En el año 2010 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe le propuso a los Estados de la región impulsar un modelo de desarrollo sostenible que pusiera en su centro “el valor de la igualdad con enfoque de derechos: ‘Igualar para crecer y crecer para igualar’ es la máxima que marca el espíritu de dicha propuesta”. (Cepal, 2015: 23). Y un año después, consideró que para materializarla era indispensable “rediseñar los equilibrios entre el Estado, el mercado y la sociedad para construir pactos en que concurran aquellos actores que garanticen acuerdos políticos de largo alcance”. (Ibid, 22).
En mayo de 2019, el presidente Iván Duque sostuvo que el plan de desarrollo se había diseñado a fin de unir el país. Su nombre, Pacto por Colombia, pacto por la equidad, parecía evocar los pactos sociales por la igualdad, la sostenibilidad y el cambio estructural propuestos por el organismo regional de Naciones Unidas. “Cuando nosotros hablamos de un pacto, es un pacto entre todos los colombianos”, dijo el presidente; y añadió: “Los pactos no se hacen solamente entre el Gobierno o entre el sector privado o entre la dirigencia social y comunitaria. Los pactos los construimos todos”. (Presidencia, 2019).
Su alusión a la inclusividad fue retórica porque, como se advirtió en su momento, los pactos previstos en ese plan de desarrollo, entre otras cosas, contrariaban el Estado social de derecho e implicaban una regresión en materia de derechos. Se señaló, en particular, que “la propuesta de un gran pacto por la reconciliación en el país es excluyente, por decir lo menos, pues sobrepone los intereses de las élites empresariales y políticas a los de amplios sectores de la ciudadanía que claman por ser tenidos en cuenta en el diseño de las políticas públicas y en su ejecución” (Plataformas, 2019: 12).
El pasado 2 marzo, en las postrimerías de su gobierno, el presidente Duque ya no mostró interés en reivindicar para sí la idea de un pacto construido por todos, sino que dio por cumplida la promesa que le había hecho a algunos empresarios: “Durante la larga campaña presidencial […] les decía yo que, de ser elegido presidente, tendríamos el Gobierno más pro-empresa que haya conocido Colombia”. (Presidencia, 2022). Y después de referirse a cinco medidas tributarias que favorecieron al sector financiero y a las grandes empresas, puntualizó:
Nunca, nunca en la historia de Colombia, en un momento de riesgo empresarial, había llegado el Estado colombiano con el sector financiero, con el apoyo de la banca central, proveyendo liquidez, pero nunca había salido el Estado colombiano a decir: por cada cien pesos que pida prestado una empresa, vamos a garantizar noventa pesos. […] Una intervención de esa naturaleza nunca se había visto en nuestro país (Ibid).
El balance presidencial es más que elocuente. En medio de una desconcertante y arrasadora pandemia y de grandes niveles de descontento social —que en noviembre de 2019 le abrieron paso al estallido social de 2021—, el Gobierno prefirió “proteger el tejido empresarial” a lograr que el sistema de protección social y políticas sociales incluyera el conjunto del tejido social colombiano, arguyendo que “defender la empresa es defender la democracia”. (Presidencia, 2022).
No cabe duda de que la apuesta gubernamental fue consolidar un Estado corporativo. Y el resultado de esta no podía ser otro que un país más dividido, polarizado y empobrecido, en el cual se amplió la brecha entre ricos y pobres y se profundizó la discriminación, dejando al desnudo el sistema de salud, y un país menos educado y ambientalmente insostenible a pesar de su riqueza natural y su biodiversidad.
Pobreza y desigualdad: la raíz de las violaciones de los Desca
La erradicación de la pobreza absoluta está al alcance de un país de rentas medianas como Colombia y supondría una enorme mejora para el bienestar del país (Ocde, 2022: 84).
América Latina mostró una gran vulnerabilidad durante la crisis sanitaria, económica y social que generó la pandemia de la covid-19. Sin embargo, esta no tuvo los mismos efectos en todos los países. En Perú y Colombia, según la Cepal (2022), convergieron los peores indicadores de 2020 sobre caída del empleo, desigualdad y pobreza de la región; y en el caso colombiano el empleo se redujo en un 11 %, y el ingreso medio por persona en el 13,4 %; y aumentaron el coeficiente de Gini (4,3 %),, la pobreza (8,1%) y la pobreza extrema (6,4 %).
