Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo
El pilar de una democracia es la división de poderes y la garantía de la independencia de los jueces frente al gobierno de turno. Lo ideal es que los jueces decidan sin presiones. En 2018, después de cientos de denuncias por graves hechos, la Corte Suprema de Justicia inició una investigación formal en contra de uno de los políticos más poderosos, Álvaro Uribe Vélez, luego de que se supo que uno de sus abogados había presionado y sobornado a varios testigos para ayudar los intereses de su defendido. Hoy, se ha vuelto normal que, desde el Poder ejecutivo, el presidente Iván Duque, y de ahí para abajo, se critique la actuación de esta Corte.
La primera crítica fue por haber desestimado la denuncia que Uribe formuló contra el senador de la oposición Iván Cepeda. Luego, porque, ya en 2020, compulsó copias al encontrar que, en efecto, el denunciante manipuló testigos. Así salió la noticia en la página web de la Corte el 4 de agosto de este año:
La Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante decisión del 3 de agosto aprobada y suscrita por unanimidad, resolvió la situación jurídica del senador Álvaro Uribe Vélez con imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva, como presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal.
Dicha medida se sustituyó por detención domiciliaria. Por lo tanto, el senador Uribe Vélez cumplirá la privación de la libertad en su residencia y desde allí podrá continuar ejerciendo su defensa con todas las garantías del derecho al debido proceso (Gómez, 2020).
Las críticas son infundadas y temerarias, en verdad. Como se verá, en ellas ese afirma que hay una venganza, o un sesgo contra Uribe de los magistrados que tomaron la decisión. De eso, no hay evidencias. Lo que se quiebra es una inacción de la justicia frente a innumerables delitos endilgados a este personaje, de quien siempre se dijo que tenía un efecto teflón, por cuanto personas que trabajaron para él eran condenadas, pero la justicia nunca lo tocaba directamente.
En un auto de 1.554 páginas, la Corte Suprema de Justicia expresó los hechos por los que decidió imponer la medida de aseguramiento y continuar la investigación contra Álvaro Uribe Vélez. La Corte demuestra de manera prolija por qué Uribe «actuó con dolo, vale decir, con conocimiento de los hechos, conciencia de la ilicitud y la voluntad de querer su realización». Funda su decisión en interceptaciones, testimonios, grabaciones, inspecciones técnicas a cárceles, chats y otras pruebas que, para la Corte, son «prueba directa de la participación del congresista» en los referidos delitos. Es una medida preventiva para que el expresidente no huya del país, ni intente obstruir la investigación.
Esta decisión de la Corte Suprema de Justicia es un hito frente a personajes autoritarios con mucho poder que usualmente viven su vida en escenarios de impunidad. Se trata, además, del primer exjefe de Estado colombiano con una medida de aseguramiento. Toda la historia de Álvaro Uribe Vélez esta signada por líos judiciales propios, de su familia, de sus entornos políticos. El mensaje de las Altas Cortes es que aún existe en Colombia un Estado de derecho que hay que respetar.
La actitud del presidente Duque ante esos hechos que confrontan a su mentor político muestra el poder y la capacidad del procesado para obstruir la justicia. Es eso mismo lo que justifica la medida de aseguramiento. Ante la decisión de la Corte, el presidente no guardó silencio, ni pidió respeto a las providencias judiciales; por el contrario, expresó su «dolor» por la medida, ya que impedía que «un servidor público ejemplar (…) no tuviera la oportunidad de defenderse en libertad”, afirmaciones que, en un jefe de Estado, violan los artículos 188 y 201 de la Constitución Nacional.
El día anterior a la decisión, cuando se sabía que se iba a pronunciar la Corte Suprema, el diario El Espectador publicó una entrevista en la que resaltó el hecho de la “férrea defensa” de Duque al expresidente Uribe. Comentó, además, lo siguiente:
El presidente de la República, Iván Duque Márquez, tomó partido este lunes en defensa de su mentor, el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, quien enfrenta en la Corte Suprema de Justicia un proceso por manipulación y presuntos sobornos a testigos, caso en el que, según algunos informes de prensa, podría haber decisiones esta semana” (El Espectador, 2020)
Ese mismo día, siguiendo la línea presidencial, altos funcionarios del gobierno Duque (y otras personas) cuestionaron la independencia de la Corte Suprema de Justicia en el proceso que se sigue contra Uribe. En ese pronunciamiento estuvieron el embajador de Colombia en los Estados Unidos, Francisco Santos Calderón; el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla Barrera; el gerente para la atención de la covid-19, Luis Guillermo Plata; el embajador ante la OEA, Alejandro Ordoñez, y el excomandante de las Fuerzas Armadas, general (r) Jorge Enrique Mora. Dijeron:
Es preocupante que su proceso judicial sea abordado desde dinámicas de linchamiento, prejuzgamiento o condenas anticipadas. La sociedad demanda un procedimiento transparente, apegado a los Tratados Internacionales, la Constitución y las leyes. No podemos permitir que le cobren al expresidente Álvaro Uribe la promoción de unas ideas y traten de sustraerlo de la actividad pública a través de presiones indebidas a la justicia, buscando derrotarlo por ese camino ante la imposibilidad de hacerlo democráticamente en las urnas (Varios, 2020).
