Camilo González Posso
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz
A casi cuatro años de haberse firmado el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de paz estable y duradera (en adelante, Acuerdo final), todos los informes de evaluación de instancias de seguimiento pactadas y de organismos de control coinciden en decir que la Reforma Rural Integral sigue en pañales, en veremos, frenada, incipiente, minimizada. Y en asignar a la situación otros calificativos, mejor dicho, descalificativos semejantes1.
No faltan razones para señalar, como hace el Instituto Kroc, que es poco lo que se ha avanzado al respecto y que son muchos los obstáculos en casi todos los subpuntos del pomposo “Hacia un nuevo campo colombiano”, el primer punto en el índice del mencionado Acuerdo final (Iniciativa Barómetro y otros, 2020).
El Instituto Kroc ha presentado cuatro informes de seguimiento, en cumplimiento del encargo que le hicieran las partes firmantes del Acuerdo final y coincide con lo que consignan los que el mismo Acuerdo encomendó hacer al Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) y al Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac). Ese balance ha incomodado al gobierno, en especial, al Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación (alias consejero del posconflicto en la administración anterior), según lo manifestó en un foro con el Cinep el pasado 16 de abril de 2020.
Según el Instituto Kroc,
En este periodo, el Gobierno ha avanzado en dos temas importantes, incorporados en su Plan Nacional de Desarrollo (PND 2018-2022): la puesta en marcha de una política para modernizar el sistema catastral –que hace parte del tema de acceso a la tierra– y la continuación del proceso de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). No obstante, hay pocos avances en los otros compromisos relacionados con el acceso a la tierra y en los Planes Nacionales (Iniciativa Barómetro y otros, 2020).
En el cuarto informe del Instituto Kroc (Iniciativa Barómetro y otros, 2020), los indicadores de seguimiento muestran que en materia rural se ha completado el 4 % de lo comprometido y otro 10 % está apenas iniciando. Muestran que en el 86 % restante, muy poco o nada se ha realizado. Al gobierno de Juan Manuel Santos le correspondió el primer arranque y parece que al de Iván Duque le tocó el freno en lo que no coincida con su programa de campaña.
El Sexto Informe de Verificación de la Implementación de los Acuerdos de Paz, presentado por el Cinep y Cerac, es más detallado. Aparte de reconocer pasos positivos con un piloto de catastro multipropósito, registra avances en la redacción de 16 Planes de Acción para la Transformación Territorial, que son regionales, intermunicipales y se apoyan en los PDET, escritos con amplia participación para 170 municipios en los tres años posteriores a la firma del Acuerdo final (Cinep/Cerac, 2019). Según este informe, el punto 1 del Acuerdo final es el que presenta los más bajos indicadores de implementación.
Lo que dicen esos informes es que en otros temas se pueden citar muchas cifras y hasta publicar listas de proyectos e intenciones, pero, al final, queda poco que contar como transformación democrática efectiva del campo colombiano. Menos que poco, si se hacen las sumas y restas de lo que por cuenta del pacto de paz ha llegado a los campesinos, a los que no tienen tierra y a las comunidades étnicas.
Queda poco como transformación democrática del campo colombiano.
Menos que poco, con lo que ha llegado a los campesinos, a los sin tierra y a las comunidades
étnicas.
Si, además, se leen las evaluaciones de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación (PGN), queda claro que es casi nada lo que se ha hecho en entrega de tierra nueva a los pobres del campo, o solo la inercia de lo que siempre se ha hecho; que está por contar lo agregado al Fondo de Tierras, como predios que no estaban en registros dispersos antes de los acuerdos; que siguen en remojo las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y hay, solamente, una nueva aprobada en el posacuerdo.
Ninguno de esos informes se pregunta en dónde está el problema, cuáles son las posibles explicaciones de la lentitud en la implementación de la Reforma Rural Integral y cuáles pueden ser lo correctivos para superar la dificultad. En este texto, vamos a dar algunas pistas, solo algunas, a modo de invitación a debatir el tema; pero, antes, retomemos las informaciones más significativas acerca de los subcapítulos del punto 1 del Acuerdo final, la Reforma Rural Integral.
