Asociación Minga
El departamento andino-amazónico del Putumayo, además de caracterizarse por su diversidad biológica y cultural, tiene una compleja historia de conflicto y violencia ligada a factores geoestratégicos1, a los recursos minero-energéticos y a la riqueza natural propia de la región amazónica. Estos factores han determinado la dinámica socioeconómica y política del departamento, que gira desde hace muchos años en torno a la expoliación de sus recursos naturales (pasando por la “vorágine” de las caucherías, que dejó miles de indígenas muertos; hasta el actual auge minero-petrolero), el conflicto armado, la violencia paramilitar y la presencia extendida de cultivos de coca y del narcotráfico (CNMH, 2014).
Sin embargo, después de la firma del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (en adelante, Acuerdo final) en 2016, se han profundizado las disputas territoriales por las riquezas minero-energéticas, por el control de los cultivos de uso ilícito y por el narcotráfico. Como lo anota Ariel Ávila,
Las Farc en Putumayo fueron hegemónicas y tras la dejación de armas por el proceso de paz se abre una ventana de oportunidad para el Estado de llegar allí, que no es aprovechada. Durante 18 meses en esa región no hubo actores armados, pero como no llegó el Estado, desde marzo de 2018 se instalaron tres actores: las disidencias, la estructura neoparamilitar llamada La Constru y un grupo de 30 o 40 narcotraficantes venidos de Nariño, que crearon pequeños escuadrones para entrar a Putumayo (citado en Ávila, C., 2019).
Otros informes señalan que,
De las 18 estructuras disidentes que se encuentran en el país, según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en Putumayo hay cuatro: los frentes 1, 48, 49 y 62, que desde 2018 han bajado desde Caquetá para disputarse el control social y las rentas del narcotráfico en los límites con Ecuador y Perú (Arenas, 2019).
Y en un informe del pasado 30 de junio, la Fundación Paz y Reconciliación indica que “en el departamento putumayense hacen presencia el Clan del Golfo, La Constru, La Mafia Sinaloa y las disidencias de los frentes 48, 49, 31 y 1”. Esto muestra que no es totalmente clara la lectura sobre los actores armados presentes en el departamento, pero sí es evidente y preocupante que son múltiples las estructuras armadas que operan en el territorio.
Pese a esa “multiplicidad”, estas estructuras se organizan en torno al control de los cultivos y al negocio del narcotráfico. Actualmente, el frente 48 de las disidencias estaría operando conjuntamente con el grupo paramilitar autodenominado La Mafia, “estructura heredera del paramilitarismo al mando de Héctor Orlando Bastidas alias Bonito” (Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 2020), especialmente en los municipios de Puerto Asís, San Miguel, Valle del Guamuez y Puerto Guzmán. También, hay alianzas de estos grupos con organizaciones narcotraficantes internacionales, ya que “en el departamento de Putumayo –San Miguel y el Valle del Guamuez– se ha responsabilizado al grupo denominado ‘Mafia Sinaloa’ de tener negocios con carteles mexicanos para el procesamiento y comercialización del clorhidrato de cocaína”2.
Las formas y modalidades de acción de las estructuras armadas locales van desde la amenaza, hasta el sicariato, las masacres y el desmembramiento.
Según distintas denuncias públicas, testimonios de las comunidades e investigaciones de prensa, el control de la “mafia” no solo se limita a las veredas y zonas rurales del corredor Puerto Vega-Teteyé y de otros municipios, sino que se ha extendido a las zonas urbanas y aledañas a las cabeceras municipales a través de retenes y rondas. Todo esto sucede en un territorio altamente militarizado, en donde las fuerzas militares tienen desplegados siete batallones que conforman la Brigada XXVII, además de la Policía Nacional y su cuerpo Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), reconocido por graves violaciones de los derechos humanos. Recientemente, la población del Alto Putumayo, liderada por los pueblos indígenas kamëntsá e inga, se opuso a la instalación de un batallón en el Valle del Sibundoy y consiguió que se suspendiera la instalación, transitoriamente.
