La respuesta del gobierno de Colombia a la pandemia: del relato oficial a la tormenta social

H Samaritana (67)

Gustavo Bolívar Moreno

“Las grandes tormentas crean grandes capitanes y destruyen a los pequeños”.

Mehmet Murat ildan

 

El 1° de febrero de 2021 el presidente Iván Duque presentó la cifra del covid-19 en el país, justo antes de aprovechar el espacio televisivo de media hora diaria, transmitido por los canales nacionales, para publicitar los avances de su gobierno en diferentes temas, como lo había hecho desde marzo de 2020. Ese día el Presidente dio la cifra de 54.272 fallecidos totales por causa del virus, ubicando a Colombia entre los países más golpeados por la pandemia en el mundo.

Sin embargo, el Presidente omitió que el viernes anterior su propio Ministerio de Salud había publicado una revisión donde reclasificó a 7.432 fallecimientos de “muertes sospechosas de covid-19” a “muertes confirmadas por covid-19” (Ministerio de Salud de Colombia, 2021a, p. 19). El informe del Ministerio confirmaba lo percibido por la población: que la magnitud de la pandemia en Colombia era peor que lo reconocido oficialmente. Ese día, el Presidente debió haber reconocido que los fallecidos por covid-19, a la fecha, no eran 54.272 sino 61.704. No obstante, ni el Presidente ni los informes diarios del Ministerio actualizaron la cifra ese día ni después. Otros países, en cambio, sí hicieron sus propias reclasificaciones (Vistazo-Redacción y EFE, 2021). Esto es una muestra de cómo el gobierno Duque ha manejado la pandemia de manera oscura, lo cual ha sido su principal error.

En el ámbito internacional, Colombia es uno de los países que peor ha manejado la pandemia. Si bien cada país vive un momento epidemiológico distinto, al cabo de año y medio de acumular millones de datos es posible esbozar una comparación transversal usando dos variables: la seroprevalencia y la información per cápita.

La seroprevalencia es la memoria inmunológica que revela la exposición al virus, se mide por medio de pruebas de anticuerpos en muestras del suero sanguíneo. Una cualidad de los estudios de seroprevalencia es que demuestran el contagio de sintomáticos y asintomáticos, revelando qué tanto contagió el virus a una población determinada. Colombia presentó una seroprevalencia global del 33 % (entre septiembre y diciembre de 2020) y del 76,2 % proyectada al 21 de mayo de 2021 (INS, 2021). Ver tabla 1.

Tabla 1. Seroprevalencia en Colombia, observada entre septiembre y diciembre de 2020 y proyectada al 21 de mayo de 2021

Municipio Población urbana Casos Sero-prevalencia

(%)

Casos proyectados 26/05/21 Prevalencia proyectada

(%)

Leticia 35.191 2.585 59 44.463 126,3
Barranquilla 1.517.000 40.345 55 2.393.587 157,8
Medellín 2.490.164 108.278 27 2.091.669 84,0
Bucaramanga 597.316 21.746 32 408.307 68,4
Villavicencio 502.047 20.766 34 311.355 62,0
Cúcuta 748.948 19.952 40 535.155 71,5
Bogotá 7.715.778 364.725 30 4.920.475 63,8
Cali 2.205.680 85.753 30 1.288.809 58,4
Guapi 13.975 87 68 9.503 68,0
Ipiales 77.042 2.756 35 60.615 78,7
Montería 395.184 13.444 59 361.869 91,6
Global sin ajustar 16.298.325 680.437 33 12.425.808 76,2

Fuente: elaboración propia con información de INS (2021).

 

La seroprevalencia observada en Colombia en 2020 es la más alta en comparación con otros 24 países (0,5 % – 12,1 %). De igual forma, la seroprevalencia proyectada al 21 de mayo de 2021 es de lejos la mayor registrada en cualquier lugar del planeta (Niklas et al., 2021). Dado que en junio de 2021 Colombia presentó el mayor pico de contagios de lo que va corrido de la pandemia, se espera que la seroprevalencia actual sea aún mayor.

Esto lleva a concluir que en Colombia se hizo lo políticamente impensable en cualquier otro lugar del mundo: la población llegó a la inmunidad de rebaño (el 70 % de inmunidad) a base del contagio, no de vacunación.