En el Acuerdo final, se incluyó el catastro, instrumento indispensable para el ordenamiento social de la propiedad, uso del suelo, mercado de tierras, planeación territorial y ambiental, organización de avalúos y del impuesto predial, entre otros2.
Es una verdad sabida que la seguridad de la propiedad privada y de las inversiones capitalistas en el campo exigen claridad de títulos, linderos y tradición de propiedad. También, que la tenencia de hecho, la falsa tradición y la informalidad han sido la madre de muchos conflictos y el ambiente propicio para el acaparamiento, la desposesión y el despojo (véase González 2014).
Por esto último, la banca multilateral en las últimas décadas y los grandes inversionistas agroindustriales y minero-energéticos han identificado como tarea urgente la organización del catastro -formación, actualización y conservación. Con la oposición cerrada o camuflada de los terratenientes o macrofundistas tradicionales, que han concentrado tierras y se resisten a hacer cuentas y a pagar el impuesto predial. Los primeros quieren concentrar tierras en propiedad o en uso para macroproyectos y los segundos, mantener y ampliar latifundios para apropiar plusvalía de engorde: lo que, desde Adam Smith, David Ricardo y Carlos Marx se ha llamado la renta absoluta.
Por estas tensiones, por intereses encontrados y conciliación entre semejantes, se ha mantenido en Colombia la indefinición catastral de la mano de la inequidad en los avalúos y en el pago de impuestos. En el documento Conpes 3859 de 2016 (Política para la adopción e implementación de un catastro multipropósito rural-urbano), se recuerda que de los 1.122 municipios de Colombia, el 28 % no tiene formación catastral y el 63,9 % tiene información desactualizada. Es sabido, además, que el que más tierra tiene en Colombia, paga menos impuesto predial por hectárea que cualquier microfundista. El avalúo por hectárea de un microfundista es seis veces mayor que el avalúo por hectárea de un gran terrateniente, considerando el promedio nacional (González, 2014).
En el actual gobierno, se ha incluido el tema del catastro en la agenda de estos años. Puede observarse esto tanto en el Plan de Desarrollo 2018- 20223, como en el documento Conpes 3951 del 26 de noviembre de 2018 (DNP, 2018), que autoriza al gobierno a contratar un crédito de US$ 150 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial.
Pero, a la hora de la formación y la actualización catastral, el ritmo no lo marca el Plan Marco de Implementación del Acuerdo final, sino el lento proceso de acomodo de los intereses de los grandes propietarios y el paquidérmico funcionamiento de un Estado corporativo. Los nuevos concentradores de tierras para macroproyectos han encontrado formas para dar estabilidad a sus inversiones en medio del desorden catastral, el déficit abismal en formalización y la ausencia de seguridad en la propiedad de predios; incluso, aun cuando tengan historias de sangre y desposesión en medio de las violencias y de paso de mano a mano y de criminal a notaría en forma espuria.
El ordenamiento catastral y la formalización dejan de ser urgentes cuando la concentración de tierras y recursos encuentra laberintos en dónde ocultar irregularidades y hasta lavado de activos cuando sea necesario. Para esta artimaña, hay oficinas especializadas en armar sociedades de fachada, pero, también, sociedades anónimas constituidas en paraísos fiscales, en países flexibles para transacciones financieras.
El ordenamiento catastral y la formalización dejan de ser urgentes cuando la concentración de tierras y recursos encuentra laberintos para ocultar irregularidades y hasta lavado de activos.
Para maquillar irregularidades en la compra, acaparamiento o concentración de tierras y pasar por encima de obligaciones fiscales y de límites al acaparamiento, han acudido, también, a las fiducias mercantiles, a la conformación de encargos fiduciarios que escapan al control legal al crearse patrimonios autónomos. De estos casos, esta plagada la historia de concentración de tierras en la Orinoquia colombiana y el acaparamiento macrofundista en el Caribe y en los valles interandinos; mejor dicho, en toda la geografía que recorrieron en su momento los narcotraficantes comprando a la brava más de cuatro millones de hectáreas, o los paramilitares y parapolíticos que se apoderaron de otros millones a punta de pistola (Indepaz y Somo, 2019).
