Al final del cuatrenio del gobierno de Iván Duque el país ha vivido una de las crisis humanitarias más graves en muchos años, pues antes de comenzar el proceso de paz. Desde entonces, 1.309 líderes/as sociales y defensores/as de derechos humanos han sido asesinregresó a una situación de violencia y precariedad social similar a la vivida por lo menos diez años atrás, ados, de los cuales 859 (2 de cada 3) fueron perpetrados bajo el gobierno de Iván Duque. Las masacres se han multiplicado en estos cuatro años, y han llegado a una cada tres días en lo corrido del año (Indepaz, 2002b), y el aumento de los homicidios, que se han concentrado en las zonas tradicionalmente más afectadas por el conflicto, ha superado la tasa nacional de homicidios que se tenía antes del año 2014. Según la Agencia Humanitaria de Naciones Unidas, 7.7 millones de personas presentan necesidades de atención humanitaria en Colombia, de los cuales 5.8 millones se encuentran en situación humanitaria crítica por vivir bajo el control de grupos armados en 373 municipios (OCHA, 2000a). Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, la mayoría de los impactos humanitarios derivados de la violencia y los conflictos armados que persisten en Colombia, se han agravado durante los últimos cinco años (Cicr, 2002), según se presenta a continuación.
1.El asesinato de líderes/as sociales. Este tipo de asesinato pasó de 116 víctimas en el año 2016 a 171 en el 2021 (Indepaz, 2016 y 2022a); y en lo corrido del año la situación se agravó, con 81 nuevos líderes(as) asesinados. El Programa Somos Defensores registró un incremento de estos asesinatos desde 2016, año de la firma del Acuerdo de Paz, cuando fueron asesinados 125 defensores(as), hasta 139 asesinatos en el año 2021, en el cual se registraron 139 homicidios; y durante el año 2021, el mismo Programa registró, además, 996 agresiones contra líderes sociales en el país, es decir tres agresiones por día, la cifra más alta registrada desde el año 2010 (Somos Defensores, 2021).
Sin embargo, el año 2020 fue el más letal desde la firma del Acuerdo, pues bajo el contexto del confinamiento forzado impuesto por el Gobierno como medida para enfrentar la pandemia del Covid, fueron asesinados valiéndose de estas circunstancias, 199 defensores/as de derechos humanos (Somos Defensores, 2021). Se trata de un período aprovechado para impulsar la expansión de estructuras armadas paramilitares y de otros grupos ilegales, que pudieron actuar con mayor libertad, imponiendo el terror sobre comunidades y líderes sociales en las zonas anteriormente bajo control de las Farc, y otras nuevas zonas antes no afectadas por el conflicto. Los registros de Indepaz alcanzan la aterradora cifra de 310 líderes(as) asesinados solo durante el año 2020, mientras las comunidades padecían el confinamiento obligatorio (Indepaz, 2021).
El exterminio del liderazgo social ha alcanzado el nivel de un verdadero genocidio continuado, vigente e impune, y constituye una de las expresiones más dramáticas del actuar del gobierno de Duque en contra del proceso de paz. Este exterminio expresa la arremetida de los sectores enemigos de la paz en contra de las personas que defienden la paz en los territorios, perpetrada a través de sus aparatos armados ilegales, a los cuales el gobierno no sólo se ha negado a combatir, ni a actuar para alcanzar su desmantelamiento, sino que los indicios crecientes y la evidencia de sus resultados apuntan a que ha favorecido su expansión y el aumento del control por su parte mediante el terror de amplias zonas del país. A tal extremo ha llegado la arremetida del brazo ilegal de los enemigos de la paz, consentidos por el actual gobierno, que, bajo la gestión de Iván Duque, Colombia se ubicó por segundo año consecutivo como el país con más cantidad de defensores de personas, de la tierra y del ambiente, asesinados durante los años 2019 y 2020 (Global Witness, 2021). De 225 líderes ambientales asesinados en el mundo en 2020, 65 lo fueron en Colombia.