Vale la pena anotar que, como en otras regiones del país, estos grupos armados han encontrado en la medida de confinamiento decretada por el Gobierno nacional desde marzo de 2020 a su mejor aliada; las agresiones a la población han aumentado y su control armado del territorio sigue en expansión (véase Varios, 2020). Una vez más, la realidad del Putumayo, al igual que la del departamento de Cauca, de la región de Catatumbo y de otros departamentos, demuestra que la declaratoria de emergencia económica, social y ambiental decretada por Iván Duque ha sido el escenario para fortalecer la política de seguridad y defensa del Estado, profundizar el neoliberalismo, avanzar en la militarización de territorios estratégicos y consolidar las economías extractivas y del narcotráfico.
En este complejo contexto, las agresiones a la población son cotidianas, no solo a manos de los grupos paramilitares, disidencias y narcotraficantes, sino de la fuerza pública, que concentra su actuar en contra de las comunidades, en especial, de las y los cultivadores de coca.
Los homicidios de campesinos, inmigrantes venezolanos y jóvenes en el Putumayo se han incrementado, sin que se tengan datos exactos de cuántas personas han sido asesinadas, “pero la gente habla de más muertos, o se encuentran cuerpos por ahí”3. Lo que sí está registrado son los crímenes en contra de los líderes y lideresas sociales. En 2019, Sonia Rosero González, precandidata a la Alcaldía de Puerto Asís y lideresa comunitaria fue asesinada; también Nilson Richard Caicedo, integrante del Concejo Comunitario para el Desarrollo de Comunidades Negras Mocoa, Putumayo.
En junio de 2020, era aterradora la situación de las dirigencias sociales en Putumayo: 13 líderes y lideresas sociales asesinadas y varios amenazados, que incluso han tenido que salir de sus municipios o del departamento para proteger su vida4. Los asesinatos comenzaron en enero con la lideresa Gloria Isabel Ocampo; Al de ella, siguieron los de Emilio Campaña, Óscar Quintero Valencia, Gentil Hernández Jiménez, Yordan Tovar, Bayron Rueda Ruiz, Luis Alberto Parra, Jader Parra, Marco Rivadeneira, Diego Alejandro Núñez, Guillermo Jojoa Jamioy, Edison León López y Leydi Viviana Trompeta, esta última, indígena del cabildo nasa Kuesh Kiwe.
Las amenazas también arreciaron en 2020. Jani Silva, lideresa social y representante de la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica (ZRCPA), quien tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha sido continuamente amenazada y se descubrió, recientemente, un plan para asesinarla. Al respecto, la Comisión Intereclesial señala lo siguiente:
Desde hace dos meses, existe movilización de estructuras armadas en el territorio de la ZRCPA y sobre el río Putumayo y sus afluentes en medio de operaciones de control de unidades de las Fuerzas Militares. Entre la significativa presencia de la Brigada XXVII de Selva y la Fuerza Naval del Sur, continúa la movilidad de estructuras armadas irregulares (Contagio Radio, 2020).
Comenzando el año, el diputado Andrés Cancimance, excandidato a la gobernación y representante de la segunda fuerza política del departamento, Colombia Humana, recibió amenazas de muerte. En días pasados, Yuri Quintero, Yule Anzueta y Wilmar Madroñero, quienes pertenecen a la Red de Derechos Humanos del Putumayo, Piamonte (Cauca) y Cofanía Jardines de Sucumbíos (Nariño), fueron amenazados de muerte por el frente 48 de las disidencias de las FARC, comandado por alias Manuel Político. Es importante destacar lo siguiente:
Las amenazas contra Yuri Quintero y los otros dos líderes se acrecentaron, luego de que la Red de DDHH del Putumayo, Piamonte (Cauca) y Cofanía Jardines de Sucumbíos (Nariño) emitiera un comunicado de rechazo por los hechos en los que fue asesinado el líder Marco Rivadeneira (El Espectador, 2020).
A mediados de junio, las disidencias de las FARC amenazaron a cinco periodistas de medios locales de Puerto Asís y Mocoa (Semana, 2020).
La violencia se ha ensañado también con los excombatientes de las FARC. Entre enero y junio de 2020, han sido asesinados cuatro firmantes del Acuerdo final, en proceso de reincorporación5: en febrero, Daniel Jiménez Ospina; en marzo, Juan Carlos Castillo Certijama y en junio, Ángel Alberto Calderón Ruiz y Raúl Lipence Peruche.