No es extraño, entonces, que en 2017 y 2018 se hayan hundido los proyectos de ley de implementación del Acuerdo final en lo relacionado con el catastro. Tampoco, que en estos años, el logro se limite al inicio de un piloto en el municipio de Ovejas (Sucre), que ha culminado con la elaboración de un Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad y un ensayo de formación catastral en uno de los 11 municipios escogidos como base desde hace tres años (PGN, 2019)4. Como símbolo de los malos presagios, el piloto se suspendió en 2019 por razones de orden público y seguridad en 10 de los municipios base. Quedó, únicamente, en pie en Ovejas (Kroc, 2020).
Se ha dicho que con la terminación del piloto en esos municipios se tendrán las rutas para llegar en esta década a 15.469.010 predios registrados en el censo agropecuario. Esto significaría, entre otras, multiplicar por tres el recaudo por impuesto predial en 1.122 municipios. Como quien dice: todo un reto pos-pandemia y pos-recuperación de la actual crisis económica y fiscal.
En los informes de seguimiento, el Instituto Kroc y Cinep/Cerac advierten que no han logrado tener información de entrega efectiva de tierras a los campesinos pobres por cuenta del Fondo de Tierras conformado en concordancia con el Acuerdo final de 2016. Al mismo tiempo, el Instituto Kroc anota como un avance que a ese fondo se hayan incorporado varios centenares de miles de hectáreas.
El Punto 1 también contempla la distribución de tierras por parte de la [Agencia Nacional de Tierras] ANT para quienes no tienen o tienen insuficiente. A pesar de que esta agencia no ha recibido presupuesto adicional, durante el periodo de estudio, cerca de 700.000 hectáreas fueron ingresadas al Fondo de Tierras, para un total de casi 925.000 hectáreas. Esto representa alrededor del 31 % de las 3.000.000 de hectáreas contempladas en el Acuerdo para ser distribuidas. A la fecha de corte de este informe, el Instituto Kroc no tiene información sobre adjudicaciones de tierras provenientes del Fondo (Iniciativa Barómetro y otros, 2020).
Sobre la verdadera cifra de ingreso de tierras al Fondo, su procedencia y disponibilidad, solo hay oscuridad. Los que se ubican en el sur de Bolívar y nororiente de Antioquia suman el 45 % del total ingresado y los de Meta y Vichada, el 15 % (Naranjo, Machuca y Valencia, 2020).
A veces, se recuerda que el objetivo del Acuerdo final es adjudicar 3 millones de hectáreas entre 2017 y 2028, lo que significa la entrega material y jurídica de 1 millón de hectáreas en este gobierno o cerca de 250 mil hectáreas por año. Hasta mediados de 2019, eran insignificantes los avances en la realización del acceso progresivo a la propiedad de comunidades campesinas, indígenas y negras, afrodescendientes, palenqueras y raizales (NAPR) y del Pueblo Rom: hasta agosto, se habían adjudicado 3.875 hectáreas y de ellas, el 52 % lo recibieron comunidades indígenas, el 35 %, comunidades campesinas y el 13 % comunidades negras (Indepaz, 2019). Además, ninguno de los territorios titulados a comunidades étnicas hace parte de los priorizados por la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos para el Seguimiento de la Implementación del Acuerdo Final.
En formalización, hay diversas cifras, pero sirve de referencia la dada por la ANT: desde el inicio de la implementación del Acuerdo final, hasta febrero de 2020, se han formalizado 10.554 hectáreas (de una meta 7 millones de hectáreas), lo que representa aproximadamente 3.332,8 hectáreas al año. Teniendo en cuenta la meta del Acuerdo final, y esta fuente, el Estado está formalizando el 0,47 % de lo que debería estar haciendo al año (Representantes y senadores, 2020).
En la misma línea de oscuridad en lugar de transparencia, aún no se tiene un informe sobre las gestiones que en 2019 se comprometieron con la entrega de subsidios para la adquisición de 240 predios y para resolver 900 viejas solicitudes de adjudicación de baldíos (Cinep, 2020).
