Crímenes contra la paz y devastación de los acuerdos

1. Del simulacro a la farsa. Una semana antes de las elecciones presidenciales de primera vuelta para escoger a su sucesor, el presidente Iván Duque presentó un balance de su gestión de gobierno, incluyendo desde luego la evaluación del proceso de paz, en una extensa entrevista en la BBC en Londres. Tal vez creyendo que por haberse realizado en inglés y fuera del país, no le importó que las afirmaciones sobre esta evaluación se distanciaran tanto de la realidad, pues parecía estar hablando de lo sucedido en otro país y a otro presidente. Afirmó que en su gobierno había logrado que el país alcanzara la tasa más baja de homicidios de los últimos cuarenta años; que terminaba su periodo con el índice de pobreza más baja de este siglo; que había alcanzado records históricos de crecimiento económico en el último año; que el refugio a los venezolanos ha sido considerado como el mayor acto humanitario en décadas en América Latina; que su gestión hizo crecer de tres a diez millones las familias que se benefician de los programas sociales del Estado (nota: en Colombia hay catorce millones de hogares registrados), y que  hizo la mayor inversión social en toda la historia de Colombia; que la estructura paramilitar del Clan del Golfo ha sido desmantelada, lo mismo que otros de los tres más grandes grupos criminales; que los niveles de deforestación se han reducido, y que bajo su gobierno se redujeron los crímenes contra los defensores de derechos humanos. 

Interpelado sobre el hecho de que el Instituto Kroc verificó que el avance del proceso de paz solo fue de un 2% durante su gobierno, Duque respondió que “el Instituto Kroc ha dicho que el avance es del 35% en un proceso que se espera se implemente en cuatro gobiernos”; y que, además, “la Defensoría del Pueblo ha dicho que el avance de la implementación dentro de mi gobierno ha sido el más rápido desde que se firmó el acuerdo”, supuestamente evidenciado en que “ahora tenemos quince programas de desarrollo, con cerca de US$ 4.000 millones en inversiones… Estamos cambiando y mejorando la vida de decenas de personas…” Producto de estos logros, sostiene el presidente en su visión alucinada, que “si yo pudiera presentarme a la reelección, estoy seguro que estaría en la pelea y sería reelecto, porque tenemos importantes resultados para mostrar” (BBC, 2022).

Este balance del Gobierno nos sirve de contrapunto para mostrar cuál es la realidad. Después de cuatro años de un intenso simulacro para tratar de mostrar, contra toda evidencia, que estaba comprometido en sacar adelante un proceso de paz que en su campaña hacia la presidencia su partido había prometido hacer trizas, termina ahora en una alucinante farsa que trata de encubrir con una estrategia de disociación y distorsiones de la realidad que sólo él se cree, exageraciones cómicas y supuestos logros que no llegan a verdades a medias, pues no son más que mentiras completas. 

La verdad es que la tasa más baja de homicidios en cuarenta años había sido uno de los logros principales a que había llegado el proceso de paz… pero en el año 2017, antes de la llegada de Duque. A partir de ese momento, la arremetida militarista contra el proceso de paz y la reactivación del control armado de actores ilegales en los territorios antes controlados por las Farc, revirtieron este logro, llegando a constituir el año 2021 como el más violento del último lustro, al pasar de 12.298 homicidios en 2017 a 14.159 en 2021, todo lo contrario de lo mencionado por Duque, con base en cifras del Ministerio de Defensa (Mindefensa, 2022).  En cuanto a la pobreza monetaria, en realidad tuvo su tasa más baja también en 2017, cuando se redujo a 35.2%, pero Duque revirtió retóricamente este logro ubicándola en 39.3%, a pesar de tener a la mano las cifras oficiales (Dane, 2022). De otra parte, su gobierno no desmanteló el Clan del Golfo, y al contrario este fortaleció su presencia al pasar de 170 municipios al momento del acuerdo de paz, a 212 bajo su control en 2021, según la Agencia Humanitaria de Naciones Unidas (Ocha, 2022).Una semana antes de la entrevista, la Defensoría del Pueblo había documentado la presencia de esta estructura paramilitar en 253 municipios (Defensoría, 2022), la cual además había hecho una gigantesca demostración de su poder al paralizar 194 municipios en 13 departamentos durante un “paro armado” de seis días, durante  el cual  destruyeron 131 vehículos y habrían asesinado 27 personas, según datos oficiales de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP, 2022). 

