Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, FCSPP.
Durante el último año, Iván Duque y su partido de gobierno, el Centro Democrático, han desempeñado un papel determinante en la continuidad y profundización del Estado de cosas inconstitucional en las cárceles colombianas, declarado por la Corte Constitucional en las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015. Desde el inicio de su gobierno, han sido más los anuncios que las acciones efectivas para superar la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos de la población privada de la libertad. A esto se suman las problemáticas derivadas de la pandemia generada por la covid-19, lo que ha agudizado la crisis existente.
La hoja de ruta trazada por el Gobierno nacional hace más de un año se basa, en teoría, en el denominado “Plan de Transformación y Humanización del Sistema Carcelario” (Gobierno Nacional, 2019), cuya vigencia se extiende de 2019 a 2021. Este plan se ha criticado duramente por parte de las organizaciones integrantes de la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil a la Sentencia T-388 de 2013, en sus informes V, VI y VII. Ellas consideran que, en su formulación, “las acciones presentadas están definidas en términos vagos y abstractos, de forma que su sentido, viabilidad, costos y consecuencias no son claros” (Benjumea, 2019, p. 6). Este grado de indefinición se combina con los anuncios grandilocuentes del presidente Iván Duque, como el reiterado Plan de Choque en las cárceles y el Plan Nacional de Política Criminal, en los que no hay avances claros en tiempos, proyecciones presupuestales, impactos y garantía de derechos. Incluso, sobre este último plan, no se conoce ningún documento aprobado que lo desarrolle. Solamente, referencias a él en los informes entregados por el Gobierno nacional a la Corte Constitucional, pero, de ninguna manera se sabe cuál será su enfoque y cómo se llevará a cabo.
En particular, en su Plan de Transformación y Humanización de las cárceles, el Estado colombiano ha dicho que se enfocará en cuatro ejes de derechos: la racionalización del ingreso al sistema penitenciario y carcelario, la infraestructura, la vida en reclusión y la resocialización. Y en dos ejes transversales: transparencia y humanización. Lo cierto es que no hay avances sustanciales en la superación del Estado de cosas inconstitucional en las cárceles. Gran parte de lo que reporta el Estado colombiano como “avances” consiste en indicadores de gestión, mediante datos y más datos, sin un contexto adecuado. Mientras tanto, se siguen vulnerando los derechos fundamentales de gran cantidad de personas privadas de la libertad.
No hay avances en la superación del Estado de cosas inconstitucional en las cárceles declarado en 2015. Siguen vulnerándose los derechos fundamentales de muchas personas privadas de la libertad.
Muestra de ello es el conjunto de nulos resultados en la racionalización del ingreso al sistema penitenciario. Es notorio que el Estado colombiano sigue haciendo uso desmesurado del encarcelamiento como si fuera la única medida para regular los problemas sociales e impartir justicia. Actualmente, Colombia tiene la tercera tasa de encarcelamiento más alta de América Latina: 225 personas por cada 100 mil habitantes1, lo que le otorga el segundo puesto en Suramérica con más personas privadas de la libertad. Para el 31 de mayo de 2020, el número llegaba a 112.039. De estas, 33.043 (Inpec, 2020) se encontraban en calidad de sindicadas, es decir, sin una sentencia condenatoria en firme. Tal cuestión demuestra un abuso en la detención preventiva, que, además, implica otras vulneraciones de derechos humanos, como al acceso a la pronta administración de justicia, a la presunción de inocencia, a la libertad y a la seguridad jurídica.
Este uso a ultranza de la cárcel se ha evidenciado, incluso, en los escenarios de emergencia y excepción por el coronavirus, pues el Decreto Legislativo 546 de 2020, que contemplaba el otorgamiento de prisión y detención domiciliaria a personas privadas de la libertad, resultó inocuo y engañoso luego de que contemplara más de 71 exclusiones y resultó, en algunos casos, más restrictivo que la ley ordinaria.