Según las cifras de los excombatientes en ese espacio territorial, donde hoy residen alrededor de 150 excombatientes, con este nuevo caso ya son 17 exguerrilleros de esta zona los que han sido asesinados desde que se instalaron en La Carmelita, en 2017. Por su parte, la Misión de Verificación de la ONU habla de 13 casos (con este serían 14) en el departamento del Putumayo (El Espectador, 2020).
Dos de estos asesinatos se perpetraron en límites del territorio del pueblo nasa, resguardo Kwinas Cxhab. Allí, se declararon en asamblea permanente desde junio de 2020, lo que consideraron “como única alternativa de salvaguardar y proteger los derechos colectivos, fundamentales entre ellos, la vida y el territorio”6. Sin lugar a dudas, el Putumayo está en el núcleo de la reconfiguración violenta de los territorios durante el posacuerdo.
Los operativos de erradicación forzada, continuos durante 2019, arreciaron este año, sobre todo, durante la cuarentena por covid-19. Ese hecho reconfirma la incoherencia e irresponsabilidad del Gobierno nacional frente a las familias cultivadoras de coca7. El incumplimiento por parte del Gobierno de los acuerdos firmados por él en el contexto del Plan Nacional Integral de Sustitución (PNIS) ha llevado a continuas protestas y movilizaciones de las comunidades. Estas, en vez de obtener respuestas o soluciones a sus demandas, reciben represión y erradicación forzada (manual y por aspersión terrestre). Más de 11 mil familias firmaron acuerdos en el Putumayo para sustituir 7.000 hectáreas de coca: 6.780 familias cultivadoras, 3.615 no cultivadoras y 792 que hacen parte del grupo de recolectores8. En 2019, según la misión de verificación de Naciones Unidas, 20 mil campesinos arrancaron de manera voluntaria más de 12 mil hectáreas de coca en el Putumayo. Sin embargo, los datos que maneja el Gobierno muestran que el área cultivada va en aumento, y, con ello, justifica la erradicación forzada y la militarización.
Los operativos de erradicación, que ahora realiza directamente el Ejército Nacional, o la Policía antinarcóticos, acompañados por el Esmad, se están adelantando con fuerza en el bajo Putumayo (en veredas y resguardos), especialmente, en el corredor Puerto Vega Teteyé, San Miguel y Puerto Guzmán, las mismas zonas en donde se intensifica la violencia por parte de los grupos armados ilegales. En estos municipios, también operan importantes empresas petroleras como Gran Tierra, Amerisur y Emerald, además de Ecopetrol9. Las agresiones durante dichos operativos se hacen con el uso de bombas manuales y gases lacrimógenos y con disparos con armas de fuego que han dejado heridos y muertos en su camino. A mediados de 2019, durante un operativo de erradicación en la vereda La Cumbre, Puerto Asís, la policía atacó a los campesinos que exigían espacios de diálogo con el Gobierno. En esa ocasión, resultó herido Deobaldo Cruz, presidente de la JAC, líder de la organización campesina AsocpuertoAsís, quien perdió el ojo izquierdo. A raíz de estos hechos y de la movilización de las comunidades, el Gobierno nacional se vio obligado a escuchar a los campesinos y se abrió una mesa de concertación para la transformación productiva de siete veredas del corredor Puerto Vega-Teteyé con el Ministerio del Interior. En desarrollo de los compromisos comunitarios adquiridos en dicha mesa, liderada por AsocpuertoAsís, fue asesinado Marco Rivadeneira10, líder del proceso, durante una Asamblea con la comunidad de la vereda Nueva Granada.
Los operativos de erradicación se adelantan con fuerza en veredas y resguardos. El Gobierno tuvo que escuchar a los campesinos, pero asesinaron a uno de ellos en ese proceso.
Con sus esfuerzos y valentía, los dirigentes sociales de las siete veredas involucradas en el proceso, que buscan la reactivación de la mesa, lograron reunirse nuevamente con las instituciones locales, la fuerza pública y el Viceministerio del Interior durante el mes de junio de 2020. Pero, el viernes 3 de julio la policía, respaldada por el Esmad, arremetió violentamente en contra de la comunidad de la vereda Caucasia, corredor Puerto Vega-Teteyé, que hace parte de la mesa pactada con el Ministerio del Interior; durante este operativo, fue asesinado el campesino Eduardo Alemeza Papamija y varios campesinos más quedaron heridos. Una vez más, la voluntad manifiesta de las comunidades para adelantar procesos de sustitución voluntaria y progresiva es burlada e irrespetada por la fuerza pública, que significa, por el Gobierno nacional, que es quien dirige la política antidrogas del país.
