Asociación Minga y Comité de Integración Social del Catatumbo, Cisca
El Catatumbo es la región más visitada por el presidente Iván Duque y piloto de la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación en la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Sin embargo, es, al mismo tiempo, un territorio militarizado en el que las comunidades han puesto en evidencia cuatro ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército Nacional en menos de dos años: los asesinatos de Dimar Torres, en abril de 2019, y de Salvador Jaime Durán, en junio de 2020, y los de Álvaro Carvajal y Emérito Buendía en medio de jornadas de erradicación forzada.
En el informe “Como el retumbar del trueno: justicia, el llamado de las víctimas del Catatumbo”, presentado por la Asociación Minga ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se identificaron 183 víctimas de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros del Ejército Nacional entre 2002 y 2009 (Asociación Minga, 2018), solo en esta región. Los recientes hechos denunciados ampliamente por las comunidades encienden las alarmas respecto al regreso de una estrategia que pone en riesgo principalmente a jóvenes campesinos que nada tienen que ver con el conflicto armado y a quienes protestan por la erradicación forzada de su único sustento económico. Además, el aumento de tropas militares solo profundiza las afectaciones en materia de derechos humanos y la crítica situación en la que se encuentran los líderes y lideresas sociales. Especialmente, quienes defienden el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (en adelante, Acuerdo final) y exigen el cumplimiento de la sustitución de cultivos de uso ilícito.
Este artículo presenta las principales afectaciones en materia de derechos humanos en el Catatumbo, en un periodo que comprende desde 2019 hasta junio de 2020. Así como el resultado de la erradicación forzada y el abandono de parte del Estado, que se hace evidente con la pandemia de la covid-19, un momento en que el Gobierno tendría que responder de manera integral, pero solo ofrece militarización y estigmatización mientras simula la implementación del Acuerdo de Paz.
Los asesinatos siguen siendo la vulneración más significativa en la región de Catatumbo. Se mantienen cifras muy altas y patrones similares a periodos anteriores, especialmente, en cuanto al desconocimiento de los responsables y el modus operandi. En la mayoría de casos, las víctimas han sido asesinadas con impactos de bala por hombres que se movilizan en motocicleta, quienes los esperan cerca de sus lugares de trabajo o residencia. De acuerdo con la información de la Policía Nacional, en los municipios de la región del Catatumbo se presentaron 218 homicidios entre enero de 2019 y mayo de 2020, de los cuales Tibú registra 102 hechos, seguido por Convención con 26. En este periodo se registraron cuatro feminicidios, en Sardinata, Tibú y El Tarra. En todos los casos se trató del asesinato de mujeres a manos de sus exparejas, una de ellas menor de edad.
Los asesinatos son la vulneración más significativa en el Catatumbo, cometidos
por hombres en motocicleta, que esperan a las víctimas cerca de sus lugares de
trabajo o residencia.
De acuerdo con el Programa Somos Defensores, entre 2019 y marzo de 2020, se presentaron 44 agresiones a líderes sociales en el departamento de Norte de Santander y 11 asesinatos que incluyen un caso en la ciudad de Cúcuta y otro en el municipio de Ocaña. Todos ejercían un rol activo en la Junta de Acción Comunal de su vereda y, en la mayoría de casos, también lideraron procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito. A estas cifras es importante añadir los más recientes casos de Emérito Buendía, en zona rural de la ciudad de Cúcuta, y de Carmen Ángel Angarita en el municipio de Convención. Para Somos Defensores, el asesinato de líderes sociales durante el primer trimestre de 2020 aumentó en un 88 % en relación con el mismo periodo de 2019, y debería generar una alerta a nivel nacional1.
El Catatumbo también presenta una de las cifras más altas en relación con el asesinato de excombatientes de las FARC. Durante el año 2019 se presentaron cuatro hechos en Convención, Cúcuta y dos en Tibú. Se resalta el seguimiento sistemático confirmado hacia Dimar Torres, quien fue asesinado por el Ejército y pretendía ser presentado como insurgente muerto en combate, lo que lo convierte en un caso determinante frente a las ejecuciones extrajudiciales. Y se suma el más reciente caso de Mario Téllez Restrepo, quien fue asesinado en zona rural de Tibú.
