con el SIVJRNR significó la ruptura de este silencio diplomático. Hubo apoyo público de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), de embajadas europeas y de la delegación de la UE a la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y críticas en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en marzo 20191.
En 2019, la UE dio respaldo político y financiero a la justicia transicional, señal de su desacuerdo con los ataques de Duque al Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición.
En julio de 2019, se anunció también un apoyo financiero para la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, tercer punto de acompañamiento a la implementación del Acuerdo final de la UE. El apoyo es un reconocimiento de que el desmantelamiento de las estructuras paramilitares sigue siendo una prioridad para la UE (Delegation of the European Union, 2019).
Durante las pasadas elecciones presidenciales en Colombia, en 2018, a pesar de las alertas sobre riesgos electorales relacionados con el fraude electoral y la violencia política, la UE no instaló una misión de observación formal sobre las elecciones. Colombia se encontraba en un contexto polarizado alrededor de los asuntos de la construcción de la paz y se había pedido, y hasta agendado, una misión de observación. Además, el Parlamento se abstuvo de expresar su apoyo a la construcción del Acuerdo final y guardó medio año de silencio absoluto sobre la paz y los derechos humanos en Colombia. Hubo una misión política del Parlamento que no pudo hacer una observación oficial, pues, no era una misión técnica. Desde entonces y a pesar de los numerosos mensajes desde la sociedad civil sobre la parálisis en la que se encuentra el proceso de construcción de la paz, se han mantenido mensajes de apoyo de reconocimiento de la voluntad del gobierno colombiano de implementar el Acuerdo final.
Las elecciones del Parlamento Europeo en mayo de 2019 y el inicio de la nueva legislatura significaron una nueva oportunidad para el compromiso de Europa con la paz y los derechos humanos en Colombia. Los debates sobre Latinoamérica en la legislatura anterior estuvieron centrados en Venezuela y Nicaragua, un reflejo de las tendencias políticas en el parlamento. El gobierno de Iván Duque se ha posicionado frente a la UE y a la comunidad internacional como el aliado más importante en la región para atender la crisis venezolana. Al tiempo, ha desviado hacia este tema toda la atención y opacado la situación del conflicto y de los derechos humanos en Colombia. Según un estudio del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, Colombia se enfrenta a mayores amenazas para la paz y la seguridad que el resto de la región suramericana (Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, 2019), pero, pese a esa advertencia, tanto en la plenaria como en las comisiones del Parlamento Europeo se ha agendado menos la situación de paz, conflicto y derechos humanos en Colombia.
En septiembre de 2019, cuando corrían las primeras semanas de funcionamiento del nuevo Parlamento Europeo se hizo una plenaria sobre Colombia, que coincidió con la visita de la Alta Representante Mogherini al país y con la presencia de Emilio Archila en Bruselas (DW, 2019). La visita de la Alta Representante se dio en un momento de crisis del proceso de paz, poco después del anuncio de la retoma de armas por parte de un grupo de disidentes de las Farc-EP liderado por Iván Márquez. La presidenta en ejercicio del Consejo de la UE, Tytti Tuppurainen, en representación de la Alta Representante, reconfirmó el apoyo de la UE al proceso de paz, expresó gran preocupación sobre la situación para las personas defensoras de derechos humanos y excombatientes y anunció más ayuda europea para la crisis venezolana (Parlamento Europeo. (2019). En el debate, se confirmó el apoyo de todos los grupos políticos del Parlamento Europeo al proceso de paz, aunque concluyó sin una nueva resolución al respecto. La resolución del Parlamento Europeo de 2016 sigue siendo la referencia en este aspecto.
En 2020, 101 miembros del Parlamento Europeo pidieron la urgente implementación del enfoque de género en el Acuerdo final y la prevención de
ataques a mujeres defensoras de los derechos humanos.