En distintos planes se señala la necesidad transformar la política criminal, calificada de “ser reactiva, inestable y subordinada en materia de seguridad ciudadana, valiéndose del sistema penal y de la privación de la libertad como las medidas principales para resolver los problemas de criminalidad” (Gobierno nacional, 2019). Sin embargo, esto no tiene coherencia con los anuncios del presidente Iván Duque, quien ha hecho una férrea defensa de varias reformas penales tendientes al endurecimiento punitivo. La de mayor representatividad ha sido la cadena perpetua para violadores de menores (El Tiempo, 2020), duramente criticada por académicos y expertos por ser populista, engañosa al no garantizar la efectiva protección de los menores y por contrariar la Constitución (Uprimny, 2020).
En ese escenario, se ha favorecido que se mantenga un índice de hacinamiento bastante elevado: 38,7 %. Según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), de las 132 cárceles existentes en Colombia, 92 presentan un grave hacinamiento. La situación puede ser más alarmante en determinadas cárceles, pues, tienen un hacinamiento superior al promedio nacional, como es el caso de la cárcel de Riohacha, con un 302 % (Inpec, 2020). Lo anterior ha tenido implicaciones desastrosas para la dignidad de las personas privadas de la libertad, pues, en espacios diseñados para dos personas, pueden llegar a habitar hasta siete; muchas han llegado a dormir en pisos, pasillos y adentro de los baños.
Debido al grave hacinamiento existente en las cárceles colombianas, se han creado condiciones favorables para la rápida expansión de la covid-19, pues, es imposible practicar el distanciamiento social cuando siete u ocho personas deben vivir en la misma celda. Para el 30 de junio de 2020, el Inpec reportó 1.651 casos activos y, de ellos, 1.471 en personas privadas de la libertad en 24 cárceles. Los casos de contagio más graves se encuentran en las cárceles de Cali, con 687 casos; la cárcel de Cartagena, con 325 casos; la cárcel de Espinal, con 286 casos y la cárcel de Villavicencio, que llegó a tener más de mil contagios. Sin embargo, según el Inpec, hubo aquí una gran recuperación que dejó solo 31 contagios. Las cifras de esta última cárcel resultan dudosas, pues, muchos privados de la libertad han manifestado no habérseles hecho segundas pruebas (Inpec, 2020).
El grave hacinamiento en las cárceles crea las condiciones para la rápida expansión de la covid-19. Y es alarmante, allí, el incumplimiento en la garantía del derecho a la salud.
En el caso de la garantía del derecho a la salud de las personas privadas de la libertad, el Gobierno colombiano se mantiene con un nivel de incumplimiento alarmante. Según la Procuraduría General de la Nación (PGN), en su informe a la Corte Constitucional, para el primer semestre de 2019 se generaron 37.878 autorizaciones médicas, de las que se solicitaron 18.165 y se cumplieron solo 8.851 (PGN, 2019, p. 2), un número bastante reducido, si tiene en cuenta la demanda inicial del servicio de salud. Para un periodo similar, entre enero y marzo de 2020, de las 24.786 citas solicitadas, solo se cumplieron 11.701, es decir, el 47,2 % (Presidencia de la República, 2020, p. 61), lo cual demuestra que continúan las deficiencias en la asistencia médica.
Esto se refleja en el contexto actual provocado por la pandemia de la covid-19. En las cárceles con mayores niveles de contagio, las personas internas y los mismos funcionarios penitenciarios han denunciado la escasez de personal sanitario, insumos médicos e infraestructura hospitalaria, lo cual ha dificultado el seguimiento de la enfermedad y la aplicación de segundas pruebas para descartar la presencia del virus en los primeros contagiados. Todo ello compromete gravemente la vida, la integridad y salud pública, tanto de la población reclusa, como de sus alrededores.