Por otro lado, se registra un aumento significativo en el ataque a objetivos militares en los municipios de Tibú, El Tarra y Convención, con 28 casos, la mayoría en el segundo semestre de 2019. Asimismo, el uso de minas antipersonal (MAP) en San Calixto, Teorama, El Tarra y Tibú. Según el reporte de la Cruz Roja Internacional, en el departamento de Norte de Santander se presentaron 110 casos de víctimas por accidentes de minas antipersona en 2019. Mientras que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) registra en la región del Catatumbo 14 muertos y 70 personas heridas por MAP y munición sin explotar (MUSE) entre 2018 y los primeros meses de 2020.
Se mantienen los casos de desplazamiento forzado como consecuencia del enfrentamiento entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) y, de acuerdo con las cifras de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en 2019, se registraron 2.874 personas en condición de desplazamiento forzado. Además, hasta abril de 2020, 946 personas más se han visto obligadas a desplazarse de manera forzada. De ellas, 176 lo han hecho durante la emergencia sanitaria.
En varias veredas de los municipios de Sardinata, Tibú y Hacarí, el Ejército Nacional viene desarrollando operativos de erradicación forzada de los cultivos de hoja de coca. Esta situación se ha agravado aún más porque los operativos se están realizando en medio del confinamiento por la pandemia covid-19, decretado por el presidente Iván Duque el 24 de marzo.
Dos días después de decretado el aislamiento obligatorio, en marzo de 2020, fue asesinado el campesino Alejandro Carvajal por miembros del Ejército en la vereda Santa Teresita, corregimiento La Victoria, municipio de Sardinata. Él, junto con un centenar de labriegos, protestaba por la erradicación forzada y violenta de los cultivos de coca, el incumplimiento del Gobierno a los acuerdos pactados previamente con las comunidades y los riesgos que esto implica en medio de la emergencia de la covid-19. Para el campesinado, es claro que los militares y civiles que están desarrollando la erradicación vienen de otras regiones y pueden traer el contagio a las comunidades de la región del Catatumbo y, además, en pleno aislamiento, se quedarían sin recursos económicos para sobrevivir.
Otro campesino asesinado en medio de una operación de erradicación forzada fue Emérito Digno Buendía Martínez. En esta ocasión, los campesinos se encontraban en un campamento humanitario para exigirle al Gobierno la implementación de programas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, y soldados del Batallón Hermógenes Maza, de la Brigada 30, dispararon contra ellos el pasado 18 de mayo en el corregimiento Banco de Arena de la ciudad de Cúcuta.
El campesinado le exige al Gobierno nacional que cumpla con los acuerdos pactados con las comunidades y en las negociaciones de paz en lo relacionado con la sustitución de cultivos de usos ilícitos, así como un avance claro en su relación con los PDET. La única respuesta del Gobierno a las exigencias de las comunidades del Catatumbo ha sido la implementación de programas como las Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII: Zonas Futuro o Catatumbo Sostenible), que, más que ofrecer salidas económicas y alternativas productivas a la hoja de coca, fortalecen la presencia militar en la región que, a la fecha, supera 17 mil efectivos y con la cual ataca al eslabón más débil, mientras deja intactas las estructuras ligadas al tráfico, la distribución y el consumo de drogas.
La respuesta del Gobierno a las comunidades del Catatumbo es con
programas que, más que ofrecer alternativas productivas a la hoja de
coca, fortalecen la presencia militar en la región.
La situación se complica aún más en la región con la llegada de comandos especiales del ejército estadounidense para apoyar la supuesta lucha contra las drogas en Colombia. Este hecho traerá un aumento significativo de los enfrentamientos entre la fuerza pública y un campesinado que, a pesar de estar dispuesto a sustituir los cultivos de hoja de coca, no lo hará a través de un tratamiento violento cuando puede ser resuelto con el cumplimiento de los acuerdos de paz y una inversión significativa que respalde la economía campesina.
Se ha dicho hasta la saciedad que el Estado colombiano tiene una deuda que no ha querido saldar con la sociedad del Catatumbo. Se trata de un reclamo histórico que, de cumplirse, permitiría satisfacer sus necesidades básicas, pero hasta el momento les ha costado muertes y una constante estigmatización. Dentro de esas múltiples exigencias se encuentra la necesidad de fortalecer la producción agrícola de la mano de una red de comercio justo, un plan nacional de salud rural y de educación con enfoque territorial, que les garantice acceso y calidad.