En cuanto a la deforestación, ésta se ha incrementado bajo su gobierno manteniéndose en el orden de 171.685 hectáreas en 2020 a causa de la expansión del narco-paramilitarismo en las regiones antes controladas por las Farc, lo que se evidencia al compararla con el año 2013, cuando se había situado en 116.128 hectáreas, según cifras oficiales del Ideam (Minambiente, 2022). Y tampoco es cierto que los homicidios de los defensores de derechos humanos hayan disminuido bajo su gobierno, pues Duque habría podido comprobar que en realidad aumentaron con tan solo leer el Documento Conpes 4063 de 2021, firmado por él en noviembre de 2021, en el cual se comprueba que estos pasaron de 65 homicidios en 2015, a 108 en 2019 y 129 en 2020 (Conpes, 2021, p. 33). 

Las falacias del balance oficial se extienden a muchos otros aspectos que demuestran de manera evidente que el remplazo de los acuerdos de paz por la estrategia de “paz con legalidad”, está directamente relacionado con el deterioro de gran parte de los indicadores que muestran la devastación de los logros iniciales de la paz, la reactivación de la guerra y la expansión de una dramática crisis humanitaria. Y si se tiene en cuenta que las encuestas muestran que la aprobación de la gestión de Duque solo llega al 23%, la afirmación de que sería aclamado si pudiera presentarse a la reelección, evidencia la distancia con la realidad que mantiene el presidente con el país, ante la evaluación de sus logros en materia de paz y derechos de la población (El Colombiano, 2022)

Duque mintió también cuando afirmó que el instituto Kroc había reconocido que la implementación del acuerdo iba por un 35% de avance. El último informe de este instituto disponible al momento de las afirmaciones presidenciales solo afirma un avance del 30% en la implementación global del Acuerdo (Kroc, 2021), pero mostrando que la mayor parte del mismo se presentó en los dieciocho meses comprendidos entre la firma del acuerdo y el inicio del Gobierno Duque. Y que la Defensoría del Pueblo llegue a afirmar que durante los cuatro años del Gobierno Duque el proceso avanzó más que el año y medio anterior, sólo demuestra hasta dónde ha llegado la sumisión de esta entidad al control del Gobierno,  al igual que  la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría y la Registraduría, entidades en las cuales ha ubicado a sus amigos, exfuncionarios y miembros de su coalición política, que han devuelto los favores elogiando el vestido invisible de su mentor, y avalando las actuaciones gubernamentales en contra de los derechos humanos y los compromisos de la paz, y actuando como garantes de la impunidad de altos funcionarios del Estado y del partido de Gobierno.

El gobierno de Duque nunca pudo demostrar que su estrategia para el proceso de paz, al que de forma grandilocuente denominó como “Paz con Legalidad”, se diferenciaba en algo de su autoritaria y militarizada Política de Seguridad y Defensa. Desde un inicio superpuso la estrategia militar concretada en las denominadas Zonas Futuro, bajo conducción y ejecución de las Fuerzas Militares, a los municipios más afectados por el conflicto y a las regiones seleccionadas en el Acuerdo que habían sido priorizadas para llevar inversiones, programas de desarrollo y presencia intensiva del Estado para brindar seguridad a sus comunidades, líderes y territorios, y sacar a las poblaciones de la pobreza, el abandono, la exclusión y la violencia (los 170 municipios donde debían implementar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdet, los Planes Integrales Municipales y Comunitarios de Sustitución y Desarrollo Alternativo, Pisda, los Pnis y los demás de programas de transformación integral de los territorios). 