De acuerdo con las cifras oficiales, al 30 de julio de 2021 en Colombia había fallecido un total de 120.432 personas por covid-19, cifra que podría tener un subregistro del 10 %. El Gobierno afirma que en el país ha habido 4.776.291 casos positivos para covid-19, lo cual sería un subregistro de cerca del 74,3 %, según estudio de seroprevalencia (3.192.050 positivos observados sobre 12.425.808 positivos estimados al 21 de mayo de 2021).

El Plan Nacional de Vacunación reportó, al 29 de julio de 2021, 26.515.327 dosis aplicadas, con 11.892.153 personas con el esquema completo, el 34,2 % de la población objetivo para alcanzar la meta del 70 % de la población inmunizada, es decir, la inmunidad de rebaño (Ministerio de Salud de Colombia, 2021b). Sin embargo, esta meta del 70 % seguramente tendrá que aumentarse con la llegada de nuevas variantes que tienen mayor capacidad de contagio (Presidencia de la República de Colombia, 2021).

Una manera de comparar el manejo de la pandemia entre países puede ser contrastar la magnitud de la mortalidad causada por el virus versus el nivel de vacunación. Para comparar entre países es necesario corregir estos valores por tamaño, usando valores per cápita.

En un escenario ideal, un país tendría pocos fallecidos y un alto porcentaje de vacunados. En el peor escenario un país tendría muchos fallecidos y un bajo nivel de vacunación. De acuerdo con los datos globales de World in Data (ourworldindata.org) Colombia se podría considerar uno de los cinco países del mundo que peor ha manejado la pandemia. Aún con valores subestimados, la mortalidad de Colombia es una de las diez mayores del mundo; su nivel de vacunación es intermedio, por debajo de Europa, Norteamérica, China y los latinoamericanos Chile, Uruguay, Brasil, Ecuador, Argentina y Panamá.

El gobierno nacional, comenzando por el presidente Duque, basó su estrategia en el acaparamiento, la manipulación y la politización de la información, generando desconfianzas y situaciones que impidieron la implementación y adherencia a protocolos de prevención del contagio. La población se infectó por millones y se llegó a niveles de inmunidad de rebaño natural con la lógica del “sálvese quien pueda”, un resultado que no se observó en ningún otro país del mundo.

El acaparamiento de información por parte del gobierno le sirvió para el control social. Por una parte, impulsó las medidas usadas globalmente: el distanciamiento físico, el uso de mascarillas y el lavado obligatorio de manos. Por otra, implementó la restricción de la movilidad con cuarentenas, toques de queda, limitaciones al desplazamiento intermunicipal y la prohibición de aglomeraciones, recurriendo además a las fuerzas armadas porque el gobierno manejó la pandemia más como un asunto de orden público que de salud pública.

La represión por los abusos policiales y las consecuencias del mal gobierno desembocaron en protestas masivas donde las restricciones se aplicaron a conveniencia del gobierno. Mientras se restringían la protesta y las marchas, aduciendo razones de salud pública, se atacaron con gases lacrimógenos a personas que portaban mascarilla de uso obligatorio, a los detenidos se les confinó en espacios sin distanciamiento físico y se mantuvo el hacinamiento carcelario generalizado. La fuerza pública nunca estuvo en pandemia, mantuvieron altas densidades en estaciones y batallones, propagando el virus a niveles que nunca se hicieron públicos.

Pero, ¿por qué protestaban los miles de ciudadanos que salieron masivamente a las calles? Por las consecuencias del pésimo manejo económico y social, además del sanitario de la pandemia.

Pobreza y desigualdad: una imagen constante

En el análisis económico es válido hacer una comparación entre los efectos que causa el SARS-CoV-2 en el cuerpo de los individuos con los efectos que genera en el conjunto de la organización económica de un país. Entonces, así como las condiciones preexistentes en la salud de una persona (obesidad, problemas cardiacos, diabetes, etc.) predisponen al sujeto a un mayor riesgo de muerte por el virus; de igual manera, las condiciones económicas del país antes de la pandemia generaron “preexistencias” que profundizaron los problemas económicos y sociales.

Algunos “románticos” –particularmente funcionarios del gobierno y sus aliados políticos– anhelan el retorno a la Colombia de 2019, señalan que todos los problemas del país de hoy son causados o bien por la pandemia, o bien por el paro, y pretenden crear una versión según la cual la Colombia pre-pandemia era una especie de paraíso terrenal: la realización perfecta del mundo del uribismo y sus socios.