El reclamo de la comunidad del Catatumbo por el derecho a la educación y la salud es estructural y hoy se hace evidente con la covid-19. En materia de salud, la pandemia confirma que en zonas rurales como esta no es rentable el negocio que establece la Ley 100 de 1993 mediante las entidades promotoras de salud (EPS). Como en estas zonas hay poca concentración del mercado (industrias y comercio) y una menor densidad poblacional, el servicio se realiza bajo la modalidad de régimen subsidiado, lo que no les garantiza a las EPS el pago del servicio de la salud mediante régimen contributivo, tipo afiliación.
En esta región, el 85 % de la población pertenece al régimen subsidiado y, si bien los recursos girados por el Estado ascienden a los 165 mil millones de pesos anuales, según la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), la insatisfacción de la gente del Catatumbo es constante por diversas razones: 1) esta cuota está destinada exclusivamente para la población de “escasos recursos”, lo que fortalece la idea de un servicio y no de un derecho; 2) en la región, existen, solamente, dos hospitales de segundo nivel, destinados a la asignación de citas con especialistas, cirugías e internación simple; se encuentran en los municipios de Ocaña y Tibú; y nueve de primer nivel, en el resto de los municipios de la región, con todas las precariedades imaginables; 3) la escasez de centros hospitalarios implica largos trayectos que pueden variar entre 3 y 9 horas; cuando se trata de urgencias, no se recorren en ambulancias, sino en carros y motos; incluso, en camiones, cuyo costo debe asumirlo la familia de quien requiere atención o el mismo paciente. “El correo de la muerte”, lo denominan allí.
Otra dificultad frecuente es la solicitud de una cita médica general o con especialista. El personal médico resulta insuficiente para atender a toda la población; en promedio, un médico general debe atender entre 25 y 30 citas asignadas por día. A algunos de los centros de salud, no llegan a tiempo los insumos; o llegan incompletos, o se agotan; al ocurrir esto, son los pacientes quienes en ocasiones deben comprarlos para el procedimiento que requieren. Incluso, la gasa para una curación o el hilo para una sutura, situación que resulta más que injusta. El Estado hace, mensualmente, los giros a las EPS según el número de afiliados, mientras las deudas crecen en los centros de atención, porque estas entidades tardan entre 60 y 120 días, incluso años, en pagar por las consultas o los tratamientos ya realizados. De esta manera, en la región la deuda asciende a los 1.100 millones de pesos, según las respuestas dadas a algunos derechos de petición en el transcurso de 2019.
Según datos obtenidos en medio de la pandemia por medio de personal de la salud, concejales, líderes sociales y comunales de los municipios del Catatumbo, se puede establecer que esta región tiene 304.082 habitantes aproximadamente y un total de 125 médicas y médicos en toda su red hospitalaria. Es decir, por cada 2.432 habitantes, hay 1 médico. Hay 389 enfermeras y enfermeros, lo que significa que por cada 781,7 habitantes hay un enfermero, aproximadamente. Cifras que contrastan con la presencia militar que asciende a más de 17 mil efectivos, según cifras de la revista Semana (2018), lo que representa que por cada 17,88 habitantes hay un militar en la región. Esta misma relación se refleja en la existencia de cinco batallones y una fuerza de despliegue rápido, en contraste con dos hospitales de segundo nivel, ubicados en las salidas o entradas de la región.
Con respecto a la educación, el año escolar en la región del Catatumbo se limita muchas veces a cuatro meses en zonas afectadas por razones de conflicto armado, distancias geográficas y problemas de contratación de los docentes. A esto se suma el hecho de que la educación que se ofrece en la región ignora el carácter rural de sus estudiantes y las limitaciones estructurales que tienen para conexión a internet. Además, muchos padres y madres de familia no cuentan con la posibilidad de guiar a sus hijos, pues el nivel de analfabetismo es muy alto.
Presidentes de juntas de acción comunal (JAC) denuncian que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ofrece alimentos de calidad, ni fomenta la economía campesina en la región. Además, que algunos docentes exigen a los padres y madres de familia comprar equipos celulares o computadores cuyo valor equivale a una tercera parte o más de los ingresos mensuales de una familia en el Catatumbo. En otros casos, se denuncia que docentes estén solicitando sacar varios paquetes de fotocopias para desarrollar las tareas y talleres que les dejan a sus estudiantes. Un promedio de 50 fotocopias por materia, multiplicado por 8, equivale a 400 fotocopias por estudiante. En algunas partes de la región, cada fotocopia tiene un valor de $ 300, lo que genera un costo de $ 120.000 por familia, si esta tiene solo un niño o niña estudiando.
