Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, CNOA
Este documento expone lo acontecido en materia de construcción de paz en el gobierno de Iván Duque en relación con el enfoque étnico racial afrocolombiano. También, las consecuencias que, directa o indirectamente, se generan en los territorios en los que la deuda histórica de paz no se ha saldado y que, por el contrario, aumenta, y cuyo pago sigue siendo la muerte física y espiritual de los pueblos étnicos.
Después de dos años de presidencia, Duque sigue debiendo la implementación del Acuerdo final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera (en adelante, Acuerdo final)1. Desde su arribo al Palacio de Nariño, su postura acerca de la revisión exhaustiva del Acuerdo final ha derivado en cuestionamientos teóricos permanentes y, en la práctica, en la no implementación. Su gabinete de gobierno, en particular quienes están al frente de las políticas de paz y legalidad, como ahora se denominan, han manifestado en repetidas ocasiones con desdén que no es una prioridad para este gobierno cumplir con los compromisos que el Estado colombiano adquirió, no solo con la antigua guerrilla Farc-EP, sino con el pueblo colombiano y el mundo.
El Capítulo Étnico del Acuerdo final2 se logró tras grandes esfuerzos para que se reconocieran en los diálogos de la Habana las voces de los pueblos étnicos en su calidad de víctimas del conflicto armado y constructores de paz. Así mismo, su principal objetivo fue garantizar la no regresividad y el acceso progresivo a los derechos especiales de los pueblos étnicos, así como su goce efectivo de los derechos humanos.
Con Duque, la implementación del Acuerdo final, ya retrasada con Santos, viene desacelerándose en forma exponencial, lo que impacta el Capítulo Étnico.
Ahora bien, en los casi cuatro años que han transcurrido desde la firma del Acuerdo final, este objetivo no se ha cumplido. Con el gobierno de Duque, la implementación del Acuerdo final, que ya desde el gobierno de Santos se veía aparatosa y retrasada, viene desacelerándose en forma exponencial, lo que impacta directamente el Capítulo Étnico. Este se había constituido en una esperanza para fortalecer y hacer tangibles los derechos del pueblo afrocolombiano que se venían reclamando con la excelente, pero poco ejecutada, Ley 70 de 1993.
Para implementar el Acuerdo final, su financiación es fundamental. De ella depende la ejecución de las medidas incorporadas en el Plan Marco de Implementación (PMI). Al respecto, han surgido muchas discusiones y reclamos al gobierno actual. Por ejemplo, en 2019, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) notificó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de un recorte presupuestal de cerca del 30 %3. Lo mismo sucedió con las otras instituciones del Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR).
Por su parte, la Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz señaló sus preocupaciones por la falta de recursos para que el SIVJRNR funcione de manera óptima y por las consecuencias que eso tiene: es limitado el tiempo de operación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición:
La implementación del SIVJRNR se ha dado de manera muy lenta, con relación al tiempo con el que cuenta para concluir su trabajo y las expectativas de las comunidades. A nivel territorial, se identifica que ninguno de sus componentes llega a contar con el 50 % de las garantías proyectadas en principio para su funcionamiento; por tanto, su estructura física es limitada, el personal es insuficiente y los recursos económicos mínimos (2019, p. 34).
El Acuerdo final no será un papel muerto si hay apoyo financiero para poner en marcha tanto las instituciones, como las medidas diseñadas para la construcción de una paz estable y duradera. Desde la perspectiva étnica afrocolombiana, las consecuencias de los recortes presupuestales son mayores si se tienen en cuenta los impactos desproporcionados del conflicto armado en nuestros territorios. Se necesita una mayor destinación y ejecución de recursos financieros para que la implementación territorial sea adecuada y real la construcción de paz.
Al respecto, el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (Conpa) manifestó:
se alerta sobre el desfinanciamiento de la implementación del Acuerdo Final, en general, y del enfoque étnico-racial, en particular. Hay una subfinanciación muy marcada de las medidas para las comunidades negras en el PMI y el [Plan Nacional de Desarrollo] PND, en comparación con otros grupos poblacionales, si se toman en cuenta el tamaño y la proporción de la población afrocolombiana con respecto a la población total en el país. Es decir, se trata de una práctica de discriminación racial institucional (2020, p. 11).