Aunque el exterminio del liderazgo social aparece como el impacto más visible en la opinión pública, la verdad es que la extensión del control armado por actores ilegales, y el incremento de abusos de los organismos de la fuerza pública, han deteriorado las condiciones de seguridad en las regiones tradicionalmente más afectadas por el conflicto, como se evidencia en el hecho de que son justamente estas zonas las que han padecido el aumento de la violencia homicida y el incremento de las masacres.
2. Las masacres. Desde el comienzo de las negociaciones de paz en el año 2011 las masacres habían descendido de manera sostenida (treinta y siete masacres anuales, y el año de la firma del Acuerdo de Paz (2016) ocurrieron nueve, según registros del Ministerio de Defensa (Mindefensa, 2022). Sin embargo, la arremetida violenta contra la población y las comunidades en las zonas que estuvieron afectadas por el conflicto y bajo control de las Farc, reactivaron esta modalidad atroz de violencia perpetrada por parte de los actores armados que ocuparon dichos territorios, en muchas ocasiones por causas relacionadas con la imposición violenta de economías vinculadas al narcotráfico. De este modo las masacres crecieron desde nueve eventos en el 2016, hasta treinta y tres casos en el año 2020, según la misma fuente; y aunque para el año 2021 el Gobierno dice que disminuyeron a treinta, la verdad es que en realidad volvieron a aumentar, pues según datos de Naciones Unidas, en el año 2021 se habían verificado 78 masacres, y otras estaban en proceso de verificación (ONU, 2022).
No solo el asesinato de líderes y el incremento de las masacres evidencian el fracaso oficial a la hora de cumplir con sus obligaciones en materia de seguridad en las zonas más afectadas por el conflicto. La muerte cotidiana de civiles, pobladores de base habitantes de estas regiones, se expresa en un incremento anual de la tasa de homicidios que impacta los registros a nivel nacional. De este modo, según datos del Ministerio de Defensa, se pasó de 12.298 homicidios en el 2017 a 14.159 en el año 2021, un incremento de más de 1.800 homicidios en estos cinco años. A pesar de estos datos dramáticos, el Presidente Duque dijo recientemente ante medios internacionales, que «en el último año hemos alcanzado la tasa más baja de homicidios de los últimos cuarenta años» (BBC, 2020). Para concluir todo lo contrario, le hubiera bastado con leer los propios datos oficiales del Ministerio de Defensa.
3. El desplazamiento forzado, se ha incrementado a niveles similares a los años duros de la guerra de hace dos décadas. En el 2021 se registraron 123.953 víctimas de desplazamientos forzados masivos e individuales, un incremento del 27.9% con respecto al año 2020, cuando fueron desplazadas 96.151 personas, según datos oficiales recogidos por la agencia humanitaria de Naciones Unidas (Ocha, 2022a). Según sus informes, a lo largo del proceso de paz las víctimas de desplazamientos masivos pasaron de 10.943 en 2016 a 73.974 víctimas en 2021, lo que implica un incremento del 675%. Estos impactos evidencian los dramáticos efectos de la reactivación de la guerra y la involución sufrida en estos años por el proceso de paz. La gravedad adquirida nuevamente por el desplazamiento forzado en Colombia hizo que el año pasado el país se ubicara nuevamente como el tercero con más desplazados en el mundo, después de Siria y la República Democrática del Congo, según reciente informe del Observatorio de los Desplazamientos Internos (Idmc, por sus siglas en inglés) y el Centro Noruego para los Refugiados (NRC) (Idcm, 2022).
Nuevamente la respuesta del Gobierno ante esta realidad ha sido no solo de negación, sino de ataques a las organizaciones humanitarias y ONGs que trabajan por atender e informar sobre esta situación. El consejero Presidencial para los Derechos Humanos, Jefferson Mena, dijo que los recientes informes que indican que en el año 2021 Colombia fue el tercer país del mundo con el mayor número de desplazados, son «falsos» y «sensacionalistas”, y que “no es cierto como dice este informe que algunos territorios del país están siendo controlados por grupos criminales. El control del territorio está en manos de nuestra fuerza pública”, por lo que “no podemos permitir que se sigan sacando informes indiscriminados por parte de diferentes actores como ONGs; esto está generando desinformación y ruptura en nuestro país, hacemos un llamado a ser responsables con este tipo de acciones que dañan la imagen de nuestro país y que el gobierno no permitirá”. De esta forma quedaron advertidos los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y quienes quieran informar sobre la crisis humanitaria en Colombia, sobre la actitud del gobierno.