Cabe resaltar que, el 16 de marzo de 2020, varias comunidades del Putumayo lideradas por la Asociación campesina Acsomayo, tras un ciclo de protestas y represión, alcanzaron un preacuerdo para la instalación de otra mesa de concertación con el Gobierno nacional. Se nombraron garantes de este compromiso el gobernador Buanerges Rosero Peña y el alcalde Fernando Castillo; hasta ahora, las únicas respuestas a este preacuerdo han sido la represión y la persecución a los campesinos cultivadores de coca.
Con la erradicación forzada, el Gobierno nacional y la fuerza pública desconocen el deber de prevención temprana y urgente exigido por la Corte Constitucional en la Sentencia T-690 de 2017. Ponen, además, en riesgo la vida y la integridad de la población, al desconocer principios del derecho internacional humanitario (DIH), como el de distinción. También, vulneran los derechos a la seguridad alimentaria y a la salud, sobre todo, en tiempos de pandemia, pues los miembros de la policía y demás cuerpos de seguridad no respetan los protocolos de bioseguridad (Asociación Minga, 2020; Dejusticia, 2020).
De igual manera, las autoridades civiles de los ámbitos municipal y departamental evaden la obligación de presentar planes integrales de prevención y de contingencia, ordenados en la misma providencia de la Corte Constitucional.
Los pequeños cultivadores de coca del Putumayo, además de verse sometidos a la acción impune de los grupos armados que se han tomado el territorio ante los ojos de la fuerza pública, deben soportar la violación de sus derechos a manos del Estado. Ante la irresponsable actitud gubernamental y la persecución desatada en su contra, es preciso preguntarse: ¿qué acciones ha adelantado el gobierno Duque en materia de “producción y comercialización de narcóticos”, en especial, de persecución de los activos involucrados en el narcotráfico, como parte fundamental en la lucha contra las estructuras que controlan el negocio? ¿Qué acciones han adelantado el Ministerio de Defensa, el Ejército y la Fiscalía en contra de los grupos armados que hacen presencia en el departamento del Putumayo y controlan el negocio del narcotráfico?
En mayo de 2019, durante el taller Construyendo País realizado en Mocoa, el presidente Duque dijo: “aquí estamos con toda la determinación para que haya progreso en el Putumayo” (Presidencia de la República, 2019). El progreso que este gobierno le brinda al pueblo putumayense es una crisis social y humanitaria que puede superar con creces la vivida durante la implementación del Plan Colombia y durante las peores épocas de conflicto armado en el territorio.
Arenas, G. (2019). Disidencias, el nuevo motor de la violencia de Putumayo. Verdad Abierta. Consultado en https://verdadabierta.com/disidencias-el-nuevo-motor-de-la-violencia-de-putumayo/
Asociación Minga. (2020). Ejército realiza operaciones de erradicación forzada en Putumayo profundizando crisis por covid-19. Consultado en http://asociacionminga.co/index.php/2020/04/07/ejercito-realiza-operaciones-de-erradicacion-forzada-en-putumayo-profundizando-crisis-por-covid-19/
Ávila, C. (2019). Aparecen más panfletos de Águilas Negras en el Putumayo. El Espectador. Consultado en https://www.elespectador.com/colombia2020/territorio/aparecen-mas-panfletos-de-aguilas-negras-en-el-putumayo-articulo-857606/
Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH. (2014). Putumayo: la vorágine de las caucherías. Memoria y testimonio (Primera parte). Bogotá: CNMH.