Un rasgo distintivo de Colombia es la desigualdad, cuyas dimensiones generales se pueden calcular mediante el coeficiente de Gini. Entre 2018 y 2021, la distribución desigual del ingreso pasó de 0.517 a 0.523, es decir, se incrementó en 1,16 % (Dane, 2022c). El país continúa, entonces, siendo uno de los dos países más desiguales de la región, y el tercero más desigual de la Ocde. Esta situación estructural hizo que, durante los dos últimos años, la pérdida de ingresos fuera tres veces mayor en los hogares pobres que en los de mayores ingresos; que los trabajadores informales perdieran casi el doble de los empleos que los formales; que, en el año 2020 la participación de las mujeres en el empleo tuviera una caída sin precedentes (Ocde, 2022); y que la tasa de desempleo de los jóvenes haya aumentado inusitadamente.
Asimismo, durante ese cuatrienio aumentó el número de personas en situación de pobreza, en contravía de las metas del plan de desarrollo. Así lo señalan tanto el indicador de pobreza monetaria como la percepción de mujeres y hombres que ejercen como jefes de hogar (Encuesta de Calidad de Vida, de 2021), según la cual el 46,7% de los hogares sería pobre, y el 41,7 % de ellos no tendría los ingresos familiares para cubrir sus gastos mínimos. (Dane, 2022a).
Los índices de pobreza monetaria señalan que la sociedad colombiana se empobreció de manera aguda o severa, pues en el total de la población clasificada como pobre, según el monto de sus ingresos, el incremento del número de personas en situación de pobreza extrema o miseria fue del 54,32 % (véase tabla 1). De otra parte, los ingresos mensuales del 31 % de la población del país superan la línea de pobreza, pero la hacen vulnerable al empobrecimiento (Dane, 2022c).
2’813.187 personas más en situación de pobreza monetaria. El número de personas en situación de pobreza monetaria pasó de 16’808.143 a 19’621.330. El primero representó el 34,7 % del total de la población en Colombia, y el segundo, el 39,3 %. Esa fue la proporción de personas cuyos ingresos eran insuficientes para adquirir cada mes una canasta mínima de bienes alimentarios y no alimentarios. En 2021, incluyó a quienes tenían vivir con menos de $ 11.801 pesos diarios, que fueron, por ejemplo, los ingresos máximos de la mitad o más de la población de cuatro de las 23 ciudades principales del país, y de ocho departamentos. (Ibid).
2’150.881 personas más en situación de miseria. El número de personas en situación de pobreza monetaria extrema pasó de 3’960.000 a 6’110.881. El primero representó el 8,2 % del total de la población en Colombia, y el segundo, el 12,2 %. Esa fue la proporción de personas cuyos ingresos eran insuficientes para adquirir cada mes una canasta de alimentos. En 2021, incluyó a quienes tenían que vivir con menos de $ 5.397 pesos diarios, que fueron, por ejemplo, los ingresos máximos del 20 % o más de la población de dos ciudades, y seis departamentos. (Ibid).
La población vulnerable al empobrecimiento se mantiene alrededor de los quince millones. El número de personas en situación de vulnerabilidad pasó de 15’841.459 a 15’503.000. El primero representó el 32,7 % del total de la población en Colombia, y el segundo, el 31 %. En 2021, incluyó a quienes tenían ingresos mensuales que oscilaron entre $ 354.032 y $ 690.524 pesos (Dane, 2022c).
El Gobierno incumplió las metas del plan de desarrollo. La administración de Iván Duque se propuso sacar de la pobreza monetaria a 2.9 millones de personas, y de la pobreza monetaria extrema, a 1.5 millones, entre 2018 y 2022 (DNP, 2019: 420). Alcanzar estas metas exigía reformas económicas y adoptar nuevas políticas sociales, porque las cifras señalaban que la disminución sostenida de la pobreza se había estancado. La primera señal de alarma fue en 2019, cuando el indicador de pobreza monetaria aumentó un punto porcentual (véase tabla 1). Aunque en 2021 se revirtió parte de lo ocurrido en 2020, hoy la magnitud de la pobreza monetaria es comparable a la de 2002, y la de la pobreza extrema a la que se registró en 2008.
