Cristian Raúl Delgado Bolaños / Abogado y vocero de organizaciones campesinas.
Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.
La historia del departamento del Cauca, como la de todo el país, está marcada por la implementación de políticas, planes y proyectos económicos que han conllevado despojo, expropiación y violencia política. Además, existe una marcada ausencia institucional que ha dado lugar a situaciones de marginalidad, de concentración de la tierra y la riqueza, así como a un alto índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y al aislamiento del departamento frente al resto del país.
Si bien estos problemas afectan las condiciones de vida del departamento y configuran relaciones violentas, las características sociales de la conflictividad territorial hacen parte de los elementos que deben tenerse en cuenta a la hora de pensar en las medidas necesarias para mitigar y resolver estas condiciones; sin embargo, la respuesta institucional se caracteriza por concentrarse en establecer medidas y políticas de seguridad.
Nuestra crisis humanitaria obedece a disputas de carácter político y económico y
a intereses privados que perderían poder con la implementación del Acuerdo final para la terminación del conflicto.
Desde las organizaciones que conformamos la Mesa Territorial de Garantías en el Departamento (MTGD) hemos hecho énfasis en señalar y reiterar nuestro razonamiento básico: para solucionar un efecto nocivo es necesario resolver las causas que lo originan. En este contexto, como MTGD elaboramos el informe especial: “Situación de emergencia por vulneraciones a los Derechos Humanos en el Departamento del Cauca”, en donde expusimos los factores de riesgo, la violencia sistemática en el departamento y realizamos varias solicitudes al Estado colombiano. Dichas solicitudes hacen énfasis en el hecho de que las causas directas de esta crisis humanitaria son estructurales, obedecen a disputas de carácter político y económico (legal e ilegal) y a intereses privados que perderían poder ante el avance de la implementación del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (en adelante, Acuerdo final), pues eso implicaría abrir paso a nuevas formas de gobernanza y dinámica social enriquecidas.
Como se mencionó, las políticas y dinámicas económicas de los gobiernos de Colombia se han caracterizado por buscar la adaptación del país a las exigencias del mercado mundial mediante la imposición de megaproyectos económicos de carácter minero-extractivo, energético, agroindustrial y de infraestructura. En consecuencia, se ha mantenido también una situación constante de explotación indiscriminada de recursos naturales en beneficio de agentes ajenos a las comunidades que habitan en los territorios, como empresas transnacionales y algunos grupos empresariales del orden nacional. De esta manera, ha quedado de lado el desarrollo propio y los derechos de los sectores menos favorecidos de la nación, lo que ha beneficiado claramente los intereses particulares.
El departamento del Cauca, en particular, se caracteriza por su importancia geoestratégica, en tanto tiene una extensa red hídrica, cadenas montañosas y zonas costeras, reservas naturales de una alta riqueza en biodiversidad (especies endémicas de flora y fauna con potencial para la industria farmacéutica; sumado a su riqueza geológica con la presencia del litoral, sistemas montañosos, valles aluviales; y sus altos niveles de pluviosidad y de humedad). De esta manera en el departamento se ubican distritos minero-energéticos y hacen presencia importantes cordones industriales (maquilas de empresas transnacionales, cadenas agroindustriales, sector químico, minero-energético y manufacturero).
Esta región representa un importante potencial para la producción de materias primas fundamentales para la agroindustria como la caña y la palma de azúcar (considerada como óptima para la producción de biodiesel o combustible renovable y etanol). Además, debido a su ubicación frente al Océano Pacífico a través del litoral, ofrece una plataforma propicia para la entrada y salida de mercancías, lo cual explica que en este departamento se hayan trazado megaproyectos transnacionales como IIRSA2, Arquímedes3, el Plan Puebla-Puerto Asís4 y el Corredor de Conservación Chocó-Manabí5, mediante los cuales el departamento y el país se insertan en la economía globalizada, mediante obras de infraestructura de transporte, proyectos minero-energéticos y agroindustriales.
Es destacable, también, el denominado Plan Pacífico, que agrupa a todos los departamentos que constituyen esta región (Chocó, Valle del Cauca, Antioquia, Nariño y Cauca). Mediante él, se busca “aprovechar” los recursos de esta zona del país de una manera sistemática y utilizarlos como mecanismo para incrementar el intercambio comercial con el resto del mundo. Por esta razón, se busca impulsar en la región corredores viales intermodales y otros proyectos minero-energéticos (PASC, 2000).
Además de los megaproyectos impulsados por el Gobierno central, existen intereses por parte de actores de distinta índole, en tanto la ubicación estratégica del departamento lo hace propicio dentro de la cadena productiva del narcotráfico que requiere de territorios para cultivos de uso ilícito, laboratorios para transformación de la hoja de coca, así como rutas para su comercialización. Todos estos intereses tienen en común grandes fuerzas económicas que chocan con las dinámicas de producción de pequeña y mediana escala características de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas del departamento, que buscan proteger la soberanía, seguridad y solidaridad alimentarias.