4. Confinamientos. Los datos sobre población víctima de confinamiento son igualmente preocupantes. Con informes de Naciones Unidas se constata que esta modalidad de victimización pasó de 3.254 personas en 2017 a 65.685 en 2021; y entre enero y abril del presente año ya se ha superado esta cifra perturbadora, pues la agencia humanitaria de la ONU ha registrado más de 78.900 personas víctimas de desplazamiento masivo y confinamiento en casi todo el país, en donde por lo menos el 85% de estos hechos se presentaron en la región Pacífica, afectando principalmente a comunidades afrodescendientes e indígenas (Ocha, 2022c). Otros desplazamientos masivos se han presentado entre enero y abril también en las regiones fronterizas con Venezuela (Arauca y Vichada), producto de las confrontaciones por el control territorial que a lo largo del año han venido sosteniendo el ELN y dos grupos de las denominadas disidencias de las Farc. Al respecto, las alertas tempranas expedidas por la Defensoría del Pueblo no han implicado respuestas eficaces para superar esta situación; por el contrario, se constata que las 184 comunidades étnicas a las cuales pertenecen unas 49.000 personas de ocho municipios bajo el terror de actores armados en el Chocó, sujetas a confinamiento forzado durante este año, son las mismas que vienen padeciendo esta situación de manera recurrente durante los últimos años, a pesar de las alertas mencionadas y las emitidas por el sistema de Naciones Unidas (Ocha, 2022c).
5. La expansión paramilitar. La respuesta del gobierno ha sido minimizar e incluso negar y desconocer las anteriores tragedias humanitarias. Ante la denuncia recurrente de los líderes sociales, las autoridades del Chocó e incluso los obispos de la región, referidos a la inocultable connivencia de las Fuerzas Militares con los grupos paramilitares que han venido copando el departamento en su empeño de combatir al ELN, el ministro del interior Diego Palacio sostuvo que lo denunciado “es falso”, que “la realidad es que este año tenemos cuatro desplazamientos”, y que lo que pasa es que “hay muchos que pueden hacer afirmaciones un poco extravagantes” (W Radio, 2002). Los obispos han denunciado que “el Clan del Golfo tiene tomado todo el departamento” (El Espectador, 2002). La extensión del control territorial del paramilitarismo se corrobora en extensas áreas del territorio nacional, pues la Defensoría del Pueblo detectó que para el mes de mayo de 2022 el grupo paramilitar de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia –AGC– hacía presencia en 253 de los 1103 municipios (Defensoría del Pueblo, 2022). Un control similar y desprotección estatal a las comunidades, denunciaron los 19 alcaldes de la región del Occidente de Antioquia en el mes de mayo (El Colombiano, 2022).
El llamado “paro armado” impuesto por el grupo paramilitar AGC, que aglutinan ahora al 80% de las estructuras paramilitares, paralizó entre el 5 y el 10 de mayo la movilidad y el comercio, y confinó a la población en 194 municipios de 13 departamentos, en los cuales la Unidad de Acusación e Investigación de la Jurisdicción Especial de Paz –JEP– documentó que habían perpetrado 398 violaciones de derechos humanos, atacaron 131 bienes y servicios esenciales para la vida, y asesinado a 27 civiles durante esos seis días, como respuesta al desacato de no haber cesado sus actividades, propiciándoles la muerte porque “no quisieron entender por las buenas” (JEP-UIA, 2002). A pesar de este terror extendido, las Fuerzas Militares y de Policía no hicieron nada por impedir estas acciones criminales, contrario a la violenta y desproporcionada respuesta militar exhibida contra los manifestantes pacíficos durante el estallido social del 2021, luego de que Duque ordenara a las Fuerzas de seguridad el despliegue de la “máxima capacidad operacional” en contra de los manifestantes”. (Presidencia, 2021).