Presente y futuro inmediato preocupantes. La adquisición de alimentos y servicios mínimos depende de sus precios. Uno de los principales impactos económicos de la invasión de Rusia a Ucrania ha sido el aumento inédito de la inflación en el mundo entero. En abril de 2022, el país registró el índice de inflación más alto en los últimos veintiún años: respecto a abril de 2021, aumentó el 9,23 %, y castigó con más dureza a los hogares pobres (11,26 %) y vulnerables (11,07 %) que a los de clase media y altos ingresos (Dane, 2022d: 6, 9). Los alimentos y bebidas fueron el rubro de mayor alza (26,17 %), en buena medida porque las importaciones de aquellos continúan creciendo, y el precio del dólar se mantiene muy alto. En este contexto –que, según las estimaciones, persistirá al menos durante dos años (Banco Mundial, 2022)–, es previsible un mayor empobrecimiento.
La crisis que desnudó la pandemia de Covid-19. Hasta mayo de 2022, el total de decesos por Covid-19 en el mundo estaba sobrerrepresentado en Colombia: la tasa de mortalidad por mil habitantes era 2.72, la quinta más alta de América Latina y el Caribe. Este indicador condensa la crisis que desnudó y agravó la pandemia, que comprende viejos problemas sociales, respecto a los cuales las “protestas sociales de 2021 han demostrado que los colombianos aspiran a conseguir mejores oportunidades económicas” (Ocde, 2022: 19).
El trabajo informal como principal fuente de ingresos. Aunque ya se sabía que casi dos tercios de la población trabajadora obtiene ingresos bajos e inestables de actividades informales, la imposibilidad de ejercerlas durante el confinamiento lo hicieron más evidente; y también quedó al descubierto que esas mayorías no cuentan con garantías de protección social. En los últimos meses, esas ocupaciones están impulsando de nuevo la recuperación del empleo. Es una buena noticia inmediata, sobre todo para pobres y vulnerables, pero a mediano plazo se corre el riesgo de “generar un aumento permanente de la informalidad, que ampliaría las brechas de ingreso y la calidad del empleo”. (Ocde, 2022: 91).
Estructura desigual del empleo: trabajo indecente. La reducción sostenible de la pobreza exige una reforma profunda de la estructura del empleo, asociada al impulso de la productividad, que garantice el derecho al trabajo decente. Hasta ahora se ha pretendido limitar el peso de la informalidad en el empleo mediante iniciativas de formalización laboral. Esta administración se propuso aumentar la tasa de esta en 4.4 puntos porcentuales. En su momento se señaló que era muy improbable alcanzarla, y que el desempleo y el trabajo informal seguirían creciendo, mientras los pilares de la economía sean los sectores financiero y minero-energético, que crean muy poco empleo (2 %), y este siga concentrado en actividades de comercio y servicios (Díaz, 2019).
Colombia ahogada por el hambre. El derecho humano a una alimentación y nutrición adecuadas (Dhana) no se realiza para veinticuatro millones de personas que hoy sufren hambre cotidianamente, lo cual significa que el 54.2% de los hogares no tienen ingresos que les alcancen para acceder a alimentos suficientes, y padecen inseguridad alimentaria.
Esta situación es peor debido al abandono de la responsabilidad estatal que ha dejado en manos del mercado, la caridad y los bancos de alimentos la protección de la población, especialmente la más vulnerable, respecto del hambre. Abandono que se muestra de manera cruda cuando se ve que el 10.5% de los niños y niñas menores de cinco años están desnutridos, o el 7.4% de la niñez y la juventud entre cinco y diecisiete años no tienen la estatura o la masa muscular adecuada para su edad, según la Fian.
Lo anterior es consecuencia del mencionado abandono, pero también de la corrupción sistémica dentro del Programa de Alimentación Escolar, PAE, patrocinada por el gobierno en todos los niveles desde 2018. Todos los días la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación –Fecode– publica en sus redes reportes e imágenes enviados por docentes de decenas de municipios y centenares de instituciones educativas, que muestran la mala calidad, la ínfima cantidad o la interrupción de los contratos de suministro por días y semanas.
