Mesa Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos
Una revisión de las políticas del gobierno de Duque respecto del deber de proteger a las comunidades de abusos y violaciones de derechos humanos en el ámbito de los negocios, y del de garantizar que las empresas respeten tales derechos, de acuerdo con los Principios Rectores de Naciones Unidas (ONU, 2011), evidencia una clara desatención en la materia. En el período se registra la disminución de responsabilidades para las empresas, la flexibilización en los procedimientos de regulación ambiental, el fomento de incentivos al sector privado y a la inversión extranjera. Contrario a la obligación estatal de protección se constatan obstáculos cada vez mayores para la participación ciudadana, la ausencia de garantías para la investigación y sanción de violaciones de derechos humanos cometidas por actores económicos así como la profundización de la militarización de los territorios en zonas de interés empresarial.
En el tercer año de gobierno, atravesado por la pandemia del covid-19, se han exacerbado las condiciones de desigualdad socioeconómica. Su consecuencia ha sido el aumento en el descontento social que se tradujo en protestas sin precedentes cercanos en la historia del país. Lejos de responder a las demandas sociales conforme a sus obligaciones constitucionales y a los compromisos internacionales, la respuesta del gobierno ha sido el incremento de la represión y la estigmatización de la protesta social, en la que se han visto involucrados y alineados actores empresariales.
Este artículo analiza tres aspectos fundamentales de las políticas del gobierno en el penúltimo año de mandato respecto de las empresas y los derechos humanos: el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (PNA), las políticas de reactivación económica en el marco de la pandemia y la postura empresarial y gubernamental de protección de intereses económicos en el marco de la protesta social.
Actualización del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos
Según las orientaciones del Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos, el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (PNA) debe actualizarse cada tres años. Al inicio del gobierno de Duque, en 2018, se debía hacer la actualización que –esperábamos– corrigiera los errores evidenciados en el plan de 2015: falta de inclusión y reconocimiento de la responsabilidad de las empresas en violaciones/abusos de derechos humanos, reparación a las víctimas, entre otros. Pero eso no sucedió. Solo hasta diciembre de 2020 el gobierno produjo un nuevo plan que entró en vigencia en 2021. A continuación exponemos los principales vacíos del documento vigente.
La actualización del PNA revela un desconocimiento de hechos que constituyen vulneraciones sistemáticas de derechos humanos por parte de empresas nacionales y trasnacionales en el país. En el planteamiento del objetivo enmarca la protección de los derechos en la coyuntura de la pandemia, desconociendo todos los otros escenarios relacionados directa e indirectamente con la dinámica empresarial y de negocios. El diagnóstico establecido en el documento del PNA omite, por ejemplo, realidades alusivas a la participación de empresas en relaciones con actores armados, en especial la Fuerza Pública.
Igualmente, como lo ha denunciado la Mesa desde hace un año, el nuevo PNA no evidencia las problemáticas de orden territorial (despojo, desplazamiento forzado, daños socioambientales, entre otros), ni el reconocimiento por parte de las empresas de los derechos colectivos y diferenciales de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, de las mujeres, y de los derechos de la naturaleza, del territorio y de las comunidades que lo habitan.
A pesar de que el PNA menciona que se basa en el marco normativo internacional de derechos humanos, en su desarrollo y conceptualización se aleja de este pues, entre otros, carece de un enfoque de derechos humanos, sensible al género y al conflicto. Adicionalmente, los justifica en términos de una ventaja competitiva empresarial y no como una obligación de los Estados para la protección y garantía de los derechos humanos, así como un deber de las empresas de respetarlos, conforme a las recomendaciones de múltiples órganos internacionales en la materia.
El derecho a la participación pública y efectiva así como el acceso a la información (completa, oportuna y veraz) en el otorgamiento de concesiones, licencias y toma de decisiones para emprendimientos, planes y proyectos empresariales cobran principal relevancia en el ejercicio de la garantía y el respeto de los derechos humanos en el contexto de los negocios. No obstante, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido, estos son dos de los derechos que más se vulneran en Colombia.