Por otro lado, la crisis llegó a tal punto que durante el mes de marzo se presentaron múltiples protestas, huelgas de hambre y motines en cerca de 24 cárceles en todo el país. En la mayoría de los casos, la respuesta estatal fue el uso excesivo y letal de la fuerza. Los hechos más graves se reportaron el 21 de marzo en la cárcel Modelo de Bogotá, donde 23 internos resultaron muertos por armas de fuego y 84 quedaron heridos (El Espectador, 2020); según las revelaciones de la revista Semana (2020), se habrían presentado hechos de tortura contra varios presos.
Todo lo anterior evidencia que el actual gobierno está lejos de representar un cambio que permita garantizar los derechos fundamentales de la población privada de la libertad. Por el contrario, sus acciones han conducido a la profundización de las problemáticas existentes.
Benjumea, A. (2019). Comentarios de la Comisión de Seguimiento al VI Informe de Seguimiento al estado de cosas inconstitucional del Sistema Penitenciario y Carcelario del Gobierno Nacional. Bogotá: Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil.
El Tiempo. (2020, 18 de junio). Duque celebra aprobación de cadena perpetua para violadores de niños. El Tiempo. Consultado el 30 de junio de 2020 en https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/duque-celebra-aprobacion-de-cadena-perpetua-para-violadores-de-ninos-508516
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec. (2020). Estadísticas PPL 31 de mayo de 2020. Consultado el 30 de junio de 2020 en https://www.inpec.gov.co/ca/covid-19-establecimientos-inpec
Ministerio de Justicia. (2019). Plan de transformación y humanización del sistema carcelario. Consultado el 30 de junio de 2020 en https://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Documentos2019/Plan_Carcelario/Plan_de_Transformacion_y_Humanizacion_del_Sistema_Carcelario_en_Colombia_Resumen_Ejecutivo.pdf
Gobierno de Colombia. (2020, 9 de junio). Octavo informe semestral del Gobierno nacional al estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario. Consultado el 21 de agosto de 2020 en http://www.politicacriminal.gov.co/Portals/0/Seguimiento/OctavoInforme/Octavo%20informe%20de%20seguimiento%20al%20ECI%20versi%C3%B3n%20final..pdf?ver=2020-06-10-094934-453
Morales Sierra, F. (2020, 5 de mayo). Motín de marzo en La Modelo dejó 24 muertos, uno más de los que ha admitido el Inpec. El Espectador. Consultado el 30 de junio de 2020 en https://www.elespectador.com/coronavirus/motin-de-marzo-en-la-modelo-dejo-24-muertos-uno-mas-de-los-que-ha-admitido-el-inpec-articulo-917944/
Procuraduría General de la Nación, PGN. (2019, 4 de julio). Informe sobre el sexto reporte de seguimiento del Gobierno Nacional al cumplimiento de las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015. Consultado el 12 de agosto de 2020 en http://www.politicacriminal.gov.co/Portals/0/documento/Informe%20de%20la%20Procuraduria%20General%20de%20la%20Naci%C3%B3n%20al%20VI%20Informe%20de%20Seguimiento%20al%20Gobierno%20Nacional.pdf+¡
Semana. (2020, 7 de junio). 10 horas de terror. Semana. Consultado el 30 de junio de 2020 en https://www.semana.com/nacion/articulo/en-exclusiva-masacre-carcel-la-modelo-pruebas-del-amotinamiento-carcelario/677853
Uprimny, R. (2020). La academia contra la cadena perpetua. El Espectador. Consultado el 30 de junio de 2020 en https://www.elespectador.com/opinion/la-academia-contra-la-cadena-perpetua/
Word Prisión Brief (2020). Colombia. Word Prisión Brief Data. Consultado en https://www.prisonstudies.org/country/colombia (consultado el 30 de junio de 2020).
1. Basado en una población nacional estimada de 50,19 millones a mayo de 2020 (según cifras de las Naciones Unidas) (Word Prisión Brief, 2020).