Mientras se imponen megaproyectos económicos que desconocen las prácticas propias y los proyectos de las comunidades y los pueblos que habitan la región, este departamento también se ha caracterizado por reunir importantes procesos de resistencia y movilización social como los paros agrarios y las mingas sociales e indígenas. Estas experiencias han posibilitado espacios de articulación y coordinación interétnica (indígenas y afrodescendientes) e intercultural (campesinos/as y sectores populares) que se nutren de importantes procesos organizativos de base.
Los procesos de exigencia de derechos han estado relacionados con la superación de la exclusión, la marginalidad, la mala distribución del ingreso, la contaminación de suelos y aguas, la necesidad de la producción artesanal y de pancoger, la lucha contra la dependencia y expansión de los cultivos de uso ilícito y la exigencia de una solución política al conflicto social y armado. Estos procesos también se han manifestado en importantes saltos cualitativos en la disputa del poder político en contiendas electorales, en las que ha sido posible la llegada de personas pertenecientes a procesos sociales de la región y que históricamente se han visto infrarrepresentadas en los cargos de elección popular, como las mujeres, afrodescendientes e indígenas.
Aunque la movilización ha llevado a establecer acuerdos en beneficio de las comunidades, el Estado colombiano los incumple en forma reiterada, en un contexto en el que crece paulatinamente la violencia contra activistas y organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos. Así, nos encontramos con que en lo corrido del año 2020 el departamento del Cauca concentró el 34,77 % de los homicidios contra líderes, lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos. Por su parte, del promedio de homicidios en contra de líderes, lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos en Colombia6, en el departamento del Cauca se cuentan 164 (28,37 %).
Durante el periodo de aislamiento asociado a la crisis de la covid-19 se han presentado 19 homicidios contra líderes y lideresas sociales. En este mismo contexto de aislamiento, cabe señalar la grave situación de violencia contra las mujeres. Entre enero y julio de 2020 el departamento del Cauca registró 40 homicidios de mujeres, en siete de los cuales, las víctimas fueron niñas (Noticias Caracol, 2020).
El énfasis institucional ha estado en políticas de seguridad, traducidas en una alta presencia militar y policial y un importante gasto en la fuerza pública
en el territorio.
Como se mencionó, en este complejo contexto político y social, el énfasis de la respuesta institucional ha estado en la implementación de programas y políticas de seguridad, lo cual se traduce en que el Cauca tiene una alta presencia militar y policial. Por consiguiente, existe también un importante gasto de recursos públicos en el sostenimiento de la fuerza pública en el territorio. Asimismo, es innegable que después de la firma del Acuerdo final de 2016 y, en especial, desde la llegada de Iván Duque a la presidencia, los grupos armados ilegales presentes en la región se han expandido y fortalecido militar y económicamente.
En la actualidad, diariamente se escuchan versiones y análisis que indican una acción selectiva de las fuerzas militares y de policía, con presuntos casos de corrupción de agentes estatales, en donde a cambio de dinero o como parte de una estrategia ilegal permiten con sus acciones u omisiones el actuar de grupos armados irregulares.
Aunque el Estado se ha negado a la discusión de la doctrina militar del enemigo interno7, tanto en los diálogos de paz con las Fuerza Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP), como en los procesos de garantías y, recientemente, en el acercamiento con el comité nacional de paro, hoy insistimos en que hay que abrir una gran discusión nacional tendiente a modificarla. Mientras tanto, existe un alto índice de agresiones en contra de excombatientes de las Farc-EP vinculados al proceso de reincorporación y sus familias; así como de pueblos y comunidades que se ven afectadas por la perspectiva institucional predominante según la cual las causas de la violencia están centradas en el narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción.
Los ministerios del Interior y de Defensa se han caracterizado por proponer a diario un aumento de la fuerza pública y el incremento de recompensas como medidas para mitigar los conflictos que se viven en la región. Sin embargo, como organizaciones sociales y comunitarias defendemos la necesidad de una presencia institucional integral, con una perspectiva respetuosa y garante de los derechos de los pueblos y las comunidades, y el pleno reconocimiento de nuestros planes, proyectos y saberes para el territorio, por encima de los intereses económicos de grandes capitales privados. Asimismo, defendemos la implementación del Acuerdo final y que se proteja la vida de líderes, lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos. Solo a través de una respuesta social integral será posible transformar positivamente la realidad de nuestro territorio.