La mala alimentación que padecen los más pobres también se manifiesta en el aumento del número de personas que sufre obesidad (24.4% de niños y niñas menores de doce años, 17.9% de los y las jóvenes entre trece y diecisiete años, y el 52% de la población adulta), el cual no es consecuencia del consumo de más alimentos, o del crecimiento de los ingresos de los hogares. Al contrario, se debe a las dificultades de acceso a alimentos de calidad o saludables ante sus precios elevados, y a que se prefieren los alimentos procesados, y al bloqueo empresarial y del gobierno Duque para que los consumidores puedan contar con información clara sobre ingredientes y procesos de producción de alimentos. En ese sentido el Congreso de la República y el Ministerio de salud no han querido liberarse de la presión desproporcionada de empresas productoras y distribuidoras de alimentos, para poner en práctica estándares internacionales y eficaces de información real y visible sobre el exceso de grasas, azucares y sodio en productos procesados y ultra procesados, y se ha llegado al final del gobierno sin que fuera posible implementar la ley de etiquetado en el país.
De otra parte, la pandemia empeoró gravemente la situación alimentaria. Como lo informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), durante la crisis que continúa a pesar del final de la cuarentena y la expansión de la vacunación o la reactivación del crecimiento económico, en los dos últimos años 1,6 millones de familias redujeron su alimentación a solo dos comidas diarias, y la severidad de la pobreza se acrecentó con 3,5 y 2,8 millones de nuevas personas en situación de pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema. Pero, además, persiste en el país un modelo que privilegia la importación de alimentos por encima de su producción, que no ha democratizado el acceso a la propiedad rural porque se dedicó a no cumplir los acuerdos de paz, y porque se entregó a las grandes corporaciones empresariales de la alimentación.
La debacle de la educación. Si algo ha destruido el sistema público educativo en Colombia son las políticas públicas neoliberales, y la pandemia solo ha ocasionado más estragos. Únicamente los paros de los maestros, de estudiantes en centenares de instituciones educativas, y de los estudiantes de universidades públicas han logrado atajar una ofensiva para reducir el presupuesto de aquellas, acabar con los derechos del magisterio o impedir la privatización de la universidad pública. Desde las medidas de ajuste estructural del gobierno de Pastrana (1998-2002), que fusionó instituciones educativas, despidió personal administrativo y personal de vigilancia y manutención de centros educativos, y sobre todo con el gobierno Uribe, que en el año 2007 redujo la transferencia de recursos a la educación ordenada por la Constitución en 1991 a través del Sistema General de Participaciones, hasta hoy el sistema público de educación ha sufrido una desfinanciación estructural que ha imposibilitado mejorar la infraestructura, alcanzar la jornada completa, conectar a internet a la mayoría del sistema, mejorar la calidad de la educación o dignificar el trabajo docente.
A pesar del enorme favorecimiento del Estado a la expansión del sector educativo privado, en el año 2019 la matrícula nacional fue de 10’036.440 alumnos, superior en 1,2% respecto a la matrícula de 2018 (119.894 alumnos más). En el sector oficial la matrícula total fue de 8’074.1381, y en el sector no oficial fue de 1’962.302, con una participación de 80,4% y 19,6%, respectivamente, como lo informó el Dane.
Con la llegada de la cuarentena las carencias estructurales llevaron a una suspensión práctica del servicio público de educación, pues básicamente ni estaba preparado, ni había recursos suficientes para conectar a internet las escuelas rurales o urbanas, o para darle equipos a estudiantes y profesores. En este contexto, además, se hizo público el escándalo de corrupción por la contratación del consorcio Centros Poblados por parte del Ministerio de Educación, en la cual se sustrajeron mediante contrataciones fraudulentas $ 70.000 millones de pesos (casi US$ 4 millones de dólares), destinados infructuosamente a la conectividad de aulas escolares rurales, y a la fecha solo se han abierto investigaciones por casi la quinta parte de esa suma, bajo las declaraciones del Presidente de la República de apoyo a la ministra del ramo, que a pesar de ello y ante las evidencias públicas, tuvo que renunciar.
