Astrid Torres y Winston Gallego / Corporación Jurídica Libertad.
Yesid Zapata / Fundación Sumapaz
Si la maquinaria militar no mata, se oxida.
E. Galeano
Antioquia padece en forma sistemática desde hace varias décadas la violencia sociopolítica contra los líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos. No en vano ha sido, en los últimos tres años, el segundo departamento de Colombia, después de Cauca, con mayor registro de agresiones. Además, hay un avance y reacomodamiento geoestratégico y territorial de los grupos paramilitares. Todos los 125 municipios del departamento reportan presencia de, al menos, una estructura de esos grupos. Las más predominantes son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), Los Caparrapos y la Oficina del Valle de Aburrá. Esto es posible por la continuidad de los nexos entre agentes estatales y estas estructuras, de los que hay evidencias, como se verá más adelante.
Con llegada de Iván Duque, se empezaron a desdibujar varias posibilidades: materializar el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (en adelante, Acuerdo final), avanzar en la negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), someter las estructuras herederas del paramilitarismo y proteger la labor de las y los defensores de derechos humanos. En lugar de eso, en los dos años que lleva de gobierno, se han impuesto otras tendencias: por una parte, el incumplimiento del Acuerdo final, la estrategia militar “como única vía para resolver los problemas de seguridad, orden público y convivencia en el país” (CJL, 2019) y la banalización y negación del grave riesgo en el que se encuentran los líderes y lideresas. Por otra, la criminalización de la protesta social, la militarización de los territorios y la vida cotidiana y el retorno a las viejas prácticas ilegales de las chuzadas, los falsos positivos judiciales y las ejecuciones extrajudiciales contra opositores al gobierno y de otros ciudadanos que terminan como víctimas de estas políticas institucionales.
En el departamento de Antioquia, el NO cumplimiento del Acuerdo final y el desarrollo de la Política de Seguridad y Defensa del actual gobierno han conducido a mayores niveles de agresión contra la población, en especial, contra aquellas personas que defienden los derechos humanos. De otro lado, desde el 7 de agosto de 2018, fecha de la posesión presidencial, hasta el 30 de junio de 2020, se reportaron 727 agresiones, cuyas principales modalidades son: amenazas, detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes en el marco de las protestas sociales; asesinatos y falsos positivos judiciales. Las víctimas han sido líderes campesinos, comunitarios, indígenas, juveniles, mineros, periodistas y estudiantes1. Se registra con gran preocupación el hecho de que líderes de la población LGBTI y mujeres activistas son víctimas de violencias basadas en género, especialmente, en movilizaciones.
Los responsables de las agresiones son: estructuras paramilitares, fuerza pública (Ejército y Policía Nacional), Fiscalía General de la Nación y las autoridades civiles. Las subregiones con mayor número de agresiones reportadas son: Valle de Aburra (3482), Bajo Cauca (145), Urabá (67) Nordeste (39), Norte (29) y Oriente (18).
El aumento de la represión a la protesta social desde 2019 y en el actual contexto de covid-19 se refleja en el alto número de detenciones arbitrarias contra personas que se manifestaban en las calles (95 % de los casos). Eso advierte el uso indiscriminado del Código de Policía3 y un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional, en particular, del Escuadrón Móvil Antidistirbios (Esmad) contra quienes marchan en las calles y veredas. En este escenario de criminalización a la protesta social, la fuerza pública ha cometido casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Evidencia de esto fueron los seis heridos de la movilización del 15 de junio de 2020 en la ciudad de Medellín, quienes sufrieron fracturas en el rostro y las manos. Tras ser agredidos y detenidos por la Policía, a las víctimas nunca se les trasladó al Centro de Protección, ni a la Fiscalía, sino que se les puso en libertad, como una estrategia para evitar la denuncia contra los agentes estatales por lesiones personales o torturas. Este patrón de agresión e impunidad viene presentándose desde 2019, sin que el Ministerio Público avance en acciones disciplinarias.
Con respecto al comportamiento del Ejército Nacional y de la Policía Antinarcóticos durante protestas sociales contra la erradicación forzosa, se han denunciado ametrallamientos, disparos y retenciones de pobladores y manifestantes en veredas del departamento. Tales son los casos de Anorí y del Bajo Cauca.
En cuanto al retorno de los falsos positivos judiciales, se destacan los casos de los nueve reclamantes de tierras de Urabá, los cinco líderes y lideresas del municipio de Anorí y los tres líderes sociales y dos habitantes del municipio de Remedios. En todos ellos, se ha empleado el sistema judicial para perseguir a quienes exigen y trabajan por los derechos humanos de las víctimas y de los defensores de la tierra.
El Estado plantea que las disputas de carácter militar, político y económico en el Bajo Cauca se deben a la existencia de cultivos de uso ilícito y a la de rutas de narcotráfico. Pero, la explicación de todo ello va más allá. La problemática tiene que ver con la existencia de vastos bienes comunes que son de interés geoestratégico para empresas nacionales y extranjeras. Por algo es que en la planeación regional que hace la Gobernación de Antioquia y en otros ejercicios técnicos, se ha configurado una “Provincia Competitiva” que recoge los municipios del Norte y el Bajo Cauca. Ellos son San Andrés de Cuerquia, Toledo, Briceño, Ituango, San José de la Montaña, Campamento, Valdivia, Nechí, Tarazá y el Bagre. El objetivo de haber establecido esa provincia es construir el Centro de Desarrollo Industrial Regional y promover proyectos de infraestructura, economía y turismo.