Celedón, N., Ruiz, S. y Soto, L. (2019). El Tribugá de la discordia entre cafeteros, chocoanos y vallunos. La Silla Vacía. Consultado en https://lasillavacia.com/tribuga-discordia-entre-cafeteros-chocoanos-y-vallunos-71211
Critical Ecosystem. (2007). Análisis de cinco años de inversiones del CEPF en la ecorregión Tumbes-Chocó-Magdalena. Corredor de Conservación Chocó-Manabí, Colombia y Ecuador. Consultado en https://www.cepf.net/sites/default/files/final_chocomanabi_assessment_march07_sp.pdf
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE. (2019). Índice de necesidades básicas insatisfechas. Información Censo nacional de población y vivienda 2018. Consultado en https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi
Grupo de Trabajo de Integración- Vieira, E. (coord.) (2005). La inserción de Colombia en el Sistema internacional cambiante. La agenda interna y el Plan Puebla Panamá. Consultado en https://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/50473.pdf
Lara, M. (2019). No al puerto de Tribugá. El País, 14 de abril. Consultado en https://www.elpais.com.co/opinion/columnistas/mabel-lara/no-al-puerto-de-tribuga.html
Noticias Caracol. (2020, 13 de junio). Alarma por vertiginoso aumento de homicidio a mujeres en el Cauca. Noticias Caracol. Consultado en https://noticias.caracoltv.com/valle/alarma-por-el-vertiginoso-aumento-de-homicidio-a-mujeres-en-el-cauca
Otramérica. (2011). El Plan para explotar Latinoamérica. Consultado en http://otramerica.com/temas/el-plan-para-explotar-latinoamerica/307
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Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, (2020). Proyecto Mesoamérica (PM). Consultado en http://proyectomesoamerica.org/index.php
Salva la Selva (s. f.). El IIRSA o las “venas abiertas” de América Latina. Consultado en https://www.salvalaselva.org/temas/infraestructuras#start
Semana (2006). El proyecto Arquímedes. En forma silenciosa avanza un millonario proyecto que permitirá la conexión del Atlántico con el Pacífico. Semana, 23 de septiembre. Consultado en https://www.semana.com/nacion/articulo/el-proyecto-arquimedes/81125-3
Universidad Tecnológica de Pereira-Centro de Investigaciones y Estudios en Biodiversidad y Recursos Genéticos, Ciebreg. (2020). Corredor de Conservación Chocó-Manabí. Consultado en https://ciebreg.utp.edu.co/corredor-de-conservacion-choco-manabi.html
1. De acuerdo con información del último censo poblacional del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el NBI del departamento del Cauca en 2018 era del 18,27 %. Sin embargo, el contexto de crisis en el que nos encontramos actualmente va a generar una afectación severa sobre este índice (DANE, 2019).
2. La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) es un megaproyecto que supuestamente tiene por objeto la promoción del desarrollo infraestructural desde una perspectiva regional, con la intención de integrar físicamente a los países sudamericanos. Aunque esta iniciativa se presenta como una oportunidad para el desarrollo de las regiones, en la práctica se trata de construir infraestructura de gran envergadura con el propósito de reducir los costos asociados al traslado de mercancías y materias primas y, de esa manera, aumentar la producción y las ganancias de las grandes empresas beneficiarias de dicho proyecto. En la práctica, IIRSA facilitará la explotación de recursos sin una clara conexión con los proyectos propios de las comunidades que habitan los territorios y la protección de los ecosistemas.
3 Este megaproyecto ha sido planeado desde hace por lo menos treinta años. Consiste en la construcción de un puerto en la ensenada de Tribugá en el departamento del Chocó, que tendría entre 15 y 20 metros de profundidad, lo cual permitiría la entrada de buques de gran calado por el Pacífico y se constituiría además en una conexión entre los océanos Pacífico y Atlántico, lo cual la constituye como una alternativa al Canal de Panamá. Uno de los mayores impulsos a este megaproyecto tuvo lugar durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, cuando se creó la sociedad Arquímedes S.A., que agrupa capital público y privado, y que es la responsable de ejecutar esta propuesta. Con el tiempo, las características de este megaproyecto han integrado capital e intereses de otros departamentos del país, pues podría ser una conexión directa del centro del país con el mar, y porque este puerto se convertiría también en una alternativa al de Buenaventura, que es actualmente el más grande del Pacífico colombiano. Sin embargo, no existen consideraciones serias respecto al terrible impacto ambiental que traería este megaproyecto, y mientras la propuesta avanza casi de espaldas al país, el proyecto Arquímedes fue incorporado en el Plan Nacional de Desarrollo de Iván Duque, en donde se posibilitan las concesiones privadas por un periodo de hasta 40 años renovables.
4 Expresión local de la implementación del anteriormente denominado Plan Puebla-Panamá y hoy llamado Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica (2020).
5 Megaproyecto de conservación ambiental y monitoreo que pasa sobre la costa oeste de Colombia, desprendiéndose desde el suroeste de Panamá y terminando sobre el noroeste de Perú (Critical Ecosystem, 2007).
6 El promedio de homicidios en Colombia es de 578 por departamento.
7 La doctrina militar del enemigo interno es una construcción política que surge en la historia de las relaciones internacionales a partir de la identificación de un enemigo común para los Estados: el comunismo internacional. Bajo la influencia de Estados Unidos, esta doctrina es adoptada en diferentes países latinoamericanos, que han interpretado esta noción y la han incorporado en sus políticas internas de seguridad y defensa, a través de la definición del enemigo interno propio. En Colombia, la personificación de ese enemigo ha estado históricamente ligada a los grupos guerrilleros, pero también a las reivindicaciones propias de movimientos políticos y sociales que han luchado por la defensa de la tierra y de derechos sociales básicos.
