El aislamiento histórico del Chocó es producto del desconocimiento de esta región por parte del Estado y de los gobiernos, incluido el actual del presidente Duque. Una línea ascendente de pobreza y vulneración de derechos colectivos de la población del departamento es la consecuencia de este aislamiento. Los últimos años agregan una aguda situación humanitaria, resultado de la persistencia del conflicto armado, el control territorial por parte de los actores ilegales y la explotación de recursos por parte de las empresas mineras y extractivas.
El mapa se completa con la pandemia generada de la covid-19. El territorio chocoano atraviesa por una de las más graves crisis de supervivencia, con un sistema de salud que tiene falencias estructurales y sin la infraestructura sanitaria para atender las demandas ocasionadas por el virus.
La situación de derechos humanos del Chocó necesita analizarse teniendo en cuenta el entramado entre los factores estructurales del conflicto sociocultural y armado vivido por décadas y las dinámicas del contexto reciente. Este contexto se caracteriza por cuatro elementos superpuestos: los grandes vacíos en la implementación territorial del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (en adelante, Acuerdo final) celebrado entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-EP), la continuidad y reconfiguración del conflicto social y armado, la pandemia de la covid-19 y la ausencia de una política pública integral y contundente para el Chocó, por parte del presidente Iván Duque.
La mayor preocupación de las comunidades de Chocó ha sido, en medio de los conflictos históricos que han sufrido, que no se les ha permitido ejercer la autonomía y el gobierno propio en el control social y territorial. También, que se violan “los lugares sagrados, las prácticas culturales, ceremonias, rituales”, que hay pérdidas de líderes por asesinatos, faltan las enseñanzas a las nuevas generaciones del conocimiento tradicional y “la implementación de sus planes de vida y planes de etnodesarrollo” (Verdad Abierta, 2020)
Los informes y denuncias de las organizaciones étnico-territoriales y el Foro Interétnico de Solidaridad Chocó han dado cuenta de la creciente crisis humanitaria que vive la población del departamento y han hecho recomendaciones y solicitudes reiteradas a las autoridades de los ámbitos local, regional y nacional para que se responda eficientemente a dicha crisis. De la misma forma, han exigido a los grupos armados al margen de la ley que respeten los derechos de la población civil, así como la autonomía y la gobernabilidad de las autoridades étnico-territoriales.
A la voz de las comunidades y organizaciones étnicas se ha sumado la Defensoría del Pueblo con varios informes de alerta temprana que hacen énfasis en los temas de desplazamientos masivos, el reclutamiento de menores y el confinamiento de poblaciones afrocolombianas e indígenas. Informes permanentes del Equipo Local de Coordinación Humanitaria (ELC) del sistema de Naciones Unidas corroboran con sus registros la gravedad de la situación y han planteado la necesidad de una institucionalidad eficiente y coordinada para dar una respuesta duradera a la crisis.
La respuesta del Gobierno nacional ha sido incrementar la presencia de la fuerza pública en el territorio. El general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División del Ejército, señaló que cuenta con 3.200 hombres de las Fuerzas Militares y la Fuerza de Tarea Titán, para “custodiar el departamento”1. Las autoridades étnico-territoriales consideran que responder a una crisis humanitaria como la presente con militarización del territorio y despliegue de operaciones militares (como acción prioritaria) es desconocer las causas que originan la crisis, es una instrumentalización de lo humanitario y genera mayores riesgos para los pobladores.
Responder a la crisis humanitaria con militarización y operaciones en el territorio crea mayores riesgos a la gente y es desconocer el origen de la crisis e instrumentalizar lo humanitario.
Para las autoridades étnicas y las comunidades del Chocó, el enfoque territorial es un horizonte de vida que contempla al territorio como el escenario socialmente construido donde ocurre todo lo social y simbólico; en ese horizonte, el territorio, también, es natural, espacial, social, cultural, económico, político e histórico. Si se entiende así el territorio, como una construcción que constituye un proyecto político en el que se incluyen relaciones de poder o posesión por parte de individuos y grupos humanos, hay un proceso histórico de apropiación territorial y cultural por parte de los pueblos indígenas y afrocolombianos en cuyo espacio han construido sus identidades, simbologías y formas de vida de manera armónica con la naturaleza y sus bienes.