6. La reactivación del conflicto armado. Aunque el Gobierno Duque retornó a la visión sostenida durante los dos gobiernos de su mentor Uribe Vélez, durante los cuales se negó la existencia del conflicto armado en Colombia, como lo corrobora el hecho de que éste ni siquiera es mencionado en su “Política de Defensa y Seguridad”, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha constatado que en Colombia existen no uno sino seis diferentes conflictos armados, que han conducido en el último año a una aguda situación de crisis humanitaria (Cicr, 2022).
Aparte de las ya mencionadas situaciones de desplazamiento, confinamiento y asesinatos de líderes sociales, el Cicr menciona el agravamiento de distintos factores de violencia en los últimos años, así: Los eventos de ataques a la Misión Médica se incrementaron de manera dramática desde un registro de 101 casos en 2018 a 553 durante el año 2021. Las víctimas de minas antipersona se incrementaron desde un mínimo de 57 en 2017 hasta llegar a 486 en el año 2021. Las víctimas de desaparición forzada de personas documentadas pasaron de 128 casos en 2017 (primer año del Acuerdo de paz) a 168 casos durante el año 2021. El Instituto Nacional de Medicina Legal documenta la desaparición de 13.508 entre 2018 y 2021, y 1.457 personas entre enero y mayo de 2022 (Inml, 2022). Una realidad aterradora para cualquier sociedad civilizada.
El asesinato sistemático de ex combatientes de las Farc que firmaron la paz y confiaron que el Gobierno iba a cumplir el compromiso de respetarles su vida, es uno de los más lamentables impactos de la reactivación de las dinámicas de guerra. En los cinco primeros meses del 2022 fueron asesinados 21 ex combatientes en estado de indefensión, con lo que el genocidio impune contra este grupo alcanza ya los 320 asesinatos, en tanto que 89 han sido objetos de intento de asesinato, y 27 han sido víctimas de desaparición (ONU, 2022b)
7. El reclutamiento forzado. El empobrecimiento, la desatención a los efectos causados por el confinamiento obligatorio en el marco de la pandemia, y la expansión del control territorial de los actores armados en las zonas de conflicto, han multiplicado los casos de reclutamiento forzado de niños, niñas y jóvenes. El Mecanismo de Monitoreo de Riesgos del Sistema Integral para la Paz registró 242 hechos de vinculación de menores de edad con grupos armados entre el 1 de diciembre de 2016 y el 9 de marzo de 2022. Por ejemplo, la situación de reclutamiento de menores de edad es crítica en el Departamento del Chocó, donde la autoridad indígena ha denunciado que desde 2015 un total de 138 jóvenes se han quitado la vida, y entre enero y marzo de este año la cifra asciende a veinte suicidios de jóvenes indígenas como medio para evitar el reclutamiento y la violencia a que son sometidos (Colombia 2020-2022).
Sobre el Estado Colombiano, y en especial sobre el Gobierno de Iván Duque recaen gran parte de la responsabilidad por la reactivación de la guerra y la crisis humanitaria que hoy vive el país. De manera directa, por haber impedido el funcionamiento y puesta en marcha de los mecanismos a que se comprometió en virtud del Acuerdo de Paz para poner fin a la violencia (desmontar el paramilitarismo, reformar los organismos de seguridad y garantías al libre ejercicio y la no represión violenta de la protesta social); por omisión al consentir (propiciar) la expansión del paramilitarismo y otros actores armados en una cuarta parte de los municipios del país; y por autoría directa, al llevar a cabo mecanismos de represión violenta de la protesta social y propiciar interpretaciones desviadas del Derecho Internacional Humanitario, que han favorecido el regreso de las ejecuciones extrajudiciales y de métodos de ejecuciones selectivas que afectan a los civiles en el combate a los actores ilegales.