Las disputas en el Bajo Cauca se deben a que hay bienes comunes de interés geoestratégico para empresas nacionales y extranjeras: oro, plata, níquel, carbón, agua y otros.
Según la Cámara de Comercio de Medellín (2019), de la región del Bajo Cauca se extrae el 60 % del oro de Antioquia y el 30 % de la plata. Igualmente, existen reservas y explotación de otros minerales como el níquel y el carbón (CJL, 2020). Se destaca la imposición de los megaproyectos extractivistas como el de Hidroituango y otros que han llevado a la concentración de tierra para la explotación minera y la expansión inmobiliaria. Existen 47 grandes títulos mineros en los municipios de Tarazá y Cáceres, en el Bajo Cauca, y en Puerto Libertador y San José de Uré, en el departamento de Córdoba (Montoya, 2020). Además, se solicitaron 18.000 hectáreas adicionales en estos 4 municipios, que podrían favorecer a las empresas Juan Manuel Ruiseco V, CIA S.C.A, Cerro Matoso y Grupo Penca (Montoya, 2020).
En esta subregión de gran interés geopolítico, desde 2018 hasta junio de 2020, se experimentó una profundización de la crisis humanitaria. Eso se reflejó en las cifras de homicidios (630), desapariciones forzadas (56), desplazamiento forzado (más de 6.300) y agresiones contra la labor de líderes y lideresas sociales (145 víctimas). Como ya lo denunció el Nodo Antioquia de la Comisión Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), desde 2017, el Estado ha venido aumentando su militarización en los seis municipios que componen esta subregión (Tarazá, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí y Zaragoza), sin que con esa medida se haya detenido la crisis. En la actualidad, el Bajo Cauca cuenta con un pie de fuerza de más de 5.000 efectivos (véase mapa 1) y es el territorio de Antioquia con mayor número de asesinatos contra líderes y lideresas. La mayor parte de las personas asesinadas pertenecía a la Asociación Campesina del Bajo Cauca (Asobac).
Varias razones explican este grave contexto:
1) El incumplimiento del Acuerdo final. Con ello, los grupos paramilitares AGC y Caparrapos se han podido establecer en los territorios.
2) La presencia de esos grupos paramilitares ha sido posible gracias a los nexos entre estas estructuras y agentes estatales. Hay evidencias de esto nexos: la noticia entregada por RCN acerca de la “captura del comandante de Policía de Caucasia Yermail Torres y del patrullero Carlos José Rúa, por vínculos con estructuras criminales y del relevo de todos los miembros de la fuerza pública en El Bagre (RCN, 2019) en el mes de junio, y la denuncia, conocida también en junio, que señala que el Ejército Nacional recibió, en el corregimiento del Guáimaro (Tarazá), información de la ubicación de “alias Caín” y “alias Flechas”, comandantes paramilitares pertenecientes a los Caparrapos y no adelantaron acciones para su detención (Análisis Urbano, 2019).
3) La crisis institucional por las destituciones e investigaciones de autoridades civiles electas para el periodo 2016- 2019: las de Ángel Mesa Castro (en El Bagre) y Miguel Enrique Franco Menco (Nechí), en ambos casos, por corrupción, y la de José Mercedes Berrío (en Cáceres), por vínculos con el paramilitarismo (CJL, 2020).
4) La presencia de la insurgencia del ELN y de las disidencias de las FARC. Esto aumenta el riesgo de la población, pues, a veces, se libran combates en la zona entre disidencias y paramilitares, entre paramilitares y ELN y entre el ELN y el Ejército Nacional.
Es un contexto de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Se cuentan 145 agresiones contra quienes ejercen la labor de defensa de los derechos humanos, la tierra y el territorio y también exigen el cumplimiento del Acuerdo final. Los principales responsables son las dos estructuras paramilitares que dominan los territorios. Esas agresiones son muestra del alto riesgo en el que se encuentran los procesos organizativos, en especial Asocbac, ya que, del total de homicidios (25), 16 se perpetraron contra líderes de esta Asociación y todas las personas asesinadas trabajaban en la exigibilidad del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).
Debido al incumplimiento del gobierno nacional, los líderes y lideresas del PNIS han tenido que salir a protestar para exigir el cumplimiento de lo pactado, pero, lo que han tenido a cambio, es represión por parte de la fuerza pública. Simultáneamente, los grupos paramilitares, que han establecido “que ni una mata de coca se arranca” en los territorios, los amenazan y asesinan. Esta encrucijada, los líderes y lideresas del PNIS han tenido que ver cómo las promesas del gobierno nacional4 se evaporan y han quedado solos y teniendo que afrontar toda esta situación.