Según este enfoque, la fase posterior a la firma del Acuerdo final y de su implementación debería orientarse a concertar con las comunidades y organizaciones locales las condiciones necesarias para avanzar en la construcción de la paz territorial. Tenemos que señalar el fracaso de este enfoque territorial en el caso del Chocó. En primer lugar, porque no se han tenido en cuenta las capacidades, experiencias e iniciativas de las comunidades y organizaciones, o, lo que podríamos llamar, la infraestructura social y étnica que por años ellas han construido. No se ha tenido en cuenta, tampoco, que ellas las han construido tanto para resistir al conflicto social armado y a sus actores como para mantener su identidad cultural y supervivencia con propuestas de etnodesarrollo y planes de vida acordes con el respeto y armonía con la naturaleza.
En segundo lugar, ha sido un fracaso porque el Estado no fue capaz de garantizar la presencia de una institucionalidad robusta, coordinada y eficiente que neutralizara los planes de expansión de los grupos armados ante la desmovilización territorial de las FARC. Eso condujo al estado actual de expansión, control territorial y de economías lícitas e ilícitas por parte de los grupos armados. En tercer lugar, porque los actores externos al territorio (empresas nacionales y transnacionales, entidades armadas, instituciones del Estado, actores públicos y privados) no han entendido que en este territorio habitan pueblos étnicos cobijados con derechos constitucionales especiales y con tratados internacionales. Que, por tanto, el enfoque territorial implica reconocer a sus autoridades étnicas, su gobernabilidad y autonomía, y consultarles sobre cualquier iniciativa o proyecto que afecte (positiva o negativamente) su identidad, su supervivencia y su entorno. Nada o muy poco de esto ha sucedido.
Finalmente, las comunidades y organizaciones han construido propuestas concretas enfocadas en la implementación de varios puntos del Acuerdo final, entre ellas, los programas de desarrollo con enfoque territorial y étnico (PDET); otras enfocadas a superar la crisis humanitaria y la negociación con la organización guerrillera Ejército de Liberación Nacional, ELN (como la llamada a un Acuerdo Humanitario Ya2); estas iniciativas no han merecido la atención y respuesta efectiva de las autoridades locales, del Gobierno nacional ni de los actores armados.
La población ha construido propuestas para la implementación del Acuerdo final, superar la crisis humanitaria y negociar con ELN. Aunque sin respuesta de autoridades ni de actores armados.
Lo que sucede en el Chocó es la prueba fehaciente de la existencia y degradación de un conflicto armado que el presidente Duque y sectores de la sociedad se niegan a reconocer. En la propuesta del Acuerdo Humanitario Ya, las organizaciones sociales y étnico-territoriales del Chocó tenían claro que el conflicto, “en la fase de transición hacia la paz”, iba a exacerbarse y que, por tanto, era urgente proponer formas de alivios humanitarios para la población. Esto, a la vez, podría aportar a la consolidación de la mesa de negociación con el ELN. Ni el Gobierno, ni la insurgencia han entendido el potencial que tiene la propuesta del Acuerdo Humanitario Ya para ayudar a resolver el conflicto regional y poner bases firmes para la paz en este territorio.
En los tres informes de seguimiento al Acuerdo Humanitario Ya puede observarse la curva ascendente y el carácter de sistematicidad de las violaciones de los derechos humanos y de las infracciones al derecho internacional humanitario (DIH), algo consuetudinario en los últimos tres años. En el conjunto del territorio se han registrado todas las modalidades de estas violaciones e infracciones: desde agresiones individuales como asesinatos, amenazas, violencia sexual, reclutamientos, hasta modalidades de tipo masivo como los desplazamientos, retenes, controles a la libre movilidad, control de bienes necesarios para la supervivencia y el confinamiento de poblaciones enteras. Esta situación ha puesto en riesgo la existencia misma de las comunidades afrodescendientes e indígenas. En2019, el 90 % de los hechos victimizantes se concentró en las modalidades de desplazamiento forzado y confinamientos.