El Decreto Ley 902 de 2017 trazó la ruta para la puesta en marcha del Fondo de Tierras y del acceso por parte de campesinos pobres. Esta es la hora que no avanza el montaje de los prerrequisitos para que se pase de normas y planes, a entregas efectivas; poco puede hacerse si no hay adelantos en los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad, de la ANT.
Las palabras clave para entender cómo va el asunto del acceso a tierras nuevas por parte del campesinado y de comunidades étnicas son ingreso al Fondo de Tierras y adjudicación de hectáreas y predios. La primera: ingreso al Fondo de Tierras, puede ser traslado de lista de predios que han estado en otros fondos, al que ahora se conforma como parte de la implementación del Acuerdo; también, ingreso de predios nuevos procedentes de algunas de las fuentes definidas en la ley. Estas fuentes son tierras producto de extinción de dominio, baldíos de la nación producto de sustracción legal de Zonas de Reserva Forestal, predios en extinción de dominio y expropiaciones con indemnización por razones de utilidad pública.
Según informe de la PGN, la mayor parte de las hectáreas que han pasado al nuevo Fondo de Tierras es traslado de predios registrados antes de 2017 en el Fondo Nacional Agrario y, de la superficie ingresada, no es posible conocer si efectivamente ingresó jurídica y materialmente al Fondo. Es probable que la mayoría de esos predios rurales esté inmovilizada para adjudicaciones por diversos litigios de propiedad y, por lo tanto, no cumple con las condiciones para la entrega material a los campesinos y a comunidades étnicas. En otros casos, se trata de baldíos indebidamente ocupados (PGN, 2019).
La suerte de las ZRC, ni siquiera, se ha echado en la baraja de la política de formalización de tierras del actual gobierno. Después de haberse aprobado esta figura de ordenamiento territorial y ambiental en la Ley 160 de 1994, se formalizaron siete de ellas entre 1995 y 2000 y, desde entonces, no han tenido ninguna respuesta positiva en las altas esferas de los gobiernos las 19 solicitudes en trámite y otras 15 en proceso planeación. Tan solo la ZRC en Montes de María logró la luz en 2018. Esta venía en proceso desde hacía diez años5. La ubicada en Catatumbo sigue en aclaración de polígonos con el pueblo Barí, que rechaza cualquier traslape, y la ZRC de Santa Rosa-Cauca se encuentra en cuidados intensivos por conflictos interétnicos.
La suerte de las Zonas de Reserva Campesina, ni siquiera, se ha echado en la baraja de la política
de formalización de tierras del actual gobierno.
Desde hace dos décadas, las ZRC han merecido la oposición de los promotores de la antirreforma agraria en Colombia. Voceros muy caracterizados de la ultraderecha las señalaron como intentos de “repúblicas independientes” al servicio de las Farc-EP. Después de la firma del Acuerdo final, esos mismos voceros siguen estigmatizando a los campesinos de esas zonas y negándose a reconocer que son instrumentos amparados por la ley y que pueden desempeñar un papel positivo en el cierre de la frontera agrícola, en la protección de ecosistemas y, lo que es no menos importante, como figuras de ordenamiento territorial que sirven para la incorporación de poblaciones a la construcción de paz y de Estado Social de Derecho.
El Centro de Pensamiento y Diálogo Político (Cepdipo) destaca que desconocer la economía campesina, familiar y comunitaria es uno de los problemas centrales de las políticas posacuerdo; en especial, de las adoptadas en la administración de Iván Duque. Muestra la falta de integralidad y muchas falencias que desvirtúan los contenidos del Acuerdo final (Naranjo, Machuca y Valencia, 2020). También, que las asignaciones presupuestales están muy lejos de ser los recursos necesarios para dar respuesta a los compromisos de implementación del Acuerdo final, tal como lo ilustra la reducción del presupuesto en las entidades fundamentales, según el Informe de actualización ¿En qué va la paz (Representantes y senadores, 2020. Véase también CPEC, 2020).