8. Agresión a la protesta social. La ausencia de garantías al ejercicio de la protesta social quedó evidenciada durante el estallido social del 2021, en informes presentados tanto por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como por la Visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El informe de la Oacnudh constató que en la represión de la protesta se hizo “uso de la fuerza de manera excesiva e indiscriminada”, llegándose a producir la muerte de al menos cuarenta y cuatro civiles, veintiocho de los cuales por acción de presuntos perpetradores miembros de la Fuerza Pública, y diez víctimas de actores no estatales (Oacnudh, 2021). Un informe de la JEP documentó durante el paro de 2021 la aparición de “grupos de civiles armados que reivindican prácticas de autodefensa o paramilitarismo en por lo menos veintisiete ciudades de Colombia” (JEP-UIA, 2021), los cuales en muchas ocasiones dispararon al lado de la policía en contra de los manifestantes, configurando así una estrategia coordinada de irrupción del paramilitarismo urbano, contra el cual la Fiscalía no ha querido proceder.
Por su parte el informe de Recomendaciones de la Misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además de constatar “el uso desproporcionado de la fuerza”, puso en evidencia “el alto número de muertes y personas lesionadas, así como las graves denuncias de personas desaparecidas, violencia sexual y la utilización de perfilamiento étnico-racial” (Cidh, 2021).
Ambos informes y recomendaciones, al igual que todos los informes presentados por los mecanismos internacionales de derechos humanos al Estado colombiano, fueron rechazados por medio de términos desobligantes por parte del Gobierno de Iván Duque (Cceeu, 2022).
9. Las ejecuciones de civiles. El regreso de las ejecuciones extrajudiciales en números crecientes fue documentado por el Cinep en la reciente entrega de la revista Noche y Niebla (N. 64), donde se da cuenta de que durante el 2021 los hechos victimizantes que más se presentaron fueron lesiones físicas (460), detenciones arbitrarias (456), amenazas (343), ejecuciones extrajudiciales (90), torturas (46), judicializaciones arbitrarias (33), desapariciones forzadas (23), violencia sexual (16) y atentados (5). De las ejecuciones extrajudiciales perpetradas se señala que los paramilitares serían los responsables de 52 de ellas (Swissinfo, 2022). Según este informe, la Policía y los grupos paramilitares fueron los principales responsables de violaciones a los derechos humanos en Colombia durante 2021, pues de las 1.472 registradas contra 830 hombres y 220 mujeres, la policía aparece como responsable de 1.102 casos, los paramilitares de 286 victimizaciones, la Fiscalía de 83 y el Ejército de 73 (Cinep, 2022).
Las distorsiones interesadas en la aplicación del DIH ha llevado a perfilar a civiles campesinos, que se ven obligados a convivir en sus zonas con actores ilegales, como parte de un enemigo que puede ser objeto de operaciones militares. “Narcococaleros” fue la denominación con que se calificó un ataque militar contra cerca de cincuenta de ellos que se encontraban en un bazar para recolección de fondos para cubrir necesidades comunitarias, de los cuales once fueron masacrados por el Ejército Nacional en Putumayo. Pero, además, el actual gobierno ha considerado válido perpetrar bombardeos generalizados contra grupos en los cuales ha habido niños víctimas de reclutamiento forzado, como sucedió en el Guaviare con doce de ellos, bajo el argumento del Ministro de Defensa de que pueden ser “bombardeables” al considerarlos como “máquinas de guerra” (El Espectador, 2021). Medicina Legal ha certificado que, de 303 personas muertas en bombardeos, veintiséis eran menores de edad (Cambio, 2022). Y en tanto que el DIH prohíbe matar civiles y ordena proteger a los niños y niñas víctimas de reclutamiento por actores armados, la versión de este derecho aplicada por el Ejército, al cual le han dado el nombre de “derecho operacional”, cambia la esencia restrictiva del DIH (no matar civiles) por una esencia permisiva (“menores de edad y mujeres en embarazo pueden ser blancos legítimos y pueden ser objeto de operaciones de exterminio militar”, según consideraciones del comandante del Ejército General Zapateiro). (El País, 2022)
Todos estos crímenes agenciados, tolerados o consentidos desde el Gobierno permanecen impunes, ya que bajo este gobierno los organismos de control y de investigación judicial cayeron bajo el control del Ejecutivo. La Fiscalía, al igual que la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, han estado subordinadas al poder del Ejecutivo, con lo cual han ejercido sus facultades de manera asimétrica y parcializada; y han garantizado impunidad para agentes del Estado y altos dirigentes del partido de Gobierno, como se manifestó en su no disimulado esfuerzo por precluir la investigación contra el ex presidente Uribe, a pesar de la evidencia obrante en el caso, que había sido expuesta por la Corte Suprema de Justicia.