Esta versión es un juego de la retórica (calcada del Trumpismo norteamericano) que no se sustenta en la evidencia o los hechos, la Colombia de antes de la pandemia ya ofrecía un panorama económico sombrío. Entre 2017 y 2019, la pobreza monetaria (ingresos mensuales inferiores a USD 70 mensuales por persona) aumentó del 30,1 % al 33,5 % de la población del país, una tendencia que solamente empeoró durante 2020, cuando llegó al 42,5 % de la población. Básicamente, esto implica que a diciembre de 2020, 22 millones de ciudadanos(as) tenían un ingreso mensual paupérrimo (DANE, 2020).

Esta situación de pobreza es la expresión de un mercado laboral profundamente precarizado, que ya desde mucho antes de 2019 generaba tres de cada cuatro empleos en el sector informal de la economía. Justamente, fueron las economías informales las más duramente afectadas por los cierres y cuarentenas que se implementaron entre marzo y septiembre de 2020 como medida de contención del contagio (Morales et al., 2020).

Vendedores ambulantes y pequeños negocios que dependían de las economías de movilidad y aglomeración de un momento para otro quedaron sin clientes y sin ingresos, y como estas economías viven del ingreso diario, rápidamente fueron afectadas por la privación, la imposibilidad de conseguir alimentos, pagar el arriendo en sus casas y garantizar un mínimo vital (Morales et al., 2020). Tan solo tres semanas después del inicio de las cuarentenas, los “trapos rojos” aparecieron en los frentes de las casas, en los barrios donde habitan los más pobres como llamado desesperado por el hambre que sufrían y la ayuda que necesitaban (Pardo, 2020).

En la “idílica” Colombia pre-pandemia, el desempleo ya marcaba una tendencia preocupante: entre finales de 2017 y finales de 2019 el desempleo había pasado del 9,7 % al 10,8 %, y durante la pandemia (mayo de 2020) llegó al 24,5 % un registro sin antecedentes históricos en el país, que aún hoy (julio de 2021) no se ha recuperado pues sigue en un 15,4 %, con más de 3,7 millones de personas desempleadas, de ellas, principalmente mujeres y jóvenes. En estos sectores el desempleo ha marcado tendencias francamente aberrantes: en 2021 una de cada tres mujeres en edad de trabajar se encuentran sin empleo, igual que sucede con uno de cada cuatro jóvenes.

Esto explica por qué en abril de 2021 la población joven (sin oportunidades laborales ni acceso a educación) fue la protagonista del estallido social que marcó el proceso del paro nacional, inédito en un país poco acostumbrado a protestas sociales de largo aliento. Son estos jóvenes los que, a la postre, se convirtieron en las principales víctimas de la violencia estatal y paraestatal durante el paro.

El desempleo afectó de manera más fuerte a los más pobres, fenómeno ligado a que las posiciones laborales que estos ocupan no podían ser fácilmente transformadas en teletrabajo, el quédate en casa, representaba para los más pobres quedarse sin empleo. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2020a) mientras el 70 % de los hogares de los quintiles de ingreso más bajo perdieron su empleo y el 30 % logró trabajar, en el quintil más alto del ingreso solo el 21 % de los hogares perdieron el empleo, mientras que 59 % de los mismos pudo estar en teletrabajo.

Sin empleo ni ingresos, los hogares más pobres vieron crecer sus desventajas frente a los más ricos. El índice de Gini (que mide la desigualdad) ya marcaba en 2019 en Colombia una cifra muy alta: 0,524, siendo la tercera desigualdad más alta en América Latina (por debajo de Haití y Brasil). Los análisis del BID (2020b) que señalan como estas desigualdades no son solamente entre diferentes clases sociales, sino también en términos de edad, género y etnia, y tendrá profundas consecuencias en el aumento de la violencia[1], la ruptura del tejido social y peores condiciones de vida (si ello es posible) para la población más pobre.

La desigualdad ya tiene consecuencias evidentes en el impacto del virus: los estratos socioeconómicos[2] 1, 2 y 3 –que representan el 63,3 % de la población– explican el 87,8 % de las defunciones atribuibles al covid-19 en el país, es decir, que hay una correlación entre el nivel socioeconómico y la probabilidad de morir por el virus, la desigualdad entonces no es un fenómeno abstracto, sino que tiene profundas consecuencias en el entorno social en el que se desarrolla la pandemia.