La respuesta del gobierno de Iván Duque a la situación que ha vivido el Bajo Cauca ha sido militarización y la erradicación forzada, junto con el Plan de Acción Oportuna (PAO). Este último es una política institucional que no dialoga con las necesidades de las comunidades y organizaciones. Por el contrario, desconoce las exigencias que las organizaciones campesinas de la región y nacionaleshan reiterado en los últimos dos años: la necesidad del cumplimiento integral del Acuerdo final, el desmonte del paramilitarismo, la no militarización de los territorios y de la vida, la negociación con el ELN, inversión social en los municipios e investigación y sanción a los responsables de las agresiones contra los líderes y lideresas sociales.
El 15 de junio de 2020, paramilitares del grupo de los Caparrapos asesinaron a Édier Lopera, líder campesino de Asocbac y del programa del PNIS. Su asesinato ocurrió en la Vereda Caracolí, del municipio de Tarazá. El cuerpo de Edier quedó tendido más de 7 días en una de las vías de la vereda, sin que la comunidad pudiera sepultarlo, pues los victimarios impedían que lo recogiera. El día 23 de junio, autoridades civiles y militares llegaron hasta la vereda e hicieron el levantamiento del cuerpo.
En Antioquia, la grave situación de riesgo que presenta la labor de los líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos es el resultado de años de implementación de la doctrina contrainsurgente. Esta doctrina considera enemigos del Estado a aquellas personas que exigen cambios profundos en el país; a esto se suman la continuidad del avance y fortalecimiento del paramilitarismo y sus nexos con agentes del Estado, la criminalización a la protesta social y la negación de la paz territorial.
La respuesta de Duque a la situación del Bajo Cauca es militarización,
erradicación forzada y el Plan de Acción Oportuna, política que no dialoga con las necesidades de la población.
¡QUE LA PAZ NO NOS CUESTE LA VIDA!
Análisis Urbano. (2019). Séptima División del Ejército investiga responsabilidad en la fuga de alias Caín y Flechas en Tarazá. Consultado en https://analisisurbano.org/una-fuente-indico-que-las-tropas-se-retiraron-con-toda-tranquilidad-a-las-4-de-la-tarde-el-resultado-fue-que-alias-cain-y-alias-flechas-lograron-huir-a-pesar-de-que-en-apariencia-todo-estaba-listo-p/42481/
Corporación Jurídica Libertad, CJL. (2019). La Política de Defensa y Seguridad, una amenaza para los derechos humanos. Consultado en https://cjlibertad.org/victimas/61-derechos-humanos/1326-la-politica-de-defensa-y-seguridad-una-amenaza-para-los-derechos-humanos.html
Corporación Jurídica Libertad, CJL. (2020). Crisis humanitaria y liderazgos en riesgo en el Bajo Cauca. Informe: ¡Paz, ni en el horizonte! Crisis humanitaria, Liderazgos en riesgo e incumplimiento del Acuerdo de Paz en Antioquia. Medellín, Colombia. Disponible en: https://cjlibertad.org/publicaciones/105-informes/1436-informe-paz-ni-en-el-horizonte-crisis-humanitaria-liderazgos-en-riesgo-e-incumplimiento-del-acuerdo-de-paz-en-antioquia.html
Montoya, C. (2020). La tierra es un factor en disputa en el Bajo Cauca. Consultado en https://www.kavilando.org/lineas-kavilando/territorio-y-despojo/7448-la-tierra-es-un-factor-en-disputa-en-el-bajo-cauca
Observatorio del Nivel de Riesgo a la Labor de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos-Corporación Jurídica Libertad (CJL) y Fundación Sumapaz. Base de datos. Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. Base de datos interna.
Presidencia de la República-Prensa. (2020, 20 de enero). Presidente Duque reiteró el compromiso del Gobierno de trabajar con la Gobernación “para la pacificación del Bajo Cauca antioqueño”. Consultado el 24 de julio de 2020 en https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Presidente-Duque-reitero-compromiso-Gobierno-trabajar-con-Gobernacion-para-pacificacion-del-Bajo-Cauca-antioqueno-200120.aspx
Radio Cadena Nacional, RCN. (2019, 11 de junio). Por corrupción, renovaron la Policía en el Bajo Cauca antioqueño. Consultado en https://www.rcnradio.com/colombia/antioquia/por-corrupcion-renovaron-la-policia-en-el-bajo-cauca-antioqueno
1 Datos del Observatorio del nivel de riesgo a la labor de defensores y defensoras de derechos humanos de la Corporación Jurídica Libertad (CJL) y la Fundación Sumapaz, para el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos.
2 La razón de que Medellín presente el mayor número de agresiones es que en esta ciudad es donde se llevan a cabo las principales movilizaciones sociales del departamento de Antioquia.
3 Una estrategia para que la ciudadanía no haga uso de su derecho es la utilización arbitrara del Traslado por protección (artículo 155 del Código Nacional de Policía) y la imposición de comparendos a quienes se manifiestan o exigen respeto por sus derechos.
4. Véanse, por ejemplo, los anuncios de Iván Duque del 20 de enero de 2020 (Presidencia de la República, 2020).