El 4 de agosto, el presidente hizo varias afirmaciones: “soy y seré siempre un creyente en la inocencia y honorabilidad de quien con su ejemplo se ha ganado un lugar en la historia de Colombia”, “lo considero un patriota genuino”, “él y su familia han sido víctimas de ataques y difamaciones”, “[lamento que] no se le permita defenderse en libertad”.
En la página web de la Presidencia, se informó también: “El presidente @IvanDuque afirmó este jueves que ante el consenso grande que hay en el país en torno a la necesidad de reformar la justicia, es necesario buscar el mecanismo que sea más veloz y asertivo para materializar ese cambio” (Presidencia de la República, 2020). Una muestra de la intención de castigar a las Cortes por la decisión contra su mentor político.
El 18 de agosto, Uribe renunció al Senado, como una estrategia para quitarle competencia a la Corte en su caso. Duque escribió:
Tuve el gran honor de trabajar con @AlvaroUribeVel en el Senado. Soy testigo de su amor por Colombia, su entrega por los más vulnerables y su compromiso por construir un mejor país. Con su renuncia pierde el Congreso uno de los mejores legisladores, pero su legado será imborrable.
Por su parte, el detenido, con desacato total a la justicia, se atrevió a manifestar que se le han violado garantías procesales y que él es objeto de “un secuestro”. Luego, para seguir atacándola, trae lo que pidió hace cinco años: una reforma a la justicia, Dice que «muchas veces he señalado la necesidad de una sola Corte» y que su partido «debe hacer una gran coalición con otros (…) y avanzar con un referendo que haga reformas importantes a la justicia”. El uribismo ha planteado siempre que hay que fusionar las cortes, lo que llevaría a suprimir la Corte Constitucional y por supuesto el Tribunal de Justicia Transicional llamado Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Una actitud de desafío y amenaza a las altas cortes y una reforma que podría socavar seriamente la independencia judicial.
Su pelea con la justicia es de vieja data. Desde hace décadas, a Uribe Vélez se le ha señalado en espacios de la justicia ordinaria, en Justicia y Paz, incluso, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Penal Internacional (CPI), de su cercanía con grupos paramilitares. Su hermano Santiago está ad portas de una condena por crear un grupo paramilitar. También se comprobó que durante su gobierno, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) espió a los magistrados encargados de investigar la relación entre Álvaro Uribe y el paramilitarismo y están condenados muchos de los directores y subdirectores que él nombro en esta agencia de inteligencia. Además, atacó duramente a la Corte Suprema de Justicia cuando en la primera década del siglo se produjeron más de 60 condenas a congresistas por la llamada parapolítica (vinculación de políticos con paramilitares), los mismos que habían apoyado su elección y su reelección a la Presidencia. Se condenó a su ministro del Interior Sabas Pretelt de la Vega y se comprobó el soborno a varios congresistas para que aprobaran la inclusión de un articulito en la Constitución que favorecía su reelección, lo cual no existía en Colombia hasta entonces. También confrontó a la Corte Constitucional cuando frenó su intento de perpetuarse en el poder con una segunda reelección. Igual, ha atacado desde su creación a la JEP, un componente del sistema de justicia transicional creado para juzgar los delitos cometidos en el contexto del conflicto armado.
“El secuestro es la retención ilegal de una persona”, escribe Uribe Vélez y lo reproducen masivamente sus seguidores. “Violaron todos los requisitos legales para detenerme, de forma ilegal, sin pruebas; en total, 8 violaciones a mis garantías procesales”. Aparte de decir que está secuestrado, agrega: “En esas interceptaciones no hay una palabra mía violatoria de la ley. La Corte me manda a prisión domiciliaria por inferencias”.
El partido de gobierno, el Centro Democrático, del que Uribe es jefe, con su bancada de 51 congresistas, generó una reacción desproporcionada haciéndole juego al propio investigado, quien se ha creído siempre que está por encima de la ley y de la justicia. Auspició una matriz de descrédito de las decisiones judiciales y de ataques directos a la magistratura de la Corte Suprema de Justicia y ha hecho una campaña en redes con cientos de miles de mensajes desobligantes y difamatorios contra ella.
Tras enterarse de la decisión de la Sala Especial de Instrucción de la Corte, publicó un comunicado rebelándose frente a la justicia: “El Centro Democrático recibe con indignación la decisión adoptada hoy por la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez”. Y lo concluye diciendo: “Nuestra colectividad se propone plantear a los colombianos una Asamblea Nacional Constituyente, con el propósito de despolitizar la justicia y recuperar la confianza en las instituciones de la República.” Todo esto, con el ánimo de someter la voluntad de las cortes y garantizar la impunidad del que llaman el Presidente Eterno y el director natural del partido.