La Defensoría del Pueblo no ha cesado de señalar esta situación y de alertar sobre los inminentes riesgos a los que están expuestas las comunidades indígenas y afrodescendientes del departamento. Por esta razón, ha emitido 19 Alertas Tempranas para 14 municipios desde enero de 2018 a septiembre de 2019, donde advierte que el 46 % del territorio se encuentra en riesgo por el “reposicionamiento y expansión de los grupos armados ilegales, como el ELN y las AGC para controlar rutas para el tráfico de armas y droga hacia el Pacífico y Centroamérica y solicita a las instituciones competentes realizar acciones inmediatas para atender las afectaciones y prevenir la agudización de los riesgos expuestos”. Durante el primer semestre de 2019, la Defensoría reportó que 11.300 personas de 54 comunidades habían sido víctimas de confinamiento en el departamento (Defensoría del Pueblo, 2019).
En particular, la Defensoría había alertado al Ministerio del Interior del peligro inminente que corrían las comunidades de Villa Hermosa, Egoroquera, Playita, Unión Baquiazá, entre otras comunidades del municipio de Bojayá. Mediante la alerta temprana 041-19, del 29 de septiembre de 2019, se le informó también a la ministra sobre la inminencia de violaciones de derechos humanos de los habitantes de la subregión del Alto Baudó, específicamente de los corregimientos de Urudó, Puerto Córdoba, Boca del León, Apartadó, Amparradó, Peña Azul, Cocalito y Las Delicias.
Por otra parte, el Equipo Local de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés), manifestó su preocupación por el aumento del número de personas afectadas por confinamiento. Según sus datos, esa cifra se incrementó a 16.681 de enero a septiembre de 2019, mientras que en 2018 hubo 15.548 y en 2017 las personas afectadas fueron 14.433 (OCHA – Humanitarian Response, 2019).
El departamento de Chocó cuenta con una población total de 544.764 habitantes. Según proyección del Ministerio de Salud y Protección Social, la población susceptible de haber adquirido el virus es 272.382 habitantes. De ellos, 239.696 serían sintomáticos, 215.727 tendrían manejo ambulatorio, 14.382 requerirían internación general, 4.794 requerirían cuidados intermedios y el mismo número pudiera requerir internación en cuidado intensivo. Se debe tener en cuenta que esta es una proyección inicial que se modela a partir de los datos disponibles con corte al 26 de marzo de 2020 y que puede presentar variaciones en los días y meses siguientes. El departamento de Chocó no cuenta con aeropuerto internacional y tiene frontera terrestre con Panamá. En la mencionada frontera, se presenta, principalmente, el tránsito de migrantes transcontinentales en los municipios de Acandí, Riosucio, Unguía y Juradó.
El sábado 11 de abril se dio a conocer el primer caso de coronavirus en el Chocó. Este departamento del Pacífico era el único en el que no se habían reportado infectados, pero esto cambió el día 36 de lo que lleva la pandemia en el país. Según el informe del Ministerio de Salud, se notificó el primer caso, el de una trabajadora de la salud, una mujer de 47 años que se desempeña como auxiliar de enfermería en el área de medicina interna del hospital San Francisco de Asís.
Chocó enfrenta un gran desafío, pues al 9 de agosto, se habían identificado un total de 3.265 personas infectadas y 117 muertes. Los casos se concentran en las subregiones de San Juan y Atrato. Mientras tanto, el gobierno nacional anunció en junio la instalación de una unidad de cuidados intensivos con 10 camas en el único hospital público del departamento, localizado en la ciudad de Quibdó, que para los días en que se dio la noticia, ya estaba ocupado completamente. La situación afecta la economía extractiva, hay altos índices de desempleo e informalidad urbana y rural, precario sistema de salud y dependencia de abastecimiento alimentario de muchos de los elementos de la canasta familiar, que provienen del centro del país y de departamento vecinos.