Según el Instituto Kroc, una de las entidades designada para hacer los balances de la implementación del Acuerdo final, de las 13 disposiciones del Capítulo Étnico, cinco no han comenzado a implementarse. El Conpa señala:
Según los datos que arroja el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (Siiipo), el enfoque étnico ha sido el que menor avance ha tenido en el marco de la implementación –7,68 %–; le siguen las metas trazadoras que son parte de este enfoque. (…) estos dos aspectos nos arrojan un promedio de 12,14 %; le sigue el enfoque de género, con 23,65%; (…) los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), con 23,88 %, y (…) la implementación del acuerdo de manera general, que, en promedio está en 27,08 %. Esto muestra que existe un déficit en las medidas y en la implementación general, pero sobre todo, en los enfoques, que permiten impactar de manera específica a cada actor de la sociedad que se encuentra en territorio (Conpa, 2020, p. 47).
El Conpa presenta las deudas que hay con el enfoque étnico del Acuerdo final. En el punto 1 del Acuerdo, titulado Reforma Rural Integral, “varios actores han expresado preocupación por la incoherencia de los datos sobre la constitución, creación, ampliación, saneamiento y titulación de territorios colectivos”. Además, hay un “gran número de solicitudes de venta que, por vicios de procedimiento, no son viables, pero siguen enfrascadas en el sistema”. También, hace falta dar a conocer a las comunidades,
los nuevos mecanismos normativos y administrativos para la constitución, creación, ampliación, saneamiento y titulación de territorios colectivos creados por medio de la implementación del Acuerdo Final, como por ejemplo el Fondo de Tierras (Conpa, 2020, p. 50).
Con respecto al punto 2, titulado Participación política, la principal amenaza para que no pueda darse esa participación es “la falta de garantías de seguridad y protección” para las comunidades negras, en general, y para sus líderes y lideresas, en particular, “en los territorios colectivos”. Tampoco cuentan con lineamientos que articulen los instrumentos de seguridad y protección con las cosmovisiones y realidades del pueblo afrocolombiano El Conpa (2020) señala, también, que “las comunidades afrocolombianas, especialmente las mujeres, siguen afrontando barreras para ejercer el derecho al voto” y que les faltan “acceso y representación (…) en los medios de comunicación”.
Desde nuestra perspectiva étnica racial, la no participación política es una gran dificultad no resuelta. El proyecto de ley que crea las circunscripciones especiales de paz, es una iniciativa legislativa vital para que los pueblos étnicos, como víctimas en lo individual y colectivo, puedan acceder a los espacios de participación y decisión política del Congreso de la República:
La exclusión política de las comunidades afrocolombianas se refleja también en el desarrollo normativo, institucional, en los planes de política pública y las herramientas de gestión y seguimiento del Acuerdo final. A [más de] tres años de su suscripción, estas herramientas no están funcionando satisfactoriamente, pues solo hasta 2020 se aprobó el presupuesto para poner en marcha la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (…), el único componente del sistema de impulso, seguimiento y verificación del Acuerdo que no cuenta con las garantías para su funcionamiento (Conpa, 2020, p. 10).
En relación con el punto 3, Fin del conflicto, el Conpa identifica que el gobierno tiene una deuda por el recrudecimiento de la violencia y la inseguridad en los territorios étnicos. Precisa la necesidad de trazar “una política integral que incluya el fortalecimiento de la Guardia Cimarrona, su articulación con otras medidas de seguridad y protección del Estado, así como la inclusión de medidas diferenciales desarrolladas conjuntamente con las comunidades” (2020). También identifica el compromiso incumplido en cuanto al “diseño, la consulta previa y la puesta en marcha del programa especial de armonización para las personas en proceso de reincorporación que quieran regresar a los territorios colectivos y para las comunidades receptoras”.
En el punto 4, Solución al problema de drogas ilícitas, el Gobierno no cumple aún a “las familias que han suscrito los acuerdos colectivos o individuales del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS)”; en esto se incluye la no erradicación forzosa y su seguridad. El Conpa encuentra también una deuda con la prevención,
del escalamiento de los conflictos territoriales latentes o activos relacionados con los cultivos de uso ilícito [y con] la ejecución de un programa de apoyo integral a las comunidades que han estado o están resistiendo a los cultivos ilícitos. [Un programa] que sea paralelo a los PNIS y a los Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (Pisda) (2020).
En relación con el punto 5, Derechos de las víctimas, no se ha financiado “lo concertado con las comunidades afrocolombianas durante las consultas previas con las diferentes entidades de SIVJRNR”. También, ha hecho falta acordar “esfuerzos en la reparación colectiva, garantizar la seguridad para el retorno y reubicación de las comunidades étnicas, así como el programa de asentamiento, retorno, devolución y restitución especial para pueblos priorizados (Conpa, 2020).