En 2020, se destacan hasta ahora dos acciones importantes de respaldo al proceso de paz y a las personas defensoras de derechos humanos: en febrero, 101 miembros del Parlamento Europeo firmaron una carta pidiendo la urgente implementación del enfoque de género en el Acuerdo final y la prevención de ataques a mujeres defensoras de los derechos humanos (Oidhaco. (2020). Cabe resaltar que en noviembre de 2019 se llevó a cabo una audiencia en la subcomisión de derechos humanos (DROI) dedicada a la situación de mujeres defensoras del medio ambiente en Latinoamérica (DROI Committee meeting, 2019). En mayo, 28 diputados y diputadas enviaron una carta con preocupaciones sobre las actividades de inteligencia militar contra defensores de derechos humanos y el deterioro de la situación de derechos humanos en el marco de la crisis de la covid-19 (El Espectador, 2020).
Las elecciones de 2019 y la conformación de la nueva Comisión Europea se desarrollaron con los clamores de las huelgas y marchas contra el cambio climático en el trasfondo. El Pacto Verde Europeo, política de la Comisión Europea, compromete a la UE a ser carbono-neutra en 2050 y a ser un líder a nivel mundial en la lucha contra el cambio climático. En consecuencia, el Pacto Verde influye, también, en las políticas exteriores de la UE. En abril de 2020, el comisario para la Justicia, Didier Reynders, se comprometió ante el Parlamento Europeo a presentar una normatividad vinculante europea de debida diligencia que hará varias exigencias a las empresas europeas: controlar la cadena de producción, señalar y mitigar los riesgos a violaciones a los derechos humanos y el medio ambiente e incluir mecanismos de rendición de cuentas y de cumplimiento y reparación a las víctimas de abusos cometidos por las empresas (FIDH, 2020). El Pacto Verde y la normatividad de debida diligencia son muy relevantes para Colombia, si se toman en cuenta las relaciones económicas y políticas existentes entre la UE y Colombia.
Desde hace más que dos décadas existe el diálogo político entre la UE y Colombia, que se complementa con el diálogo sobre derechos humanos. Este último se hace anualmente y la última sesión, la decimoprimera, tuvo lugar en Bogotá el 8 de abril de 2019. La sesión de 2020 se hará a finales de julio y de manera virtual. Será una importante oportunidad para insistir en varios aspectos: la necesidad de interpelar al Estado colombiano sobre su responsabilidad en los asesinatos y agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos, de transmitir mensajes claros de preocupación sobre la falta de implementación del Acuerdo final en forma integral como garantía de seguridad para defensores y excombatientes, y como herramienta para el goce pleno de los derechos humanos de la población colombiana.
En 2019, la Comisión Europea inició una evaluación del Acuerdo Comercial (AC) entre la Unión Europea, de un lado, y Colombia, Perú y Ecuador, del otro. Las actividades de investigación y construcción del informe de evaluación están actualmente en curso y se enfocarán tanto en los impactos económicos del AC, como en los impactos sociales, en derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y desarrollo sostenible (BKP Economic Advisor, s. f.). En 2018, tras 5 años de aplicación preliminar del AC en Colombia y Perú y un año con Ecuador, se hicieron evaluaciones por parte de ONG y del Parlamento Europeo. Las ONG destacaron la falta de impactos positivos económicos: no se diversificaron las exportaciones, no se crearon nuevos empleos ni se avanzó en la formalización de los empleos existentes, no se redujo la pobreza y la balanza comercial de Colombia pasó a ser negativa (FDCL, 2018). Por otro lado, se ha denunciado la falta de efectividad en el AC de los mecanismos de monitoreo y remedición de derechos humanos, laborales y medio ambiente. La cláusula de derechos humanos es inoperante y el capítulo sobre desarrollo sostenible no prevé sanciones para quienes infrinjan normas en sus provisiones2. Incluso, este último aspecto se reconoció en el informe de la comisión de comercio exterior (INTA) del Parlamento Europeo aprobado en febrero de 2019. En él, el Parlamento solicitó sanciones, también, para infracciones al Título IX del AC, sobre comercio y desarrollo sostenible3, pero, en general, ofreció un panorama demasiado positivo, a pesar de los resultados muy mediocres en impacto social y económico del Acuerdo.
