El régimen al desnudo – ¿Cómo ponerle fin a la alianza entre narcoparamilitares y élites políticas?

Sara Tufano / Socióloga y columnista.

El segundo año del gobierno de Iván Duque se caracterizó por evidenciar la relación entre élites políticas y narcotráfico. El 3 de marzo de 2020, se conocieron las interceptaciones al extinto narcotraficante José Guillermo Hernández Aponte, alias “Ñeñe”, en las que este hacía referencia a una posible compra de votos para la campaña de Duque durante la segunda vuelta presidencial en 2018 (Guillén, 2020). A finales de marzo, la fundación InSight Crime publicó una investigación sobre los vínculos entre Guillermo León Acevedo, alias “Memo Fantasma” (McDermott, 2020)1, reconocido narcotraficante paramilitar, y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. La investigación revelaba que la empresa de la vicepresidenta y de su marido, Hitos Urbanos, había gestionado la construcción de un proyecto inmobiliario de “Memo Fantasma”. Adicionalmente, en junio de 2020, se descubrió que el hermano de la vicepresidenta había sido arrestado y condenado en 1997 a 57 meses de cárcel en Estados Unidos por tráfico de heroína (Guillén & Martínez, 2020)2, una información que la vicepresidenta nunca dio a conocer.

Estos no son hechos aislados, sino el reflejo de un proceso histórico de largo aliento. En efecto, los nexos entre élites políticas y narcotráfico se vienen gestando desde los años 80. Varios autores sostienen que el enriquecimiento de los narcotraficantes estuvo acompañado por su deseo de reconocimiento en la esfera política y social. El exministro Rafael Pardo describe este proceso en uno sus libros:

El ascenso económico de los narcotraficantes fue paulatino, pero no clandestino. Por el contrario, fue muy visible y contó con la indiferencia de muchos y con la complacencia de otros. Su liquidez inusitada les permitió comprar gran cantidad de propiedades urbanas y rurales a la clase dirigente de las principales ciudades, sin que se hiciera ningún juicio de valor negativo al respecto. ‘La clase emergente’ o los ‘mágicos’, como se les decía a los mafiosos, era vista como un fenómeno curioso, censurable por algunos pocos, pero de alguna manera aceptado (Pardo, 1996: 190).

Fueron estas transacciones económicas entre mafiosos y clase dirigente las que les dieron legitimidad. Con los años, se fue generando “una red de complicidades y lealtades” (Fernández, 2002: 104) entre narcotraficantes, clase política y paramilitares, cuyo resultado más tangible fue la llegada de Álvaro Uribe a la presidencia en 2002.

Cabe destacar que mientras se reconocía al narcotraficante como un actor político legítimo, a las guerrillas se las demonizaba. El régimen político se fue democratizando para unos, pero no para otros; es como si ese proceso de apertura democrática se hubiera detenido en el momento en que esta “clase emergente” llegó al poder. A partir de ahí, la democratización formal del régimen se acompañó de la prolongación del conflicto armado con unos actores y con el exterminio, tanto de excombatientes que dejaban las armas, como de los que eran considerados sus simpatizantes.

Impasse político

En la historia reciente del país, los gobiernos de Álvaro Uribe y el de su ahijado político Iván Duque son los únicos que se han negado a negociar con las guerrillas. En vez de solucionar el conflicto armado, lo han prolongado. El primero, por llevar a cabo una ofensiva militar sin precedentes contra la insurgencia; el segundo, por no comprometerse con la implementación del Acuerdo final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera (en adelante, Acuerdo final), suscrito entre el gobierno anterior, el de Juan Manuel Santos, y las Farc. Pero, a diferencia de Uribe, Duque se encuentra en un difícil momento político. Debido a la fractura del relato uribista producida por el proceso de paz, Uribe ha alcanzado niveles históricos de impopularidad (De Narváez, 2019). Adicionalmente, el 4 de agosto de 2020, la Corte Suprema de Justicia ordenó su detención domiciliaria por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal3 (Corte Suprema de Justicia, 2020). Esta histórica decisión reduce aún más el margen de maniobra de Duque y lo sitúa en un impasse político.

En la historia reciente, Uribe y Duque son los únicos presidentes opuestos a negociar con las guerrillas. En vez de buscar solución al conflicto armado, lo han prolongado.

El Acuerdo final, en particular, el punto 2 sobre participación política, es claro en decir que la apertura democrática del régimen político es una condición necesaria para forjar la paz, así como lo son las garantías de seguridad para el ejercicio de la política. Si este punto tuvo durante el gobierno de Juan Manuel Santos algunos desarrollos normativos como la entrada en vigencia del Estatuto de la Oposición o la transformación de las Farc en partido político, durante el gobierno Duque, se ha obstaculizado de diversas maneras: trabas a la reforma política, desfinanciación de la implementación y asesinatos de excombatientes de las Farc y de líderes sociales.

