Agencia de prensa-Instituto Popular de Capacitación, IPC.
Aunque le duela al Gobierno, los cultivos se han convertido en el Ministerio de Salud y de Educación, se han convertido en el supermercado que nos abastece, en el centro de salud y en la única posibilidad que tenemos de mandar a nuestros hijos a la universidad”, dice Olga Quintero para ejemplificar la importancia que tiene la hoja de coca en la región del Catatumbo.
Olga es habitante del municipio de Teorama, en Norte de Santander, y hace parte de la comisión política de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), organización social que lleva 16 años luchando por los derechos de los campesinos de la región y a la que, actualmente, están afiliados cerca de cinco mil campesinos que luchan por la defensa del territorio y la protección de sus derechos.
Los paros y las marchas cocaleras han marcado la historia de esta región. En los recuerdos de Olga están presentes los plantones cocaleros de 1996 y 1998, pioneros en la lucha campesina y que dieron paso a la formación de Ascamcat. Recuerda también los paros que hubo entre 2009 y 2013, con los que se crearon mesas de diálogo y concertación para exigirle al Gobierno una sustitución real y efectiva de cultivos, unas garantías de comercialización de otros productos como la papa, el plátano o el maíz y la titulación y el acceso a tierras. Pero, no llegaron a ningún acuerdo.
Cuenta Olga que la lucha histórica en Ascamcat se ha enfocado en la sustitución de cultivos de uso ilícito y en una oposición radical a la erradicación forzada. Dice que hay una deuda histórica con la sustitución, pues es una lucha que viene desde 1996 y que la comunidad de la región esperaba encontrar una salida a sus problemas de economía y subsistencia con la firma del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (en adelante, Acuerdo final), mediante el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Asimismo, señala:
Fueron aproximadamente tres mil familias las que firmaron acuerdos colectivos de sustitución en Tibú y Sardinata. El resto de municipios se quedó con los crespos hechos, porque el Gobierno no quiso llegar. Empezó a decir que ya no había plata y a desnaturalizar el acuerdo; desnaturalizar, porque a las familias que firmaron el PNIS fueron a las que mandaron a erradicar.
Para los campesinos del Catatumbo, la firma del Acuerdo final el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá representaba la esperanza de una nueva forma de vida. Con los puntos 1, 3 y 4, enfocados en la reforma rural integral, el fin del conflicto y la solución al problema de las drogas ilícitas, la región iniciaría una ruta hacia la construcción de paz.
“Hubo un año y medio de tranquilidad en el Catatumbo desde la firma del Acuerdo. El ambiente de paz se notaba, no había esa confrontación, la cosa estaba muy tranquila y la gente dispuesta a la paz, pero en 2018, se complejiza la situación”, dice Olga. Y se complejiza, porque al territorio llegaron los “pitufos”, como los campesinos llaman a los erradicadores de coca.
Para los campesinos del Catatumbo, la firma del Acuerdo final representaba la esperanza de una nueva forma de vida, la región iniciaría una ruta hacia la construcción de paz.
Según Jhunior Maldonado, habitante de Tibú y también integrante de Ascamcat, los operativos de erradicación forzada en el Catatumbo los ha hecho la Policía Antinarcóticos en compañía del Ejército Nacional, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y operadores externos que ayudan en la labor.
Pero, los habitantes del Catatumbo no se han quedado de brazos cruzados. Para detener esta situación, han creado los asentamientos campesinos, figura que, como explica Jhunior, pretende que el campesinado y habitantes de la región se establezcan en los lugares donde están los erradicadores y no permitan que se lleve a cabo la actividad: “se busca, primero, la interlocución; hacer entender a la tropa que hay zonas que están en sustitución. Pero, a veces, hay militares muy complicados y se da todo el tema de las confrontaciones”.
Según el informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés), en Norte de Santander, se registró un aumento en el cultivo de coca de 24,1 % en los territorios con esa siembra durante 2019, con respecto a 2018. La región del Catatumbo se situó como lugar del país con más siembra, seguido por el municipio de Tumaco y la región del Naya en el Cauca y Valle del Cauca.
A pesar de que el país entró en cuarentena nacional el 24 de marzo de 2020, los procesos de erradicación forzada manual no se detuvieron. Por el contrario, se reforzaron y llegaron a zonas en donde había acuerdos de sustitución, como en Sardinata. Allí, la erradicación comenzó a principios de marzo y, luego de enfrentamientos entre la comunidad y los erradicadores, el 26 de marzo fue asesinado el joven Alejandro Carvajal Carvajal por una bala que, según los integrantes de Ascamcat, provenía de los militares del batallón de operaciones terrestres Nº 9. A la muerte de Alejandro, se sumaron las de Digno Emérito Buendía Martínez y de Jimmy Alberto González, el 18 de mayo. Cuenta Jhunior que,
Esto generó una movilización de las comunidades en medio de la covid-19 y le hemos dicho al Gobierno nacional que nos parece irrisorio el hecho de que, con la llegada de tropas durante la pandemia se pueden profundizar más las situaciones, pues pueden contaminar a las comunidades campesinas y pueden generarles riesgo.
La población se siente indignada. Aún no entiende cómo, luego de haberse suscrito al PNIS, es víctima de las actividades de erradicación. “Hay un abandono histórico del Estado a estos territorios, la coca se ha vuelto el sostenimiento de las comunidades y de familias que les toca sobrevivir bajo el cultivo”, dice Jhunior y agrega que a las familias les ha tocado volver al cultivo porque no se les ha cumplido con el programa de sustitución.
Según el cuarto informe del Instituto Kroc, que hace un balance de la implementación del Acuerdo final entre diciembre de 2018 y noviembre de 2019, solo 6 % del PNIS se encuentra completo, mientras que el 37 % tiene un mínimo nivel de ejecución. Además, desde finales de 2018, los líderes y las lideresas del programa afirmaron que se presentan retrasos en los pagos y en la prestación de servicios técnicos.
En las cuentas de Olga, en lo corrido de 2020, van seis personas asesinadas en Colombia por enfrentamientos contra la erradicación: una en Antioquia, dos en el Catatumbo, un niño en Putumayo, un campesino en el Guaviare y un indígena en Nariño. Según ella, la zozobra y angustia se instalaron nuevamente en el territorio. El 18 de julio, hubo una masacre en Tibú que dejó seis personas asesinadas y, afirma la líder de Ascamcat, a la fecha, hay 835 personas desplazadas de sus territorios. “El Gobierno está incumpliendo la palabra”, es la frase que repiten Olga y Jhunior y que representa el sentir la comunidad del Catatumbo.
Instituto Kroc. (2020). Cuarto Informe. Tres años después de la firma del Acuerdo final de Colombia: hacia la transformación territorial. Consultado en http://hacemosmemoria.org/wp-content/uploads/2020/06/Instituto-Kroc-Cuarto-Informe-Final-resumen-ejecutivo-kf-615.pdf
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Unodc; Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, Simci. (2020). Informe de monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos en Colombia (2019). Consultado en https://www.unodc.org/colombia/es/informe-de-monitoreo-de-territorios-afectados-por-cultivos-ilicitos-en-colombia-2019.html