Ante la Asamblea General de Naciones Unidas Duque expresó las razones para este cambio en las bases del Acuerdo inicialmente firmado, sobre el supuesto hecho de haber recibido de su antecesor un “débil acuerdo de paz firmado en 2016 con el grupo terrorista de las Farc, (el cual) tiene hoy progresos significativos en el proceso de reincorporación de los excombatientes” (Cancillería, 2021); tratando de sugerir que el Acuerdo alcanzado con las Farc es un pacto de ilegalidad, o que consagraba una paz con impunidad, Duque no tuvo rubor en afirmar ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que “desde el primer día de nuestro Gobierno pusimos en marcha una visión, una política pública que llamamos la Paz con Legalidad, principio rector de la construcción de la paz sin impunidad y que buscará, en virtud de lo que ha dicho la Corte Constitucional de Colombia, hacer una adaptación para una implementación certera, eficaz, verificable y abierta al escrutinio de toda nuestra sociedad” (Presidencia de la República, 2022).

Aunque Duque sabía que mentía al pretender justificar la sustitución del Acuerdo de Paz por el Programa Paz con Legalidad con base en supuestas adaptaciones y modificaciones que la Corte Constitucional nunca exigió, dentro del Consejo de Seguridad –entidad garante de los acuerdos–, uno de sus miembros permanentes se encargó de dejarlo en evidencia. En efecto, el Embajador ante la ONU de la Federación Rusa le aclaró que el uso del término “Paz con Legalidad” ha sido utilizado por el Gobierno de Duque para evitar referirse directamente al Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y la desmovilizada guerrilla de las Farc en 2016 durante la administración de Juan Manuel Santos; y además que “ese ‘programa’ no fue aprobado por el Consejo de Seguridad ni lo acordó ‘la otra parte del acuerdo definitivo que son los excombatientes’. Y La sociedad civil está de acuerdo en que el programa de paz basado en la legalidad no busca aplicar el Acuerdo de Paz, sino que es una triquiñuela”; y también criticó la implementación de dicho acuerdo,  que consideró  se ha ejercido bajo deterioradas condiciones de seguridad, puesto que “el principal problema sigue siendo que el Gobierno no ha sido capaz de garantizar la seguridad física de los firmantes del acuerdo, ni de los líderes comunitarios», ya que «hay un vacío en la autoridad del Estado en las zonas rurales, en cuanto al programa de sustitución de los cultivos y la reforma agraria. Hay un aumento de la violencia, y velar por la seguridad de los participantes en el proceso de paz es clave para conseguir una paz duradera”. (AA, 2022). 

La anterior evaluación que se expresó en el seno del Consejo de Seguridad por uno de sus miembros, es mucho más cercana a la realidad, como veremos a continuación con referencia a cada uno de los componentes del Acuerdo de paz. 

 

Primer Punto. La Reforma Rural Integral. Es el punto más atrasado, respecto del cual el Gobierno Duque no hizo prácticamente ningún avance. El Informe Kroc registra que solo un 4% de sus compromisos se han completado, y un 83% tienen avance nulo o mínimo. 

El logro que el Gobierno muestra en este eje, constituido por las iniciativas Pdet, lo referencia por los 12,4 billones supuestamente gastados en financiar dichas obras. Sin embargo, de las 32.000 iniciativas sugeridas por las comunidades de esos municipios solo 3.200 se están adelantando, 574 financiadas por regalías, y de estas solo 71 ya se han concluido y 302 están en ejecución (Misión de Verificación, 2022). Según el Gobierno, se han añadido al Fondo de Tierras más de 1,9 millones de hectáreas de los tres millones previstos en el Acuerdo Final. Pero según los congresistas de la Bancada de la Paz, durante el Gobierno Duque solo se han entregado 247.023 hectáreas, de las cuales 244.762 a comunidades étnicas y 2.247 hectáreas a campesinos sin tierra o tierra insuficiente (el 1.5%). Más grave aún, según la misma fuente, es que en ocho de las regiones de los Pdet no se ha entregado una hectárea a campesinos sin tierra (Bancada, 2021). La falta de voluntad del Gobierno Duque para superar esta situación se concreta en no haber sacado la ley de Jurisdicción Agraria para tramitar los conflictos de tierras, y en el hecho de que en el año 2021 más del 96% de los municipios no cuentan aún, a pesar del compromiso, con formación catastral, o tienen desactualizado el registro legal de las mismas.