La falta de garantías democráticas para ejercer la oposición se refleja con crudeza en el asesinato de líderes sociales y excombatientes de las FARC. Si bien, estos asesinatos no iniciaron en el actual gobierno, este se ha caracterizado por mantener una actitud pasiva ante ellos. Tal pasividad se ha hecho aún más evidente durante la pandemia, que ha desviado la atención de los problemas estructurales del país y se ha usado como pretexto para que el Ejecutivo aumente su poder por medio de la declaratoria del Estado de emergencia económica, social y ecológica4.

Así, no es de extrañar que la implementación del Acuerdo final y el fin de la violencia contra líderes sociales y excombatientes fueran dos de las demandas del paro nacional del 21 de noviembre de 2019, una histórica movilización que se prolongó por más de dos meses y que solo interrumpió la pandemia. Más aún, fue la marcha contra esta ola de asesinatos, a finales de julio de 2019, la que inauguró el segundo año del gobierno de Iván Duque.

El 14 de junio de 2020, el periódico El Espectador publicó en su portada los nombres de los 442 líderes sociales asesinados entre la firma del Acuerdo final y la fecha de la publicación. Según datos del boletín trimestral del Programa Somos Defensores, durante el primer trimestre de 2020 se documentaron 47 casos de asesinatos contra personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales (Programa Somos Defensores). El 27 de junio, el país se estremeció con la noticia del asesinato, en un mismo día, de seis líderes sociales en cinco departamentos diferentes del país. Las medidas para contener la pandemia han expuesto a este sector de la población a un mayor riesgo, pues los líderes están siendo asesinados en sus propias casas (UN Periódico Digital, 2020). También han aumentado las masacres, lo que evidencia un claro recrudecimiento del conflicto armado en los primeros dos años del gobierno Duque (El Espectador, 2020).

Los asesinatos de los excombatientes de las FARC también van en aumento. Entre el 1º de enero de 2020 y el 13 de julio, murieron asesinados 36 excombatientes. Con ellos, llegó a 219 la cifra de esos asesinatos desde la firma del Acuerdo final. El regreso a las armas de un sector de las FARC en agosto de 2019, algo impensable cuando se firmó el Acuerdo, también es producto, en parte, del incumplimiento al que este se ha visto expuesto.

Conclusión: ¿perpetuar el régimen o transformarlo?

Si el primer año de Duque se caracterizó por su falta de rumbo y por el imaginario de que su mandato podía desmarcarse de Uribe y de su partido, el Centro Democrático, el segundo muestra que su accionar político coincide cada vez más con la agenda de ese partido (Tufano, 2019). Sin embargo, hay una particularidad en esta etapa, que algunos hemos venido señalando: el uribismo, aunque tiene el poder, ya no es una fuerza hegemónica. La orden de detención domiciliaria de Uribe refuerza aún más esta pérdida de hegemonía y redefine la correlación de fuerzas políticas.

Aunque el uribismo tiene el poder, ya no es fuerza hegemónica. La orden de detención de Uribe refuerza la pérdida de hegemonía y redefine la correlación de fuerzas políticas.

Como se mencionó, desde los años 80, el régimen político colombiano se ha erigido a partir de los vínculos entre narcotraficantes, élites políticas y paramilitares. Ponerle fin a esta alianza debe ser el propósito de todo aquel que no quiera que nuestro país continúe en guerra. Por un lado, se trata de retomar la movilización social adaptándola al actual contexto de pandemia. Por otro lado, es necesario visibilizar esa alianza, explicando su origen y mecanismos y mostrar cómo ella ha sido fundamental para impedir y postergar cualquier intento de apertura democrática real en el país. La no implementación del Acuerdo final demuestra que el conflicto entre Estado y guerrillas no es lo que ha impedido la modernización política de Colombia: lo que ha impedido que el país se democratice en términos reales es el pacto de silencio y de impunidad entre mafia y establecimiento político.