 ¡Hambre!

Uno de los aspectos más críticos de la situación que atraviesa el país es el espantoso panorama de hambre y desnutrición que viene como consecuencia de la pandemia y sus consecuencias económicas y humanas. Al cortar el circuito de ingresos de los hogares, se corta también la capacidad de las personas para adquirir incluso los alimentos esenciales.

El hambre es una situación inmoral de la condición humana que, sin embargo, es aceptable en el marco jurídico de las democracias modernas, al no estar definido como un derecho explícito: el derecho a no tener hambre es una de las joyas más escasas de la legislación constitucional alrededor del mundo (Sen, 2002). En Colombia, la sentencia 644C/2012 alcanzó una definición sobre una garantía o derecho a la seguridad alimentaria en el que indicaba que esta es

CITAel grado que debe tener toda la población para poder disponer y acceder de manera oportuna y permanente a los alimentos que cubran sus requerimientos nutricionales, tratando de reducir la dependencia externa y tomando en consideración la conservación y el equilibrio del ecosistema para el beneficio de las generaciones futuras. (Sentencia 644C de 2012) CITA

A partir de esta definición, podemos analizar algunas cifras y comprender las fuentes y las dimensiones que deberían llevarnos en Colombia a garantizar el derecho a no tener hambre: el acceso a alimentos de manera oportuna, en cantidad y calidad adecuada, la reducción de la dependencia externa en la provisión de alimentos y la sostenibilidad en los mecanismos de producción de alimentos.

Un problema de acceso, un problema de ingresos

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2021) alrededor 687 millones de personas en el mundo se encuentran subalimentada tras la pandemia (un 8,9 % de la población mundial), de ellos 148 millones en América Latina y se estima que en Colombia sean de ocho a diez millones de personas en dicha condición (dos a tres millones de hogares). La FAO estima que América Latina es la región del mundo donde la subalimentación de su población crece de manera más dinámica, pues pasó de 22,4 % en 2015 a 31,7 % en 2019, y con la pandemia esta cifra debió aumentar dramáticamente.

Es claro que estos niveles de subalimentación han sido causados en primer lugar –tal como ya se indicó– por una caída dramática de los ingresos, especialmente de los hogares más pobres: según la encuesta Pulso Social de junio de 2021 apenas el 66,5 % de los hogares colombianos lograron consumir tres comidas al día, el 28 % dos comidas y 1,77 % apenas una (DANE, 2021). Estas cifras antes de la pandemia eran mucho mayores, pues en febrero de 2020 el 90,9 % de los hogares lograban consumir las tres comidas diarias.

La inseguridad alimentaria no es aleatoria, además de la pobreza, hay que señalar que afecta en mayor medida a hogares con mujer cabeza de familia (el 57,6 % de los hogares con inseguridad alimentaria tienen por jefe de hogar una mujer), afectan mayormente las zonas rurales (el 64,1 % de los hogares con inseguridad alimentaria se encuentran en el campo) y afectan a los hogares con mayor número de personas (un hogar de siete o más personas tiene 15 veces más probabilidades de estar subalimentado que uno de tres personas).

Estas caídas en el número de comidas diarias están explicadas en un 97 % por la reducción de los ingresos y se concentran fuertemente en hogares cuyo principal ingreso eran las actividades de comercio informal. De esta manera el hambre, el desempleo y la informalidad completan un círculo vicioso que se retroalimenta, una gran cantidad de colombianos y colombianas quedaron rápidamente expuestos al hambre por la fragilidad y precariedad de sus trabajos y formas de ingreso.

Pero no solamente se trata de una caída en los ingresos lo que explica las dificultades para acceder al alimento: el Banco Mundial estima que para 2021 la inflación mundial de alimentos estará por el orden del 14 % causada por un impacto directo de la evolución de los mercados de commodities altamente influenciados por la abundancia de liquidez y por las perturbaciones climáticas que pueden alterar el desarrollo del ciclo de muchos alimentos esenciales como el maíz, el trigo y la soya.