Si bien el PNA menciona que se elaboró con la participación de empresas, comunidades y sociedad civil y que la concertación se llevó a cabo entre agosto de 2019 y agosto de 2020, no se evidencian los mecanismos utilizados para la convocatoria de la ciudadanía ni los acuerdos a los que llegó el gobierno Duque con distintos actores de la sociedad civil y, en especial, con quienes han sido afectados por conductas empresariales o son críticos del modelo de desarrollo económico. Contrario a la norma, no se surtieron procesos de consulta previa, libre e informada con pueblos étnicos. Además, hubo una falta de socialización y publicación oportuna de los borradores del proyecto en los sitios oficiales del Gobierno de acceso público. Tampoco se menciona la participación de víctimas de violaciones de derechos humanos en el marco del desarrollo de megaproyectos, cuyos impactos son más notorios.
Al igual que su versión anterior, la actualización del PNA 2020-2022 no contiene mecanismos efectivos de prevención ni de reparación integral de violaciones de derechos humanos relacionadas directa e indirectamente con daños atribuibles a las empresas. Pese al marco de recomendaciones de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos sobre el uso de mecanismos de reparación judicial y extrajudicial, tanto estatales como privados, el PNA diseñado por el gobierno de Duque no brinda garantías para implementar procesos de reconocimiento de abusos, violaciones y daños cometidos por las empresas, para la protección de personas, lugares y comunidades afectados.
La pandemia del covid-19 trajo consigo una caída del Producto Interno Bruto (PIB) del 6,8 % en 2020, la más profunda de la historia del país. Como consecuencia de esta contracción de la economía muchas personas perdieron sus empleos y los medios de ganarse la vida. Al respecto, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtió:
CITALatinoamérica, una de las zonas con más dependencia en la economía informal, muy vulnerable a impactos como el causado por la pandemia, fue la que sufrió una mayor pérdida relativa de horas de trabajo, del 16,2 %, equivalente a 39 millones de empleos. (López, 2021)CITA
Con este escenario macroeconómico, el Gobierno nacional propuso varias medidas para la reactivación económica del país. En abril de 2020, luego de estrictas cuarentenas, el Gobierno ordenó abrir aquellos sectores considerados estratégicos como la construcción y algunos manufactureros. Otra apuesta del Gobierno es la promoción de la inversión extranjera, su objetivo es atraer 11,5 mil millones de dólares de inversión extranjera directa en 2021, lo que equivale a un aumento del 22,5 % con respecto a la cifra de 2020, así como el fomento del sector minero-energético, que equivale al 41,4 % del total de la inversión extranjera en el país (La República-Diario Financiero, 2021).
En abril de 2021 el Gobierno colombiano decidió presentar una reforma tributaria con mayores obligaciones fiscales a la clase media, así como un incremento en impuestos de artículos básicos como los alimentos. Esta propuesta de reforma tributaria que no apuntaba a resolver cuestiones estructurales del país, sino a favorecer intereses empresariales, desató el paro nacional desde el 28 de abril de 2021.
Si bien el Gobierno expidió algunas medidas para proteger los derechos laborales en el marco de la pandemia como incluir el covid-19 en las enfermedades laborales e impulsar el teletrabajo, lo cierto es que también expidió normas que representan un detrimento de los derechos laborales y sociales. Entre ellas, la Circular 033 de 2020 que establece medidas como la licencia remunerada compensable, la modificación de la jornada laboral y la concertación del monto del salario y la modificación, concertación o suspensión de beneficios extralegales (Centro de información sobre empresas y derechos humanos – CIEDH, 2021b).