En lo referente al punto 6, Implementación y verificación, falta, como se mencionó, presupuesto y es lenta la puesta en marcha de la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (Ieanpe). El gobierno tiene ahora el compromiso de asegurar el acompañamiento técnico y político necesario para que la Ieanpe pueda cumplir con su mandato en forma autónoma.
El Acuerdo final establece 120 medidas referidas a la mujer. El Capítulo étnico especifica los temas de enfoque de género, mujer, familia y generación, en diferentes ámbitos. En su reciente informe, el Conpa señala que ha sido un logro esencial integrar de manera transversal el enfoque de género y la intersección étnica en el Acuerdo final y en el PMI. Muestra que ese logro “garantiza alcanzar una construcción de paz integral, que tiene en cuenta a cada uno de los actores más vulnerados en el marco del conflicto”. Sin embargo, advierte lo siguiente:
la implementación de los 51 indicadores se ha visto marcada por diversos problemas, [de manera que] después de 3 años de la firma del Acuerdo solo se han cumplido 6 indica-dores del PMI. Es decir, el 11,69 % de las medidas se ha hecho efectivo (…). Por otro lado, de los 25 indicadores con intersección étnica, se encuentra que tan solo 1 está completo, 2 están en avance, 5 sin avance y 17 con riesgo de retroceso, no han iniciado aún (2020, p. 47.)
De manera general, el Conpa llama la atención sobre tres puntos:
Con respecto al tema del enfoque de género, también se hará un recorrido por cada punto del Acuerdo final. En Reforma Rural Integral, no se cuenta con un indicador interseccional que permita medir el avance en el acceso a tierras para mujeres afrocolombianas. Por otro lado, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) reportó solamente la elaboración de un ‘Diagnóstico de Mujeres Rurales Étnicas’ en el que participaron 35 lideresas afrocolombianas del consejo comunitario Tierra Baja, Cartagena (Conpa, 2020).
En Participación política, la participación de las mujeres afrocolombianas se ha dado gracias a sus esfuerzos como lideresas y defensoras de derechos humanos étnicas-raciales en diversos espacios. Sin embargo, siguen corriendo un alto riesgo. Además, “el caso de la representación de las mujeres negras es particularmente preocupante y refleja la llamada discriminación interseccional, ya que esta población no tiene representación equitativa en los espacios étnicos y tampoco en el de las mujeres” (Conpa, 2020, p. 10).
En lo referente a las garantías de no repetición necesarias para la participación política, el Conpa señala que “la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) ha demostrado, por ejemplo, que el 43 % de las agresiones contra líderes sociales y defensores de derechos humanos” se hizo contra “líderes de las comunidades étnicas y que aproximadamente 19,7 % del total de dichas agresiones” fue contra las mujeres (Conpa 2020, p. 28). En relación con ello, “es preocupante que el Gobierno no accedió a incluir una medida para la formulación de un plan específico de protección y fortalecimiento para las mujeres negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras víctimas del conflicto, como habían propuesto las comunidades” (Conpa 2020, p. 25). Tampoco se ha garantizado la participación expresa y activa de las mujeres afrocolombianas en el diseño e implementación de garantías de seguridad y protección”. Tampoco, “se ha coordinado con organizaciones afrodescendien-tes [lo relacionado con] seguridad individual y colectiva, para [crear] estrategias acordes a sus necesidades, ni se han concertado medidas para la atención de niñas y mujeres étnicas por necesidades de seguridad” (Conpa, 2020).
En lo referente al punto sobre Fin del conflicto, “no se ha tenido acceso a datos que permitan validar el indicador sobre el número de mujeres de las comunidades étnicas que se benefician del programa especial de armonización” (Conpa, 2020, p. 27).
Con respecto al punto Solución al problema de drogas ilícitas, el Conpa alerta lo siguiente: no se registran avances significativos “en cuanto al indicador sobre atención psicosocial con pertinencia cultural y perspectiva de mujer, familia y generación.
En el punto sobre Derechos de las víctimas, “los sistemas de información del Ministerio de Salud no incluyen información desagregada que, por ejemplo, permita un análisis intersec-cional de las vulnerabilidades específicas de las mujeres” (Conpa, 2020, p. 36).
En lo relacionado con el punto 6 del Acuerdo final, Implementación y verificación, la institucionalidad ha reflejado que existe una significativa desarticulación en cuanto a los enfoques, étnico y de género. Se constituyen grupos de trabajo “para el abordaje de cada uno de los enfoques, pero es escasa la intersección que hay entre ellos” (Conpa, 2020, p. 48).