Segundo Punto. Ampliación de la Democracia y la Participación Política. Este punto, junto con el anterior, constituyen los principales factores estructurales generadores y perpetuadores de violencia que debían ser reformados. El informe Kroc registra solo un 14% de compromisos cumplidos, y un 72% con ningún o mínimo nivel de cumplimiento. 

Durante cuatro años el Partido de Gobierno logró dilatar la aprobación de la reforma que aprobaba las Curules de paz para la representación de las víctimas y comunidades de los territorios más afectados por la violencia. Tuvo que ser la Corte Constitucional la que mediante la Sentencia SU-150 del 21 de mayo del 2021, ordenara la expedición y reglamentación del Acto Legislativo que creaba las 16 curules especiales de paz. Pero el gobierno retardó su reglamentación, no garantizó la financiación de los candidatos y no brindó las condiciones de seguridad para ellos, muchos de los cuales no pudieron hacer presencia en sus territorios, al punto que muchos se vieron obligados a retirarse, y en varios casos quienes se presentaron y terminaron quedándose con las curules que pertenecían a las víctimas, fueron candidatos afines a jefes paramilitares o partidos políticos clientelistas (caso del hijo del jefe paramilitar de la Costa Atlántica Jorge 40). 

Así mismo, el Gobierno no mostró voluntad para tramitar la Ley Estatutaria de Garantías y Promoción para la Participación ciudadana y para la Protesta Social, ni para la reforma Política y Electoral, acorde con las recomendaciones de la Misión Electoral. Por el contrario, la irrupción de la protesta masiva para pedir la implementación de la paz, parar el asesinato de líderes y exigir atención a necesidades sociales durante el estallido social del 2021, fue reprimida de modo violento y desproporcionado, al costo de ochenta y siete personas asesinadas, más de cien con mutilación ocular, y más de 1.900 personas heridas. Las garantías brillan por su ausencia.

Punto 3. Medidas para poner fin al Conflicto. A pesar de que este es uno de los puntos que más avances registra (49% cumplido), los incumplimientos de lo que falta son los de consecuencias más graves, pues se refieren a las garantías de seguridad para excombatientes, líderes sociales, comunidades y territorios, donde el incumplimiento gubernamental de detener su propia violencia y no tolerar la violencia de actores ilegales, ha llevado al país a una de las más graves crisis humanitarias en muchos años, generada por el terror armado en sobre las comunidades donde debía priorizarse la implementación de la paz.

Reincorporación. Más de cinco años después de la dejación de armas, casi la mitad (48.9%) de los excombatientes no están aún vinculados a algún proyecto individual o colectivo financiado por el Gobierno (Bancada, 2022), el cual  no mostró voluntad en garantizar que el proceso de reincorporación fuera colectivo, y no pudo garantizar la permanencia de los ex combatientes en los 26 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, ya que varios de estos colectivos han tenido que ser trasladados, por causa de la violencia ejercida por paramilitares y algunas de las llamadas disidencias, al punto que de los más de 13.000 excombatientes desmovilizados, ya cerca de 10.500 de ellos se encuentran fuera de estos espacios (Misión de Verificación). Y en cuanto al derecho a la vida de los excombatientes, la Misión de Verificación constata que desde la firma del Acuerdo Final han sido asesinados 315 excombatientes (incluidas 10 mujeres); 89 excombatientes (incluidas 6 mujeres) han sido víctimas de intentos de homicidio, mientras que 27 han sido dados por desaparecidos (todos hombres). Durante los cinco primeros meses de 2022 son ya 22 los excombatientes asesinados, que se suman a los 298 a quienes el gobierno a pesar de su desmovilización y entrega de armas no les garantizó la vida. A pesar de que la reincorporación se muestra como el punto principal de cumplimiento del programa paz con legalidad que destaca el gobierno, la propia Corte Constitucional reconoció que en materia de seguridad para los reincorporados lo que hay es un verdadero “estado de cosas inconstitucional” que no ha sido capaz de garantizar la vida, libertad o seguridad de quienes firmaron los acuerdos (Corte Constitucional, Sentencia SU-020 de 2022)