El Decreto 637 de 2020 que declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica hizo alusión a la necesidad de distribuir las cargas del impacto negativo del covid-19 entre empleados y empleadores e insinuó la posibilidad de renegociaciones salariales, rotación de puestos y licencias, así como permitir el pago por horas trabajadas afectando convenios colectivos y derechos ya pactados con organizaciones sindicales. Este mismo decreto contempló la adopción de medidas para condonar o aliviar obligaciones tributarias y financieras, pero muchas de ellas dirigidas al sector empresarial que, pese a reconocer que en el país predominan las micro y pequeñas empresas, se enfocó en alivios para grandes empresarios con el argumento de que así ofrecerían mejores condiciones para el personal contratado. Al respecto, el CIEDH advirtió:
CITAEl gobierno decretó, entonces, que se debían buscar mecanismos legales adicionales orientados, de una parte, a facilitar y agilizar la reorganización empresarial, de manera que se recuperaran las capacidades laborales, sociales, productivas y financieras de las empresas; de otra, a la liquidación judicial de las sociedades, con el fin de retornar rápidamente los activos a la economía de manera ordenada, eficiente y baja en costos. [Y para el sector minero energético ordenó que] adoptará medidas para garantizar la prestación efectiva del servicio de combustibles, en cumplimiento del principio de solidaridad, con el fin de generar equilibrios ante las cargas y efectos derivados de la pandemia del covid-19 y establecer mecanismos de priorización, reducción, reestructuración y racionalización en trámites, procedimientos y procesos que permitieran mitigar los impactos de la emergencia en relación con los servicios y proyectos asociados a ese sector. (CIEDH, 2021)CITA
Entre los ejemplos de impactos negativos de conductas empresariales se destacan la comunicación interna de la aerolínea Avianca en la que sugiere a sus empleados tomar una licencia no remunerada para evitar los despidos (El Espectador-Economía, 2020) y la solicitud de despido masivo de 523 empleados, que la aerolínea chilena Latam hizo al Ministerio de Trabajo (González, 2020).
Los beneficios ofrecidos por el Gobierno a actores empresariales se dieron principalmente en el sector minero-energético, mientras que las micro, pequeña y mediana empresas (Mipymes) no han recibido un apoyo contundente de parte del Gobierno. Al respecto, la Fundación Ideas para la Paz (FIP, 2020) indica que el 77,5 % de las Mipymes no han solicitado ayudas al Gobierno, en su mayoría, debido a los formalismos y al temor a contraer deudas en medio de la incertidumbre por la recuperación económica. De otra parte, sectores como el de hotelería y turismo que sufrieron un fuerte revés tuvieron una exclusión transitoria del impuesto sobre las ventas (IVA), mediante la expedición del Decreto 789 de 2020.
Según la Cámara de Comercio de Bogotá, “entre enero y octubre de 2020 (…) el número de empresas en Bogotá disminuyó en 27 % con respecto al mismo periodo de 2019” (Cámara de Comercio de Bogotá, 2020). Los sectores que sí crecieron durante la emergencia sanitaria fueron el financiero y el del servicio de internet y de telecomunicaciones; a mitad de 2020 reportaron un crecimiento alto. Para el tercer trimestre de 2020, si bien el PIB decreció en un 9,0 % con respecto al mismo período de 2019, con relación al trimestre inmediatamente anterior, este creció en 8,7 % (CIEDH, 2021b).
La industria alimentaria fue de las más afectadas por la pandemia en todos los eslabones del sistema por los cierres masivos de restaurantes, las restricciones para el comercio informal, la pérdida de alimentos de estación en el campo y las dificultades para la distribución de productos en cortas escalas. No obstante, el sector empresarial se ha visto fortalecido con las compras por medios virtuales que favorecen la “desmaterialización” de los alimentos y a las grandes cadenas de mercado. Se presentó también un aumento del suministro de alimentos por vía domiciliaria, y con esto una creciente ingesta de productos comestibles ultraprocesados con sus impactos en la salud de la población y un aumento en las cifras del hambre y obesidad. Esta situación evidencia violaciones sistemáticas y a largo plazo del derecho a la alimentación y nutrición adecuadas. Asimismo, el Gobierno no reconoce al sujeto campesino, ni incentiva las formas de producción y comercialización de alimentos propios, mucho menos sus derechos.
El afán por retomar el ritmo productivo de 2019, tras las cuarentenas de la pandemia, ha llevado a que distintos procesos y regulaciones, especialmente en materia ambiental y social, sean objeto de fuertes críticas, y que ahora el Gobierno busque flexibilizarlos. Por ejemplo, en abril de 2020, distintos gremios empresariales presentaron esta propuesta al gobierno:
CITAAprobar procedimientos abreviados para temas que hoy frenan el desarrollo como son los trámites de regalías, de consulta previa y licencias ambientales en los que, sin vulnerar el ordenamiento jurídico, se simplifique su aplicación, para aumentar y acelerar la productividad en los sectores estratégicos de desarrollo económico del país. (La República, 2020)CITA.