En otros términos, aquí decimos que la Reforma Rural Integral se ha estrellado con la antirrefoma agraria, verdadera guía de las transformaciones institucionales que se empeñan en imponer el “régimen” y los fanáticos y moderados promotores del desarrollo desde macroproyectos y de la apertura neoliberal.
En las apuestas del gobierno Duque, además del catastro multipropósito que tiene su lugar en los discursos, los PDET son el subpunto de la Reforma Rural Integral que tiene mayor acogida. Desde la administración anterior, se promovió un amplio proceso participativo y el actual gobierno le dio continuidad, a su manera, completando la formulación de los Planes Acción para la Transformación Regional (PATR) que toman el ejercicio de 170 municipios y priorizan inversiones de mayor alcance, integradas en 16 regiones. Es altamente probable que el gobierno del Centro Democrático intente dar un impulso a los PDET y a los PATR; que, en esa perspectiva, los una a la estrategia de consolidación territorial y los reoriente como una pieza en la política de seguridad y defensa al lado de las Zonas Futuro y demás modalidades de las Zonas Especiales de Intervención Integral.
Hace 30 años funcionó el Plan Nacional de Rehabilitación, que tuvo gran impulso durante la administración Barco y continuó unos años en la década del noventa. Llegó a más de 300 municipios con ejercicios de planeación, comités locales y alcanzó a promover más de 25.000 proyectos, en su mayoría, de vías terciarias, electrificación rural y salud. En esos municipios, que incluyen buena parte de los que ahora se priorizan para PDET y como Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac), la inversión pública aumentó en 16 % en una década, para que la presencia del Estado enfrentara las condiciones de pobreza y confrontará la influencia de la subversión, el narcotráfico y la ilegalidad. En esta historia de programas territoriales no han faltado iniciativas, aunque discontinuas. Cada vez están menos orientadas a la gente local y más articuladas con estrategias militares y de control territorial, en función del otro desarrollo, el de los macroproyectos, con la avalancha de inversionistas legales e ilegales en las nuevas fronteras de recolonización. Lo que hace diferentes a los PDET que se incluyen en el Acuerdo final de 2016, además de su origen, es que pretenden ser una pieza de un engranaje mayor y que solo tienen sentido como parte de la llamada Reforma Rural Integral, con todo el andamiaje de planes y su cuota de fortalecimiento de las economías campesinas, familiares, comunitarias y étnicas.
El gobierno de Duque recibió un proceso de planeación participativo sin precedentes que vinculó a más de 220.000 voceros de comunidades veredales de los 170 municipios seleccionados como prioridad de la inversión en zonas de alta conflictividad y disputas violentas. Recibió también una larga lista de 32.000 proyectos locales que recogen las expectativas de comunidades sometidas a la violencia y a la pobreza. De 9 planes regionales estructurados como el segundo piso en la pirámide de ilusiones, la actual administración pasó a completar la redacción de otros 5 para completar la primera etapa de la planeación.
Para pasar de la planeación a la ejecución, el gobierno ha tomado algunas medidas importantes que dan señales de la redefinición que piensa dar a esos planes territoriales. Por un lado, ha dicho que los proyectos o iniciativas son de realización gradual recordando el horizonte incluido en el Acuerdo final, de tres administraciones. Así que, para iniciar, promovió que los concejos municipales y las asambleas departamentales acogieran los PDET como referencia de la elaboración de los planes propios y de los presupuestos territoriales que se alimentan con las transferencias, participación en regalías y otras fuentes ordinarias de ingresos.
Son muy escasos los recursos previstos en el Plan Nacional de Desarrollo para esos planes municipales y para los 16 planes regionales, que requieren 90 billones de pesos en 12 años. Además, al ritmo de lo asignado al sector agrícola en los presupuestos de la administración Duque, los PDET y los PATR podrán tener impulso solamente en las zonas que coincidan con las Zonas Futuro, que se llaman otra vez piloto, como las de El Catatumbo o Bajo Cauca, y adonde señalen los intereses de grandes inversionistas dispuestos a poner “obras por impuestos” para apostarle a la megaminería o a la agroindustria.