Dado que ha desempeñado un importante papel en la aprobación del AC, el Parlamento Europeo debería asumir también un rol activo en la evaluación en curso. Igualmente, hacer seguimiento a los avances que solicitó en derechos humanos en la resolución 2026 del 13 de junio de 2012. En esta resolución, el Parlamento pidió una hoja de ruta a los gobiernos de Colombia y Perú para avanzar en algunos temas de derechos humanos y derechos laborales.
El AC sigue en aplicación provisional, ya que falta completar su proceso de ratificación por parte de todos los Estados miembros de la UE. Bélgica es el último país sin ratificarlo y decidirá al respecto en los siguientes meses. Dos de sus parlamentos regionales se han rehusado a ratificar el Acuerdo hasta ahora, esencialmente, por la grave situación de los derechos humanos en Colombia. Bélgica no tiene la oportunidad de cambiar el contenido del AC, pero podría condicionar su ratificación a efectivas y concretas mejoras en los 3 países andinos en materia de derechos humanos, derechos laborales y medio ambiente.
En 2020, se celebran 25 años de la creación simultánea de la Oficina para los Derechos Humanos–Acción Colombia y de la Coordinación Colombia-Europa- Estados Unidos. Se celebra que ambas redes siguen siendo referentes para la paz y los derechos humanos en Colombia frente a las instituciones de la UE, los Estados europeos, la ONU y Colombia y que, en todo este tiempo, han mantenido el esfuerzo coordinado. Entre otros factores, gracias al trabajo de las plataformas, la UE escogió hace 25 años un camino hacia la paz que se alejaba de la política de confrontación armada y guerra frontal promovida, entonces, por el gobierno colombiano y con el apoyo de Estados Unidos. Es, sin embargo, preocupante ver que siguen existiendo en Colombia los mismos patrones de violencia que había entonces. Es importante que la UE siga apoyando la construcción de paz en Colombia en los próximos años, ya que se contempla el regreso a estas políticas militares por parte del gobierno actual y de nuevo, igualmente, con el apoyo de Estados Unidos.
Los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y de excombatientes de las Farc-EP son muy preocupantes para la comunidad internacional. En el Consejo de Derechos Humanos de marzo de 2020, en las sesiones sobre la presentación del informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y en la sesión de presentación del Informe del Relator para las personas que defienden los derechos humanos, Michel Forst, hubo intervenciones de la UE, España, Suiza, Alemania (dos intervenciones), Noruega y Bélgica expresando gran preocupación por los asesinatos de personas que defienden los derechos humanos; Suiza y la UE manifestaron su particular alerta sobre mujeres defensoras de derechos humanos. En este sentido, se destacó negativamente la respuesta del gobierno colombiano al informe del Relator. El rechazo a sus hallazgos, la deslegitimación del Relator y su trabajo, las acusaciones de falta de seriedad y el tono poco digno del espacio diplomático hicieron sentir que el Estado colombiano estaba más preocupado por haber sido objeto de tanta crítica, que por la situación misma de asesinatos de las personas que defienden los derechos humanos. En el diálogo con el Relator que seguía a la presentación de sus informes –no solo el de Colombia – un sinnúmero de países, en contraste con la intervención del Estado colombiano, reiteraron su apoyo al trabajo y la figura del Relator Especial para las personas que defienden los derechos humanos. Sobre Colombia, el Relator insistió en la necesidad de poder hace una visita oficial de seguimiento al informe.
La comunidad internacional está comprometida con la situación de defensores de derechos humanos, pero es casi total el silencio en el Consejo de Derechos Humanos sobre la implementación del Acuerdo final.
Sin embargo, aunque es positivo el compromiso de la comunidad internacional con la situación de las personas que defienden los derechos humanos, preocupa el casi total silencio en el Consejo de Derechos Humanos sobre la implementación del Acuerdo final. Si en 2018, muchas recomendaciones del Examen Periódico Universal de Colombia se enfocaban en los diferentes aspectos del Acuerdo final, parecería que en 2020 ya no son la prioridad, a pesar del involucramiento de la comunidad internacional en el proceso de paz, de la situación precaria de la implementación en este momento y, por lo tanto, de la necesidad de reafirmar el apoyo y el compromiso sostenido de la comunidad internacional.