Las cifras son aterradoras, en 2020 solo el 4 % de los 1.100 municipios del país tenía buena conectividad; el 63 % de las personas bachilleres de 2018 no tenía acceso a Internet desde sus hogares, y en las zonas campesinas apenas el 9 % de quienes estaban educándose en escuelas disponía de computador, según el Colectivo Caja de Pandora. Y en ese mismo año solo el 12,9 % de las sedes estaba conectada a Internet para el desarrollo de actividades escolares, y la conexión a energía eléctrica de esas entidades escolares apenas supera el 80 %.
Así, cuando el Ministerio de Educación forzó el retorno a las aulas, además de la pérdida de más de un año de clases, del diseño de protocolos que no cumplían las recomendaciones nacionales, y prácticamente de no haberse invertido recurso alguno en adaptar las sedes para garantizar un retorno seguro a clases, toda la responsabilidad fue descargada en las entidades territoriales.
Crisis similares vivieron las instituciones públicas de educación superior, las cuales debieron cerrar las aulas, sus estudiantes y profesores tuvieron que improvisar clases y pedagogías virtuales, y prestar equipos a estudiantes y profesores hasta donde se pudo, y cayeron en una crisis financiera peor de la que arrastraba el sistema en las dos décadas anteriores; y tardíamente el gobierno intentó soluciones a medias estableciendo la gratuidad temporal para las y los estudiantes de los estratos 1, 2 y 3.
La tragedia del cerco diplomático sobre dos millones de personas de Venezuela. Aunque el Dane informa que la población venezolana refugiada en Colombia es de aproximadamente 1.8 millones, según información oficial de Migración Colombia, 2’381.548 se había registrado para obtener el Permiso por Protección Temporal (PPT) a 3 de junio del 2022, 1’798.754 personas habían logrado hacer el registro biométrico, y 1’005.849 habían recibido ya permisos emitidos.
Cuando en febrero de 2021 Iván Duque anunció la creación del PPT como la gran herramienta de regularización de la población de Venezuela viviendo en el país, Migración Colombia carecía de los recursos económicos, personales y técnicos para realizar la tarea, y cuatro meses después, en junio del 2022, el proceso en general seguía demorado, bajo la angustia de esta población y de los trabajadores y trabajadoras de Migración Colombia, como lo han denunciado sus sindicatos.
Mientras tanto la frontera entre los dos países sigue cerrada y en manos de la delincuencia y la ilegalidad, lo mismo que la frontera entre Colombia y Ecuador. Según Acnur, los movimientos de población en la frontera entre Colombia y Venezuela continuaron, pero disminuyeron ligeramente a través de los puntos oficiales de paso por La Guajira, Norte de Santander y Arauca, pero las entradas irregulares diarias siguen siendo mayores que las registradas. De otra parte, los paros armados ocurridos en 2022 forzaron la disminución de “caminantes” en las carreteras, la mayoría de los cuales manifestaron que su principal destino es Ipiales (44%), en ruta hacia el Ecuador, seguido de tres grandes ciudades colombianas: Bogotá, Medellín y Cali, así como Floridablanca en Santander.
Al sur, la frontera entre Colombia y Ecuador se reabrió el 15 de diciembre de 2021, y todas las personas que transitan por ella deben mostrar su carnet de vacunación Covid-19. Sin embargo, como los ciudadanos venezolanos requieren una visa para entrar a territorio ecuatoriano, la mayoría opta por cruzar por los puntos fronterizos informales (“trochas”), las cuales superan la cifra reconocida de cuarenta y siete, guiadas por contrabandistas (“coyotes”), a pesar de estar expuestas a importantes riesgos de protección.
29 mil personas de Venezuela también padecen una grave demora en promedio de más de dos años en la resolución de solicitudes de asilo, y es muy grave que a lado y lado de la frontera siete millones de personas no puedan adelantar ningún trámite consular debido al cierre de todas las oficinas, que ni Duque ni Maduro han mostrado voluntad de reabrir.