Sin embargo, estas denuncias reflejan un problema mayor. En el Catatumbo, hay inscritos oficialmente 52.866 estudiantes (sin incluir el municipio de Ocaña) y de acuerdo con esta matrícula, el Ministerio de Educación Nacional hizo un giro por $ 1.953.930.409 pesos por concepto de “recursos para compra de material pedagógico” a los establecimientos educativos de la región en el marco de la covid-19, ¿dónde están esos recursos? ¿En qué se invirtieron, si los docentes continúan exigiendo gastos adicionales a los padres y madres de familia? ¿Sí llegan estos recursos a todas las sedes rurales? La inversión de recursos en materia educativa nunca ha sido clara. Las escuelas siguen en malas condiciones y los estudiantes no tienen acceso a los materiales, ni a las tabletas que, supuestamente, se han comprado.
La reflexión está en el tipo de educación que se está ofreciendo en una región del país que requiere herramientas que se ajusten a las condiciones rurales y a un nivel de inversión significativa de recursos para que la formación de los niños, niñas y jóvenes no se limite a guías fotocopiadas. El contexto que impone la pandemia tendría que provocar una reflexión mucho más profunda sobre el tipo de educación que se está brindando en la ruralidad y sobre los mecanismos alternativos en términos de pedagogía y garantías para que niños, niñas y jóvenes logren continuar con sus estudios. Insistir en terminar el año escolar bajo las actuales condiciones vulnera, a todas luces, el derecho a la educación.
Las asociaciones y juntas de acción comunal de la región han tomado el control de la crisis generada por la pandemia. Crearon, para ello, la figura de “puestos de control sanitarios estratégicos”. Estos puestos se instalaron desde el 22 de marzo de 2020 en cada municipio, corregimiento y vereda con dos fines: para regular la entrada y salida de personas y vehículos en las vías de los municipios de la región y para coordinar y regular todas las actividades comerciales y laborales. La organización comunal ha garantizado la dotación de algunos equipos de seguridad, gel antibacterial al personal de salud y a las personas que están en cada uno de los puestos de control. Además, de manera coordinada con las administraciones municipales y la Gobernación de Norte de Santander se han entregado mercados a la población más necesitada.
Las asociaciones y juntas de acción comunal han tomado el control de la crisis de la pandemia.
Crearon “puestos de control sanitarios estratégicos” en cada municipio, corregimiento y vereda.
Sin embargo, la crisis alimentaria generada por la pandemia permite, también, insistir en la necesidad de sembrar para garantizar la soberanía alimentaria. Las organizaciones sociales y comunales están promoviendo intercambios de semillas y la creación de huertas caseras. Se trata de un momento en el que se pueden impulsar la agroecología y los sistemas de intercambio, comercialización y abastecimiento local, con precios justos. Además, se pueden retomar principios de la economía campesina y adelantar procesos de reforestación y cuidado de microcuencas.
Este es un momento en el que las medidas de aislamiento deben asumirse colectivamente y bajo el principio de solidaridad. Sin embargo, no se puede dejar de insistir en la exigencia histórica de un modelo público de salud, en forma que se responda con efectividad ante la pandemia; de garantías de inversión para el fortalecimiento de la economía campesina y de una educación rural de calidad. Se espera que el presidente, cuando vuelva a esta región, reconozca que en estas comunidades y en sus propuestas están planteadas realmente las posibilidades para la transformación territorial.
Asociación Minga. (2018). Como el retumbar del trueno. Justicia: el llamado de las víctimas del Catatumbo. Consultado en http://asociacionminga.co/index.php/2018/12/19/como-el-retumbar-del-trueno-justicia-el-llamado-de-las-victimas-del-catatumbo/
Programa Somos Defensores. (2020a). La Ceguera. Informe anual 2019. Bogotá: Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos (SIADDHH).
Programa Somos Defensores. (2020b). Agresiones contra personas defensoras de derechos humanos en Colombia. Enero-marzo de 2020. Bogotá: Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos (SIADDHH).
Semana. (2018). Con 5000 militares más, Duque responde a la guerra que ahoga el Catatumbo. Semana. Consultado en https://www.semana.com/nacion/articulo/con-5000- militares-duque-responde-a-la-guerra-que-ahoga-el-catatumbo/588790
1. Para ampliar los detalles de cada caso es importante remitirse a los informes anual y trimestral del Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (SIADDHH) (Programa Somos Defensores, 2020, a y b).
