Al municipio de Bojayá en el departamento del Chocó, lo conforman 32 comunidades indígenas y 19 consejos comunitarios, de población afrocolombiana. Sus habitantes siguen viviendo en un alto riesgo por la pervivencia del conflicto armado en sus territorios. En Bojayá hacen presencia el Frente Resistencia Cimarrón, del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), organización paramilitar. Ambos se encuentran en territorios colectivos ubicados en las cuencas de los ríos Opogadó, Napipí y Bojayá y en la subcuenca del río Cuía.
Varios hechos evidencian que el Gobierno no le cumplió a Bojayá y que mantiene desprotegidas a estas comunidades que sufrieron en 2002 la terrible masacre en la que perdieron la vida al menos a 86 personas. Esos hechos son: los enfrentamientos, a finales de febrero de 2020, entre el ELN y las AGC en el sector de Playita Vieja, cuenca del río Opogadó; las constantes incursiones de estos grupos en los resguardos y consejos comunitarios de esta y las demás cuencas y subcuencas señaladas, algunos desplazamientos individuales, amenazas, la imposición constante de normas de conducta y sanciones a los pobladores, las tentativas de secuestro y secuestros consumados, la restricciones a su movilidad, los asesinatos, las violencias basadas en género, las extorsiones y el vaciamiento de comunidades enteras.
Estas comunidades gritaron sí en el plebiscito de octubre de 2016, apoyaron el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (en adelante, Acuerdo final), un acuerdo que les prometía, nada menos que, garantías de no repetición a los hechos victimizantes, programas de desarrollo con enfoque territorial, materialización de los derechos de las víctimas, circunscripciones especiales que daban representación política a las víctimas. Todas estas promesas plasmadas en el Acuerdo final siguen sin cumplirse.
Como dijimos, los más de 11 mil habitantes distribuidos en las cuencas de los ríos Opogadó, Napipí, Bojayá y sus afluentes afrontan un altísimo riesgo para su vida, libertad e integridad personal, que podemos calificar como una desgracia humanitaria prolongada. A continuación, enumeramos algunos de los hechos de violencia ocurridos entre 2019 y lo que va de 2020 (hasta el momento de escribir este artículo) en el municipio de Bojayá.
El 18 de marzo de 2019, se desplazaron 47 personas de siete familias de la comunidad indígena de la Playita–Resguardo Indígena Unión Baquiazá, como consecuencia de combates sostenidos entre las AGC y el ELN en la cuenca del río Opogadó y de posteriores presiones sobre la población por parte de esos dos grupos ilegales. De la comunidad de Bocas de Opogadó, quedan hoy, solamente, ocho familias de las 79 que indicaba el censo comunitario.
A eso se suma que en el último año desapareció totalmente la comunidad de Carrillo, que estaba integrada por 63 familias. Eso sucedió después de que, en septiembre de 2019, paramilitares de las AGC asesinaran a un reconocido habitante de la comunidad.
En los últimos dos años, se fortaleció la presencia de estructuras armadas reconocidas como paramilitares, pero su accionar se hizo más evidente y público desde marzo de 2019. Muchos de sus miembros adelantaron reuniones abiertas con las comunidades. En ellas, se identificaron como las AGC y manifestaron a los pobladores que habían llegado para tomar el control del territorio a “sangre y fuego”.
Después de septiembre de 2019, desapareció la comunidad de Carrillo, integrada por 63 familias, después de que paramilitares asesinaran a un reconocido habitante de la comunidad.
Tal como ocurrió en la antesala de la masacre de Bojayá, hoy se materializa la condena a muerte de los pobladores por la actitud omisiva y cómplice de las autoridades nacionales, departamentales y municipales. Son numerosas las denuncias de las organizaciones étnicas, de la iglesia, de organismos de control como la Defensoría del Pueblo y de la comunidad internacional. Todas han producido informes, alertas, llamados y cartas sobre la gravedad de la situación de derechos humanos y las múltiples infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), expresadas en claras amenazas en contra de la vida e integridad personal de los habitantes de Bojayá. Así lo constataron, en particular, las alertas de la Defensoría del Pueblo que reconocen la presencia de contingentes de hombres armados pertenecientes a las AGC, anunciando que “habían llegado para quedarse”.
El 4 de marzo de 2019, miembros de las AGC hicieron presencia en el corregimiento Isla de Los Palacios, donde permanecieron alrededor de cuatro días. Aparentemente, estas personas se dirigían a la cuenca del río Opogadó, con el objeto de reforzar el contingente de hombres armados que se enfrentó el día 28 de febrero con miembros del ELN.