Punto 4. Solución al Problema de las Drogas. Mientras la política frente al consumo de drogas fue replanteada con la llegada de Duque mediante un enfoque basado en un tratamiento represivo (EFE, 2021), la reactivación del enfoque de guerra contra las drogas en el sector rural ha llevado no solo a una masiva represión violenta de los campesinos que subsisten merced a los cultivos de uso ilícito, sino que ha empoderado a mafias criminales, paramilitares y disidencias de las antiguas Farc, con una combinación de connivencia y falso combate por parte de las fuerzas estatales en los territorios; ha  reactivado la expansión del control armado de actores ilegales en amplias regiones del país; y aumentado la producción de cocaína y el área de cultivos ilícitos, y sobre todo su productividad. Junto con ello, a más de cien mil familias que subsisten de los cultivos se les ha negado su ingreso al Programa de Sustitución de los cultivos de uso ilícito, y de las cerca de noventa y nueve mil inscritas en el mismo (Pnis), tan solo al 8.6% se les ha dado apoyo para el proyecto productivo, por lo que de seguir ese ritmo tomaría cincuenta y tres años cumplirles (Bancada).

Punto 5. Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación. En junio de 2022 la Comisión de la Verdad concluye sus labores, después de haber recibido testimonios de más de veintisiete mil víctimas y novecientos informes sobre hechos de violencia y violaciones de derechos humanos. No obstante, la Comisión se quejó por la negación de informes sobre temas de seguridad y derechos humanos por parte del estamento militar y el Ministerio de Defensa (El tiempo, 26 de enero), al tiempo que el delegado de los militares en la Comisión de la Verdad renunció justo al momento de la terminación del informe, acusando a la Comisión de parcialidad y deslegitimando su labor, mientras se le ponía a los comisionados toda clase de obstáculos para recabar información del jefe paramilitar alias Otoniel sobre sus nexos con la alta dirigencia política y militar en el gobierno. 

Por el lado de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas se concluyó la formulación del Plan Nacional de Búsqueda, de veintiún Planes Regionales de Búsqueda, y el establecimiento de un universo de víctimas de desaparición forzada cercano a las cien mil personas, las cuales esperan en el futuro conocer el paradero y la suerte de sus seres queridos. Mientras la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) ha avanzado en la imputación de crímenes al Estado mayor de las antiguas Farc por más de veintiún secuestros, y a veinticinco militares y un civil por casos de falsos positivos en el Cesar y el Catatumbo, luego de haber establecido que el universo de víctimas es de 6.402 personas asesinadas bajo esta modalidad de acción violenta, solo entre los años 2000 y 2006. Sin embargo, luego de haber mantenido por largo tiempo las objeciones a la vigencia de la Ley Estatutaria de la JEP, el gobierno ha continuado las agresiones y descalificaciones a su labor por parte del presidente, el Ministro de Defensa, el Comandante del Ejército y altos dirigentes del partido de Gobierno (El Tiempo, 2021). Con corte al 1 de junio de 2022, 9’278.531personas (el 18% de la población) han sido reconocidas como víctimas e incluidas en el Registro Único de Víctimas, de las que solo el 16% habían sido indemnizadas, lo que tomaría un total de cincuenta y nueve años para culminar su indemnización, si no hubiera nuevas víctimas (Bancada). 