Estas posturas de los empresarios en una coyuntura en la que el Estado busca atraer inversión, llevaron a decisiones que evidencian la falta de salvaguardas a la regulación ambiental y social en el país. Desde comienzos de 2020 el Gobierno ha intentado pasar un proyecto de ley para reglamentar el derecho a la consulta previa, aumentó las ofertas de concesiones de bloques petroleros y de áreas mineras, a la par que –con sus aliados en el Congreso– hundió proyectos de ley para la protección del ambiente, como el que prohibía la explotación petrolera de yacimientos no convencionales –fracking– y el archivo de la propuesta para la ratificación del Acuerdo de Escazú. Asimismo, la captura corporativa del Estado dificultó iniciativas para promover el derecho humano a la alimentación y nutrición adecuadas, con la dilatación de la aprobación de leyes como es el caso de la Ley 2120 de 2021 más conocida como la ley de comida chatarra.
Esta tendencia desreguladora en la que se encuentra Colombia corresponde a la prioridad actual del Gobierno nacional: aumentar la inversión privada con la menor cantidad de trámites posibles para facilitar la actividad empresarial.
En 2020 el decrecimiento de la economía mundial y la baja en los precios de las materias primas en el mercado internacional, en particular del petróleo, indicaban una crisis al consumo y la dependencia de los combustibles fósiles, al tiempo que aumentaban diversas críticas por su contribución al cambio climático y la crisis alimentaria mundial.
Una de las principales apuestas del gobierno Duque para mitigar los efectos de la pandemia es la inversión extranjera. Para ello, ofreció incentivos a las empresas petroleras y mineras para que tuvieran el flujo de caja necesario y no suspendieran las inversiones que estaban proyectadas en el país. A la minería y los hidrocarburos, específicamente, se les otorgaron incentivos para mantener o incrementar la producción de los proyectos actuales, incluida la extracción de carbón (Decreto 978 de 2020).
Buena parte de la respuesta de las empresas de estos sectores a los incentivos y apoyos otorgados por el Gobierno han sido acciones humanitarias, que aparte de suplir las obligaciones del Estado en el marco de la emergencia sanitaria, han sido utilizadas para legitimar su actuación en territorios con conflictos ambientales, sociales o relacionados con el conflicto armado –que le suma al punto del Acuerdo de Paz de obras por impuestos– y lavar su marca, tratando de disminuir así los impactos negativos que causa el desconocimiento de derechos en materias laboral, ambiental y social. Por ejemplo, en Arauca empresas del sector petrolero (Ecopetrol, Occidental de Colombia LLC y la Fundación El Alcaraván) hicieron adecuaciones a centros de salud y entregaron más de dos mil mercados. La empresa de carbón Drummond apoyó el suministro de agua potable y de insumos médicos, la seguridad alimentaria y el control de incendios. No obstante, muchas de estas actividades estaban ligadas a obtener “licencia social” en las zonas donde realizan operaciones, que siguen siendo criticadas o resistidas por sectores importantes de pueblos indígenas, sindicatos y comunidades locales.
Las medidas que tomaron las empresas para afrontar la situación, tanto de contagios como de los impactos económicos, se interrelacionan con los derechos y garantías laborales. El Cerrejón, por ejemplo, dispuso vacaciones forzadas para el 80 % de sus operarios y así reducir las posibilidades de contagio entre trabajadores, sus familiares y la población en general. De igual forma, esa empresa distribuyó agua a comunidades alrededor de su área de influencia directa en La Guajira, entregó insumos a hospitales locales, dio mercados a comunidades aledañas e implementó acciones de apoyo en la prevención del covid-19 con las autoridades locales, generando relaciones de dependencia con el sector extractivista y en detrimento de iniciativas locales que promueven la soberanía alimentaria y la gestión público-comunitaria de las aguas.