En este contexto, la judicialización de los líderes sociales se ha incrementado en un 165% entre 2019 y 2021, como lo evidencia la recopilación de casos llevada por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (de 27 casos en 2018 se llegó a 58 casos en 2021 (Cspp, 2022). Por su parte, la Campaña “Defender la Libertad, Asunto de Todas”, registró durante el paro nacional de 2021 ochenta y siete homicidios contra civiles, 1.917 personas heridas de las cuales noventa y seis corresponden a lesiones oculares, 3.473 personas detenidas, ciento seis personas víctimas de violencias basadas en género, 328 personas defensoras de derechos humanos agredidas, y 260 casos de agresiones contra la prensa (Cspp, 2022), mientras la Fiscalía informa que solo está investigando 29 homicidios, de los cuales solo hay tres casos en juicio, dos más en etapa de investigación y los veinticuatro restantes en indagación, que es lo que suele informarse cuando las investigaciones no han avanzado nada. Por estos hechos estarían siendo investigados diez policías (Infobae, 2022). El desgano inocultable para investigar la muerte de los civiles muertos en la protesta contrasta con la celeridad y vehemencia con que se investiga a civiles acusados de muertes de tres policías y un agente del CTI, todos los cuales se informa están ya en estado de juicio. Además de estos casos, se están investigando veintiuno activos en contra de los grupos Primera Línea con ciento diez indiciados (Blu Radio, 2022). Sin embargo, el Ministro de Defensa informó a fines del 2021 que el número de capturados señalados por él como “delincuentes de la primera línea”, ascendía a 259 (Blu Radio, 2021). Otros ocho manifestantes más fueron detenidos y judicializados en Neiva con el mismo argumento a comienzos de abril (El Espectador, 2020), y otros cuarenta fueron capturados a finales del mismo mes (Colprensa, 2022). La parcialización de la Fiscalía y su papel en la utilización abusiva del derecho penal en contra de los sectores que protestas, es algo que no puede dejar de ocultar en sus actuaciones, sometido como se encuentra a la estrategia oficial de reprimir la protesta y desacreditar y destruir la acción de los movimientos sociales.
En el caso de la Procuraduría, regentada por una exministra del gobierno Duque, no sólo se ha dedicado a suspender funcionarios de elección popular opuestos al partido de gobierno, contrariando así expresas disposiciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que solo autorizan estos procedimientos cuando medie un proceso llevado ante jueces penales, sino que además ha archivado casi todas las investigaciones que dijo haber abierto contra agentes estatales por violaciones a derechos humanos durante la represión del estallido social, y aún no ha sancionado a ninguno.
Esta dramática situación de crisis humanitaria y violencia rampante, sumadas al crecimiento de la pobreza, la exclusión y la corrupción que han alcanzado niveles verdaderamente alarmantes al finalizar el gobierno de Iván Duque, ha generado una ola gigantesca de inconformidad social, que se manifestó no solo en las protestas sociales de los años 2019, 2020 y el estallido social del 2021, sino también en la profunda deslegitimación de la casta política que por veinte años ha malgobernado el país, y reclama urgentemente un cambio en las maneras de gobernar la sociedad, y un nuevo gobierno que aboque planes de acción urgentes para superar la crisis humanitaria, posibilitar amplios espacios de diálogo en la regiones para sacar a los civiles de la guerra, retomar la vía negociada con los distintos actores del conflicto armado, reemprender la implementación de los acuerdos de paz, y sobre todo, restablecer el Estado Social de Derecho para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos y la vigencia de una sociedad en paz, donde la prosperidad y los beneficios del desarrollo alcancen para todos y todas.