Punto 6. Mecanismos de implementación y Verificación. Es el punto que más nivel de cumplimiento registra (58%), y el que más pesa en el nivel de cumplimiento general del Acuerdo, pero ese dato se refiere en lo fundamental a acciones llevadas a cabo antes del gobierno de Duque, referidas a todo el alistamiento normativo, la creación de instituciones, la realización del plebiscito y el Plan Marco de Implementación.

El Gobierno de Iván Duque paralizó el proceso de alistamiento normativo requerido para dar cumplimiento a la implementación de los acuerdos y remover los obstáculos normativos para darles viabilidad. En los dieciocho meses transcurridos entre la firma del Acuerdo y el fin del anterior gobierno, se expidieron sesenta y seis de las ciento siete normas evaluadas como requeridas para avanzar en este proceso (61.7%); y durante el gobierno Duque solo se expidieron cinco normas, las cuales venían en proceso de discusión desde el gobierno anterior, y de hecho dicho  gobierno  solo presentó una  iniciativa de ley que fue la Especialidad Judicial Agraria, la cual finalmente no fue aprobada, pues de hecho el ejecutivo  nunca se opuso a que su bancada la hundiera en el Congreso. Justamente, los puntos más afectados por la falta de expedición de las normas requeridas para dar cumplimiento a lo acordado son los que tienen que ver con los cambios estructurales que originaron y han mantenido el conflicto, tales como la reforma rural integral (58% sin tramitar), y las reformas políticas y garantías para su ejercicio (50% sin tramitar) (Bancada por la Paz, 2021).

Y las normas aprobadas, como las que crean las curules de paz y la Ley Estatutaria de la JEP, lo fueron contra su voluntad, pues el gobierno buscó objetarlas o entrabar hasta el final su entrada en vigor. Lo mismo que intentó frenar la activación de otras diez normas, aunque sin lograrlo gracias a la oposición de la bancada por la paz en el Congreso (El Espectador, 2022).

Tampoco se logró avanzar en la implementación de los enfoques étnico y de género, manteniendo una enorme brecha con respecto a la implementación general, de dieciocho y diecisiete puntos porcentuales por debajo del nivel general de aplicación, respectivamente.  

 

El tema de la Seguridad. El Acuerdo Final de Paz celebrado entre el gobierno y las Farc en 2016 previó una estrategia amplia e idónea para sacar la violencia de la política, y llevar seguridad a las regiones más afectadas por el conflicto, incluida la seguridad de los líderes, las organizaciones, los movimientos sociales y los territorios, con base en medidas que, a pesar de haber sido reglamentadas bajo el anterior gobierno, se vieron paralizadas en su implementación bajo el gobierno actual. Tales  medidas comprendían la creación de un Sistema integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Decreto 895 de 2017), que fue paralizado durante el actual gobierno; un Programa Integral de Seguridad y Protección  para Comunidades y Organizaciones en los Territorios (Decreto 660 de 2018), que no fue implementado porque el Gobierno Duque alega no tener los recursos para ponerla en funcionamiento; y una Instancia de Alto Nivel de Seguridad y una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad encargada de formular y poner en marcha los planes para el desmantelamiento de las estructuras paramilitares (Decreto 154 de 2017), las cuales, aunque  debían ser presididas y convocadas mensualmente por el Presidente de la República, solo en raras ocasiones fueron convocadas, y a casi seis años de su creación no se ha podido siquiera formular su plan de acción, y por el contrario, el Gobierno Duque ha saboteado su funcionamiento, mientras todos los días aumentan las noticias de connivencia, colaboración u omisión de altos mandos militares y funcionarios estatales con la expansión y control territorial de las estructuras paramilitares y otras estructuras ilegales, que son los responsables de gran parte del terror bajo el que viven cientos de municipios, del incremento del desplazamiento forzado, de la imposición violenta a las comunidades de la economía del narcotráfico, y de las masacres y asesinatos cotidianos de líderes sociales (González Posso, 2022). 