No obstante, en agosto de 2020, el sindicato mayoritario de la empresa, Sintracarbón, se declaró en huelga. Cerrejón utilizó el inicio de la parálisis de labores para anunciar que esta implicaría
CITAla no aplicación de más de 174.000 millones de pesos en beneficios por año (…) que supone alrededor de 35 millones de pesos anuales por trabajador, [cantidad que] equivale al 40% del presupuesto general con el que cuenta el departamento de La Guajira para la vigencia 2020. CITA
La huelga se votó como consecuencia de la propuesta de cambios en los turnos de trabajo que Cerrejón ordenó durante la pandemia, en aras de “ponerse en línea con la operación de otras mineras como Drummond y Prodeco, así como de varios de sus proveedores y otras empresas de hidrocarburos”. Según Cerrejón, se trataba de un asunto operativo en tiempos de la crisis sanitaria para garantizar su continuidad en un contexto de decrecimiento de la economía mundial. Los trabajadores, en cambio, consideraron que se trataba de un detrimento en los derechos adquiridos, pues los turnos “de la muerte” (como los llamó el sindicato) eran un retroceso grave en seguridad industrial, por el riesgo de contagios. Considerada la huelga más larga de la historia, luego de 91 días, Sintracarbón y el Cerrejón firmaron el 30 de noviembre de 2020 una nueva Convención Colectiva de Trabajo, con vigencia del 1º de julio de 2020 al 31 de diciembre de 2023. En un comunicado público, el sindicato destaca que se mantienen los aspectos normativos y los derechos de la organización sindical.
El mercado del carbón está en crisis producto de los impactos que ha generado a nivel planetario y las iniciativas de transición que se han dado a nivel mundial para frenar la crisis climática. Esto y la pandemia explican el cierre de operaciones de Prodeco (perteneciente a la multinacional suiza Glencore) y la suspensión de actividades de la empresa Colombia Natural Resources (CNR, parte de Murray Energy) en el departamento del Cesar. La principal preocupación en materia de derechos humanos es que ambas empresas han causado un daño ambiental considerable –los pasivos socioambientales– y su posible salida genera un alto grado de incertidumbre para que las víctimas puedan exigir el cumplimiento de las obligaciones de esas empresas y ser compensadas por los cierres irresponsables.
La situación más preocupante es la del Grupo Prodeco, que pretende cerrar sus operaciones en el país devolviendo a la nación los títulos mineros que explota en las minas Calenturitas y La Jagua. La Agencia Nacional de Minería no aceptó esa propuesta argumentando que el desistimiento no se puede dar sin que el Estado haya verificado previamente el cumplimiento de las obligaciones del concesionario. Sin embargo, no se cuenta con poder coercitivo para garantizar que la minera remedie los pasivos socioambientales, indemnice, reubique y atienda las peticiones de las poblaciones forzadamente desplazadas por la expansión de su actividad extractiva. A lo anterior se suman denuncias del sindicato desde principios de 2021 sobre posibles despidos masivos que la empresa ha llamado “retiros voluntarios”. Según las personas trabajadoras, es una terminación forzada del contrato a través del ofrecimiento de dinero a cambio de la renuncia a derechos laborales y a adelantar reclamaciones futuras, situación que afectaría a más de 1.500 empleados.
Por su parte, la norteamericana CNR decidió declararse en una forma de quiebra al acogerse a la Ley 1116 de 2006 de Régimen de insolvencia empresarial, solicitando a la Superintendencia de Sociedades recomponer su estructura financiera, organizativa y operativa, petición que ya fue admitida. Igualmente se encuentra en proceso de negociación para vender a accionistas internacionales su operación en el departamento del Cesar. Como su casa matriz, Murray Energy, se declaró también en bancarrota en Estados Unidos, hay alto riesgo de que esta minera tampoco salde sus obligaciones pendientes.
La crisis de la pandemia en comunidades que padecían de antemano impactos socioambientales y económicos por las operaciones de grandes empresas también se vivió en las zonas petroleras. La Occidental Petroleum Corporation (OXY) decidió salir del departamento de Arauca después de 37 años de operaciones. Tras la declaratoria del estado de emergencia en marzo de 2020, la OXY adoptó medidas de prevención del covid-19 en sus operaciones e implementó otras de carácter voluntario, humanitario y de fortalecimiento del sector público. Sin embargo, pocos meses después vendió sus operaciones en Colombia. Así, los 14 bloques en tierra de Occidental y su producción de 33.000 barriles de petróleo al día pasaron a ser propiedad del inversionista Carlyle Group, empresa que, según medios de comunicación, “será́ liderada por Tony Hayward, quien fue CEO de British Petroleum y es el actual presidente de Glencore” (González, 2020). No obstante, según el testimonio de sindicatos de Arauca, Carlyle Group trasladó la inversión a Sierracol Energy.