Con el ánimo de prevenir a las comunidades de las cinco subregiones del departamento del Chocó, desde el Foro Interétnico Solidaridad Chocó (Fisch) se han elaborado comunicados, videos, mensajes respecto a la atención psicosocial, infografías sobre la covid-19, entre otras estrategias de comunicación, con la finalidad de mitigar en lo posible la propagación del virus.
El Fisch y el Comité de seguimiento al Acuerdo Humanitario Ya para el Chocó le exigen a los grupos insurgentes, demás actores armados ilegales y a la Fuerza Pública “como gesto humanitario”, en su apuesta por la construcción de paz, retirar a los niños, niñas y adolescentes de sus filas, y parar las acciones que impliquen la violaciones de los derechos humanos y las infracciones al DIH, como el confinamiento y desplazamiento forzado, y la violencia sexual.
El Fisch también le exige al presidente de la República, Iván Duque,
Que designe, un equipo de expertos, con presencia de garantes internacionales para retomar los diálogos con el ELN y otras estructuras armadas ilegales, para que pueda dar respuesta tanto a la implementación del Proceso de Paz, como al punto 5 del Acuerdo Humanitario Ya en el Chocó: “Desmonte de las estructuras ilegales presentes en los territorios”. Teniendo como base fundamental la Constitución Política colombiana, en la que establece la paz como un derecho y un deber de estricto cumplimiento.
El Fisch exige a Iván Duque que designe un equipo de expertos, con presencia de garantes internacionales, para retomar los diálogos con el ELN y con otras estructuras armadas ilegales.
El Gobierno nacional, en coordinación con las autoridades locales, debe dar prioridad a la atención de la pandemia de la covid-19 en el departamento dado el alto nivel de vulnerabilidad y de riesgo en el que se encuentra la totalidad de la población por las causas estructurales mencionadas.
Defensoría del Pueblo (2019). Alertas Tempranas 017/19 y 041/19. Bogotá: Defensoría del Pueblo.
Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) – Humanitarian Response. (2019). Impacto humanitario por conflicto y violencia armada en el Chocó. Enero a septiembre de 2019. Consultado en info/en/operations/colombia/infographic/impacto-humanitario-por-conflicto-y-violencia-armada-en-el-choc%C3%B3
Verdad Abierta (2020). Guerra, pobreza y virus rodean cese unilateral al fuego del ELN. Consultado en https:verdadabierta.com/guerra-pobreza-y-virus-rodean-cese-unilateral-al-fuego-del-eln
1. Declaraciones en www.elespectador.com, 8 de diciembre de 2019. Se debe recordar que el departamento cuenta con la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, integrada por tropas de la Séptima División del Ejército, un comando de la Fuerza Naval del Pacífico, unidades del Comando Aéreo de Combate N° 5 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), la Brigada Fluvial de Infantería de Marina N° 2 y la Policía Nacional.
2. El Acuerdo Humanitario Ya en el Chocó es una herramienta que las comunidades vienen trabajando para lograr alivios humanitarios en los territorios. La iniciativa hace parte de un conjunto de propuestas y estrategias por la defensa de sus derechos étnico-territoriales, la defensa del territorio y la construcción de la paz, entre ellas, la Agenda Territorial e Interétnica de Paz, el Plan Marco para la implementación del Acuerdo final, la aplicación de la Sentencia T-622 de 2016, mediante el fortalecimiento de las organizaciones, desde el cuerpo colegiado de Guardianes y guardianas del río Atrato. La sentencia declaró “la existencia de una grave vulneración de los derechos fundamentales a la vida, a la salud, al agua, a la seguridad alimentaria, al medio ambiente sano, a la cultura y al territorio de las comunidades étnicas que habitan la cuenca del río Atrato y sus afluentes” y reconoció “al río Atrato, su cuenca y afluentes como una entidad sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las comunidades étnicas”.