Referencias bibliográficas

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De Narváez, Santiago. (2019, 6 de agosto). “Haber escogido a Duque es una muestra de debilidad de Uribe”: Sara Tufano. ¡Pacifista! Consultado el 15 de agosto de 2020 en https://pacifista.tv/notas/haber-escogido-a-duque-es-una-muestra-de-debilidad-de-uribe-sara-tufano/

Espinosa, Laura. (2020, mayo). Apertura democrática incumplida y reincorporación política. Centro de Pensamiento y Diálogo Político. Consultado el 25 de junio de 2020 en https://cepdipo.org/portfolio/cuadernos-de-la-implementacion-08-apertura-democratica-incumplida-y-reincorporacion-politica/

El Espectador. (2020, 7 de agosto). Las masacres aumentaron un 30% en los primeros dos años del gobierno Duque. Consultado el 15 de agosto de 2020 en https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/la-guerra-en-los-dos-primeros-anos-del-gobierno-duque/

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Forero, Jorge. (2018, 17 de octubre), De Uribes, narcos y paramilitares. Revista CTXT. Consultado el 15 de junio de 2020 en https://ctxt.es/es/20181017/Politica/22343/colombia-alvaro-uribe-paramilitares-narcotrafico-national-security-action.htm

Guillén, Gonzalo. (2020, 3 de marzo), Interceptaciones al narcotraficante ‘Ñeñe’ Hernández destapan compra de votos para Duque por orden de Uribe. La Nueva Prensa. Consultado el 15 de junio de 2020 en https://lanuevaprensa.com.co/component/k2/interceptaciones-al-narcotraficante-nene-hernandez-destapan-compra-de-votos-para-duque-por-orden-de-uribe

Guillén, Gonzalo y Martínez, Julián. (2020, 11 de junio), La vicepresidente de Colombia pagó en Miami fianza de US$ 150 mil para liberar a su hermano condenado por tráfico de heroína. La Nueva Prensa. Consultado el 19 de julio de 2020 en https://www.lanuevaprensa.com.co/component/k2/la-vicepresidente-de-colombia-pago-en-miami-fianza-de-us-150-mil-para-liberar-a-su-hermano-condenado-por-trafico-de-heroina

Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz. (s. f.). Paz al liderazgo social. Líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en 2020. Consultado el 25 de junio de 2020 en http://www.indepaz.org.co/paz-al-liderazgo-social/

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McDermott, Jeremy. (2020, 29 de marzo). El narcotraficante invisible: tras las huellas de Memo Fantasma. InSight Crime. Consultado el 15 de junio de 2020 en https://es.insightcrime.org/investigaciones/narcotraficante-invisible-memo-fantasma/

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Programa Somos Defensores. (s. f.). Boletín enero-marzo 2020. Consultado el 19 de julio de 2020 en https://drive.google.com/file/d/1bLrNtwcwUCn8tfWvd4LrJjQFpQRdt5y2/view

Semana en Vivo. (2020, 5 de agosto). Entrevista a Iván Cepeda, senador que le ganó el pulso a Uribe en el proceso de compra de testigos. Consultado el 15 de agosto de 2020 en https://www.youtube.com/watch?v=Gosjoo7DGtY

Tufano, Sara. (2019, 7 de junio), ¿Salvar a Duque? El Tiempo. Consultado el 20 de junio de 2020 en https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/sara-tufano/salvar-a-duque-columna-de-sara-tufano-372734

UN Periódico Digital. (2020, 22 de mayo). “Aislamiento preventivo pone en riesgo a los líderes sociales”. Consultado el 19 de julio de 2020 en https://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/aislamiento-preventivo-pone-en-riesgo-a-los-lideres-sociales/


1. En esta investigación, se afirma que “Memo Fantasma era realmente un jefe, o el jefe, del Bloque Central Bolívar, responsable de la muerte de unas 10.000 a 15.000 personas”.
2. Hay que destacar que estas noticias fueron el resultado de las investigaciones de los periodistas independientes Gonzalo Guillén y Julián Martínez. Los grandes medios no solo se han quedado callados frente a estas denuncias, sino que han puesto en tela de juicio el trabajo de estos periodistas.
3. El proceso comenzó en febrero de 2012 cuando el expresidente Uribe interpuso una denuncia por presunta manipulación de testigos contra Iván Cepeda, en ese entonces, representante a la Cámara. En el marco de sus funciones como vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, Cepeda visitó más de 40 cárceles para informarse sobre la situación de los reclusos. Durante estas visitas, lo contactaron dos exparamilitares: Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve, quienes afirmaban haber participado en la creación del grupo paramilitar Bloque Metro en la Hacienda Las Guacharacas, propiedad de los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez. En 2018, la Corte Suprema de Justicia decidió archivar el caso contra Iván Cepeda, declarar un auto inhibitorio a su favor e iniciar una investigación contra Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos. Para conocer la forma en que la historia del expresidente Uribe está entrelazada con los principales líderes del narcoparamilitarismo, véase Forero (2018).
4. Salomón Kalmanovitz (2020) ha afirmado que, con la excusa de la emergencia sanitaria, el gobierno se ha transformado en una dictadura civil.