 

La Financiación. Frente a la financiación del Acuerdo de Paz, calculado por la Contraloría General de la República en 146.7 billones a precios de 2020, los recursos puestos durante este gobierno han resultado insuficientes, reportados en 5.6 billones como promedio anual, lo cual llevaría a que la implementación de dicho Acuerdo se tardaría veintiséis años. Ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Iván Duque expresó que durante su gobierno se invirtieron 12.4 billones de pesos “para mejorar la vida de 6,6 millones de personas en 170 municipios Pdet” (Presidencia, 2022); pero, como en casi todos los ámbitos de su gestión, Duque trata de mostrar que ha sido exitosa apelando a cifras elevadas de supuestas inversiones estatales, sobre los cuales casi nunca hay información desagregada, y la que se muestra no puede ser verificada. Así, los Congresistas de la Bancada de la Paz confirmaron que “el Gobierno no cuenta con información territorializada sobre el 27% de los recursos invertidos en los Pdet” (Bancada), pero que además, teniendo en cuenta que de las fuentes de financiación del Acuerdo sólo se cuenta con información de ejecución de las Obras Pdet y de OCAD Paz en las subregiones Pdet, se puede afirmar que solo se ha invertido en total 454 mil millones de pesos desde la firma del Acuerdo en los municipios Pdet, por lo que esto implica que se está invirtiendo al año el 2% de los recursos necesarios para lograr la estabilización del territorio y el cumplimiento de las metas del Acuerdo, siendo la situación más grave en regiones como Pacífico Medio  donde apenas se ha comprometido el 0,5% del costo total requerido para su implementación (Bancada, 2022). Según el balance de la Bancada de Paz del Congreso, los municipios Pdet representan el 13% de la población del país, pero allí se ha dado presenta el 24,7% de los homicidios. Ello evidencia que en vez priorizar inversiones e implementar programas para sacar estas regiones de la violencia mediante la transformación rural democrática, lo que se hizo fue lo contrario, estropear la paz y reactivar la violencia. Con relación al proceso con el ELN, el proceso no fue mejor. El gobierno se negó a reactivar las negociaciones, hostilizó a los países garantes, y exigió condiciones de renuncia a la actividad militar para poder hacerlo, a sabiendas que por esa vía no habría ningún avance. 

Por todo ello, la implementación de los Acuerdos, la reactivación del proceso con el ELN, y la concreción de planes de acción humanitario y diálogos humanitarios que saquen a la población del conflicto y conduzcan a una paz completa, será una tarea que debe reemprender un nuevo gobierno. Este gobierno y su paz con legalidad no tuvo voluntad, y reinstalaron al país en un nuevo ciclo de guerra, del que el pueblo clama por salir de manera angustiosa.

 

RETOS DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

Son diversas las formas de organización y articulación de sectores sociales: Plataformas, asociaciones, federaciones, confederaciones, alianzas nacionales, pactos, mesas, guardias cívicas, ligas (de salud, de servicios públicos), redes, veedurías, consejos comunitarios, cabildos, palenques, conferencias, entre otras. 

Hoy los movimientos sociales estamos sintiendo y entendiendo la “crisis civilizatoria” expresada en cambio climático, la mercantilización de los bienes naturales, y la crisis alimentaria. Igualmente, la pandemia es una señal evidente de la crisis de la salud y la necesidad de garantizar la autonomía y soberanía alimentaria. Lo anterior es el resultado de un modelo de desarrollo regido por la acumulación, el consumismo y el individualismo, que profundiza la desigualdad, aumenta la pobreza y recrea las condiciones que pueden destruir el planeta. 

A pesar de la represión, al finalizar el gobierno hay una claridad sobre la importancia del cambio, entre los procesos sociales de jóvenes y de barriadas que se movilizaron en el paro llamado “estallido social”, en la medida en que están más politizados, lo que significa que tendrán capacidad de resistencia y también de construcción de agendas para la negociación de sus intereses. Con un eventual gobierno del cambio, los movimientos sociales deben profundizar su ejercicio de incidencia institucional, construyendo propuestas de cambios legislativos, así como de programas que puedan incluirse en el Plan Nacional de Desarrollo que deberá construirse al comienzo del nuevo gobierno.  