En este caso, lo global se volverá local a medida que los precios de las materias primas se trasladen a los costos reales de los insumos elementales y de allí al pan, las arepas y los cereales. En mayo de 2021 la inflación de alimentos fue del 5,3 % mientras que la inflación promedio de toda la economía fue de apenas el 1 %, siendo la inflación de alimentos más alta desde enero de 2009. Ya en las calles de las principales ciudades del país se sienten alzas de precios de los alimentos que rayan en lo absurdo: el precio de un huevo ha aumentado hasta en 350 %, una libra de pollo en 42 % y una de carne en 24 %.

Y como siempre, la inflación afectará a los más pobres, no sólo porque sus ingresos sean bajos, sino porque la mayor parte de su consumo se encuentra en el rubro de alimentos, por ello la inflación para ingresos bajos y personas vulnerables es un 50 % más alta que para hogares de ingresos medios y un 100 % más alta que para hogares de ingreso alto.

Un problema de calidad

A pesar que Colombia ocupa el puesto 43 entre 115 países en la muestra del índice de seguridad alimentaria para 2019, hay un detalle que llama poderosamente la atención en términos de la calidad del consumo de alimentos: el 45 % de los hogares según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ICBF, 2015) tienen una estructura de consumo de alimentos inadecuada, con alto consumo de carbohidratos (componen el 75 % de la dieta media de los hogares colombianos) y con bajas tasas de consumo de frutas, verduras y proteína de origen vegetal.

Según esta misma encuesta, hasta el 69 % de la ingesta esencial de proteínas proviene del huevo en los hogares de ingreso más bajo, ese mismo huevo del que Carrasquilla, ex ministro de Hacienda, desconocía su valor, pero proponía gravar con IVA encareciendo su precio y dificultando su acceso y que hoy en medio de la acelerada subida de precios alcanza hasta los mil pesos (unos 3,1 dólares) por unidad.

Las consecuencias de esta dieta son altas tasas de prevalencia de enfermedades como obesidad y diabetes entre la población, y particularmente entre la más pobre. De hecho, según un estudio publicado en la revista Salutem de la Universidad Javeriana (Ortegate et al., 2018) Colombia se encuentra dentro de los países con mayores niveles de prevalencia de diabetes (50 % de la población no ha sido diagnosticada), y el Ministerio de Salud estima que tres de cada 100 colombianos tienen diabetes, pero dos de ellos son de ingreso bajo.

Y como se indicaba al final de la sección anterior: la diabetes es una comorbilidad que empeora las condiciones de desarrollo de covid-19, enfermedad por la que hasta finales de julio han muerto cerca de 130 mil colombianos y colombianas.

Las respuestas estatales: tardías, sin profundidad ni liderazgo

Ninguna sociedad quedó incólume ante el impacto de la pandemia. Sin embargo, los efectos económicos y sociales fueron diferentes según las respuestas de los gobiernos ante la necesidad de incrementar la capacidad para la atención sanitaria, la protección social que requerían las poblaciones más vulnerables y las acciones para preservar el funcionamiento de la economía.

El gobierno tardó casi dos meses en establecer un sistema para preservar los empleos y auxiliar mediante un programa de subsidios monetarios a aquellos hogares de menores ingresos que requerían una ayuda para enfrentar la drástica caída de sus ingresos. Aunque ambos programas se emprendieron con relativa eficiencia y rapidez, estos no estuvieron en la capacidad de evitar que la mayor parte de la población sufriera privaciones; el número de hogares en pobreza se había multiplicado de manera rápida y la profundidad de la crisis era inexplicable para el gobierno nacional y para varios gobiernos locales.

Colombia fue uno de los países de la región que menos recursos destinó a la atención de la crisis (cerca de 4 % del PIB, mientras el promedio regional fue del 6,1 %) y donde las consecuencias fiscales de la crisis son a hoy día imprevisibles, de esta manera a pesar de no haber gastado mucho en términos relativos, Colombia fue el país de la región que aumentó más su deuda pública (a junio de 2021 equivalía al 66,5 % del PIB) y para el presupuesto de 2022 esta se llevará una cuarta parte del gasto.

En medio de este panorama complicado, el gobierno nacional propuso una Reforma Tributaria que afectaba gravemente el ya menguado ingreso de los hogares de ingreso medio bajo, esta fue la “gota que derramó el vaso” y llevó al inicio de un levantamiento social que se mantuvo activo durante más de mes y medio. Esa primavera colombiana fue la expresión del cansancio de una parte importante de la sociedad, hastiada de repetir las mismas fórmulas del ajuste fiscal que recae sobre los bolsillos de todos pero beneficia a los más afines al gobierno de turno. La pandemia evidenció que Colombia requiere un cambio profundo para asegurar que la vida de cada persona valga por igual.