Con lo asignado al sector agrícola en los presupuestos, los PDET y los PATR podrán tener impulso solamente en las zonas que coincidan con las zonas llamadas piloto.
El esfuerzo nacional parece concentrarse en los PATR. Con la llamada Hoja de Ruta, pretenden integrarse en cada territorio con los diversos planes de intervención enunciados: Zonas Futuro, Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), Zomac y otros más. La coordinación y articulación de planes en los territorios es un buen propósito, pero, a la hora de la ejecución, los objetivos de seguridad nacional desplazan los de incorporación y fortalecimiento de las economías y comunidades locales. Sobre estas coordinaciones de la acción interinstitucional para la consolidación territorial, se tiene la experiencia de los planes de consolidación impulsados por el Plan Colombia apoyado por Estados Unidos, que se quedaron en experiencias piloto enfocadas en control militar, erradicación forzada y vías estratégicas de penetración de la fuerza pública o de grandes proyectos extractivistas.
La Reforma Rural Integral es víctima de la antirreforma agraria, sobre todo, porque para las estrategias de desarrollo rural, convertidas en dogma para estos tiempos de globalización, lo importante es transformar aceleradamente la ruralidad sobre la base de macroproyectos agroindustriales, mineros energéticos y de infraestructura que reclaman gran concentración de tierras y grandes palancas desde el Estado.
En el Acuerdo final, se pretendió una cohabitación de la pequeña y mediana producción –campesina, familiar y comunitaria– con la gran producción y la nueva ruralidad; para ello, se incluyeron instrumentos como la entrega de 3 millones de hectáreas al campesinado, la autorización de ZRC y el fortalecimiento de la propiedad colectiva étnica y de las zonas ambientales protegidas de propiedad de la nación. Pero, los ideólogos del “verdadero desarrollo” traducen esas formulaciones como subordinación de la pequeña producción a lo que sea funcional al reordenamiento de la ruralidad según el acaparamiento de recursos y tierras por parte de los grandes inversionistas y de los acaparadores de tierras en ese largo recorrido de violencia y conquista de nuevas fronteras para el extractivismo.
El choque entre latifundio y minifundio, entre acaparamiento violento de tierras y territorialidad campesina, marcó los conflictos rurales y la política entera hasta los años ochenta del siglo XX; esas conflictividades se cruzaron con el acaparamiento de tierras para lavado de activos y beneficios rentísticos. En el siglo XXI, ese choque ha quedado subsumido en otro mayor: entre la concentración de tierras y recursos por grupos económicos y financieros nacionales e internacionales y las economías campesinas, comunitarias y étnicas con su territorialidad. Y atraviesa las propuestas de reforma hechas, incluso, a nombre de los acuerdos de paz, y otras más que van en la misma dirección de quitar obstáculos al modelo de concentración de propiedad y uso: aquí cabe la eliminación de la Unidad Agrícola Familiar como límite en la adjudicación de baldíos y acaparamiento de predios con ese origen, los obstáculos a los trámites de tierras para ampliación de resguardos o para atender a las 37 y más solicitudes de reconocimiento territorial a Consejos Comunitarios, la adjudicación de tierra a los campesinos y trabajadores rurales que se han comprometido en planes de sustitución de cultivos de coca, la negativa al trámite de ZRC y de otras figuras protectoras de economías y comunidades campesinas, etc, etc.
En el Decreto Ley 902 de 2017, metieron el mico que autoriza a la ANT a titular la posesión y sanear la falsa tradición a los ocupantes de predios privados en los casos en que no se presenten opositores (Salinas y otros, 2019); ese decreto eliminó la ocupación previa (por mínimo cinco años) como requisito para acceder a la adjudicación de baldíos (artículo 69) en menoscabo del derecho preferente de sujetos de reforma agraria que tenían la expectativa de ser adjudicatarios de baldíos.
Como ha dicho José Felix Lafaurie: están en la encrucijada entre cumplir con el Acuerdo final o cumplir los compromisos con “los nuevos concentradores de tierras que se movieron entre lo indebido y lo ilegal” (Indepaz y SOMO, 2019, p. 126). Lafaurie lo dijo para criticar al gobierno Santos pero su encrucijada le cabe a todos los que han sido en las últimas décadas y al gobierno actual. De todo se da en la viña del Señor.
Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep, y Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Cerac. (2019) Sexto Informe de Verificación. Consultado en https://cinep.org.co/Home2/component/k2/704-sexto-informe-de-verificacion-de-la-implementacion-del-acuerdo-final-de-paz-en-colombia-para-los-verificadores-internacionales.html
Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, CPEC. (2020, mayo). Stabilization in PDET Municipalities – Report. Consultado en http://www.portalparalapaz.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=342.
Departamento Nacional de Planeación. DNP. (2018, 26 de noviembre). Documento Conpes 3951. Concepto favorable a la Nación para contratar operaciones de crédito externo con la banca multilateral hasta por USD150 millones, o su equivalente en Otras monedas, destinados a financiar parcialmente el programa para la adopción e implementación de un catastro multipropósito rural —urbano. Consultado en https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3951.pdf
Gobierno de Colombia. (s. f.). Hoja de ruta. Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET. Consultado en https://www.renovacionterritorio.gov.co/especiales/hoja-ruta-pdet/#INICIO https://www.renovacionterritorio.gov.co/especiales/hoja-ruta-pdet/#INICIO
González, Camilo. (2014, febrero). La verdad en el abandono forzado y acaparamiento de tierras en Colombia. Punto de Encuentro No. 64. Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz. Consultado en http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2018/08/Punto-de-Encuentro-64-Tierras-en-la-agenda-2014.pdf
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, y Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen, SOMO. (2019, mayo). ¿Amnistía a la “concentración productiva” del siglo XXI en la Orinoquía? El caso Bioenergy. Consultado en. https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/documents/16.0919-Bioenergy-en-Colombia_DEF.pdf
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC. (06/10/2019, última actualización). Catastro Multipropósito. Consultado en https://www.igac.gov.co/es/contenido/areas-estrategicas/catastro/catastro-multiproposito#:~:text=El%20Catastro%20Multiprop%C3%B3sito%20es%20unen%20predios%20formales%20e%20informales.
Iniciativa Barómetro, Matriz de Acuerdos de Paz, Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz. (2020). Tres años después de la firma del Acuerdo Final de Colombia: hacia la transformación territorial. (Informe 4, Universidad de Notre Dame y Bogotá, Colombia, 2020).Consultado en http://peaceaccords.nd.edu/wp-content/uploads/2020/06/Cuarto-Informe-Final-with-Annex-Link.pdf
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Representantes a la Cámara y senadores. (2020). ¿En qué va la paz. Las cifras de la implementación. Informe 03. Actualización a 31 de diciembre de 2019. Consultado en https://www.justiciaypazcolombia.com/en-que-va-la-paz-las-cifras-de-la-implementacion/#_ftn1
1. El Acuerdo final se firmó entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-EP) el 24 de noviembre de 2020. La Reforma Rural Integral es el primer punto del Acuerdo.
2. El Catastro Multipropósito es un sistema de información que registra datos actualizados de la tierra, basado en predios formales e informales. La información obtenida contiene especificaciones sobre derechos, responsabilidades, restricciones, descripciones geométricas, valores y otros datos; y registra intereses sobre los predios, en términos de ocupación, valor, uso y urbanización (véase IGAC, 2019).
3. Véanse los artículos que van del 79 al 82, de la Ley 1995 de 2019 que adoptó el PND 2018-2022. También, Salinas (2019).
4. Por ejemplo, el municipio de Ovejas (Sucre) ha servido como piloto para llevar a cabo un ordenamiento de la propiedad mientras se actualiza la información catastral del municipio. Como resultado de la formalización de predios privados y del mejoramiento de esta información, la PGN ha reportado que el recaudo del impuesto predial en Ovejas “pasó de (…) 57.450.000 en 2017 a 155.300.000 en 2018”, cerca de tres veces más en un año (Iniciativa Barómetro y otros, 2020).
5. Se encuentra ubicada en los municipios de El Guamo, Córdoba, Zambrano y San Juan de Nepomuceno. Véase ANT 058 de 2018.