En efecto, la embajada de Suecia, ONU Mujeres y el Instituto Kroc coinciden en advertir que “el atraso en la implementación de compromisos relacionados con la protección colectiva y comunitaria ha permitido que emerjan nuevos escenarios de riesgo para las lideresas y defensoras de derechos humanos, especialmente para las mujeres de comunidades étnicas y campesinas” (Instituto Kroc, 2019, p. 12).
No implementar el Acuerdo final condujo a que otros grupos al margen de la ley ocuparan los territorios dejados por las antiguas Farc-EP. Eso llevó a una reconfiguración del conflicto armado, sobre todo, en la ruralidad. La guerra pervive en nuestros territorios y hemos experimentado su recrudecimiento en algunas zonas del país (véase Harnisch, 2019), lo que ha derivado en nuevos escenarios de violencia. Esta situación se ha centrado en los departamentos de Córdoba, Chocó, Cauca y Nariño y en las ciudades de Buenaventura (Valle del Cauca), en donde los pueblos étnicos siguen padeciendo los embates de las guerras que no han parado.
No implementar el Acuerdo final condujo a que otros grupos al margen de la ley ocuparan los territorios dejados por las Farc y a una reconfiguración del conflicto armado.
La violencia en territorios étnicos, resultante de la presencia y las actividades de grupos armados ilegales y organizaciones criminales, sigue siendo motivo de grave preocupación y ha persistido durante la cuarentena [relacionada con la pandemia de la covid-19]. En el Cauca y en la cuenca del río Atrato, en la región fronteriza de los departamentos del Chocó y Antioquia, miles de personas de comunidades étnicas han sufrido desplazamiento o confinamiento forzados y muchas de ellas corren el riesgo de ser reclutadas y explotadas sexualmente (Informe del Secretario General, sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, 2020, p. 14).
Hasta el momento, la construcción de la paz que se anunciaba en el Acuerdo final nos ha salido muy costosa. La angustia y la zozobra aumentan por la falta de garantías de seguridad y la ausencia de mecanismos idóneos para la defensa de la vida. El Gobierno nacional no ha cumplido con fortalecer las guardias cimarronas, que constituyen sistemas de protección propios, vitales para proteger nuestros territorios.
El pueblo negro afrocolombiano, raizal y palenquero, firme en su determinación de seguir aportando a la construcción de la paz, hace un llamado al gobierno de Iván Duque para que se coloque a paz y salvo con los compromisos de Estado consagrados en el Acuerdos final Igualmente, solicita que se acoja la propuesta de un acuerdo humanitario4 para el departamento del Chocó y en todo el territorio nacional, para la pervivencia física y cultural de las comunidades étnicas.
Acuerdo final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera. (2016, 24 de noviembre). Firmado entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo, Farc-EP. Consultado en en https://www.colectivodeabogados.org/?Nuevo-acuerdo-final-para-la-terminacion-del-conflicto-y-la-construccion-de-una.
Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano, Conpa. (2020, marzo) Balance de la implementación el Acuerdo De Paz. Consultado en https://convergenciacnoa.org/wp-content/uploads/2020/07/Informe-CONPA-2020.-Capitulo-Etnico-de-Paz.-1.pdf
El Tiempo. (2919, 8 de julio). A JEP le preocupa la reducción que tiene su presupuesto para el 2020. El Tiempo. Consultado en https://www.eltiempo.com/justicia/jep-colombia/a-jep-le-preocupa-la-reduccion-que-tiene-su-presupuesto-para-el-2020-385792
Harnisch, C., Jefe de la Delegación del CICR en Colombia. (2019, 28 de marzo). Colombia: entre la guerra y la indiferencia. Editorial. Consultado en https://www.icrc.org/es/document/colombia-entre-la-guerra-y-la-indiferencia
1. El Acuerdo final se firmó el 24 de noviembre de 2016 en la Habana (Cuba) entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-EP).
2. Este capítulo se encuentra en el numeral 6.2 del Acuerdo final.
3. Patricia Linares, presidenta de la JEP, manifestó: “Para el 2019, para inversión, nosotros tenemos asignados 90.000 millones de pesos. Para el 2020, nos anuncian 67.000 millones de pesos, lo que implica una reducción de aproximadamente del 30%. Igual le sucede a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y a la Comisión de la Verdad”. Manifestó
4. https://convergenciacnoa.org/comision-etnica-para-la-paz-y-la-defensa-de-los-derechos-territoriales/