La crisis de la covid-19 tuvo consecuencias a corto plazo para Colombia en Europa y tendrá efectos a largo plazo.
En lo inmediato, por un lado, se cancelaron actividades importantes programadas en el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE sobre Colombia. El llamado del Secretario General de la ONU, António Guterres, en marzo de 2020 al cese al fuego mundial para evitar la propagación del coronavirus, reiterado por Carlos Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y atendido por el Ejército de Liberación Nacional. Eso significó, además de un alivio temporal y relativo en zonas afectadas por el conflicto en Colombia, una pequeña apertura hacia el diálogo con este grupo. Es importante que la comunidad internacional utilice esta apertura para buscar avances en este diálogo y también lo es el llamado reiterado, recientemente, al cese bilateral (El Tiempo, 2020b).
A largo plazo, la crisis económica en Europa generada por la pandemia ha causado un repliegue de los países europeos y de la UE sobre los temas internos. En consecuencia, pierden atención los asuntos exteriores no relacionados con la crisis económica y de salud.
Existen señales de apoyo sostenido de la UE al proceso de paz en Colombia, como la continuidad del Enviado Especial y el Fondo Fiduciario para la Paz, el apoyo al SIVJRNR y a la UEI. No obstante, es preocupante que, a pesar de la urgencia y gravedad de la situación del país, el apoyo ya no es prioritario, como en años anteriores, en todas las instituciones europeas, ni en la comunidad internacional.
Han faltado mensajes contundentes al gobierno colombiano para que continúe con la implementación del Acuerdo final. A pesar de las preocupaciones por la falta de voluntad del gobierno colombiano al respecto, la UE ha hecho lo contrario: sigue felicitando a Duque por su compromiso con la implementación. Lo cierto es que el proceso está estancado, el gobierno lo obstaculiza o ignora la existencia del Acuerdo final. Esto último se observa cuando crea políticas públicas paralelas sin tomarlo en cuenta. La cooperación europea se canaliza por gran parte a través del Gobierno colombiano. La pregunta es si en este momento es la estrategia adecuada para avanzar en la implementación del acuerdo o si sería más eficiente asegurarse que los fondos de cooperación lleguen directamente a quienes están totalmente comprometidos con el proceso de paz.
Es importante que la comunidad internacional apoye la integralidad del proceso, pues, justamente, en el Acuerdo final, están las respuestas y medidas frente a la situación de asesinatos de líderes y lideresas sociales y de personas que defienden los derechos humanos, que se producen como consecuencia de una situación estructural de violaciones de derechos humanos y falta de garantías para quienes los defienden: la impunidad del pasado y actual de las violaciones de los derechos humanos, la persistencia de estructuras nuevas y antiguas del paramilitarismo, la falta de implementación integral de la política de sustitución de drogas, la corrupción en las fuerzas armadas y la connivencia con grupos armados dedicados al narcotráfico, las doctrinas militares del enemigo interno y la falta de garantías para la participación política, la pobreza y la desigualdad social, el racismo estructural y la violencia y la discriminación de género. Todos estos factores deben abordarse para lograr avances y es importante que la comunidad internacional apoye a quienes de forma comprometida trabajan cada día para lograrlo. En síntesis, la implementación del Acuerdo final es un paso crucial para una salida de la situación estructural de violaciones de derechos humanos y los asesinatos de líderes sociales.
Por último, es importante que desde las instituciones europeas se utilice la oportunidad de la evaluación del AC con Colombia para plantearse si los acuerdos comerciales son coherentes con las políticas de derechos humanos, de paz y de cooperación al desarrollo de la UE. Estos acuerdos promueven un modelo económico que es contrario a los proyectos productivos y de desarrollo rural local financiados por el Fondo Fiduciario y que, además, no permiten realmente influir de forma efectiva sobre los derechos humanos, derechos laborales y medio ambiente, ya que no existen consecuencias en caso de incumplimientos al no contar con mecanismos vinculantes al respecto.
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