Rafael Nieto Loaiza, excandidato a la Presidencia por el Centro Democrático y columnista, publicó también en las redes: “La Corte Suprema, en el caso contra Álvaro Uribe, se comporta como un tribunal chavista, como instrumento de venganza y de persecución política y en abierta violación de los derechos más fundamentales. La Corte chavista, mi columna de hoy”. En otro trino dice: “@CorteSupremaJ no es imparcial y ha violado las normas más fundamentales del debido proceso”.
De otro excandidato presidencial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, es lo siguiente: “Qué injusticia e infamia que se ha cometido. Es urgente la movilización ciudadana para despolitizar la justicia”.
El senador Carlos Felipe Mejía dijo en redes: “Cobardes los que se burlan de la justica y están libres viviendo en impunidad, cobardes los que injurian sin ninguna consecuencia, cobardes los que usan la justicia para perseguir, cobarde la justicia que se presta para este juego sucio”.
La senadora Paola Holguín aceptó que difundió mediante WhatsApp una nota a la reserva activa de las Fuerzas Militares en la que las llama a defender al expresidente Uribe y lanzó fuertes declaraciones acerca del proceso judicial por el que se le detuvo:
Buenas tardes, soy Paola Holguín, senadora de la República y este es un mensaje para la reserva activa. Hoy, yo no les voy a pedir que salgamos en defensa de Uribe porque es Uribe, o por defender un partido, sino por defender la justicia, el estado de derecho y la democracia. Es imposible pensar que el expresidente Uribe, que ha combatido al narcotráfico y al terrorismo desde la legitimidad de la Constitución, la ley y el respeto al Estado de Derecho, hoy tenga como verdugos a los criminales que quieren llevarlo a la cárcel. El llamado es a que nos ayuden, yo les voy a enviar un documento resumen que elaboró el partido sobre el proceso. Yo les pido que con imparcialidad lo lean y que nos ayuden pensando no solo en una persona, en un expresidente, sino pensando en lo que puede pasar con Colombia, en el país, un abrazo enorme1.
La senadora María Fernanda Cabal, conocida por sus fuertes posiciones de derecha, publicó un video en el que expresa su apoyo a su «líder» y afirma sobre la justicia lo siguiente: #UribeEnLibertad “Han sido complacientes con las Farc, que está en el Congreso sin pagar por su barbarie; mientras @AlvaroUribeVel, que nos liberó del secuestro y la muerte, está hoy sin libertad”.
En un Estado de derecho, la decisión de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema debe acatarse, ejecutarse y cumplirse. Ninguna persona, con todo y el poder que tenga, está por encima del imperio de la ley y cualquier argumento en contra de la providencia judicial debe ventilarse mediante los recursos legales pertinentes. Es inaceptable que el Gobierno inicie una campaña contra las altas cortes en cabeza del presidente Duque, del propio procesado Uribe Vélez, de altos funcionarios del Estado y de la bancada del Centro Democrático.
Este no es un juicio acerca de la vida o de lo que hizo en su vida el exsenador Uribe, sino una investigación penal que corresponde al sistema judicial. Por lo tanto, el presidente Duque, los partidos políticos y toda la ciudadanía debemos respetar el equilibrio de poderes y la independencia judicial, necesarios en un régimen democrático. En un Estado de derecho, la situación jurídica de una persona no puede poner en duda todo el aparato judicial. La conducta adecuada del presidente Duque era guardar silencio y acatar las decisiones judiciales.
Colombia era uno de los pocos países de la región donde los expresidentes parecían figuras intocables. Hoy, esta realidad dio un giro tan dramático como inesperado y llegó un momento que pocos creyeron posible: la más alta instancia judicial colombiana ordenó la detención domiciliaria del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez.
El Espectador-Redacción política. (2020, 3 de agosto). La férrea defensa del presidente Duque a Álvaro Uribe ante proceso en la Corte Suprema. El Espectador. Consultado en https://www.elespectador.com/noticias/politica/el-presidente-ivan-duque-defiende-a-alvaro-uribe/
Gómez, G. (2020, 4 de agosto). Corte Suprema ordena detención domiciliaria del senador Álvaro Uribe. Consultado en https://cortesuprema.gov.co/corte/index.php/2020/08/04/corte-suprema-ordena-detencion-domiciliaria-del-senador-alvaro-uribe/#:~:text=Corte%20Suprema%20ordena%20detenci%C3%B3n%20domiciliaria%20del%20senador%20%C3%81lvaro%20Uribe,-4%20agosto%2C%202020&text=Bogot%C3%A1%2C%20D.C.%2C%20martes%204%20de%20agosto%20de%202020.&text=Por%20lo%20tanto%2C%20el%20senador,del%20derecho%20al%20debido%20proceso.
Presidencia de la República. (2020, 6 de agosto). Ante el consenso y la necesidad de reformar la justicia, hay que buscar la herramienta: Presidente Duque. Consultado en https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Ante-el-consenso-y-la-necesidad-de-reformar-la-justicia-hay-que-buscar-la-herramienta-Presidente-Duque-200806.aspx
1 Cuenta de Prensa de la senadora Paola Holguín: @PaolaSenadora. Publicado el 4 de agosto de 2020. Disponible en: https://twitter.com/PaolaSenadora/status/1290756950905499648