Además de ser más pobres que el promedio, de sufrir xenofobia (el 70% de las personas encuestadas en el último Invamer Poll se oponen al otorgamiento del PPT), la tasa de homicidios es más alta que el promedio nacional: según cifras de la Policía, Medicina Legal o Codhes, 2.826 venezolanos fueron asesinados en Colombia entre enero del 2015 y abril del 2022.
Conservar la vida depende del estrato. Se sabe que el modelo de salud implantado en Colombia según el modelo chileno, se legalizó con la Constitución de 1991 y se desarrolló con la ley 100 y cientos de decretos, resoluciones y sentencias judiciales de todos los niveles, a través de los cuales se le entregó el derecho a la salud al mercado, o mejor a un grupo de oligopolios que formalmente atienden el acceso a un servicio de salud muy limitado para casi toda la población: según el Ministerio de Salud el 99% de la población pertenecía a alguno de los tres tipos de aseguramiento en salud existentes, pero una cosa es pertenecer, y otra cosa acceder al derecho a la salud; y aunque legalmente todos los habitantes del país tienen el mismo derecho, la tragedia de la pandemia y la forma como el mercado con recursos públicos transferidos por el Estado pretendió resolver la pandemia, mostró una enorme desigualdad en el acceso, la discriminación en la atención, y en últimas la negación absoluta del derecho a la salud de la mayoría de la población.
En diciembre del año 2021 Colombia registraba una población de 51’049.000 personas, según el portal DatosMacro, lo que ubicaba al país en el puesto número 29 en el ranking de población mundial. Y el 3 de junio de 2022 el Ministerio de Salud registraba el fallecimiento de 139.867 personas por coronavirus, el país número trece en el ranking mundial, y uno de los diecisiete países que han superado la barrera de 100 mil muertes por el virus, a lo que hay que sumar 6’109.105 de casos de contagio registrados.
Lo escandaloso es que según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la distribución de la mortalidad por Covid-19 en Colombia entre el 2 de marzo de 2020 y el 9 de mayo de 2021 se concentró en los estratos socioeconómicos 1 y 2, con el 61,5 %; mientras que en los estratos 6 y 5 fue solo del 3,4 % del total nacional. La pandemia ha sacado a flote la enorme desigualdad y discriminación existente, pues en un año y medio las víctimas mortales del virus son las personas de los sectores subalternos empobrecidos, discriminados y excluidos.
La llegada del virus sirvió de justificación a la política del gobierno de fortalecer los conglomerados privados de salud, para lo cual presentó el proyecto de ley 010 de reforma del sistema, que gracias al paro nacional fue derrotado en el Congreso, a mediados del año 2021.
La crisis del coronavirus olvidó múltiples temas claves en salud pública, como los brotes epidémicos de dengue, malaria, fiebre amarilla, o la limitada atención a diversas patologías como la malnutrición, hipertensión, diabetes y cáncer; tal como lo manifestamos en el informe del 2021.
De otro lado, el compromiso de los Acuerdos de La Habana de diseñar e implementar un Plan Nacional de Salud Rural no ha tenido avances, y la idea inicial fue establecer una afiliación con un solo asegurador, lo que no resuelve las condiciones que deterioran la vida en el campo, ni cerraría el abismo de la vida urbana y la vida rural.
Ambiente: Incumplirlo todo en Colombia, mientras se vende humo por fuera. Si en algún tema transversal y de primer orden se puede ver la forma como ha operado Iván Duque, su presidencia es en los temas de contención del calentamiento global y transición energética. Porque mientras en el interior el presidente incumplía una a una sus promesas de campaña, bajaba impuestos a mineras, desmontaba programas y reducía presupuestos, en el exterior se solazaba en narrar ficciones sobre su enorme compromiso personal con la protección del medio ambiente. En realidad, el compromiso ecológico de Duque es inexistente y más bien su trabajo ha consistido en regalar deducciones tributarias a empresas mineras y energéticas, sumiso a los intereses de las grandes corporaciones globales.