Ante la presión del establecimiento y de la mafia para desestabilizar el gobierno que impulsa el cambio, los movimientos sociales juegan un papel decisivo, porque el poder de la movilización social y de la denuncia serán piezas fundamentales en el mantenimiento y respeto a la democracia, sin perder la autonomía y la agenda propia. 

 

Desafíos de los movimientos sociales en el próximo periodo de gobierno.

Independientemente del gobierno que llegue, existe la necesidad de que los movimientos sociales continúen el proceso de articulación e integración a plataformas regionales, nacionales e internacionales, con agendas de país estructuradas para el corto, mediano y largo plazo, cuidándose de no caer en el inmediatismo.

De igual forma, es indispensable establecer acuerdos al interior de los movimientos sociales para evitar que sean cooptados por el gobierno, y lograr mantener su autonomía para no debilitar las organizaciones y movimientos, y mantenerlos como espacios de y con poder con una agenda de actuación y una capacidad de resistencia. 

También establecer criterios y espacios de participación real para el diálogo / concertación / negociación con el gobierno en torno a la solución real de los problemas, para superar la práctica del gobierno de incumplir los acuerdos. Y consolidar ejes articuladores para la resistencia y la construcción de agendas de negociación bien estructurales que generen cambios reales y sostenidos, con base en algunos ejes: 

  1. a) La construcción de la paz y la vigencia de derechos humanos, en tanto trabajo común a los distintos procesos organizativos; la protección de los líderes, la reforma a la policía, cambiar la doctrina del enemigo interno, el funcionamiento de mesas de garantías, la construcción de un plan nacional de derechos humanos, la construcción de estrategias de autocuidado y autoprotección de los líderes y los proceso sociales, así como el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de paz, como temas centrales; 
  2. b) La protección de la tierra y la naturaleza, con base en un nuevo sistema en política ambiental, la reforma al sistema de autoridades ambientales, la protección de los páramos, el no desarrollo del fracking, la autonomía y soberanía alimentaria, que pasa por el desarrollo de la economía productiva alimentaria; la firma del acuerdo de Escazú; garantizar el acceso a mecanismos de consulta y participación como consultas populares; y la regulación comunitaria del agua. 
  3. c) El desarrollo de procesos de formación de liderazgos colectivos, sobre la base de reconocer y valorar al otro; identificar complementariedades; reconocer el “nosotros” como actores de cambio y trasformación; cualificar vocerías regionales y locales, para conducir procesos sociales locales regionales y nacionales que permitan la acumulación de esfuerzos y fuerzas para lograr los cambios planeados que hacen parte de la propuesta alternativa de sociedad que movilizan los movimientos sociales. 
  4. d) La recomposición, recuperación y fortalecimiento de los espacios de representación directa de los sectores sociales y comunitarios que han sido devastados por la guerra sucia y las políticas represivas, y su proyección como grupos de incidencia, presión y proposición de políticas públicas. 
  5. e) La conexión de las agendas sociales, ambientales y territoriales con las agendas políticas formales, en los escenarios de las decisiones públicas (Congreso, gobierno nacional, gobiernos departamentales y municipales, espacios formales de participación); en los de representación directa de los movimientos y comunidades; y en las redes nacionales e internacionales.
  6. f) La concurrencia a la recuperación de valores, lenguajes y horizontes de sentido constructivos alrededor de la esperanza, y el respeto a los bienes comunes y las entidades y espacios públicos, en la acción ciudadana y la política, las cuales han sido envilecidas y empobrecidas por la hegemonía neoliberal que estigmatiza y descompone lo público, y por el dominio de las mafias de la corrupción, la parapolítica y el narcotráfico.