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. (2020). Nuevo asesinato atribuido a grupo criminal “La Mafia”. Consultado en https://www.justiciaypazcolombia.com/nuevo-asesinato-atribuido-a-grupo-criminal-la-mafia/
Contagio Radio. (2020). Lideresa Jani Silva en riesgo tras descubrirse plan para atentar contra su vida. Contagio Radio. Consultado en https://www.contagioradio.com/lideresa-jani-silva-en-riesgo-tras-descubrirse-plan-para-atentar-contra-su-vida/
Cruz, R. (2020). Erradicación forzada: ¿nuevo campo de batalla en medio de la pandemia? Verdad Abierta. Consultado en https://verdadabierta.com/erradicacion-forzada-nuevo-campo-de-batalla-en-medio-de-la-pandemia/
Dejusticia. Derecho-Justicia-Sociedad. (2020). Solicitamos al Gobierno suspender los operativos de erradicación forzada durante la contingencia del covid-19. Dejusticia. Consultado en https://www.dejusticia.org/solicitamos-al-gobierno-suspende-los-operativos-de-erradicacion-forzada-durante-la-contingencia-del-covid-19/
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El Espectador. (2020b). “Dígales que la orden es tumbarlos”: ultimátum a tres líderes sociales de Putumayo. El Espectador. Consultado en https://www.elespectador.com/colombia2020/territorio/digales-que-la-orden-es-tumbarlos-ultimatum-tres-lideres-sociales-de-putumayo-articulo-913981/
Fundación Paz y Reconciliación, Pares. (2020). Informe: radiografía de la ominosa presencia de los carteles mexicanos. Consultado en https://pares.com.co/2020/06/10/una-radiografia-de-los-carteles-mexicanos-en-colombia/
Presidencia de la República. (2019). “Aquí estamos, con toda la determinación, para que haya progreso en Mocoa”: presidente Duque. Consultado en https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2019/190511-Aqui-estamos-con-toda-la-determinacion-para-que-haya-progreso-en-Mocoa-Presidente-Duque.aspx
Semana. (2020). Denuncian amenazas a cinco periodistas en Putumayo. Semana. Consultado en https://www.semana.com/nacion/articulo/colombia-hoy-amenazan-a-cinco-periodistas-en-putumayo/680383
Varios. (2020, 9 de abril). En Putumayo, armados amenazan con asesinar a personas con covid-19. Denuncia pública. Consultado el 12 de agosto de 2020 en https://www.colectivodeabogados.org/?En-Putumayo-armados-amenazan-con-asesinar-a-personas-con-COVID-19
1. Departamento fronterizo con Ecuador y Perú, corredor fundamental entre la región Andina, la Orinoquía y la Amazonía. Limítrofe con los departamentos del Cauca, Caquetá, Amazonas, Nariño.
2. La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) (2020), señala: “Aunque la relación de crimen organizado entre Colombia y México viene de décadas anteriores, protagonizada por los grandes carteles del narcotráfico, en la actualidad, la relación se ha dinamizado debido al importante flujo de capital y de armas traído desde el país norteamericano, lo cual ha impulsado el fortalecimiento de grupos armados como el Clan del Golfo1, Caparrapos, Los Pachenca, Ejército Popular de Liberación-EPL o Pelusos, Grupos Armados Postfarc, especialmente del suroccidente colombiano, entre otros”.
3. Expresión de una pobladora de Puerto Asís.
4. Información Programa Somos Defensores, 2020.
5. Del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Heiler Mosquera, de la zona veredal La Carmelita, en el municipio de Puerto Asís.
6. Acta 001 de 17 de junio de 2020, casa del Cabildo, Resguardo Kiwnas Cxhab.
7. “Una de las metas planteadas al inicio de 2020 por el Ministerio de Defensa fue la de erradicar, de manera forzada, unas 130 mil hectáreas sembradas con hoja de coca. Fue así como desde mediados de febrero, tropas del Ejército iniciaron labores en regiones donde la presencia de cultivos ilícitos es alta, como el sur de Córdoba, Tumaco (Nariño), Norte y Bajo Cauca antioqueños, y Putumayo, entre otros” (Cruz, 2020).
8. Información suministrada por la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, 2019.
9. Datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), 2019; el 71 % de Putumayo estaba concesionado para exploración y explotación de hidrocarburos (20 contratos de bloques en exploración, 7 contratos de bloques en producción). En 2020, bajo la nueva modalidad “Proceso permanente de asignación de áreas”, la ANH tiene 11 contratos disponibles con áreas ubicadas en Puerto Asís, Valle del Guamuez, Mocoa, San Miguel, Orito, Puerto Guzmán, Villagarzón y Puerto Caicedo.
10. Presidente de la Asociación Campesina de Puerto Asís (AsocpuertoAsís). El asesinato se atribuye a las disidencias del frente 48.