A partir de las conclusiones que podemos sacar de los tres informes publicados por las plataformas de derechos humanos en 2019, 2020 y 2021, o el estudio recientemente publicado, La paz y el medio ambiente en la encrucijada: Elecciones en un punto crítico de biodiversidad en conflicto (Universidad del Rosario, 2022), vemos que el gobierno elegido en 2018 obstruyó deliberadamente los procesos iniciados durante el gobierno Santos sobre cambio climático y medio ambiente, y la participación del sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el Presupuesto General de la Nación durante el periodo 2018-2020 fue de las más bajas en una década.
El proceso de paz desató grandes esperanzas en el sector, incrementadas por el inicio de su implementación luego de la firma del acuerdo de paz en 2016, que permitió el regreso de científicos a enormes territorios antes vedados a causa del conflicto, lo cual llevó al descubrimiento de decenas de nuevas especies, pero tristemente la violencia volvió a crecer en esas zonas partir del 2018 y el país se convirtió en uno de los territorios más peligrosos del mundo para líderes ambientales y sociales, con efectos devastadores.
Este aumento hace difícil entender la férrea oposición del gobierno y los gremios empresariales a la aprobación del Acuerdo de Escazú, oculta detrás de una pesada omisión para hacer alguna cosa real y lograr incorporar al orden jurídico interno ese acuerdo, mientras los relacionistas públicos de Duque lo vendían al mundo como líder ambientalista. Escazú, un tratado que compromete esfuerzos multilaterales para la protección del medio ambiente y sus defensores, no se convirtió en ley y la violencia contra el liderazgo social y ambiental en Colombia arreció; y además el descubrimiento y registro de especies en los siguientes años se ralentizó, limitando así la disponibilidad de información sobre biodiversidad para mejorar la calidad de vida de las y los colombianos, y proteger la vida silvestre.
Otra gran promesa incumplida ha sido la de contener el avance de la deforestación. De un lado el enfoque general del gobierno ha sido la represión, cuyo mayor y peor ejemplo es la criticada operación Artemisa encabezada por el Ejército nacional, que se ha concentrado en perseguir a pequeños agricultores, casi todos colonos desplazados por todas las violencias sufridas en el campo, y no ha logrado o no le ha interesado detener a ninguno de los grandes financiadores de la tala masiva de bosques. El Ejército además sigue tratando al campesinado como enemigo interno y como ciudadanos de segunda, tal y como lo muestran las denuncias realizadas por organizaciones como DeJusticia, sobre desapariciones, desplazamientos y uso desproporcionado de la fuerza.
A lo anterior se suma el aumento de las emisiones de CO2 producidas por combustibles fósiles, que en 2019 alcanzaron el récord de 102 Mt, es decir un aumento del 17% sobre el promedio del período 2010 a 2018. Otra contradicción entre las relaciones públicas y la realidad es que mientras el gobierno firmó un compromiso para la reducción del metano en la COP26, Ecopetrol, empresa pública, y otras empresas petroleras acordaron la explotación del mayor yacimiento de gas natural encontrado en aguas profundas del Caribe colombiano.
Quizá la más grave paradoja entre las promesas de Duque como candidato y los hechos de su presidencia, tiene que ver con el fracking. Duque se comprometió sin tartamudear con su prohibición antes de las elecciones que ganó en 2018, y después se dedicó a acelerar su implementación en Colombia sin rubor alguno. Así, se opuso a la aprobación de los proyectos de ley que se presentaron al Congreso para prohibirlo, y han sido negados. Luego, aceleró, a través de Ecopetrol y la gestión de su mejor amigo Luigi Echeverry, a quien ubicó como presidente de la junta directiva de la estatal petrolera, la realización de pruebas piloto en Puerto Wilches. Como está demostrado tanto el fracking como la extracción de gas natural producen fugas sustanciales de metano, un gas con fuerte efecto invernadero, a lo cual se suma el uso intensivo de agua para recuperar petróleo.
Para terminar, es evidente que la estrategia de transición energética no se ha consultado como se debiera con comunidades, sociedad civil y trabajadores o trabajadoras del sector, y se ha centrado en entregar grandes extensiones de tierra a grandes corporaciones para que instalen su molinos o granjas solares con condiciones laborales precarias y cero transferencias tecnológicas, mientras que el impulso al uso de vehículos híbridos o eléctricos no existe.