Las comunidades afectadas por daños ambientales y sociales en el área de influencia de Caño Limón y las organizaciones sociales y sindicales locales advierten que la OXY deja una gran deuda social, ambiental y ecológica en la región, por su falta la diligencia ante los despidos masivos en empresas subcontratistas, su responsabilidad por violaciones de derechos laborales, la destrucción de fuentes de agua y, fundamentalmente, porque no implementó planes de cierre de operación o compensación a las comunidades locales por sus impactos de más de 40 años. No obstante, la OXY afirma que continuará siendo socio en el desarrollo de Colombia en el mercado energético mediante las operaciones que desarrollará con el método del fracking en Estados Unidos con Ecopetrol y en los bloques otorgados para hacer extracción petrolera en el mar Caribe colombiano.
Este último año deja un sinsabor por la falta de garantías para el cumplimiento en la remediación de pasivos socioambientales que tienen las empresas, así como la prevención ante el inminente riesgo para la población en asuntos laborales y de regalías, de las que hicieron dependientes a muchos entes territoriales. Empresas que se lucraron durante años de los recursos primarios del país sin cumplir oportunamente con sus responsabilidades han tomado una salida fácil ante las dificultades del mercado: cancelar sus operaciones y dejar en la incertidumbre a las regiones afectadas y a sus habitantes.
La pandemia dejó en evidencia la debilidad de la seguridad alimentaria del país. Por un lado, muchos niños y niñas y población vulnerable recibían alimentos en escuelas y comedores comunitarios, los cuales fueron cerrados para evitar contagios, afectando gravemente a quienes accedían a estos servicios. En algunos casos les entregaron bonos que solo podían ser redimidos en almacenes de grandes superficies cuyos productos comestibles suelen ser ultraprocesados. De otro lado, a raíz de las cuarentenas cerraron tanto los mercados campesinos como los informales además de la prohibición de las ventas ambulantes, situación que evidenció la dependencia de la economía informal de millones de familias en Colombia, pero en cambio, se posicionaron las grandes cadenas de supermercados.
De igual forma, el modelo agroindustrial evidenció la dependencia del país en la importación de alimentos, aun cuando Colombia es un país de vocación agrícola. Es inconcebible que en medio de la crisis la agricultura campesina, familiar y comunitaria que tiene la capacidad de producir el 70 % de los alimentos que requiere Colombia, no recibiera ningún tipo de apoyo (Red académica colombiana por el derecho a la alimentación y nutrición adecuada, 2020). Sin embargo, la agroindustria y las grandes cadenas de producción y comercialización de comestibles han tenido amplias facilidades para contratar con el gobierno nacional y local. Preocupa que este tipo de ayudas incluyen productos comestibles ultraprocesados que se caracterizan por contener excesos de nutrientes críticos y sustancias que hacen daño a la salud.
El tercer elemento de contexto en el periodo de análisis se refiere al paro nacional y la actuación empresarial en el marco de las protestas, así como el ávido interés del Gobierno de proteger los intereses económicos, por encima de las reclamaciones sociales. En esa línea, subrayamos tres situaciones preocupantes: los pronunciamientos de diferentes sectores empresariales respecto del paro, la posible participación de empresas en violaciones de derechos humanos y la militarización de territorios, precisamente donde priman intereses empresariales y de negocios.
Un comunicado del 27 de mayo de 2021 de la fundación privada Probogotá (a la que pertenecen Alkosto, Alquería, Aviatur, Brigard&Urrutia, Amarilo, Bancolombia, Colsubsidio, Homecenter, Cusezar, Colpatria Enel, Semana, entre otras), expresaba al Gobierno su disposición de apoyar la reforma tributaria para que las grandes empresas pagaran más impuestos. En el mismo comunicado daban un espaldarazo al uso excesivo de la fuerza pública y rechazaban tajantemente los bloqueos de vías por manifestantes en la capital del país, sin cuestionar siquiera las violaciones de derechos humanos que tenían lugar contra quienes se tomaban las calles (Probogotá, 2021).