El 2 de marzo, miembros del ELN incursionaron en la comunidad indígena de La Playita, perteneciente al Resguardo Unión Baquiazá, en el río Opogadó. Este grupo armado señaló a los miembros de dicha comunidad de ser colaboradores de las AGC, prohibió la libre circulación en el territorio y el desarrollo de sus actividades de caza y agricultura durante tres días.
El ELN advirtió a los pobladores de varias comunidades de la cuenca del río Bojayá que debían abstenerse de adelantar labores en la zona rural de sus corregimientos y resguardos, pues, habían instalado minas antipersona en el territorio. Estos hechos llevaron a que más de 7.000 personas de las comunidades negras e indígenas se encontraran totalmente confinadas.
Muchas autoridades de orden departamental y nacional, entre ellas, nuevamente, la Defensoría del Pueblo, han sabido de las presiones hechas por el ELN y las AGC a líderes comunitarios, incluidos candidatos a cargos públicos. Les ordenan acudir a parajes lejanos del municipio, con el objeto de atender reuniones y condicionar o restringir sus acciones políticas, administrativas y organizativas. Como le sucedió al anterior alcalde, Jeremías Moreno Álvarez, que recibió amenazas en contra de su integridad por parte de la guerrilla del ELN, lo que le llevó a limitar su libre circulación en algunos sectores y comunidades del municipio.
El ELN y las AGC ordenan a líderes comunitarios acudir a parajes lejanos del municipio con el objeto de atender reuniones y condicionar o restringir sus acciones.
Fueron inútiles las comunicaciones de la Defensoría dirigidas al Ministerio de Defensa Nacional y a la Fuerza de Tarea Conjunta Titán para implementar y fortalecer operativos de registro y control en las zonas rurales del municipio de Bojayá y en puntos del territorio estratégicos para la movilidad de grupos armados ilegales. Su fin era que se neutralizara el accionar de estos grupos y garantizar la seguridad y la protección de los derechos humanos de sus habitantes. Porque, en la región, antes que contrarrestar las acciones permanentes de actores armados ilegales, se han denunciado conductas de miembros de la fuerza pública en complicidad con las AGC.
La situación humanitaria de las comunidades es desastrosa y hoy con la pandemia de la covid-19, se recrudece.
Las comunidades han sido privadas de manera significativa del acompañamiento de sus organizaciones de base y de la Iglesia, porque sus posibilidades de actuar se ven limitadas a causa de las normas gubernamentales decretadas para controlar la pandemia. Mientras tanto, los actores armados ilegales se mueven libremente por toda la región. Las AGC y el ELN imponen su ley, destruyen la vida de las comunidades y desconocen a las autoridades étnicas y los reglamentos comunitarios.
La retoma paramilitar se ha hecho con la complacencia institucional. Los integrantes de las AGC hacen movimientos masivos de tropas por afluentes por los que antes no habían entrado. Sería imposible hacerlo si hubiera un verdadero control por parte de la fuerza pública. Todo esto ocurre sin que nuestro clamor de denuncia, nuestras voces de asfixia sean escuchadas.
Infortunadamente, hoy en Bojayá, la violación de los derechos humanos y las infracciones al DIH han empeorado. La Comisión Interétnica del Pacífico, en carta abierta dirigida al presidente Iván Duque el 8 de enero de 2020, señala que la actuación de los paramilitares se da en connivencia con miembros de la fuerza pública asentada en la región de Bojayá y en otros lugares del Atrato. Esto se reafirmó el pasado mes de junio cuando fue capturado el comandante de la policía de Chocó por hechos relacionados con apoyo a grupos paramilitares.
A ello se suman la instalación de minas antipersona en los resguardos indígenas, la utilización de dinamita por el ELN en la parte alta de estos resguardos, el tráfico de armas, la contaminación ambiental, los múltiples asesinatos y atentados a personas, en especial, en las comunidades de Bocas de Opogadó, la Isla de los Palacios, Carrillo, Napipí, Sagrado Corazón de Jesús y Pogue; el confinamiento que sufren más de 7.000 personas hace aproximadamente dos años, incluidos niños y niñas, y los incontables hechos de reclutamiento de jóvenes por parte de las AGC y del ELN.
La falta de atención en salud es muy grave en Bojayá. El único y precario centro de salud existente está en Bellavista, cabecera municipal, en donde hay 1.100 habitantes; pero, la población de todo el municipio es cercana a las 11.000 personas y se encuentra, aproximadamente, a tres horas de camino. Hay, además, escasez de medicamentos en la zona para tratar el paludismo; incluso, algunos habitantes han fallecido por la falta de suero antiofídico para contrarrestar las mordeduras de culebras.