Referencias

Álvarez-Antonio, C., Meza-Sánchez, G., Calampa, C., Casanova, W., Carey, C., Alava, F., Rodríguez-Ferrucci, H., y Quispe, A. M. (2021). Seroprevalence of anti-SARS-CoV-2 antibodies in Iquitos, Peru in July and August, 2020: A population-based study. The Lancet Global Health, 9(7):e925-e931. https://doi.org/10.1016/S2214-109X(21)00173-X

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2020a). El futuro del trabajo en América Latina y el Caribe. ¿Cómo puede la tecnología facilitar la recuperación del empleo tras el Covid-19? Washington DC: BID. https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/El-futuro-del-trabajo-en-America-Latina-y-el-Caribe-Como-puede-la-tecnologia-facilitar-la-recuperacion-del-empleo-tras-el-COVID-19-Version-para-imprimir.pdf

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2020b). La crisis de la desigualdad: América Latina y el Caribe en la encrucijada. Washington DC: BID. https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/La-crisis-de-la-desigualdad-America-Latina-y-el-Caribe-en-la-encrucijada.pdf

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Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (2021, 26 de julio). Encuesta Pulso Social. Bogotá: DANE. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/encuesta-pulso-social

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) (2015). Encuesta Nacional de Situación Nutricional. Bogotá: ICBF. https://www.icbf.gov.co/bienestar/nutricion/encuesta-nacional-situacion-nutricional

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Ministerio de Salud y Protección Social (2021a). Vigilancia demográfica de la mortalidad por COVID-19 en Colombia 2020. Bogotá: Ministerio de Salud. https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/VSP/vigilancia-demografica-mortalidad-covid-19-colombia2020.pdf

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Morales, L. F., Bonilla, L., Pulido, J., y Florez, L. (2020, 3 de septiembre). Efectos de la pandemia por Covid-19 en el mercado laboral colombiano: identificando el impacto de las restricciones sectoriales a la movilidad. Bogotá: Banco de la República. https://www.banrep.gov.co/es/borrador-1129

Niklas, B., Arora, R., Cao, C., Boucher, E., Liu, M., Donnici, C., Yanes-Lane, M., et al. (2021). Global seroprevalence of SARS-CoV-2 antibodies: A systematic review and metaanalysis. PLOS ONE, 16(6), e0252617. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0252617

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (2021). La situación de hambre y desnutrición en el mundo. http://www.fao.org/hunger/es/

Ortegate, M., Sangiovanni, S., Díaz, M., Aguilar, J., García, J., y Asencio, H. (20108). Epidemiología de diabetes mellitus tipo 2 en la población colombiana y factores de riesgo que predisponen a la amputación de miembros inferiores. Revisión de la literatura. Saluten Scientia Spiritus, 4(1), 49-56. https://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/salutemscientiaspiritus/article/view/1937/pdf

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Sen, A. (2002). El derecho a no tener hambre. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

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Vistazo-Redacción y EFE. (2021, 21 de julio). Ecuador suma más de 5.000 muertos por covid-19 en un día; Ministerio de Salud explica cambios en reporte. Vistazo. https://www.vistazo.com/actualidad/nacional/ecuador-suma-mas-de-5-000-muertos-por-covid-19-en-un-dia-CA543613

[1] La inseguridad ha empeorado: en las zonas rurales que son cada vez más precarias fueron asesinados más 803 líderes sociales en lo corrido del gobierno Duque. Y en 2020 (especialmente luego de la culminación de las cuarentenas) incrementaron los delitos como robo de bicicletas en 32 %, 10 % en hurto simple y 15 % en hurto a mano armada.

[2] En Colombia para efectos de gestión administrativa y catastral, la población se divide en estratos que atienden fundamentalmente a las características de las viviendas y en entorno habitacional de las mismas, así los estratos 1, 2 y 3 son los de peores condiciones de habitabilidad relativa y los 4, 5 y 6 los de mejores condiciones. usualmente estas condiciones también reflejan las diferencias en los ingresos de los hogares.