Por otra parte, organismos de derechos humanos recibieron denuncias sobre la posible participación de empresas en acciones contrarias a los derechos humanos. Entre ellas, se resaltan las formuladas contra empresas privadas, como por ejemplo, los hechos sucedidos en “Supermercados Éxito (desmentidas por la empresa), en la ciudad de Cali, en donde habrían ocurrido presuntas torturas, retenciones ilegales y arbitrarias y el asesinato de al menos una joven mujer” (Mesa nacional de OSC sobre empresas y derechos humanos, 2021; Alianza Canal 2 y Cuestión Pública, 2021). Asimismo, se han presentado denuncias sobre la posible complicidad de empresas de seguridad privada en el suministro y uso de armamento usado contra manifestantes en diversas ciudades del país, sin que se conozcan investigaciones oficiales al respecto.
Otras de las actuaciones de algunas empresas en el marco del paro van en contravía de los derechos laborales de sus trabajadores; por ejemplo, GoodYear y Levapan, en el Valle del Cauca, optaron por suspender contratos laborales de sus empleados. Asimismo, se tuvo conocimiento de represalias tomadas por la empresa Cerrejón en La Guajira contra empleados que participaron de las protestas en la vía férrea y el puerto, quienes fueron intimidados por la empresa y en algunos casos vieron terminados sus contratos laborales. Hasta la fecha, no se conocen pronunciamientos del gobierno sobre la ilegalidad de esos actos y en defensa los derechos laborales de las personas trabajadoras.
Una última preocupación está relacionada con las afectaciones a las comunicaciones durante las protestas sociales, principalmente del servicio de Internet y de las plataformas digitales, que se han convertido en una herramienta fundamental para convocar a las actividades y dar visibilidad a las violaciones de derechos humanos a través de las redes sociales. Al respecto, la Fundación Karisma (2021) advirtió que las empresas intermediarias del servicio juegan un papel clave en la garantía del servicio y deben explicar las fallas presentadas como medio de control social. Igualmente, los diarios privados de distintas ciudades se centraron en estigmatizar los bloqueos y dar más importancia a actos de violencia por grupos de manifestantes, que a visibilizar la brutalidad policial empeorada por el decreto de “asistencia militar”. Por ello, es importante hacer seguimiento y analizar la conducta de este sector de las tecnologías de la información y la comunicación, recordando, además, que las empresas son responsables de respetar los derechos humanos en medio del difícil momento que atraviesa el país.
La actuación del Gobierno en el marco del paro con respecto a las empresas se ha centrado una vez más en favorecer la reactivación económica, mientras se niega a negociar con los diversos actores sociales que adelantan las manifestaciones. Al respecto, la más reciente decisión gubernamental sobre el sector de combustibles fósiles, mediante el Acuerdo Nº 5 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, adopta medidas de alivio a las empresas titulares de contratos y convenios de exploración y producción de hidrocarburos, tendientes a promover la reactivación económica de dicho sector.
Como respuesta a las protestas sociales y los bloqueos de vías en diferentes lugares del país, el gobierno nacional decidió implementar la “asistencia militar” en siete departamentos, haciendo eco de un supuesto desabastecimiento, señalado por diferentes sectores empresariales, aunque lo cierto es que “el Paro afectó [a] los grandes capitales que mueven, por el puerto de Buenaventura, el 85 % de los productos importados y exportados de Colombia”. (Mesa Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos, 2021). Alrededor de la situación se evidenciaron otras como especulación de precios y acaparamiento de mercancías que agravaron la conflictividad asociada a la protesta social.
En este contexto, el ejército nacional se puso de nuevo al servicio de intereses económicos de grandes empresas, en virtud de los convenios entre el Ministerio de Defensa y el sector minero-energético. Por ejemplo, ante las manifestaciones en los puertos y línea férrea del Cerrejón en el departamento de la Guajira hubo un despliegue de cientos de miembros de la Fuerza Pública, principalmente del Ejército y de la Armada Nacional. Asimismo,
CITAen el municipio de Villagarzón, Putumayo, agentes de la policía antinarcóticos y del Ejército Nacional dispararon contra manifestantes, cuando estos protestaban en las inmediaciones del Pozo Costayaco 10 de la empresa canadiense Gran Tierra Energy, principal empresa de explotación de petróleo en el departamento. Esta situación de abuso de la fuerza dejó como saldo varios campesinos e indígenas heridos y el asesinato de Jhordany Estrella Rosero, joven campesino de 22 años. (Mesa Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos, 2021)CITA
El desequilibrio y la asimetría con la que el gobierno atiende al sector empresarial, al tiempo que descuida la protección de los derechos humanos en contextos en que las empresas continuaron con sus actividades, obteniendo ganancias y avanzando en la implementación de megaproyectos, indican que la cuestión de los derechos humanos sigue planteando muchos desafíos en Colombia, no sólo porque la población no cuenta con un Plan Nacional de Acción que permita reconocer las responsabilidades por acción y omisión de las empresas en vulneraciones de derechos humanos y, por ende, adelantar mecanismos de verdad, justicia y reparación para responder a las víctimas, incluyendo el daño ambiental. El contexto de la pandemia por covid-19 expone la exacerbación de las desigualdades e inequidades existentes en el país, y que el descontento social recibe como única respuesta la criminalización y la estigmatización, planteando la necesidad de conectar, dar visibilidad y denunciar la responsabilidad empresarial en la crisis de derechos humanos del país.
Alianza Canal 2 y Cuestión Pública (2021, 19 de agosto). Apocalipso Now: la Policía no contó todo lo que hizo dentro del Éxito. Cuestión Pública. https://cuestionpublica.com/apocalipso-now-la-policia-no-conto-todo-lo-que-hizo-dentro-del-exito/?s=09
Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) (2021). Insumo técnico para la mesa de organizaciones sociales de la sociedad civil sobre empresas y derechos humanos: primer año de la pandemia Covid-19, impactos de la conducta empresarial en los derechos humanos.
El Espectador-Economía (2020). Avianca sugiere a sus empleados tomar licencias no remuneradas. El Espectador. https://www.elespectador.com/economia/avianca-sugiere-a-sus-empleados-tomar-licencias-no-remuneradas-article-909986/
Fundación Ideas para la Paz (FIP) (2020). Mipymes: supervivencia y reactivación en tiempos del Covid-19. https://www.ideaspaz.org/especiales/empresas-covid/mipymes.html
Fundación Karisma (2021, 3 de junio). Comunicación enviada a la CIDH: Pedimos incorporar y analizar las violencias digitales en la protesta durante su visita. https://web.karisma.org.co/una-peticion-para-incorporar-y-analizar-las-violencias-digitales-en-la-protesta
Fundación para el Progreso de la Región Bogotá (Probogotá) (2021). Declaración Pública: las empresas vinculadas a Probogotá expresan su solidaridad al pueblo colombiano, y para financiar el gasto social que se requiere, los que más tenemos paguemos más
González, J. (2020, 15 de julio). Latam Colombia solicitó al MinTrabajo despido masivo de 523 trabajadores. La República. https://www.larepublica.co/empresas/latam-colombia-solicito-al-mintransporte-despido-masivo-de-523-trabajadores-3031882
La República-Diario Financiero (2020, 11 de abril). Empresarios solicitan licencia ambiental exprés para evitar crisis económica por covid-19. La República. https://www.larepublica.co/economia/empresarios-solicitan-licencia-ambiental-expres-para-evitar-crisis-economica-por-covid-19-2990635
La República-Diario Financiero (2021, 22 de abril). Colombia se enfoca en atraer inversión para la reactivación económica durante este año. La República. https://www.larepublica.co/globoeconomia/colombia-se-enfoca-en-atraer-inversion-para-la-reactivacion-economica-durante-este-ano-3157557
López, A. (2021, 13 de mayo). Nación no aceptó a Prodeco la devolución de títulos mineros. Portafolio. https://www.portafolio.co/economia/nacion-no-acepto-a-prodeco-la-devolucion-de-titulos-mineros-551934
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Red Académica Colombiana por el Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición Adecuadas (2020). Vulneración del derecho humano a la alimentación y nutrición adecuadas en la actual crisis del covid-19. https://es.calameo.com/read/00587355202524ff2cefd?page=1
